Silvia Elena Delgadillo González

Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1333/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Silvia Elena Delgadillo González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ... Téngase recibido el oficio a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual, la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, remite testimonio de la resolución pronunciada por esa Superioridad en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja 34/2022 de su índice, misma que en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ... en contra del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en el juicio de amparo indirecto 1333/2021-14." Acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, comuníquese esta circunstancia a la parte quejosa, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ...se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Centro Archivístico. Una vez transcurrido el plazo de tres años dese el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ténganse por recibido el oficio a que se refiere la razón de cuenta, a través del cual el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, hace del conocimiento de este Juzgado que, mediante proveído de ocho de febrero del año en curso, se admitió el recurso de queja interpuesto por la quejosa **, quedando registrada con el número 34/2022.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito de la quejosa *, atento a su contenido, se acuerda: Como lo solicita la promovente, con fundamento en lo establecido por los artículos 97, 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer la quejosa en contra del proveído veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Silvia Elena Delgadillo González, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, y oras autoridades. En consecuencia, ríndase informe relativo con la manifestación de que es cierto que con fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo a que se alude y en su oportunidad remítanse al remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, las constancias que se hagan necesarias para resolver el medio de impugnación planteado; solicítese el acuse de recibo correspondiente..

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: Vista la demanda de amparo promovida por Silvia ............., por propio derecho contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí, y oras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1333/2021-14. Precisión acto reclamado La parte quejosa señaló la inconstitucionalidad de los artículos 8 fracción I, 10 y 45 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, sin embargo, el acto de donde derivó ese reclamo es atribuido a Oficial Mayor de Gobierno del Estado, consistente: La orden emitida el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se decretó el relevo de las funciones de la quejosa, y su ejecución; es decir, la conclusión de la relación laboral por revelo en el cambio de administración estatal, acorde con lo previsto por el artículo 45 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí. Dicha comunicación fue emitida por la Directora General del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", ente que no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Desechamiento demanda En esa guisa, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no puede ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el mismo deriva de una relación de coordinación con la promovente del amparo y una de las autoridades responsables, como se explica. En principio, los preceptos legales 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Del análisis sistemático de tales preceptos, se advierte que el juicio de amparo procede solamente contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, la tercera norma transcrita, precisa que tiene el carácter de autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En concordancia con ello, la última fracción del artículo 61 en comento, establece que el juicio de amparo es improcedente por motivos que resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. De ahí que si el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en este caso la causa operaría en atención a que la responsable no tiene dicho carácter. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, es preciso señalar, que el impetrante de la tutela constitucional, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los que a continuación se visualiza: De lo reproducido se advierte, que la quejosa en esencia, se duele de la orden de dos de diciembre de dos mil veintiuno, y la ejecución del relevo de las funciones de la aquí quejosa, quien es empleada del Gobierno del Estado. Lo anterior, pone de relieve que el acto reclamado tiene su origen en una relación laboral existente entre la quejosa y la dependencia que emitió materialmente el aviso de revelo de funciones, como lo es la Directora del General del Museo del Ferrocarril ".............", es decir, se trata de una relación de coordinación, en la que una de las autoridades indicada como responsable actúa como patrón y la disconforme como trabajadora. Luego, es necesario precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han sostenido que en el Estado existen tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Luego, del contenido de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo sólo es procedente contra actos de autoridad, así como contra los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Asimismo, para considerar a un particular como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, es necesario que sus funciones estén determinadas por una norma general; lo que significa que si bien es cierto que el amparo se puede promover contra actos de particulares, también lo es que no debe ser contra actos de cualquier particular, sino sólo de aquel que ejerza actos equivalentes a los de autoridad previstos en una norma general; por tanto, para que un particular pueda ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, debe situarse por encima del gobernado que está obligado a obedecer los actos, esto es, cuando la norma general le permita actuar en una relación de supra a subordinación, con relación al otro particular y no en un plano de coordinación. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la quejosa reclame la incontitucionalidad de los artículos 8 fracción I, 10 y 45 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí, lo anterior es así, porque el ente del estado que emitió el aviso de revelo de funciones, fue la Directora del General del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", es decir, quien tiene la calidad de patrón y la disconforme como trabajadora. Con base en ello, existe un plano de igualdad con la quejosa, es decir, una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquéllas actúan como (patrón) y no como autoridades investidas de imperio frente a la quejosa (trabajadora), ello, derivado de la relación laboral existente. Luego, es evidente que el acto de que se queja la promovente del amparo, no fue realizado dentro de una relación de supra-subordinación, pues no emana de autoridad investida de imperio sobre un gobernado, sino que, ese acto deriva de una relación laboral, en la que la Directora del General del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", actúan como patrón y la quejosa como trabajadora. Circunstancia que se corrobora con las documentales que acompañó el promovente a su demanda de amparo. En tal virtud, el acto impugnado no constituye uno de los considerados de autoridad, ni de particular equivalente al de autoridad. Por tanto, si