Silvia Elida Salgado Roman

Expediente 278/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
278/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Silvia Elida Salgado Roman

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de abril de dos mil veintitrés. ...Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal, no aceptó la competencia declinada por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del juicio de amparo 262/2023, de su índice promovido por *****, por tanto, ordenó su devolución, sin que hasta la fecha, se haya comunicado lo relativo a dicha determinación; sin embargo, de una consulta que se realizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE], se obtuvo que mediante auto de nueve de marzo del presente año, el homólogo de referencia determinó admitir a trámite el referido juicio de amparo. En mérito de lo que antecede, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. ...Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se determina: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 599/2020. R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son la falta de emplazamiento a dos juicios sucesorios, atribuidos a autoridades civiles, con ejecución material en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza Sexta Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. La falta de emplazamiento de la quejosa al juicio ********************, promovido por Silverio del Valle García, por conducto de su apoderado legal, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de su padre Silverio del Valle Salgado, respecto de la parte de la sociedad conyugal que le correspondía al de cujus en su carácter de esposo de Cleotilde García Román, del bien inmueble ubicado en calle Tulipán Suizo número doce, antes veintiuno, colonia Tulipanes de Cuernavaca, Morelos, con superficie de doscientos metros cuadrados, con las medidas y colindancias señaladas en la escritura pública 85,063 otorgada el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, e inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos con el folio electrónico inmobiliario 85922-I, en el cual fue notificada la arrendataria de dicho bien inmueble María Altagracia Romero Granados -aquí tercera interesada-. [2] Jueza Séptima Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. b) La falta de emplazamiento de la quejosa al juicio ********************, promovido por ********, respecto de la sucesión testamentaria a bienes de su abuela ********, respecto del bien inmueble ubicado en calle ******, inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos con el folio electrónico inmobiliario *******. lll. Incidente de objeción de documento (firma). Por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se resolverá el incidente de objeción de documento, por cuanto a la autenticidad de las firmas que calzan el contrato de compraventa contenido en la escritura pública ******* (veinte mil ciento ochenta y siete), otorgada ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, celebrado entre ********* -de cujus-, en su carácter de vendedora y ******************** -aquí quejosa-, respecto del bien inmueble ubicado en ***********, con superficie de doscientos metros cuadrados, con las medidas y colindancias señaladas en dicha escritura, con la cual la quejosa en este juicio pretende acreditar el interés jurídico que le asiste. Para acreditar la falsedad de firmas, la incidentista ******* -aquí tercera interesada-, ofreció la prueba pericial en materia de grafoscopía, documentoscopía, caligrafía y dactiloscopía, la cual se admitió a cargo de los peritos ******** -designado por la tercera interesada-, **********-nombrada por la quejosa- y ******* perito oficial designada por este juzgado, siendo que como se narró en los resultandos de la presente sentencia únicamente rindió informe la perito oficial citada en último término. Bajo ese orden de ideas, se precisa que no basta la simple objeción de autenticidad para hacer nugatorio un documento aportado o formulado dentro de un juicio, sino que deben señalarse las causas en que se funde la objeción y exhibirse las pruebas con que se pretenda acreditar tal extremo, en el entendido de que quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos que la fundamenten. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 4/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 117/2003-PS, publicada en la página 266 del tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción. Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba. Dicho de otra forma, quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba." En este punto, es necesario precisar que la prueba pericial es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual le suministran al juzgador argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, su función tiene, indispensablemente, un doble aspecto: a) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del juzgador y de la gente, sus causas y sus efectos; y, b) Suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juzgador sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. En razón de lo anterior, los dictámenes de los peritos, proporcionan elementos de convicción sobre la realidad de los hechos que interesan en el proceso, por lo que dichos especialistas son auxiliares para el juzgador a fin de que pueda lograr conocer la verdad de los hechos; así, es de precisar que el perito al rendir su dictamen no persigue producir efectos jurídicos sino ilustrar el criterio de quien ha de juzgar. Expuesto lo anterior, previo a efectuar la valoración del dictamen rendido por el perito oficial, es necesario puntualizar que la apreciación de la prueba pericial queda al arbitrio de la juzgadora, de conformidad con el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, párrafo segundo; no obstante, dicha facultad no es absoluta, por lo que se han establecido diversos lineamientos que deben ser observados a fin de valorar los dictámenes periciales. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 90/2005, que deriva de la contradicción de tesis 31/2005-PS, visible en la página 45, del Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DICTÁMENES PERICIALES NO OBJETADOS. SU VALORACIÓN. En relación con la facultad de los Jueces para apreciar las pruebas, la legislación mexicana adopta un sistema mixto de valoración, pues si bien concede arbitrio judicial al juzgador para apreciar ciertos medios probatorios (testimoniales, periciales o presuntivos), dicho arbitrio no es absoluto, sino restringido por determinadas reglas. En tal virtud, el hecho de que no se objete algún dictamen pericial exhibido en autos, no implica que éste necesariamente tenga valor probatorio pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas, el juzgador debe analizar dicha probanza para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como las operaciones, estudios o experimentos propios de su arte que lo llevaron a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los medios de convicción aportados, admitidos y desahogados en autos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión. Por tanto, la falta de impugnación de un dictamen pericial no impide al Juez de la causa estudiar los razonamientos técnicos propuestos en él, para estar en posibilidad de establecer cuál peritaje merece mayor credibilidad y pronunciarse respecto de la cuestión debatida, determinando según su particular apreciación, la eficacia probatoria del aludido dictamen". En ese tenor, es obligado el examen del peritaje que obra en el juicio, cuenta habida que, se encuentre objetado o no, esta juzgadora debe determinar la eficacia probatoria que le corresponda, de conformidad con la jurisprudencia en cita. Precisado lo anterior, debe decirse que el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado; de la claridad con la que se expresen las conclusiones; de su firmeza o la ausencia de vacilaciones que creen convicción en el juzgador; de la lógica relación entre ellas; y, de los fundamentos que las respaldan, para que merezcan absoluta credibilidad. En la integración de la prueba pericial señalada se tuvo como perito oficial a Rebeca Murillo Muñoz, designada por la Coordinación General de la Fiscalía General de la República, quien rindió su dictamen el siete de julio de dos mil veintidós (fojas 448 a 495 del amparo indirecto), en el que concluyó que no existía base técnica en materia de grafoscopía para determinar si las firmas atribuidas a Cleotilde García Román, en su carácter de compradora y ********************, en su carácter de vendedora, en la escritura pública número veinte mil ciento ochenta y siete, de veintidós de mayo de dos mil tres, correspondían o no por su ejecución al puño y letra de las citadas personas. Prueba pericial que resulta idónea para proporcionar los elementos científicos y técnicos emitidos por especialista en materia de grafoscopía y documentoscopía, en tanto que auxilia a este juzgado a resolver la controversia planteada, en el entendido de que compete al juzgador determinar el valor que corresponde a ese medio de convicción, sin tener relevancia si las partes lo objetan o no. En tal sentido, el dictamen rendido por la perito oficial, crea convicción para determinar que es infundado el incidente de objeción de documento planteado, toda vez que existió imposibilidad en materia de grafoscopía para determinar si las firmas impugnadas de falsas, correspondían o no a las partes intervinientes (vendedora y compradora), en la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, otorgada el veintidós de mayo de dos mil tres, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero. Lo anterior, toda vez que la perito oficial al rendir su dictamen precisó el problema planteado, describió el documento cuestionado, a saber, las firmas contenidas en el apéndice del protocolo de la escritura pública antes referida, respecto de la compraventa del bien inmueble que la quejosa aduce es de su propiedad, así como los diversos documentos en los que obraban las firmas base de cotejo de Cleotilde García Román y ********************, así como las características