Silvia Enriqueta González y Headly
Expediente 484/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
Partes del expediente
- Silvia Enriqueta González y Headly
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido...este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se desechó la demanda de amparo, por lo que este juzgado considera que no tiene valor jurídico por el cual deba conservarse. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE LQUEJOSA EL ACUERDO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, "Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. archívese el presente expediente por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido...este expediente será susceptible de DESTRUCCIÓN, pues se desechó la demanda de amparo, por lo que este juzgado considera que no tiene valor jurídico por el cual deba conservarse. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA." LO ANTERIOR CON FUNDAMENTEO EN LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, en contra del acto de la Comisión Federal de Electricidad, por considerarlo violatorio de los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente electrónico y físico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 484/2020. ....Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a través del cual se establece la necesidad por parte del juzgador de examinar ante todo el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, ésta se desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. ...En ese sentido, con el propósito de decidir si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, debe señalarse que de un estudio integral efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: El corte de suministro de energía eléctrica respecto de la cuenta 30DN20BD11002740, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida las Fuentes, número 213, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. ....En esas condiciones, respecto al acto reclamado precisado, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud que el mismo no puede considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: ...Dicho precepto faculta a los Jueces de Distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud que no sería posible arribar a una determinación diversa. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el promovente y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante reiterar que lo que reclama la parte promovente es el corte de suministro de energía eléctrica respecto de la cuenta 30DN20BD11002740, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida las Fuentes, número 213, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. En ese contexto, con el objeto de demostrar la actualización de la referida causa de improcedencia, es necesario conocer el texto de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en los que se prevé: .....En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1°, fracción I, de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5°, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad y, como consecuencia de ello, no sea susceptible de violar algún derecho humano, entonces el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que, con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado por el promovente no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a solicitar el amparo y protección constitucional para que no se le prive de este servicio. A su vez, debe decirse que la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre el promovente y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar sin materia la contradicción de tesis 371/2014, para lo cual el Ministro ponente expuso: ....De dicha transcripción se concluye que tanto la Primera como la Segunda Sala del Máximo Tribunal, actualmente sostienen que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. .....Entonces, tenemos que si en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado consiste en el corte de suministro de energía eléctrica respecto de la cuenta 30DN20BD11002740, correspondiente al inmueble ubicado en Avenida las Fuentes, número 213, colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, que surge con motivo de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado, dicho acto no puede considerarse proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como el señalado como reclamado- deben considerarse de naturaleza mercantil. ...En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares. Lo anterior es así, ya que la relación entre el promovente y la autoridad señalada como responsable, debe considerarse entre particulares y, como tal, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de vulnerar derechos humanos, sino que, el corte del suministro de energía eléctrica es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Así, toda vez que el acto señalado como reclamado no puede ser considerado como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de sus anexos, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque hay elementos de prueba que demuestran la situación del promovente frente al acto que pretende impugnar. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado y de la situación particular de cada promovente como usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. .....En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclama actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con el particular respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. ....Sin embargo, dicho criterio no es obstáculo para la presente determinación, pues en él se alude expresamente que lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencia una relación de coordinación entre particulares, supuesto en que no será un acto de autoridad. En ese sentido, como se sostuvo, a partir del análisis del caso en concreto, se sostiene que el acto que la parte promovente reclama en su carácter de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, no puede ser considerado acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que deriva del contrato de suministro de dicho servicio, de tal manera que no puede considerarse que ésta actúe en una relación de supra a subordinación respecto de la parte promovente, sino en una relación de coordinación, y como particular, con motivo del referido contrato. De ahí que, invariablemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se deba desechar de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, éstos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud que el acto reclamado no puede considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja número QA. 356/2019, mediante resolución del quince de enero de dos mil veinte. En otro contexto, tomando en consideración la certificación de cuenta, se tienen como autorizados de su parte en amplios términos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gabriel Díaz de León Ramos, Gabriel Díaz de León Balseca, José Alberto Escamilla Carrasco y Mildred Sayun Mociño, y únicamente para oír y recibir notificaciones a David Cureño Díaz de León, Víctor Manuel González Resédiz y Paloma Tracena Morales, así como a las diversas personas que señala, hasta en tanto registren su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito , en el entendido que su obtención dependerá de las cargas de trabajo que existan en el órgano judicial, debiendo, en todo caso, solicitarse con la debida anticipación para programar su entrega. En un diverso orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, presentar promociones a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo, así como notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para ello, deberán registrarse en el sitio http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, cumpliendo con los requisitos que establece el "ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO" De igual manera, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. Ahora bien, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, la notificación del presente proveído tendría que efectuarse de manera personal a la parte promovente; no obstante, en atención a que el artículo 1°, fracción I, del acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, establece que se dará tramite a los asuntos nuevos que califiquen como urgentes, exhortando a las partes para que de ser posible continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", y tomando en consideración que el presente asunto no se ubica en el supuesto de los mencionados como urgentes, por única ocasión notifíquese la presente determinación a la parte promovente por medio de lista y, en su caso si opta por las notificaciones en línea, deberá proporcionar en el plazo de TRES DÍAS un nombre de usuario registrado en el Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), asimismo, autorice a las personas que deberán consultar, notificarse y actuar vía electrónica desde el Portal de Servicios de Línea en el expediente respectivo. En ese sentido, no ha lugar a tener como domicilio el que indica, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden, sin perjuicio que una vez que se reanuden las labores ordinarias, pueda solicitarlo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 7,109 expedientes
- Silvia Alejandra Villarreal Arrieta1075/2019
- Silvia Candelaria Miranda Castillo1466/2022
- Silvia Cecilia Maldonado Cardenas (Extranjero)341/2023
- Silvia Constanza Pittaluga Moreno1644/2019
- Silvia Cristina Iuga734/2021
- Silvia Dora Barragán Madrigal908/2020
- Silvia González Reséndiz1867/2014
- Silvia Lorena Gutiérrez Cruz1755/2019
- Silvia Martínez Zarate1474/2019
- Silvia Nuñez Galdamez768/2020
- Silvia Reyna Chavez Soto863/2018
- Silvia Rodriguez Rodriguez153/2019