Silvia Elena Gutiérrez Rojas
Expediente 1049/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Silvia Elena Gutiérrez Rojas
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual transcribe el proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés e informa que aceptó la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, y en consecuencia, se avoca al conocimiento del juicio promovido Silvia Elena Gutiérrez Rojas. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción, por lo que deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos. Asimismo del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Destruible", en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio del cual acusa recibo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional e informa que se reservó determinar sobre la competencia, admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo y ordenó remitir a la autoridad responsable Quinta Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para que proceda en términos del artículo 178 de la ley de la materia. De lo anterior, toma conocimientos este juzgado de Distrito. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Silvia Elena Gutiérrez Rojas, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número 1049/2023-II, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Incompetencia legal. En términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo, en los siguientes términos: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De la interpretación sistemática de los preceptos legales en consulta se advierte que, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer y resolver el juicio de amparo directo, el cual procede, en lo que interesa, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Expuesto lo anterior, del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: Del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el auto dictado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó no admitir a trámite el juicio de nulidad y desechar el mismo. En ese orden de ideas, si la quejosa reclama del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos el auto dictado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se ordenó no admitir a trámite el juicio de nulidad y desechar el mismo, es inconcuso que este juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer y resolver respecto de tal acto, ya que se trata de un acuerdo dictado por una autoridad judicial que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, respecto del cual procede el amparo directo ante un Tribunal Colegiado. Efectivamente, la determinación que desecha el juicio de nulidad por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, constituye una resolución que pone fin al juicio sin decidir el fondo del asunto, en virtud de que, para la parte promovente su juicio concluye con esa decisión, pues tiene como consecuencia y, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo. Es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 196, tomo IV, Segunda Parte 1, julio a diciembre de 1989, materia común, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE DISTRITO COMO AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE LA MATERIA CONTIENE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 165 DE LA MISMA LEY. El artículo 49 de la Ley de Amparo establece una excepción a la regla general prevista en el artículo 165 del mismo ordenamiento, esto es, que en el caso de que la demanda de amparo en contra de una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, se dirija y presente ante un juez de Distrito, éste se declarará incompetente de plano y la mandará al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El referido Tribunal decidirá también de plano, si confirma o revoca la resolución del juez de Distrito. En el primer caso, el propio Tribunal deberá proceder como sigue: a).- Podrá imponer al promovente una multa de diez a ciento ochenta días de salario; b).- Mandará tramitar el expediente; y c).- Señalará al quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para que la presentación de las copias y del informe correspondiente. De lo anterior se sigue que para efectos del cómputo, en este caso debe tomarse como fecha de presentación, aquella en que se recibió en el juzgado". En consecuencia, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente para conocer de demanda promovida por Silvia Elena Gutiérrez Rojas por propio derecho, por lo cual, se ordena remitir de inmediato la misma, así como sus copias, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que, de considerarlo procedente, confirme y resuelva conforme a sus facultades legales, y de no tener inconveniente alguno se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con copia del escrito inicial de demanda, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Autorizados Por otro lado, en atención a lo dispuesto en artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica y como autorizado con facultades amplias a Francisco Emiliano Gutiérrez Solís, en razón de que demuestra tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Consulta de expediente electrónico. Ahora bien, tal como lo establece el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con base en el usuario "EmilianoGtz" toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho usuario sí se encuentra registrado y autorizado para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Notificaciones electrónicas. De conformidad con los artículos 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, así como el considerando octavo, fracciones III y IV, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la notificación electrónica siempre y cuando se realice con base en el usuario "EmilianoGtz", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho usuario sí se encuentra registrado y autorizado. Se precisa al promovente que está obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema dentro de los plazos señalados, este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores. De igual forma se precisa que las notificaciones realizadas por esta vía -electrónica-, surtirá efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual, por una parte, el órgano jurisdiccional digitalizará para el expediente electrónico y, por otra, hará una impresión que agregará al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el usuario antes precisado, para lo cual se instruye al Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. No se tiene por señalado domicilio físico para notificaciones personales. En razón de la autorización expresa solicitada para efecto de ser notificada vía electrónica, dígasele a la promovente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición de tener por señalado el domicilio físico que precisa para efecto de realizarle notificaciones personales, determinación que se toma a efecto de evitar su duplicidad y para privilegiar y hacer efectivo el derecho a la pronta y expedita impartición de justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Medio de contacto no procesal Ahora, se tiene por señalado el correo electrónico que se indica en el escrito de la promovente, únicamente como forma de contacto no procesal, el cual podrá ser utilizado por los actuarios de la adscripción para establecer comunicación, en caso de que lo estimen necesario siempre y cuando levanten razón de ello. Transparencia y acceso a la información pública Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial. Habilitación de días y horas inhábiles Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; y personalmente, vía electrónica, a la parte promovente
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