de dichas firmas, las cuales no fue posible comparar con las firmas cuestionadas, toda vez que en la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, que consta en autos del presente juicio, no obra ninguna firma a nombre de **********, en su carácter de compradora y ********************, en su carácter de vendedora, existiendo imposibilidad de la perito para realizar un análisis técnico en materia de grafoscopía por carecer de dichas firmas. Lo que además se concatena con el informe rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero (foja 248 del amparo indirecto), en el que refirió la imposibilidad para llevar a cabo la inspección judicial ofrecida respecto del protocolo del Notario Público ante el cual se otorgó el documento cuestionado, ya que en el Archivo General de Notarías no obraba bajo resguardo ningún libro de tal protocolo de la Notaría Pública número Once del Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero, toda vez que mediante averiguación previa *******, seguida ante el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, le fue revocada la patente de Notario al Titular de dicha Notaría, sin haber hecho entrega de los libros del protocolo a su cargo. De ahí que se advierta que, como lo señala la perito oficial en su dictamen pericial, existió imposibilidad técnica para realizar el estudio grafoscópico, al no tener acceso al protocolo del Notario Público que realizó el documento cuestionado y obtener las muestras de las firmas cuestionadas a efecto de que fueran cotejadas o analizadas técnicamente con las firmas indubitables. Es decir, a pesar de que la perito oficial explicó detalladamente las características del orden general de las firmas base de cotejo estableciendo sus elementos con relación a los gestos gráficos que las conforman, inclinación, dirección, dimensión, presión muscular, habilidad escritural, etcétera, lo cierto es que no contó con las firmas contenidas en el documento cuestionado, al no tener acceso al protocolo del notario que llevó a cabo la escritura pública; por tanto, como lo concluyó existió una imposibilidad técnica para determinar la veracidad o falsedad de las firmas cuestionadas. Además, la experta realizó un soporte fotográfico y confronta gráfica precisando las características encontradas a las firmas base de cotejo. Por tanto, tomando en cuenta que el peritaje fue exhaustivo en su estudio, que se encuentra fundamentado de manera suficiente y coherente, conforme a lo que obra en autos, así como que sus conclusiones son lógicas y corresponden con el estudio del problema, con fundamento en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es que se le concede valor probatorio pleno. Apoya a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia número de registro 904237, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración correspondiente a la Sexta Época, visible con el número 256, en la página 188, del Tomo II, Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, que establece: "PERITOS, VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN. Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." Por otro lado, no se inadvierte que el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero, informó la imposibilidad para llevar a cabo la inspección judicial ofrecida respecto del protocolo del Notario Público ante el cual se otorgó el documento cuestionado, ya que en el Archivo General de Notarías no obraba bajo resguardo ningún libro de tal protocolo de la Notaría Pública número Once del Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero, toda vez que mediante averiguación previa ******************, seguida ante el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, le fue revocada la patente de Notario al Titular de dicha Notaría, sin haber hecho entrega de los libros del protocolo a su cargo; circunstancia que no tiene el alcance de afectar la validez de la escritura cuestionada, toda vez que si bien se advierte que le fue revocada la patente al Notario Público, también es cierto que del número que corresponde a la averiguación previa se desprende que fue en año posterior (2010) al otorgamiento de la escritura que exhibió la quejosa y lo informado no demuestra que se haya declarado la nulidad de los actos jurídicos celebrados por dicho fedatario, en específico, la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete que obra en autos del presente juicio. Así, toda vez que la prueba pericial aportada es insuficiente para acreditar (hasta el momento y conforme a las constancias aportadas a este juicio) las consideraciones en que la incidentista ************-aquí tercera interesada-, sustentó la presente objeción, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se estima infundada la objeción de documento, consistente en la falsedad de las firmas contenidas en el protocolo de la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, otorgada el veintidós de mayo de dos mil tres, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, atribuidas a *********, en su carácter de compradora y ********************, en su carácter de vendedora, respecto del bien inmueble ubicado en **********. En consecuencia, ante lo infundado del incidente analizado, se continúa con el estudio del fondo del asunto. IV. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la [1] Jueza Sexta Civil y [2] Jueza Séptima Civil, ambas de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado aceptaron su existencia. Además, remitieron copias certificadas de los juicios sucesorios ******************** y ********************, documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados, pues no obra constancia de que la quejosa hubiera sido emplazada a los juicios sucesorios de origen, en los que es objeto de éstos el bien inmueble que la impetrante de amparo aduce es de su propiedad. V. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado el diez de agosto de dos mil veinte, sin que de constancias se advierta una fecha distinta a la manifestada, con la que se acredite fehacientemente que hubiera tenido conocimiento de los actos reclamados en momento diverso. Así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del once al treinta y uno de agosto de dos mil veinte, descontando el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta del mes y año citados, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el diecisiete de agosto de dos mil veinte, quinto día del plazo, es concluyente su oportunidad. VI. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, la tercera interesada ********************señaló que la quejosa no acreditaba su interés jurídico en el presente juicio, ello en virtud de la falsedad de las firmas contenidas en el protocolo de la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, otorgada el veintidós de mayo de dos mil tres, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, atribuidas a Cleotilde García Román, en su carácter de compradora y ********************, en su carácter de vendedora, respecto del bien inmueble reclamado por la quejosa. La causa de improcedencia señalada, se encuentra prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y se considera que no se actualiza en el presente asunto, en razón de que la tercera interesada adujo dicha causa, bajo el argumento de falsedad de las firmas que constan en el protocolo de la escritura de referencia; sin embargo, como se analizó en párrafos precedentes, conforme a las constancias que obran en el juicio de amparo y las pruebas desahogadas, no se demostró la falsedad de las firmas del documento cuestionado, por ello dicha cuestión planteada se analizará una vez que se aborde el estudio de los conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." En consecuencia, al no actualizarse la causa de improcedencia en estudio y no observarse de oficio alguna diversa, se procede al estudio del fondo del asunto. VII. Estudio del concepto de violación. En el concepto de violación expuesto, la quejosa esencialmente señala que se vulnera su derecho de audiencia previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues en los juicios sucesorios de origen, se ventilan derechos sobre el bien inmueble ubicado en calle Tulipán Suizo número doce, antes veintiuno, colonia Tulipanes de Cuernavaca, Morelos, del cual la quejosa aduce ser propietaria al haberlo adquirido mediante compraventa que celebró con Cleotilde García Román -de cujus-, como se desprende de la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, otorgada el veintidós de mayo de dos mil tres, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero. Es fundado el concepto de violación, en su causa de pedir, ya que en esencia la quejosa sostiene que al no haber sido legalmente emplazada a los juicios sucesorios de origen se vulnera su derecho de audiencia. Al respecto se tiene que, los artículos 14 y 16 Constitucionales establecen los derechos de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; el citado en primer término señala que nadie podrá ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; por su parte, el segundo estatuye que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino a través de mandamiento escrito proveniente de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En consecuencia, para que un acto privativo sea acorde con las normas constitucionales de referencia, es necesario que se expida en un procedimiento previo, donde el afectado sea llamado a juicio en la forma prevista por la ley, para asegurarle el conocimiento a tiempo y completo del asunto que se sigue en su contra; lo anterior con la finalidad de permitirle ofrecer y desahogar sus pruebas, alegar y tener acceso al dictado de una sentencia, a efecto de que se resuelvan sus planteamientos de oposición. En el caso, de las constancias que integran el juicio ******************** del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se advierte que éste fue promovido por Silverio del Valle García -en el cual también tiene reconocido el carácter de albacea-, respecto de la sucesión intestamentaria a bienes de su padre Silverio del Valle Salgado, respecto de la parte de la sociedad conyugal