las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan, entre otras, por el derecho civil, mercantil, agrario, administrativo y laboral De tal suerte que si la autoridad señalada en este asunto, de donde derivan sus reclamos no actúa en un plano de "supra a subordinación de gobernante a gobernado", sino que se está en presencia de un conflicto similar al que pudiera haber entre particulares (partes contratantes), ya que los entes públicos actúan en forma equiparada a un particular, esto es, que se obligan o adquieren derechos a través de las normas de derecho que los rigen como contratantes, por lo que en ese tipo de actuaciones, como las que nos ocupan, se vinculan con un contratista como parte contratante y, por tanto, el conocimiento de esta controversia corresponde a la justicia ordinaria y no a la autoridad constitucional, dado que el juicio de amparo no es un medio ordinario de defensa, sino un mecanismo extraordinario de impugnación de índole constitucional, frente a actos de autoridad. Sin que obste, que la quejosa haya señalado como autoridades responsables a los entes que participaron en el proceso legislativo de la norma cuya constitucionalidad cuestiona, porque ello no varía el hecho de que la emisión del acto lo realizó la Directora del General del Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona", quien actúa en un plano de igualdad, por lo que de existir algún reclamo derivado de la conclusión de la relación de trabajo, la quejosa deberá enterarla ante los tribunales competentes. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, tomo III, de abril de 1996, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". De igual forma, ilustra lo expuesto por las razones que le dieron origen, la tesis VII.2o.T.2 CS (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2861, registro 2014534, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. ES IMPROCEDENTE SI EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE SE RECLAMA NO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NÚMERO 07), AL NO PODER DESVINCULARSE EL ANÁLISIS DE LA LEY, AL DEL ACTO. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, se deduce que el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos de autoridad o disposiciones generales que violenten derechos humanos, entendiendo por autoridad aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, contra actos de particulares que tengan la calidad de autoridad para los efectos del juicio de amparo, esto es, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos de los gobernados, siempre y cuando sus funciones estén determinadas por una norma general; entonces, si el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional proviene de la Comisión Dictaminadora del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar Número 07, la cual no colma los requisitos para ser considerada como autoridad para los efectos del amparo indirecto, en términos de la tesis VII.2o.T.24 L (10a.), emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de marzo de 2016 a las 10:15 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Tomo II, marzo de 2016, página 1706, con el título y subtítulo: "DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASCENSO LABORAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", debido a que su actuación no emana de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confiera atribuciones coercitivas para actuar como una autoridad de Estado, modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que derivan de una relación laboral que pueden clasificarse en un plano de coordinación, que es lo que caracteriza a ese tipo de relaciones; en consecuencia, el acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, al no provenir de una autoridad para los efectos del juicio de amparo indirecto, requisito indispensable para la procedencia de dicho juicio; torna improcedente a éste, tanto por lo que respecta al aludido acto de aplicación, como por lo que hace a la norma impugnada, pues, como se dijo, el análisis de la ley respectiva no puede desvincularse del que concierne a su acto de aplicación, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, publicada en la página 235 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". Estimar lo contrario, conduciría a tener como acto de aplicación de un precepto su simple cita en algún escrito formulado por cualquier particular, sin las atribuciones legales que de una autoridad prevé la propia Ley de Amparo, lo que trastocaría las reglas para el estudio del juicio de amparo indirecto contra leyes, cuando se promueve con motivo de un acto de aplicación. En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación entre el quejoso y la autoridad gubernamental señalada como responsable, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Notificaciones Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su ocurso de cuenta, y como autorizados para recibirlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Oscar .............., Rosa ......................y Rosario ............, Cesar .............., Israel Iván Flores Rivera y Norma Alicia Martínez Irena toda vez que tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Autorización para consultar el expediente electrónico a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Como lo solicita la quejosa en su escrito de cuenta, y toda vez que proporciona nombre de usuario, a saber, "O..............", el cual, se encuentra registrado en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, hágase la autorización de la citada parte procesal, en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expediente, de este Juzgado, únicamente respecto al presente expediente a efecto de que pueda consultar vía electrónica a través de la página de internet de que se trata, debiendo agregarse copia autorizada de dicha constancia. Uso de aparatos electrónicos Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Consulta física de expedientes. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el último párrafo que da respuesta a la segunda pregunta contenida en la circular SECNO/12/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Poder Judicial de la Federación, de veintiséis de junio de dos mil veinte, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, podrán comunicarse vía telefónica con el Secretario de Guardia, de acuerdo con el aviso que está visible tanto en la página web del Consejo de la Judicatura Federal, como en el edificio en el que se ubica este juzgado de Distrito, a fin de llevar a cabo las gestiones administrativas correspondientes, para efectos de señalar fecha y hora, para que una persona facultada para ello, en un horario de nueve a quince horas, lo pueda hacer; y así, en coordinación con la Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, se habilite el espacio físico más indicado para llevar a cabo tal consulta, con todas las medias de salud, seguridad y sana distancia, en los días que el personal del juzgado se encuentra habilitado para acudir físicamente al órgano jurisdiccional. Además, hágase saber a las partes, que deberá ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por último, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 15/2020, del propio ente judicial, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes, para que proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto, es decir, únicamente como medio de contacto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Notificaciones Asimismo, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de amparo, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 11,606 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano