SILVIA ELIZABETH AGUIRRE MARTÍNEZ y Otros.

Expediente 1325/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1325/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • SILVIA ELIZABETH AGUIRRE MARTÍNEZ y Otros.
  • Silvia Elizabeth Aguirre Martínez
  • H.E. Z. A. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto se clasifica como destruible, pues se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados y no existen documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, como lo dispone el penúltimo párrafo del numeral en cita, una vez que transcurran tres años, procédase a su destrucción, hecho lo cual deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Asimismo, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que resulta innecesario el tomo de constancias formado con motivo de las copias certificadas que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, devuélvanse dichas constancias para los efectos legales conducentes, solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Incidental

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 1325/2019-VI-A, promovido por Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Hannia Elizabeth Zarate Aguirre y Julio César Zarate Aguirre, quienes se encuentran asistidos en esta instancia constitucional por Sergio Gómez Vallecillos, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Tampico y Ciudad Madero, dirigido, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Hannia Elizabeth Zarate Aguirre y Julio César Zarate Aguirre, quienes se encuentran asistidos en esta instancia constitucional por Sergio Gómez Vallecillos, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal [en adelante, quejosos o agraviados o parte quejosa o parte agraviada] solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se precisan: III.- Autoridades responsables: COMO ORDENADORAS: A) C. Lic. Adriana Pérez Prado, en su carácter de JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO FAMILIAR, DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS, DENTRO DEL EXPEDIENTE 326/2016. COMO EJECUTORAS: A) C. COORDINADORA DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, CON SEDE EN ALTAMIRA, TAMAULIPAS. IV.- ACTO RECLAMADO: A) DE LA AUTORIDAD (ORDENADORA) SEÑALADA COMO RESPONSABLE.- Como acto reclamado le infiero: 1.- LA ILEGAL ORDEN DE TERAPIA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR EN LA QUE PARTICIPARÁN LOS MENORES DE EDAD H.E.Z.A. Y J.C.Z.A. JULIO CÉSAR ZARATE GUZMÁN SU ACTUAL ESPOSA Y EL HIJO DE ESTA, EN COMPAÑÍA DE LA SUSCRITA. B) DE LA AUTORIDAD (EJECUTORA) SEÑALADA COMO RESPONSABLE.- Como acto reclamado le infiero: 1.- El cumplimiento y ejecución de los actos reclamados a su similar ordenadora, así como los vicios propios de todos derivados de los hechos, conceptos de violación, agravios y el cuerpo integro de la presente demanda de garantías, como en su momento se verá. SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 1325/2019-VI-A; se solicitó el informe justificado a la[s] autoridad[es] responsable[s]; se ordenó emplazar como tercero interesado a Julio César Zárate Guzmán [en adelante tercero interesado], a fin de que alegara lo que a sus derechos conviniera y ofreciera prueba; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se nombró representante especial de los menores quejosos y se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Una vez emplazadas las partes, exhibido[s] en autos el [los] informe[s] justificado[s] y seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Décimo Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XIX, SEGUNDO, fracción XIX, número 3, CUARTO, fracción XIX, último párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la interpretación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, aplicable por identidad jurídica sustancial, cuyos rubro y texto dicen: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así como, del análisis integral del escrito de demanda, documentos que se anexaron, escrito de ampliación a la misma, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto[s] reclamado[s], a saber: El acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario civil sobre alimentos definitivos 326/2016, del índice del Juzgado responsable. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Una vez precisado[s] el [los] acto[s] reclamado[s], lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del [de los] mismo[s]. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser cierto[s] el [los] acto[s] combatido[s], resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser cierto[s] el [los] acto[s] reclamado[s], el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la inexistencia del acto reclamado. No es [son] cierto[s] el [los] acto[s] reclamado[s], por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentaron las autoridades responsables en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: La autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado [fojas 75 y 76]; lo que en la especie se estima que así acontece, pero por motivos diversos a los sostenidos por la responsable, tal como se explica a continuación. Por su parte, la autoridad responsable ejecutora Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, fue omisa en rendir su informe justificado, sin embargo, ante la inexistencia del acto atribuido a la responsable, no es el caso de presumir su certeza, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. A modo de corroborar lo así afirmado, en principio, es de destacarse que en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, se establece lo siguiente: [A]rtículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. Del precepto anteriormente transcrito se aprecian dos supuestos de sobreseimiento por inexistencia de actos, a saber, [1] el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado, y [2] cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, en la caso la inexistencia del acto reclamado, se encuentra acredita al tenor de las constancias que anexó a su informe con justificación el Juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio sumario civil sobre alimentos definitivos 326/2016, mismas que este juzgador les reconoce pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En efecto, de las constancias que integran el presente asunto, se acredita lo siguiente: a) Que el juicio sumario civil sobre alimentos definitivos 326/2016, fue promovido por fue promovido por Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, en representación de sus menores hijos, en contra de Julio César Zarate Guzmán, en el que, mediante sentencia dictada el tres de julio de dos mil diecinueve, el juez responsable declaró procedente la acción de alimentos y, por ende, decretó en favor de los menores quejosos una pensión alimenticia consistente en el treinta por ciento [30%] sobre el salario y demás prestaciones que percibe el demandado de su fuente de trabajo; asimismo, en relación a la acción reconvencional ejercida en autos, fijó reglas de convivencia entre los menores de referencia con su progenitor, además, de ordenar la realización de terapias de integración familiar, en la que participarían todos los miembros de la familia, incluida la actual esposa del demandado, por lo que condenó a la ahora quejosa a cumplir con lo así determinado [a fojas 3 a 27 del tomo de pruebas], b) Inconforme con dicho fallo la parte actora interpuso en su contra recurso de apelación, el cual fue admitido en el efecto devolutivo, mediante proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve [a fojas 44 a 73 ídem]. c) Durante la substanciación de dicho medio de defensa y, en atención a lo solicitado por la parte demandada, mediante acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable ordenó la reprogramación de fecha y hora para llevar a cabo la terapia de integración familiar ordenada en la referida sentencia, esto es, dispuso la ejecución provisional de la misma -acto reclamado en este asunto- [a fojas 153 ibídem]. d) Posteriormente, la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a quien correspondió conocer del referido recurso de apelación, mediante resolución pronunciada el doce de diciembre de dos mil diecinueve, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de origen para el efecto de que el juez natural -aquí responsable- oficiosamente convoque a una audiencia a la que deberán asistir las partes, los menores y el Ministerio Público adscrito al juzgado, con la finalidad de que se escuche su opinión en cuanto al tema de la convivencia con su padre; determinación que fue notificada a las partes actora y demandada el catorce y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve [a fojas 97 a 110 de este expediente]. De lo anteriormente destacado, se obtiene que el acto reclamado en este asunto, fue emitido con la finalidad de ejecutar provisionalmente uno de los efectos de la sentencia dictada en el juicio de origen, a saber, la realización de la indicada terapia de integración familiar, sin embargo, dicho fallo fue revocado por el tribunal de alzada, es decir, que fue dejado insubsistente, para el efecto de reponer el procedimiento en el juicio. Por tanto, es evidente que en el caso concreto no procede el examen de la constitucionalidad del acto reclamado, pues el mismo quedó extinguido, como si nunca hubiera existido, ya que, se itera, la sentencia sobre la cual recaía su validez y vigencia quedó insubsistente, al haber sido revocada por el tribunal de segunda instancia, para reponer el procedimiento en el juicio de origen; circunstancia que lógica y jurídicamente abarca los actos que se emitieron para ejecutarla provisionalmente, como el que aquí se reclama. Se afirma lo anterior, porque cuando con motivo de una resolución de alzada, se ordena dejar sin efectos la sentencia impugnada y, en su lugar, se dispone reponer el procedimiento, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el mismo, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución de segunda instancia, pues esa conclusión obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha resolución, siendo innecesario que en ese fallo se mencione específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes con motivo de la reposición del procedimiento ordenada. La anterior línea de pensamiento, es acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis 1a./J. 112/2010 y 1a. XXX/98; mismas que invocan por resultar ilustrativas a lo aquí resuelto, las cuales dicen: SENTENCIA DE AMPARO. NO EXISTE EXCESO EN SU CUMPLIMIENTO CUANDO EL EFECTO DE LA CONCESIÓN FUE EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA Y DEJAR INSUBSISTENTE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE ESA DILIGENCIA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA RESTITUIR AL DEMANDADO LA POSESIÓN DE UN INMUEBLE, AUNQUE ELLO NO FUE MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO EXPRESO EN LA EJECUTORIA DE GARANTÍAS. Cuando se otorga la protección constitucional por la falta o el indebido emplazamiento al juicio del demandado y como consecuencia se ordena dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir de esa diligencia, deben dejarse sin efectos todos los actos procesales realizados durante el procedimiento, no sólo hasta el dictado de la sentencia definitiva, sino también los efectuados en la etapa de ejecución, lo que incluye el remate y las adjudicaciones que pudieran haberse llevado a cabo. En ese tenor, si la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ordena restituir al demandado en la posesión de un inmueble que ya había sido rematado y adjudicado a la parte actora, e incluso transmitido a un tercero, no incurre en exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, aun cuando ello no se haya establecido expresamente en la resolución, pues esa determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas de dicha ejecutoria de garantías, siendo innecesario que en el fallo constitucional se mencionen específicamente todos los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento. AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ. No procede el examen de la constitucionalidad de una ley reclamada como heteroaplicativa cuando se concede el amparo a efecto de que se reponga el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del acto de aplicación. Lo anterior obedece a que, cuando se promueve un amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento; de tal manera que si el acto de aplicación queda insubsistente por virtud de que el procedimiento del que emanó debe reponerse por estar viciado, no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido. [Lo resaltado es propio] En esas condiciones, se concluye que el acto aquí combatido dejó de existir, sin dejar rastro sobre la esfera jurídica de la parte quejosa y, por ende, el presente asunto carezca ya de materia que analizar, por lo que, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, facción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, al estar acreditado de las constancias de autos que no existe el acto reclamado. QUINTO. Decisión. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 62, 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Hannia Elizabeth Zarate Aguirre y Julio César Zarate Aguirre, quienes se encuentran asistidos en esta instancia constitucional por Sergio Gómez Vallecillos, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, contra los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra autoridad; en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JULIO CÉSAR ZÁRATE GUZMAN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DE LA SENTENCIA DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.---- SENTENCIA DEFINITIVA Ciudad Madero, Tamaulipas, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte. V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 1325/2019-VI-A, promovido por Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Hannia Elizabeth Zarate Aguirre y Julio César Zarate Aguirre, quienes se encuentran asistidos en esta instancia constitucional por Sergio Gómez Vallecillos, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,. S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa Silvia Elizabeth Aguirre Martínez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Hannia Elizabeth Zarate Aguirre y Julio César Zarate Aguirre, quienes se encuentran asistidos en esta instancia constitucional por Sergio Gómez Vallecillos, Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública Federal, contra los actos reclamados al Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas, con sede en Altamira, y otra autoridad; en los términos precisados en el considerando tercero de la presente resolución.

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