que le correspondía al de cujus en su carácter de esposo de Cleotilde García Román, del bien inmueble ubicado en calle Tulipán Suizo número doce, antes veintiuno, colonia Tulipanes de Cuernavaca, Morelos, con superficie de doscientos metros cuadrados, con las medidas y colindancias señaladas en la escritura pública ****** (ochenta y cinco mil sesenta y tres) otorgada el treinta de julio de mil novecientos noventa y seis, ante el Notario Público número Dos de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, e inscrita ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos con el folio electrónico inmobiliario *******. Procedimiento en el cual fue notificada la arrendataria de dicho bien inmueble María Altagracia Romero Granados -aquí tercera interesada- y, mediante auto de siete de junio de dos mil diecisiete (foja 15 del cuadernillo correspondiente a la segunda sección del juicio ********************), fue aprobada de plano la segunda sección denominada de inventarios y avalúos, a reserva de que si aparecían nuevos bienes o deudas no listados, se agregarían al mismo. Por otro lado, el juicio ******************** del índice del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se tiene que fue promovido por Jesús Ángel del Valle Huerta, por conducto de su apoderado legal, respecto de la sucesión testamentaria a bienes de su abuela Cleotilde García Román, respecto del bien inmueble ubicado en calle Tulipán Suizo número doce, antes veintiuno, colonia Tulipanes de Cuernavaca, Morelos. En tal procedimiento se exhibió el instrumento notarial veintisiete mil quinientos cuatro, de veintisiete de marzo de dos mil nueve, que contiene el testamento público abierto otorgado por Cleotilde García Román, ante la fe del Notario Público número Dieciséis del Distrito Judicial de Tabares, Acapulco, Guerrero; juicio sucesorio en el que el veintisiete de febrero de dos mil catorce (fojas 93 a 99 de las constancias remitidas del juicio sucesorio ********************), se dictó resolución interlocutoria de reconocimiento de herederos y designación de albacea -teniendo tal carácter el propio heredero ***********, por haber sido removido del cargo el albacea testamentario *******, al no haber aceptado y protestado dicho cargo-. Así, de los antecedentes narrados se obtiene que la quejosa ********************, no es parte en sentido formal en los juicios sucesorios ******************** y ******************** del índice del Juzgado Sexto y Séptimo, ambos Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, respectivamente, pues se ostenta como tercera extraña auténtica; de ahí que, debe acreditar la existencia del derecho que defiende y la lesión que le ocasionan los actos que reclama. En ese sentido, la quejosa aduce ser propietaria del bien inmueble ubicado en calle Tulipán Suizo número doce, antes veintiuno, colonia Tulipanes de Cuernavaca, Morelos -objeto de los juicios sucesorios de origen- y para acreditar la titularidad que refiere, exhibió la escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, otorgada el veintidós de mayo de dos mil tres, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, en la que tiene el carácter de vendedora ****** y como compradora la aquí quejosa; contrato que adquirió fecha cierta a partir de la data en que fue otorgada la escritura pública de referencia ante el fedatario público señalado, por lo cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para acreditar el interés jurídico de la impetrante para acudir al presente juicio de amparo. Por tanto, tiene razón en su planteamiento de que la falta de emplazarla a los juicios sucesorios de origen vulnera su derecho de audiencia, en tanto que las juzgadoras debieron llamarla como tercera interesada para que hiciera valer lo que a su derecho conviniera con relación al derecho de propiedad que aduce tener sobre el bien inmueble ubicado en *******, toda vez que en ambos juicios se advierte que dicho bien es objeto del haber hereditario reclamado. Lo anterior, porque como se dijo, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí concierne, establece que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una de las formalidades esenciales del procedimiento, necesarias para garantizar una defensa oportuna y adecuada antes del acto privativo, lo constituye la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Véase al respecto la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Una vez aclarado el derecho de audiencia que tiene toda persona previo a ser privada de sus posesiones, debe precisarse que para ello no es suficiente únicamente que la parte impetrante de amparo acuda al juicio constitucional y aduzca que debe ser llamada a un juicio determinado, sino que el juzgador debe analizar el carácter que dicha parte ostenta y dilucidar si por ello es necesario o no que sea llamada a la contienda. Así, es importante distinguir la figura del tercero interesado como parte de un proceso judicial, pues ésta se refiere a quienes, sin ser actores ni demandados, se constituyen o deben ser llamados como parte en un proceso ya incoado, con la pretensión de obtener una sentencia favorable a sus intereses, sea coincidente con la pretensión de uno de los litigantes o excluyente de ella. Al respecto, los artículos 14, 30, 44 y 45 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, señalan que las acciones en los juicios de orden familiar deberán ejercitarse oyendo, en su caso, a terceros interesados, si se trata del ejercicio de acciones no contenciosas; y, que tienen el carácter de parte, además de los contendientes en el juicio, las personas que ejercen el derecho de intervención en calidad de terceros, así como quienes tengan algún interés legítimo. Asimismo, dichos preceptos legales reconocen que las partes puedan pedir que un tercero sea llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia, cuando entre otras cuestiones, el litigio sea común a una de las partes, así como en cualquier otro caso en el que el juez considere que debe darse a un tercero la oportunidad de defensa o la ley lo exija para la regularidad del procedimiento, a falta de petición de parte, procederá requerir su intervención, sin cuyo requisito la sentencia no producirá el efecto de cosa juzgada. En consecuencia, la legislación adjetiva familiar prevé que se llame a juicio a una persona con el carácter de tercero interesado, entre otros casos, cuando el litigio sea común a una de las partes y para que pueda producir efectos de la cosa juzgada con relación a dicho tercero, o cuando el Juez considere que debe darle la oportunidad de defensa, a petición de parte o de oficio, requerirá su intervención. Con base en lo expuesto, tiene razón la quejosa en cuanto a que debió haber sido llamada a los juicios sucesorios ******************** y ******************** del índice de los Juzgados Sexto y Séptimo, ambos Civiles de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, respectivamente, con el carácter de tercera interesada; porque si bien no le asiste el carácter de heredera o legataria ni de albacea, lo cierto es que dichos juicios versan sobre el bien inmueble del que la quejosa aduce ser propietaria -el cual constituye el haber de la masa hereditaria-, en virtud de que lo adquirió el veintidós de mayo de dos mil tres, mediante compraventa otorgada en escritura pública veinte mil ciento ochenta y siete, ante la fe del Notario Público número Once del Distrito Judicial de Tabares, en Acapulco, Guerrero, ya que dicho bien inmueble le fue vendido por Cleotilde García Román. Es decir, se tiene que la compraventa que aduce la quejosa celebró con la de cujus el veintidós de mayo de dos mil tres, fue con anterioridad al fallecimiento de la vendedora, el cual ocurrió el veintiocho de mayo de dos mil trece, como se advierte del juicio sucesorio testamentario ******************** del índice del Juzgado Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, conforme al acta de defunción número 01327 expedida por el Oficial del Registro Civil del Estado de Guerrero (foja 7 de las constancias del juicio sucesorio ********************). Por tanto, se considera que la quejosa debe ser llamada a juicio con el carácter de tercera, toda vez que con el testimonio de la escritura que adjuntó a la demanda de amparo, como se dijo, demostró el interés jurídico que le asiste para acudir al presente juicio, al haber sido celebrado el acto jurídico de compraventa en escritura pública ante un fedatario público, lo cual como se dijo, le otorga fecha cierta al citado documento, con independencia de que no se haya demostrado que éste se encontrara inscrito ante el registro público de la propiedad, pues del instrumento notarial que se adjuntó a la demanda no se advierte dicha circunstancia, lo que tampoco se evidencia, por lo menos al diecinueve de marzo de dos mil catorce en que se expidió el certificado de libertad de gravamen que obra a foja 140 del juicio sucesorio ********************, ya que el efecto de dicha falta de inscripción conforme a lo previsto en los artículos 2884 del Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero (que fue donde se celebró el acto jurídico y aplicable a la fecha de celebración de éste) y 1808 del Código adjetivo Civil del Estado de Morelos (que es donde se encuentra inscrito el bien inmueble), es que no surta efectos contra terceros, lo que no impide que se tome en consideración únicamente para efectos de conceder su derecho de audiencia a la impetrante frente al derecho personal de sucesión que ostentan los terceros interesados (pues en los juicios sucesorios de origen, el bien inmueble no ha sido adjudicado). Sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 47/2017 (10a.), con registro digital *******, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LO TIENEN LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS PARA IMPUGNAR EL EMBARGO DE UN BIEN PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL, AUN CUANDO ÉSTA NO SE HUBIERE INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. El artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el examen del derecho de propiedad o posesión inmobiliaria con motivo de la interposición de un juicio de amparo por las personas que se ostentan como terceras extrañas a juicio, no resuelve de forma directa ni definitiva sobre la titularidad sustantiva de esos derechos, sino que sólo determina su eficacia para conceder o negar la protección federal solicitada respecto del acto reclamado en el juicio constitucional. Así, los cónyuges que se ostentan como terceros extraños tienen interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra el embargo de un bien perteneciente a la sociedad conyugal, aun cuando ésta no se hubiere inscrito en el Registro Público de la Propiedad, pues resultaría irrelevante en el estudio de procedencia el hecho de que en el juicio constitucional se haya o no acreditado que el derecho de propiedad inmobiliario que ostenta la quejosa fue inscrito en dicho registro para surtir efectos contra terceros de buena fe, pues esa circunstancia trasciende a la apreciación del interés jurídico, para depender del examen de fondo de dicho juicio. Además, lo resuelto en cuanto a la procedencia del juicio de amparo no implica pronunciamiento alguno respecto a la cuestión de fondo, la cual quedará sujeta a que de las pruebas o los argumentos de la quejosa deriven razones jurídicas de las que pueda concluirse la existencia de un derecho de audiencia que debiera haber sido tutelado en el procedimiento cuya reposición se reclama." Lo anterior, porque en su caso, de ser procedente, corresponderá a las autoridades responsables señaladas, establecer los efectos y consecuencias, así como el valor y eficacia probatoria que se otorgue a dicho documento, una vez que se llame a juicio a la quejosa, en confronta con los derechos aducidos por los promoventes de los juicios sucesorios de origen. Es así, toda vez que el concepto de "fecha cierta" de un documento privado, deriva de acreditar la certeza en que se realizó el acto jurídico y que resulte anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; pero no le reviste per se, de la eficacia probatoria necesaria que justifique o alcance para dar por colmados los elementos de existencia y validez de tal acto jurídico que se dice consignado en el documento. Lo anterior, porque cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio, lo jurídicamente relevante, es que la propiedad o posesión que dice tener, para que sea objeto de protección constitucional, debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que se tiene tal derecho; sirve de sustento a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia P./J. 1/2002, con registro electrónico 187733, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACRETAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." No obstante, una vez que sea llamada a los juicios sucesorios de origen la aquí quejosa, a efecto de que haga valer sus defensas o lo que a su derecho corresponda, es a las Juzgadoras responsables a quienes, en su caso y de ser procedente, corresponderá la valoración del documento fundatorio del derecho de propiedad que aduce tener la quejosa, respecto del bien materia de las sucesiones testamentarias e intestamentarias, respectivamente; y, resolver lo que en derecho corresponda respecto al derecho alegado por ésta, así como por las partes en los juicios sucesorios respectivos. Respecto a las manifestaciones realizadas por la quejosa en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis. En consecuencia, se concede el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión de amparo. Se concede el amparo para que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, las autoridades responsables realicen lo siguiente: La [1] Jueza Sexta Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio intestamentario ******************** de su índice, a partir del auto de radicación; hecho lo cual, tenga como tercera interesada a la aquí quejosa ********************, por las razones expuestas en esta sentencia, ordenando su emplazamiento a juicio a fin de que se respete su derecho de audiencia y, continúe con el trámite del juicio conforme corresponda. La [2] Jueza Séptima Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio sucesorio testamentario ******************** de su índice, a partir del auto de radicación; hecho lo cual, tenga como tercera interesada a la aquí quejosa ********************, por las razones expuestas en esta sentencia, ordenando su emplazamiento a juicio a fin de que se respete su derecho de audiencia y, continúe con el trámite del juicio conforme corresponda. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Primero. Es INFUNDADO el incidente de objeción de documento promovido por la tercera interesada ********************sustentado en la falsedad de las firmas de la escritura pública que exhibió la quejosa, en términos del considerando III de esta sentencia. Segundo. Se CONCEDE EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones analizadas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la última parte de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

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