Silvia Durán Pineda

Expediente 447/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
447/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Silvia Durán Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente electrónico el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad oficiante acusa recibo de la misiva 1647 de este índice, con la que se remitió testimonio de la sentencia dictada en este juicio, así como de los anexos ahí descritos. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Intégrese al expediente electrónico el escrito signado por la tercera interesada; a través del cual señala domicilio, designa autorizado y solicita copias de la sentencia dictada en este asunto. Ahora, se le tienen por señaladas las listas de este tribunal para oír y recibir notificaciones, aun las de carácter personal. Asimismo, se tiene por facultado al profesionista ***, para realizar cualquier acto que resulte necesario para su defensa, en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia. Por cuanto hace a las copias que solicita de la sentencia dictada en este juicio, indíquesele al peticionario que conforme a lo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal, a través del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por Covid 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo de la Judicatura Federal, ya no se integra el expediente físico tal y como se hacía, ahora las determinaciones de trámite y las resoluciones dictadas durante los procedimientos son integradas únicamente al expediente electrónico, por lo que no es posible acordar favorable lo solicitado en los términos indicados. Sin embargo, de una revisión del expediente respectivo revela que el solicitante no cuenta con acceso al expediente electrónico, por tanto, dígasele que la copia solicitada le será proporcionada de manera digital siempre y cuando asista a este Órgano con un dispositivo de almacenamiento externo (USB), mismo que deberá venir su empaque original y sellado, en el entendido de que con la descarga del archivo electrónico de documento solicitado podrá obtener todas las copias que considere necesarias, la cual al encontrase debidamente acompañada de la evidencia criptográfica, les otorga legalidad y les da la calidad de originales. Atendiendo al estado de autos, toda vez que se encuentra transcurriendo el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en el momento procesal oportuno dese nueva cuenta para proveer lo conducente.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Del estado de autos se advierte que a pesar de que la tercera interesada ***, tenía conocimiento del presente juicio, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la sentencia dictada en este asunto y las subsecuentes notificaciones personales hágansele a través de la lista electrónica que se publica diariamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL PROVEÍDO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO EL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA TERCERA INTERESADA EN EL PRESENTE ASUNTO POR MEDIO DE LISTA, MISMA QUE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, LA CUAL FUE DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 447/2023, QUE A CONTINUACIÓN SE INSERTA: AMPARO DIRECTO: 447/2023. QUEJOSA: ****. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL ANGULO GARFIAS. SECRETARIA: ELIZABETH LEÓN MARES. Toluca, Estado de México. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de once de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo directo 447/2023, promovido por ****; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en la Oficialía de Partes de la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ****, por conducto de su apoderado ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la citada sala, consistente en la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 253/2023; que estimó violatorio de los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. En acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, la presidenta de este tribunal colegiado, al que correspondió por razón de turno, radicó la demanda con el número 447/2023 y la admitió a trámite, se reconoció el carácter de terceros interesados a ****, ****, ****, **** y la sucesión a bienes de ****. TERCERO. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil veintitrés, los terceros interesados **** y ****, por propio derecho y en representación de ****, expresaron alegatos, los cuales se tuvieron por formulados en proveído de siete de ese mes. El Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. CUARTO. En acuerdo de once de agosto de dos mil veintitrés se turnó el expediente al magistrado Raúl Angulo Garfias, para su estudio y formulación del proyecto respectivo. QUINTO. Sesión por videoconferencia. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este tribunal colegiado es competente para conocer del presente negocio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones V, inciso c) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, fracción I, de la Ley de Amparo, 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una sentencia definitiva dictada en un juicio del orden civil por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. SEGUNDO. El acto reclamado es cierto como se advierte del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable y de las constancias que obran en autos. TERCERO. Las consideraciones en que se apoya la resolución reclamada y los conceptos de violación formulados obran en el expediente generador y en el cuaderno de amparo, respectivamente. Se tienen por reproducidos por economía procesal, máxime que no hay obligación legal de transcribirlos. Contexto procesal. CUARTO. Conforme a constancias de autos, por escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, y recibido el veintiocho siguiente en el Juzgado Cuarto Civil del mismo distrito judicial, en la vía ordinaria civil ****, por conducto de su apoderado ****, demandó de ****, ****, ****, ****, así como del Instituto de la Función Registral: *De los tres primeros, la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado el veintidós de noviembre de dos mil, respecto de la venta de la fracción de **** punto **** metros cuadrados (****), de un inmueble; la nulidad del juicio ordinario civil de usucapión 263/2014, substanciado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca; la nulidad de la escritura pública sobre dicha fracción de terreno, inscrita a nombre de ****. *Del Instituto la Función Registral, la cancelación total y tildación de la inscripción de la referida fracción. *La cancelación en la Tesorería Municipal de Toluca, Estado de México, del traslado de dominio, realizado con motivo de ese juicio, y la cancelación de la clave catastral. *El pago de costas judiciales. I. Como hechos refirió: Uno. El veinticuatro de junio de dos mil ocho, adquirió un inmueble mediante contrato condicional de compraventa que celebró con **** y su esposo ****, con una superficie de **** metros cuadrados, ubicado sobre el ****, actualmente calle **** del pueblo de ****, Toluca, Estado de México con las medidas y colindancias siguientes: -Al Norte: **** metros con **** centímetros con ****. -Al Sur: **** metros con **** centímetros con ****. -Al Oriente: **** metros con **** centímetros con ****. -Al Poniente: **** metros con **** centímetros con ****. -Esta propiedad se encontraba en el entonces Registro Público de la Propiedad de Toluca, Estado de México, en el volumen ****, libro ****, sección ****, con número de partida **** y con folio real electrónico **** a nombre de **** desde el dos de febrero de mil novecientos ochenta y siete. Dos. En ese contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho, básicamente se estableció que: a. Que celebraron ese contrato condicional de compraventa, porque los vendedores no procrearon hijos; b. El precio total del inmueble fue de **** pesos. c. En ese momento se pagó en efectivo a los vendedores la cantidad de **** pesos. d. Cuando falleciera cualquiera de los vendedores, quien sobreviviera recibiría de la compradora los otros **** pesos. e. El inmueble siempre estaría en posesión material de los vendedores y solo hasta que los dos hubieren fallecido, entonces la compradora tomaría posesión material del inmueble. f. Al no saber firmar la vendedora ****, solo estamparía su huella dactilar, pero **** firmaba a su ruego y encargo. Tres. El dieciséis de agosto de dos mil doce falleció ****, por lo que **** el diecisiete de agosto de ese año, le entregó a **** la cantidad de **** pesos para cumplir con lo establecido en la cláusula tres del contrato condicional de compraventa. Cuatro. A raíz de la pandemia, a finales de julio de dos mil veintiuno, la quejosa se vio en la necesidad de regresar de Estados Unidos de Norteamérica, y a principios de agosto de la misma anualidad visitó a **** en su domicilio ubicado en calle ****en el pueblo de ****, al saludar a varios vecinos del lugar le comentaron que el inmueble de **** ya tenía otros dueños; sin embargo, hizo caso omiso porque dicha persona continua hasta la fecha en posesión material de todo su terreno donde tiene construida su casa, siembra el resto y sigue ahí viviendo, donde siempre vivió con su finada esposa ****, de manera que no le dio importancia a ese rumor. -A mediados de agosto de dos mil veintiuno, ella decidió recopilar información fidedigna al respecto y se dio a la tarea de investigar, por lo que a mediados de la última semana de septiembre descubrió que el ahora demandado **** se coludió con los codemandados y entre todos fingieron y falsificaron diversos actos jurídicos para sorprender la buena fe de los juzgados civiles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, todo con la finalidad de que **** se deshiciera del inmueble en favor de sus sobrinos nietos y así lograr incumplir con el contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho. Cinco. En abril del año dos mil catorce, **** y los otros codemandados se pusieron de acuerdo para falsificar un contrato de compraventa que sirviera para aparentar que el primero vendía a ****, una fracción del terreno ubicado en la comunidad de ****, Municipio de Toluca, México, con una superficie de **** metros cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes: -Al Norte: **** metros con ****. -Al Sur: **** metros con ****. -Al Oriente: **** metros con ****. -Al Poniente: **** metros con **** sin número, actualmente calle **** sin número. -**** es hijo del matrimonio formado por **** y **** y estos últimos son sobrina y sobrino político respectivamente de ****, por lo que este último es tío abuelo de **** y todos tenían conocimiento del contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho y por ello se coludieron con la finalidad de que **** ya no cumpliera con su obligación que había contraído con la quejosa ****. -Utilizaron a **** como adquiriente del inmueble y decidieron escriturar la fracción de terreno a la brevedad posible, la solución que encontraron fue promover juicio de usucapión, en donde necesitaban presentar una causa generadora de la posesión y toda vez que **** (sic) **** era menor de edad, falsificaron un contrato de compraventa con fecha veintidós de noviembre de dos mil, considerando que con esa fecha muy anterior, era suficiente y bastante para superar el contrato condicional de compraventa del veinticuatro de junio de dos mil ocho. -En ese falso contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, el codemandado **** aparece como comprador y ante su minoría de edad, sus padres **** y **** firmaron en su representación, por lo cual, también a ellos se les demanda en el presente juicio, además, es un hecho de que también falsificaron la firma de **** como vendedor en ese falso contrato. Aduce no haber podido conseguir ni una copia simple de ese falso contrato de compraventa, por lo que solicitaba requerir a los demandados para que lo exhibieran. -Con estos ardides bien armados entre todos los participantes, es como supusieron que el contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho, quedaba totalmente superado y fue así como a finales de abril de dos mil catorce, **** tranquilamente inició su juicio de usucapión en contra **** en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, México, bajo el expediente 263/2014 a través de su madre ****, porque continuaba siendo menor de edad. -El terreno que supuestamente **** vendió a ****, en realidad no estaba ubicado en la comunidad de ****, municipio de Toluca, México, pues en sus prisas por falsificar el contrato, no se dieron cuenta que el terreno de ****, estaba en el pueblo de ****. Cinco (sic). Una vez iniciado el juicio de usucapión descrito, **** se presentó personal y voluntariamente ante el juzgado a emplazarse y en seguida nuevamente falsificaron otro escrito que presentaron ante el juzgado en calidad de contestación de demanda, del cual se desprende que aparentemente el demandado se allanó a todas y cada una de las prestaciones de la usucapión, pero en realidad ese escrito no estaba firmado por ****, sino que diseñaron el contenido y falsificaron por imitación la firma de la persona demandaba. Exhibió el escrito como anexo cuatro. -Ese error lo pretendieron subsanar presentando a **** ante el Juzgado Cuarto Civil, para que reconociera el contenido y firma del escrito de allanamiento de demanda, y con ello el actor ****, a través de su madre, manifestó al juzgador su conformidad con el allanamiento y hasta solicitó que de inmediato dictaran la sentencia donde lo reconocieran como nuevo propietario de esa fracción de terreno. Seis. Por lo anterior, el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, a pesar de que la causa generadora de la posesión materia de la usucapión carecía de fecha cierta, a pesar de que el actor nunca describió de qué manera o de qué forma ejercía la posesión material sobre el bien inmueble, máxime que era menor de edad y tuvieron que firmar sus progenitores en su representación, y siempre sostuvieron que desde el veintidós de noviembre del dos mil, ha tenido en posesión la fracción de terreno, lo cual resulta imposible por su minoría de edad; el juzgador debió exigir que acreditara plenamente la posesión apta para prescribir, pero no eximirlo sin fundamento y sin ningún motivo; esto es, no considerar el diez de junio de dos mil catorce, que el allanamiento era suficiente para emitir sentencia definitiva, declarando procedentes las pretensiones del actor ****, a pesar de que para la acción de usucapión necesariamente debió exigir cuando menos la prueba testimonial para acreditar la posesión material sobre el inmueble a usucapir. -Conforme a la legislación civil, la usucapión es un medio de adquirir la propiedad de inmuebles mediante la posesión, durante cuando menos cinco años y con las condiciones establecidas en esa ley, pero se requiere que esa posesión tenga cualidades específicas y concretas, como es que se tenga en concepto de propietario, de manera pacífica, continua, pública, de buena fe; por lo tanto, el allanamiento de ****, es insuficiente para evidenciar los atributos o cualidades de la posesión requeridos en la acción de usucapión pues, en todo caso, ese allanamiento solo robustece la causa generadora de la posesión a título de dueño, pero resulta inservible para demostrar las cualidades de la posesión, ya que el allanamiento solo se traduce en una confesión, la que para ser apta y trascender procesalmente debe ser de hechos propios, no así sobre cuestiones ajenas, como es que el actor tuviera una posesión pacífica, continua, pública y de buena fe; por lo cual, a pesar de existir ese allanamiento, necesariamente el juzgador debió abrir el juicio a prueba, a fin de que **** acreditara con la testimonial las cualidades de la posesión y al no haberlo hecho, la acción de usucapión debió resultar improcedente. -En la realidad de los hechos, tanto la posesión material de la fracción de terreno supuestamente adquirido por ****, así como del resto del terreno, siempre ha estado y está, hasta la fecha en posesión material, ****, desde mil novecientos ochenta y siete, en donde tiene construida su casa habitación, siembra el resto del terreno y nunca ha estado en posesión de ninguna otra persona, como lo acreditará con la prueba testimonial en el momento procesal oportuno. -Lo único que hicieron todos los codemandados, fue falsificar el contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, para sorprender la buena fe del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia de Toluca, México, mediante el ejercicio de la acción de usucapión, y así lograr su objetivo de escriturar esa fracción de terreno a favor de **** con la intención de que **** incumpliera con el contrato condicional de compra venta de veinticuatro de junio de dos mil ocho. -El escrito de allanamiento a la demanda de usucapión, expediente 263/2014, era falso tanto en su contenido como en la firma que lo calzaba, y aunque **** aparentemente lo reconoció en su contenido y firma, eso resulta intrascendente, porque no se puede reconocer lo que no existe y considerar que con el reconocimiento de contenido y firma de un documento se puede convalidar o se puede perfeccionar un documento falso con firma falsa, equivale a considerar que con un simple desconocimiento de contenido y firma de un documento autentico, dicho documento pierde su autenticidad. Siete. Cuando ella cuestionó a **** sobre los actos ilícitos, éste se limitó a asegurar que él no había firmado nada y que todo el terreno seguía siendo de su propiedad y que a nadie le había vendido nada. Que algunos de sus parientes le habían robado dinero y documentos y que seguramente le habían falsificado su firma, pero que nunca había vendido ni había recibido algún dinero por su terreno. -Nadie puede vender lo que no es suyo, por lo que **** estaba impedido para vender a terceras personas alguna fracción de terreno que ya había vendido junto con su finada esposa el veinticuatro de junio de dos mil ocho, además de que el juicio 263/2014 estaba plagado de mentiras, ilegalidades y de actos fraudulentos, por lo cual debía nulificarse en razón a que se maquinó para dejar a la quejosa en estado de indefensión y así privarla de su propiedad. Ocho. Como consecuencia de la nulidad del juicio fraudulento en cuestión, solicitó se girara oficio al Instituto de la Función Registral de Toluca, México, ordenando la cancelación de la inscripción hecha a favor de **** por la fracción de terreno con folio real electrónico ****. -También solicitó se girara oficio a Catastro Municipal de la Tesorería Municipal de Toluca, México, para que cancelara el traslado de dominio que **** realizó a través de su madre **** con motivo de ese juicio fraudulento y se le cancelara la clave catastral que se le asignó por la fracción de terreno en cuestión. Esto lo realizó para poder obtener su certificado de clave y valor catastral que fue un requisito para poder realizar su inscripción ante el IFREM. II. En auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda únicamente por cuanto hace a ****, ****, **** e ****, y se ordenó el emplazamiento respectivo; no así por cuanto al Instituto de la Función Registral, toda vez que por la función que desempeña no interviene como parte, al no imputársele hechos específicos contrarios a derecho por los cuales se le pudiera fincar responsabilidad o causarle un perjuicio. III. Por escrito presentado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, los demandados **** y ****, por propio derecho y como apoderados de ****, emitieron su contestación; negaron la procedencia de las prestaciones reclamadas y opusieron excepciones y defensas. IV. En cuanto a los hechos manifestaron: Uno. Este hecho no lo niegan ni lo afirman por no ser propio, ya que no conocen a la actora, y también desconocían la existencia del contrato de compraventa que dice haber celebrado con el codemandado el veinticuatro de junio de dos mil ocho, respecto del inmueble que se menciona, y que el dos de febrero de mil novecientos ochenta y siete se inscribió ante el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, bajo la partida **** a fojas noventa y nueve, volumen **** del libro ****, sección ****, el inmueble ubicado en ****, del municipio y Distrito de Toluca, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: **** metros con ****. Al Sur: **** metros con ****. Al Oriente: **** metros con ****. Al poniente: **** metros con camino a ****. -Con una superficie de **** metros cuadrados. -Mencionan que ellos, en representación de su menor hijo ****, el veintidós de noviembre del dos mil celebraron con **** contrato de compraventa respecto de una fracción de terreno de un inmueble ubicado en ****, municipio y Distrito de Toluca México, anteriormente ****, sin número, actualmente ubicado en calle **** sin número, en la comunidad de ****, Municipio de Toluca, Estado de México; fracción que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: -Al Norte: en una línea de **** metros lineales con ****. -Al Sur: en una línea de **** meteos lineales con ****. -Al Oriente: En una línea de **** metros lineales con ****. -Al Poniente: En una línea de **** metros lineales, colinda anteriormente con camino a ****, sin número, actualmente con ****, sin número. -Con una superficie de **** metros cuadrados. Dos. Este hecho no lo niegan ni lo afirman por no ser propio, sin embargo precisan que el supuesto contrato de compraventa celebrado por la actora el veinticuatro de junio de dos mil ocho, con el codemandado **** y ****, y que manifiestan desconocer quién sea la segunda de las nombradas, se omitió incluir testigos en su celebración, lo que presume la mala fe con que se conducía la actora al tratar de anular operaciones traslativas de dominio fidedignas y sin el ánimo de afectar la esfera jurídica de terceros, con un contrato privado de compra venta del cual no realizó ningún trámite relativo a la regularización de su supuesta propiedad. Tres. Este hecho no lo niegan ni lo afirman por no ser propio, sin embargo es cierto que **** falleció en la fecha que se precisó; hecho del que a pesar de no ser propio, tienen conocimiento de que hay parentesco con el codemandado ****; resaltan que la actora manifestó haber celebrado contrato de compra venta el veinticuatro de junio de dos mil ocho, y haber omitido señalar como fue que se enteró del deceso de ****, ya que mencionó en el hecho que se contesta que el diecisiete de agosto de dos mil doce, se entrevistó con el codemandado **** para hacer entrega del pago de la cantidad de **** pesos; es decir un día después del fallecimiento de ****. -Tomando en consideración los argumentos vertidos por la actora, es incongruente que viva en Estado Unidos de Norte América, y de un día para otro haya podido viajar hasta el domicilio del codemandado; aunado a que de los documentos agregados en su escrito de demanda, se desprende que el domicilio señalado por ella misma lo es el ubicado en Chilpancingo Guerrero, que su lugar de nacimiento lo fue en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, y también menciona vivir en los Estados Unidos de Norte América; asimismo fue omisa en mencionar la forma en cómo se enteró de lo relatado en el hecho que se contesta y que presume la simulación de un acto en perjuicio de los codemandados. -Lo cierto es que los codemandados al ser familiares de **** lo acompañaron y apoyaron el día de la muerte de **** jamás tuvieron conocimiento de que persona alguna se presentara a entregar dinero como lo menciona la actora, o haber visto a persona alguna, diversa a la familia, que se haya presentado al día siguiente del deceso que se menciona. -Derivado de la relación familiar que existe entre los codemandados con ****, estuvieron varios días acompañando en su duelo al codemandado, sin tener conocimiento de lo que menciona la actora en el hecho que contestaron. Cuatro. Este hecho no lo niegan ni lo afirman por no ser propio, pero consideran oportuno resaltar lo siguiente: -Por cuanto hace a la mención realizada por la actora, de verse en la necesidad de regresar de Estados Unidos de Norte América, presume que su estancia en ese país fue prolongada por lo tanto es improbable que ella se trasladara desde ese país de un día para otro y verse con **** para dar el pago que refiere bajo las condiciones que lo relata. -Es contradictorio el hecho narrado por su contraria, en cuanto a que en agosto de dos mil veintiuno se presentó en el domicilio del codemandado y que los vecinos comentaron que el inmueble de **** ya tenía otros dueños, argumentando que hizo caso omiso a dichos comentarios por encontrarse dicha persona en posesión material de todo su terreno donde tiene construida su casa, siembra el resto de terreno y sigue ahí viviendo; ello por ser falso, ya que el once de enero de dos mil quince, en la fracción de terreno propiedad de ****, se realizó una diligencia por la ejecutora adscrita al Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca Estado de México, en cuya acta levantada indicó que apreció lo siguiente "...una construcción al fondo en obra negra en un piso y lo demás terreno de labor el cual tiene al frente una malla que impide el acceso, malla que va a lo largo de todo el frente..."; sin contar con copias certificadas de la misma, por no ser parte en el juicio del que se desprende. -Con las anteriores manifestaciones y la documental que se agregó derivada de una actuación judicial, aducen demostrar la falsedad del hecho que se contesta, por ser argumentos incorrectos y fuera de realidad, desconociendo totalmente la situación material del inmueble ya que la construcción que se relata en esa diligencia es diversa a la construcción de la casa que habita ****, es decir, existen dos construcciones dentro de la superficie de **** metros cuadrados; es imposible no ver dicha construcción, lo que evidencia la inexistencia de los hechos narrados y la falsedad de los mismos vertidos en su escrito de demanda. Cinco. Este hecho es falso, toda vez que los codemandados ****, **** y el representado ****, en conjunto con ****, jamás falsificaron contrato de compra venta alguno, con la finalidad de aparentar que vendía a **** una fracción de terreno. -Lo cierto es que las partes en el contrato de fecha veintidós de noviembre del dos mil, actuaron de buena fe en su celebración, y desde la fecha de adquisición se realizaron actos en calidad de dueño, y derivado de los mismos fue que se inició la acción civil de usucapión a efecto de regularizar la manera en cómo se adquirió el inmueble objeto del juicio, y así purgar los vicios de dicha adquisición; es decir contar con el título de propiedad respectivo bajo las condiciones estipuladas por la ley. -Por cuanto hace al segundo párrafo del hecho que se contesta, es cierto por cuanto hace a que los demandados y el codemandado **** tienen parentesco; sin embargo, es falso que por el hecho de tener parentesco tenían conocimiento del supuesto contrato celebrado el veinticuatro de junio de dos mil ocho entre **** y ****. También es falsa la supuesta colusión que mencionó la actora para que **** no cumpliera con su obligación, ya que desde la fecha de suscripción del contrato traslativo de dominio con los codemandados jamás tuvieron conocimiento de celebración de actos diversos a los que mencionan sobre el bien que es objeto del juicio; ellos realizaron todos y cada uno de los trámites administrativos señalados por la ley para la regularización de la propiedad del poderdante, denotando que la calidad de dueño se ostentó de forma pública. -Por cuanto hace al tercer párrafo del hecho que se contesta, es falso que se utilizara a **** como adquiriente, también es necesario manifestar que son falsos e incongruentes los argumentos mencionados en este hecho, pues como se ha manifestado inclusive por parte de la actora, la propiedad se adquirió por medio de un procedimiento judicial de usucapión y en su resolución se ordenó su inscripción, sirviendo la misma sentencia como título de propiedad, por lo que es falso que decidieran escriturar o que exista escritura respecto de la fracción que se menciona; así mismo son falsos los argumentos que vierte la actora al referir que los codemandados falsificaron la firma de **** en el contrato de compra venta de veintidós de noviembre de dos mil, el cual fue plenamente reconocido por las partes contratantes tanto en su contenido como en las firmas que lo calzan, dentro del juicio de usucapión que se menciona en líneas anteriores; además fueron reconocidas y aceptadas todas y cada una de las prestaciones que se reclamaran al demandado ****. Aunado lo anterior, el contrato base de la acción de usucapión adquirió fecha cierta por todas y cada una de las actuaciones, aceptaciones y prestaciones que fueron objeto del juicio que se menciona, evidenciando que la hoy actora pretendió con un documento privado y sin que existieran medios probatorios diversos a su dicho y el contrato basal de su acción, desvirtuar un justo título que fue valorado en juicio diverso que decretó la propiedad a favor de ****. -Por cuanto hace al cuarto y quinto párrafos del hecho que contestan, es falso que **** inició juicio de usucapión con el objeto de afectar el supuesto contrato celebrado por la hoy actora el veinticuatro de junio de dos mil ocho, ya que ellos desconocían la existencia de dicho contrato y que a pesar de tener parentesco con el demandado ****, éste jamás mencionó la existencia del mismo y menos conocer a la actora. -La actora desconoce del contenido del documento que hoy pretende anular y desconoce la ubicación del inmueble del que dice tener derecho, esto en atención a que refiere que se encuentra ubicado en la comunidad de San ****, Municipio de Toluca, México, argumentando que el inmueble se encuentra en el pueblo de ****, lo que evidencia la mala fe con que se conduce, toda vez que el contrato que pretende se declare nulo, en ninguna de sus partes describe la ubicación del inmueble como comunidad, sino como el ubicado en ****, ya que en realidad la delegación se denomina **** y la que verdaderamente es colonia, es la denominada ****; argumentos que denotan el desconocimiento de la actora en cuanto al contenido del contrato que pretendió anular y de la descripción real del inmueble. Cinco (bis). Este hecho es falso, ya que jamás hubo colusión con el codemandado ****, y el procedimiento judicial de usucapión **** siempre se realizó conforme a derecho, resultando falsas las aseveraciones que realizó la actora en relación con el argumento de que se falsificó el escrito de allanamiento, firmado y ratificado ante la presencia judicial; circunstancia que se puede demostrar con el contenido de la sentencia dictada en dicho procedimiento; la actora es omisa en argumentar cómo es que llegó a la conclusión de que el escrito de allanamiento que se menciona es falso y que la firma que estampó de puño y letra **** es falsificada, lo anterior toda vez que en los hechos que se contestan menciona no tener una copia del contrato celebrado con ****, que dicho argumento relacionado con el contenido de su demanda se aprecia que no existe forma alguna de tener conocimiento si las firmas estampadas en dicho contrato y en las actuaciones judiciales contenidas en el expediente de usucapión son indubitables y puestas del puño y letra de ****, lo que evidencia la mala fe con que se condujo la actora redactando hechos irreales. La actora manifiesta que **** fue presentado ante el juzgado que conoció del juicio de usucapión con la finalidad de subsanar el supuesto falso allanamiento; argumento que carece de validez en virtud de que, es bien sabido, que al momento de ratificar ante la presencia judicial cualquier documento se le cuestiona a la parte que comparece, reconoce el documento a ratificar, su contenido y la firma que lo calza, como quedó plasmadas en la comparecencia donde lo ratificó. Seis. Este hecho es falso, ya que el juicio de usucapión fue substanciado conforme a derecho, mismo que el juez del conocimiento analizó en todas y cada una de sus partes y llegó a la determinación de que el mismo era procedente. -Por lo tanto y atendiendo la fecha en que se emitió el fallo de usucapión relacionado con la publicación del criterio jurisprudencial, que se mencionó no existía la obligación de observar tal criterio, por lo que el juez del conocimiento acertadamente dictó el fallo a favor de ****. -Como consecuencia de múltiples platicas sostenidas con el codemandado ****, por ser su familiar además de conocer la situación en que se encontraban, es decir vivir con su esposa y no haber procreado hijos y dada su edad avanzada, les ofreció a ellos en venta el inmueble mencionado por la actora, y fue así que el veintidós de noviembre del dos mil, celebraron contrato de compraventa respecto de tres fracciones de terreno del inmueble ubicado en ****, municipio y Distrito de Toluca, México, anteriormente camino a ****, sin número, actualmente ubicado en calle ****, sin número, en la comunidad de ****, en el mismo municipio; fracciones que se adquirieron para sus menores hijos en ese entonces ****, **** y ****, de común acuerdo dada la relación familiar y con el ánimo de ayudar a ****, le permitieron seguir ocupando una parte del inmueble como casa habitación y como terreno de siembra. -En el año dos mil doce **** fue demandado y el predio que se menciona en renglones anteriores fue embargado, por lo tanto, se vieron en la necesidad de apoyar al señor a efecto de arreglar sus problemas económicos y judiciales ya que al haber vendido el predio citado con anotaciones de embargo perjudicaría la propiedad de sus hijos. -Ante tales circunstancias y con la finalidad de evitar mayores problemas, se inició juicio de usucapión respecto de una fracción de terreno, radicado con el número de expediente 263/2014, mediante el cual se declaró propietario a ****, de la fracción de terreno con las siguientes medidas y colindancias: -Al Norte: en una línea de **** metros lineales con ****. -Al Sur: en una línea de **** meteos lineales con ****. -Al Oriente: En una línea de **** metros lineales con ****. -Al Poniente: En una línea de **** metros lineales, anteriormente con camino a ****, sin número, actualmente con ****, sin número. -Con una superficie de **** metros cuadrados. -Dentro de dicho procedimiento judicial fue llamado a juicio **** en su calidad de demandado, quien dio contestación a la misma allanándose a las prestaciones reclamadas, así mismo ratificó ante la presencia judicial su allanamiento, dictándose sentencia en la cual se decretó procedente la vía ordinaria civil de usucapión, ordenándose su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. -Hecho que demostraban con copia certificada de la sentencia de referencia acompañada con su respectivo pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y otras operaciones traslativas de dominio, así como su respectiva inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México, Oficina Registral Toluca. -**** fue demandado mediante acción plenaria de posesión por **** quien demostró su acción, por lo tanto, fue condenado a entregar la posesión de una fracción de terreno que se encuentra inmersa en los **** metros cuadrados, que eran propiedad de **** y en la actualidad la parte afectada pertenece a ****. -Para evitar mayores problemas con **** y el tercero que se menciona, se llegó al acuerdo de entregar la posesión de la fracción que se le demandó y evitar problemas futuros con tal situación, lo anterior en pro de llevar una convivencia sana entre parientes. Hechos que demostraron con el traslado que se le corrió al demandado **** y que en original exhibieron. -Como consecuencia de lo antes mencionado el veinticuatro de abril de dos mil quince, para efectos de colocar límites físicos entre las fracciones de terreno adquiridas con la propiedad de los colindantes, se instalaron postes y alambrado (malla ciclónica); hecho que demostraron con el presupuesto de servicio expedido por "****el veinticuatro de abril de dos mil quince, con dirección ****. Siete. Este hecho es falso, ya que la actora desconoce la situación real del inmueble del cual dice ser dueña por contrato que supuestamente firmara con el codemandado ****; la actora no acreditó ni ofreció probanza alguna que demostrara tener mejor derecho de propiedad sobre el inmueble que es objeto del presente juicio y solo se avoca a manifestar que el acto jurídico celebrado por los codemandados con **** es nulo y falso, sin presentar medios de convicción que acreditaran su dicho, mientras que ellos sí agregaron documentales que acreditan su contestación de forma clara sucinta y cronológica. -El contrato que exhibió la actora, en el cual basó su demanda, es incongruente con la realidad y lo relatado por ella en los hechos contenidos en su demanda, en atención a que supuestamente firmado en esa fecha, pero en su contenido invoca los artículos del Código Civil abrogado en el dos mil, lo que no concuerda con la supuesta fecha en que se firmó. -Asimismo que la hoy actora tuvo conocimiento de que el inmueble objeto del supuesto contrato de veinticuatro de junio de dos mil ocho estaba escriturado a nombre del vendedor, hecho que se demostró con el contenido de la declaración primera de dicho documento, y que bajo su más estricta responsabilidad omitió realizar algún acto o tramite de carácter administrativo o judicial que pudiera dar pauta a demostrar que se ostentaba como dueña del mismo, es decir, no exhibe ningún pago por concepto de impuesto predial, por derechos del suministro de agua potable, o por la contratación de algún servicio, ya que al momento de adquirir la propiedad es responsabilidad del adquiriente cumplir con sus obligaciones fiscales (contribuciones) o administrativas con independencia de las condiciones pactadas en el contrato que dio origen o hacer algún acto de dominio o en su caso y más importante "celebrar la escritura pública respectiva"; por lo tanto se presume la inexistencia de dicho acto jurídico toda vez que no se robustece con ningún medio de prueba que acreditara que la actora tiene el derecho de propiedad que dice tener. Ocho. Este hecho no lo niega ni lo afirma por no ser propio, ya que lo manifestado por la actora es en realidad una prestación que será resuelta mediante resolución, sin embargo es necesario puntualizar que el propio código sustantivo en su artículo 8.17 expresa que debe entablar demanda en contra de la inscripción y la actora es omisa en cumplir con dicha obligación. V. En auto de dos de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas. VI. Por diverso escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, el demandado **** emitió su contestación, negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso excepciones y defensas. VII. En cuanto a los hechos manifestó: 1. Este hecho es falso, porque **** solo era amiga de su finada esposa y ella nunca ha sido dueña de su terreno porque nadie se lo vendió. Solo es cierto que él es propietario de ese inmueble porque tiene la escritura a su nombre de todo el terreno. 2. Este hecho es falso, porque ese contrato él no lo firmó y claramente se aprecia que esa no es su firma. Es cierto que su esposa y él nunca tuvieron hijos, y que ella no sabía leer ni escribir ni firmar y solo ponía su huella, pero todo lo demás es falso. Es cierto que alguna vez la actora le prestó dinero a su esposa pero es falso que le hayan vendido su terreno. 3. Este hecho es falso, únicamente es cierto que en esa fecha falleció su esposa, y también es falso que él haya recibido esa cantidad de dinero. 4. Este hecho también falso, lo cierto es que **** lo pasó a saludar hace como medio año, pero es falso todo lo demás. Solo es cierto que él tiene en posesión material todo su terreno porque es suyo y lo tiene en posesión desde que lo escrituró, pero es falso que lo haya vendido ni a ella ni a nadie. 5. Este hecho es totalmente falso porque nunca ha vendido su terreno a nadie y además nunca se ha coludido ni se ha puesto de acuerdo con nadie para hacer lo que asegura en este hecho, menos ha falsificado ningún contrato como asegura. 5(sic). Este hecho es totalmente falso. 6 y 8. Estos hechos son falsos, pues no ha falsificado ningún documento y es improcedente lo solicitado por la actora. 7. Este es totalmente falso, lo cierto es que él no ha vendido nada a nadie y sigue teniendo la posesión material de todo su terreno. VIII. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y defensas. IX. El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el juez de origen dictó sentencia en la que declaró que la actora no acreditó los elementos constitutivos de la acción sobre nulidad de contrato y nulidad de juicio concluido, por lo que absolvió a los demandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, y no se condenó al pago de gastos y costas judiciales. X. Inconforme, la actora interpuso recurso de apelación, en el que mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós la Primera Sala Colegiada Civil de Toluca, Estado de México, revocó la sentencia definitiva de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento para efecto de que el juez de origen previniera tanto a la actora como a los codemandados para que proporcionaran el domicilio de la sucesión a bienes de ****, a efecto de formar litisconsorcio pasivo necesario. XI. Una vez cumplido lo anterior, y emplazada la sucesión a bienes de ****, mediante escrito recibido el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós en la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dicha sucesión, a través de su albacea ****, dio contestación a la demanda, negó la procedencia de las prestaciones reclamadas y opuso excepciones y defensas. XII. En cuanto a los hechos manifestó: 1. Este hecho es falso, porque **** solo era amiga de su finada esposa y nadie le vendió algún terreno. Solo es cierto que él es propietario de ese inmueble, pues tiene la escritura a su nombre de todo el terreno. 2. Este hecho es falso. Lo cierto es que su esposa y él nunca tuvieron hijos y que ella no sabía leer ni escribir ni firmar, solo ponía su huella, y por eso algunas veces pedía que alguien firmara a su ruego y encargo, pero todo lo demás es falso. Es cierto que alguna vez la actora le prestó dinero a su finada esposa pero es falso que le hayan vendido su terreno y por eso hasta la fecha él sigue teniendo la posesión de todo el terreno con las medidas y colindancias que aparecen en su escritura pública. 3. Este hecho es falso; solo es cierto que en esa fecha falleció su esposa ****. 4, 5, 5 (sic), 6, 7 y 8. Estos hechos se contestaron como totalmente falsos y no propios de la sucesión que representa. XIII. En auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por contestada la demanda y por opuestas las excepciones y defensas hechas valer. XIV. Seguido el juicio, el siete de marzo de dos mil veintitrés, el juez de origen dictó nueva sentencia en la que declaró que la actora no acreditó los elementos constitutivos de la acción sobre nulidad de contrato y nulidad de juicio concluido, por lo que absolvió a los demandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas, y no se condenó en costas judiciales. XV. Inconforme, la actora interpuso recurso de apelación, en el que mediante resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la sala responsable declaró parcialmente fundados pero inoperantes los agravios, confirmó la sentencia recurrida y condenó a la apelante al pago de costas judiciales en ambas instancias. La determinación anterior constituye el acto reclamado. Consideraciones de la resolución reclamada. QUINTO. La sentencia reclamada se sustenta en las consideraciones esenciales siguientes: -Análisis de los agravios. Los motivos de inconformidad, analizados de manera conjunta por su estrecha vinculación, son parcialmente fundados pero inoperantes para revocar o modificar la sentencia definitiva recurrida. -Al emitir la sentencia, la juzgadora de origen determinó que la actora no logró demostrar las causales de nulidad invocadas con miras a obtener una declaratoria judicial de nulidad absoluta de contrato, así como de nulidad de juicio concluido por desarrollarse con base en un fraude procesal; por lo cual, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas. -Son infundados los agravios por los que se afirma que, el resolutor primigenio fue omiso en examinar las causales de nulidad de contrato vinculadas con la simulación de ese acto jurídico, al igual que la venta de cosa ajena que se habría configurado al concertarse ese acuerdo de voluntades. -En torno a ello, es verdad que el principio de congruencia impone al operador jurídico el deber de emitir su resolución en concordancia con las pretensiones deducidas en juicio, sin alterar los hechos o añadir cuestiones que no fueron controvertidas por los interesados, en orden con lo previsto por los artículos 1.137 y 1.195 del código procesal civil. -La congruencia de los fallos judiciales en materia civil debe regirse al atender, primero, a la acción deducida, así como a sus consecuencias, y a las defensas y excepciones opuestas para establecer la declaración del derecho protegido por la acción y en su caso la condena que proceda; decidir con claridad y precisión todas las pretensiones sostenidas en la demanda, contestación y en el pleito; por consiguiente, el aludido principio, está determinado por el derecho ejercitado y las defensas y excepciones hechas valer. -Lo que se ve robustecido a través de la jurisprudencia: "SENTENCIAS CIVILES, CONGRUENCIA DE LAS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).". -En ese esquema, y de manera adversa a lo afirmado por la recurrente, el juzgador de origen sí se ocupó de analizar las causales de nulidad hechas valer por la accionante, con miras a obtener una declaratoria judicial sobre la nulidad absoluta del contrato cuestionado; si bien, el operador jurídico desarrolló un examen somero de las aludidas cuestiones litigiosas; sin embargo, el aspecto que cobra relevancia, consiste en que esa autoridad no obtuvo la certeza plena en cuanto a la simulación del acto jurídico contractual que se tacha de nulo y, por consiguiente, que con su elaboración se hubiese actualizado una venta de cosa ajena en perjuicio de la diversa adquirente del predio litigioso. -En torno a ello, el código sustantivo civil define al acto simulado en su numeral 7.424, en los siguientes términos: "Acto simulado. "Artículo 7.424. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas." -De la anterior base normativa, se desprende que, existe simulación cuando las partes no deseaban un determinado negocio, sino que únicamente quieren hacerlo parecer o engañar y por eso emiten una declaración disconforme con su voluntad, con el objeto de provocar una ilusión falaz de su existencia. De ahí que, quienes celebran un acto jurídico en esas condiciones, se esfuerzan por encubrir la simulación por medio de apariencias de legalidad. -Lo que se ilustra por medio de la tesis: "SIMULACIÓN. CONCEPTO.". -Los que simulan pretenden que aparezca formada una relación que en realidad no debe existir, ante la perspectiva de terceros, de la cual se quiere mostrar su exterioridad engañadora mediante una declaración que carece de contenido volitivo. Se trata, pues, de una declaración ficticia que no representa una voluntad real. -En lo que atañe a la simulación de las partes en los contratos, no es fácil probar una nulidad de esa especie, dado que, quienes acuden a ésta, se esfuerzan por encubrir el acto simulado con todas las apariencias de legalidad, para que no deje tras de sí alguna huella del engaño; esto es, los contratantes se ponen desde el principio de acuerdo para presentar las cosas de una manera diferente de cómo realmente pasaron. -Lo que se ilustra a través de la siguiente tesis: "SIMULACIÓN DE CONTRATOS, PRUEBA DE LA.". -En concordancia con lo expuesto, carecen de sustento las inconformidades por las que se afirma que la parte actora, aquí recurrente, sí acreditó en juicio la simulación con base en la cual se acordó el contrato de compraventa materia de debate; medularmente, porque no puede afirmarse la convención de un acto contractual aparente, si se parte de la premisa referente a que ese consenso surtió efectos de derecho, al haber servido de base para la substanciación del juicio sobre prescripción adquisitiva o usucapión. -En paralelo, es claro que los contratantes no se limitaron a fingir o aparentar la celebración de un acuerdo de voluntades que en la realidad no existió, cuando el comprador en ese acto se ha ostentado como propietario del terreno en conflicto, y con apoyo en el aludido consenso ejercitó la acción real de usucapión con miras a prescribir el aludido bien raíz. -Lo que autoriza a considerar que, en el asunto en estudio no se justificó que los codemandados hayan convenido en dar al contrato la apariencia de un negocio jurídico que en realidad no existió. -Lo anterior, sin soslayar la inconformidad relativa a que el juez natural dejó de asignar la eficacia que correspondía a la copia certificada del acta de defunción de ****; lo cual es atendible, pues ciertamente la autoridad de primer grado incurrió en la conducta omisiva que apunta la disidente. -Con relación a ello y ante la inexistencia de la figura del reenvío en nuestro sistema jurídico, este tribunal de apelación gradúa la eficacia de la aludida probanza. -La copia certificada propuesta por la accionante, por tratarse de una documental pública, goza de pleno valor demostrativo al tenor de lo previsto por los artículos 1.293 y 1.359 del código procesal civil. -En el asunto específico, la documental en análisis tiene el alcance de justificar que, el contrato de compraventa presentado por la actora como base de sus pretensiones adquirió certeza en su fecha con el fallecimiento de una de las personas suscriptoras de ese elemento, esto es, el dieciséis de agosto de dos mil doce; lo cual resulta insuficiente para tener por demostrada la simulación del acto jurídico que se cuestionó en juicio. -Cierto, la sola circunstancia atinente a que, el documento de referencia haya obtenido certeza en su fecha en la data precitada, no genera mayor aporte convictivo con relación a que los celebrantes del contrato que se tacha de simulado se hayan puesto desde un inicio de acuerdo para dar a ese acto la apariencia de una convención que no llevaban a cabo realmente; esto con el propósito de engañar a terceros. -Aspecto que, se enfatiza, no puede estimarse plenamente demostrado, si se tiene presente que, el consenso cuestionado sirvió de base para el ejercicio de la acción de prescripción adquisitiva que en su oportunidad dedujo el ahora codemandado, ****; por lo que no puede afirmarse válidamente que en el particular se haya convenido una compraventa aparente. -Orienta el caso en el punto expuesto, la tesis: "SIMULACIÓN, CARGA DE LA PRUEBA DE LA. CORRESPONDE A QUIEN LA ALEGA.". -Concatenado con lo expuesto, son infundados los agravios por los que se aduce que la confesional de posiciones del codemandado **** fue indebidamente valorada por el juzgador. -A propósito del disenso expresado, se impone subrayar que, en la labor de graduar la eficacia de un atestado no basta con que en su recepción se cumpla con los requisitos y formalidades que al efecto prevé la ley adjetiva de la materia, atento a que su apreciación en materia civil no es del orden tasado, sino de libre apreciación por el operador jurídico, acorde lo establecido por el precepto 1.359 del Código de Procedimientos Civiles. -El sistema de valoración de pruebas, previsto en el dispositivo citado, es mixto porque con relación a los documentos públicos se fija un valor tasado, dado que, por anticipado se les otorga pleno valor probatorio y con relación a los demás medios de convicción enunciados en el artículo 1.265 del código instrumental en cita, el legislador estableció un análisis predominantemente libre. -El sistema de valoración permite, hasta cierto punto, el arbitrio judicial, sin ser absoluto, sino restringido por determinadas reglas basadas en los principios de la lógica y la experiencia, de los cuales no debe apartarse. -Bajo ese tamiz, coincide con la persona juzgadora de origen en cuanto a que, pese a que el codemandado en mención haya contestado afirmativamente las posiciones formuladas, relacionadas con la celebración del contrato base de las acciones intentadas, al igual que con el hecho de haber antedatado el diverso contrato que se tacha de nulo, el que igualmente habría constituido una convención aparente; esa confesión resulta contradictoria con las constancias de autos. -En efecto, en nuestro sistema jurídico procesal no se autoriza el examen aislado de probanzas, sino que éstas deben estar engarzadas de manera lógica, jurídica y armónica, en orden con lo previsto por el numeral 1.359 del código procesal civil. -En ese orden de circunstancias, es destacable que, la admisión de hechos perjudiciales al absolvente no puede tener los efectos pretendidos por la inconforme, pues para la correcta graduación de ese elemento, debe acudirse al alcance que puedan producir las diversas probanzas aportadas a juicio, a fin de relacionarlas entre sí y poder estar en condiciones de determinar la verosimilitud con que haya sido producida la confesión. -Luego, como bien lo apuntó la persona juzgadora de origen, en el asunto específico lo que se observa es que la confesión de hechos propios realizada por el coenjuiciado no se encuentra concatenada o robustecida con distintos medios convictivos y sí, en cambio, resultó contraria a las constancias de autos, lo que la tornó ineficaz para formar convicción en el operador jurídico en lo que atañe a los hechos discutidos en el litigio. -Se destaca también que, la eventualidad atinente a que el absolvente se trate de un adulto mayor, no fue el aspecto que adquirió relevancia para negarle eficacia a la confesional a su cargo, sino el hecho de estar contradicha esa probanza con el diverso material convictivo del sumario, y con la propia postura defensiva que el interesado planteó al contestar la demanda en el juicio de nulidad. -Cobra puntal aplicación, la jurisprudencia: "PRUEBA CONFESIONAL INVEROSÍMIL. VALOR DE LA.". -Es inoperante el agravio por el que se afirma que, el juez natural realizó un sesgo con relación a que los escritos de contestación son elaborados por los abogados patronos de los interesados, quienes, por regla general, no reconocerán las afirmaciones de hecho que se atribuyen a sus patrocinados. -El disenso que se expresa es inoperante, pues no debe perderse de vista que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad a todo escrito o acto jurídico, esto es, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del suscriptor, en razón de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido la documental que se trate. -Luego, en el asunto específico es claro que las consecuencias de derecho que deriven del escrito de allanamiento en el juicio prescriptivo substanciado bajo el expediente 263/2014, atañen precisamente al demandado en ese asunto, no así al profesionista que le haya asesorado jurídicamente en la confección de ese ocurso. -Bajo ese esquema, es de resaltar que, aun cuando en el caso específico, la parte actora haya logrado perfeccionar el documento basal en el proceso contradictorio de origen, a través de las pruebas de reconocimiento de ese título a cargo de sus causantes, ello es insuficiente para estimar acreditada su acción de nulidad absoluta del contrato que se tacha de falso y simulado, además de constituir una venta de cosa ajena. -En paralelo, son infundados los agravios por los que la disidente afirma que, contrario a lo determinado por el juez natural, ella sí demostró en juicio las proposiciones fácticas base de la nulidad pretendida. -Los agravios se desestiman porque, en el caso específico, prevalece la condición del codemandado ****, de ser un tercero adquirente de buena fe del predio litigioso; tal como lo hizo valer en su escrito de contestación de demanda. -Cierto, como de las constancias integrantes del proceso se observa que el codemandado en mención sostuvo ser adquirente de buena fe, ese contendiente quedó relevado de demostrarlo porque en su favor existe una presunción legal. -Por esta razón, conforme a lo dispuesto por el artículo 1.254, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, se revierte o traslada la carga probatoria a la demandante de la nulidad, quien estaba obligada a desvirtuar esa presunción legal. -Ante ese panorama, es destacable que, la Institución del Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral del Estado de México, es de gran relevancia para la inscripción de los actos jurídicos relativos a los bienes raíces, dado que, en términos del artículo 8.1, párrafos primero y segundo, del Código Civil local, es mediante dicho registro que se da publicidad a los actos jurídicos para que surtan efectos contra terceros. -El Registro Público de la Propiedad, actualmente Instituto de la Función Registral, tiene como finalidad dar certeza y seguridad jurídica al tráfico de inmuebles mediante la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y gravamen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles; de tal forma que, a través de las inscripciones que se otorga una apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en los archivos de esa institución. -La inscripción registral evita los fraudes y los abusos, impide se oculten los gravámenes respectivos, pues pone de manifiesto la condición de los inmuebles, y hace más seguros los hechos o actos jurídicos traslativos del derecho de propiedad. -Esto se logra mediante el cumplimiento de diversos principios registrales, como el principio de publicidad registral, que tiene por objeto dar publicidad a sus inscripciones, para que cualquier persona que consulte sus registros pueda tener la certeza de la situación de los inmuebles que están inscritos, así como los principios de legitimación y de fe pública registral, los cuales otorgan una presunción, salvo prueba en contrario, de veracidad a las inscripciones, que se mantiene hasta que se pruebe su discordancia con la realidad; no obstante, si se trata de actos que afectan a terceros de buena fe, la presunción deja de admitir prueba en contrario, en cumplimiento a la finalidad de seguridad jurídica que persigue la institución. -En consecuencia, cuando un tercero adquiere de buena fe, a título oneroso, un bien raíz de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad, si del propio registro no se desprende alguna causa de nulidad de las inscripciones, debe darse validez a la adquisición realizada por el tercero de buena fe, la cual debe prevalecer sobre cualquier otra que no derive del propio registro. -Es coincidente con lo expuesto, el contenido de la tesis: "TERCERO DE BUENA FE. LOS ACTOS QUE CELEBRA CON PERSONAS QUE APARECEN CON DERECHO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, NO SE INVALIDAN HASTA QUE SE DECLARA LA NULIDAD DEL REGISTRO EN UN JUICIO CONTRADICTORIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).". -En efecto, en este asunto cobra aplicación lo establecido por el artículo 8.15 del Código Civil del Estado de México, del siguiente contenido: "Legitimación de las personas con derechos inscritos. "Artículo 8.15. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe una vez inscritos, aunque después se anule o resuelva el derecho de su otorgante o de titulares anteriores, en virtud de título no inscrito, aun siendo válido o por causas que no resulten claramente del mismo Registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. En cuanto a adquirentes a título gratuito, gozarán de la misma protección registral que la que tuviere su causante o transferente. "La buena fe se presume siempre; quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba.". -En orden con el anterior normativo, las inscripciones inmobiliarias gozan de una presunción de veracidad, la cual beneficia a los terceros de buena fe. -En consecuencia, cuando un tercero adquiere de buena fe, a título oneroso, un bien inmueble de quien aparece como propietario en el Registro Público de la Propiedad, actualmente, Instituto de la Función Registral del Estado de México, si del propio registro no se desprende alguna causa de nulidad de las inscripciones, debe darse validez a la adquisición realizada por el tercero de buena fe, la cual debe prevalecer sobre cualquier otra que no derive del propio registro. -Esta es la hipótesis jurídica que se actualizó en el caso a estudio, atento a que el ahora codemandado, **** adquirió en forma onerosa el predio objeto de la controversia, precisamente de la persona que aparecía como titular registral del indicado bien; sin que de las propias anotaciones existentes en la institución registral se develara alguna causa de nulidad del acto jurídico que se pretende anular. -De ahí que, en este asunto se considere actualizado el supuesto que prevé el numeral 8.15 del código sustantivo civil antes citado, en una interpretación armónica con el artículo 5.45 del propio ordenamiento, en lo tocante a la presunción legal de ser adquirente de buena fe registral el aludido interesado. -Sobre el tema, se impone resaltar que la demandante de la nulidad no propuso elementos probatorios idóneos, pertinentes y eficaces para demostrar que el codemandado en mención haya tenido conocimiento de los vicios de origen de su título, medularmente, que su causante ya no se encontraba en aptitud de enajenar el terreno en controversia, por haberlo transmitido con anterioridad a la ahora actora. -La carga procesal de desvirtuar la presunción legal que beneficia al adquirente correspondía precisamente a su antagonista, atento al sistema de distribución de cargas probatorias que rige en la especie. -Por ello, en este asunto prevalece la condición de plena eficacia jurídica que corresponde al contrato privado de compraventa cuestionado, por no haberse desahogado en el proceso medio de convicción eficaz para destruir la presunción legal de ser comprador de buena fe, invocada por el coenjuiciado como argumento de defensa. -Fundamenta la consideración precedente, la jurisprudencia que se inserta: "REGISTRO PÚBLICO. TERCEROS ADQUIRENTES DE BUENA FE.". -En otro rubro, son inoperantes los conceptos de inconformidad que se esgrimen con relación a la sociedad conyugal que en su momento conformaron el codemandado **** y ****, derivado de la celebración de su matrimonio civil. -Esto porque la recurrente expone cuestiones que no formaron parte de la controversia natural, al omitir plantearlas originalmente ante la persona juzgadora de primer grado, pues de la lectura del escrito de demanda no se aprecia que la interesada haya planteado como causa de pedir la nulidad absoluta del contrato de veintidós de noviembre de dos mil, el hecho relativo a la sociedad conyugal que en su momento conformaron las personas a quienes señala como sus causantes en el documento básico de las acciones ejercitadas. -Circunstancia que impiden a la sala abordar su estudio, pues de lo contrario, se colocaría a sus antagonistas en estado de indefensión al brindar a la recurrente la oportunidad de mejorar su causa de pedir en las pretensiones deducidas, en lo referente a las cuestiones novedosas introducidas con motivo del recurso de apelación. -Cierto, si los argumentos de inconformidad que la disidente hace valer no corresponden a los mismos que esgrimió en el escrito inicial del proceso; ello constituye un obstáculo para este Tribunal revisor de tomarlos en cuenta, en acatamiento al principio de congruencia que impera en toda sentencia, de acuerdo con lo previsto por los artículos 1.137 y 1.195 del código procesal civil, cuyo objeto es dilucidar la controversia conforme a los hechos materia de la litis fincada en la demanda y contestación. -De no respetarse dicho principio, implicaría sustituirse a la potestad común al analizar cuestiones que, por no formar parte del debate, no estuvo en condiciones de tomar en cuenta la citada autoridad al emitir su fallo. -Cobra puntual aplicación la jurisprudencia: "APELACIÓN. NO PUEDEN SER MATERIA DE ELLA, LAS CUESTIONES QUE NO FUERON PLANTEADAS EN PRIMERA INSTANCIA.". -En diverso aspecto, son parcialmente fundados los agravios por los que se cuestiona la decisión del operador jurídico de primera instancia, en cuanto desestimó la eficacia de la pericial grafoscópica propuesta por la parte actora. -El juez le negó valor convictivo a la aludida probanza, medularmente, con base en los siguientes argumentos: ".después del estudio y análisis del peritaje exhibido por la parte actora es que se llega a la conclusión que el mismo no cuenta con un estudio ni análisis pormenorizado, minucioso y detallado que pudiera dilucidar de manera más concreta y certera que en efecto, la firma dentro del allanamiento inserto dentro del expediente cuya nulidad se pretende en el presente juicio, no pertenece a ****, pues el estudio comparado realizado por el perito, únicamente versa entre una firma dubitada y otra indubitada, que es la contenida dentro del emplazamiento contra la contenida dentro del allanamiento, luego (sic) entonces, atendiendo a la naturaleza de las firmas, de manera inexcusable dos firmas no pueden ser completamente idénticas, toda vez que las mismas contienen diferencias ya sean significativas o insignificantes, por la confección natural de las mismas en donde interviene la memoria muscular, que por la naturaleza del ser humano no resulta ser perfecta, consecuentemente, ninguna firma será calca de la primera realizada, por ende, para este juzgador resulta ser necesario que el estudio se realizara comparando la firma cuestionada con un mayor número de firmas indubitadas, que permitieran ver con claridad las variaciones habidas entre una y otra, armonizando rasgos particulares y generales que permitieran arribar con mayor certeza a la conclusión.". -Al combatir este apartado del fallo, la disidente afirma que la probanza ofertada sí tuvo el alcance de demostrar en forma plena la falsedad de la firma que como del demandado aparece en el escrito de allanamiento en el expediente 263/2014. También aduce que, la única firma que se propuso como base de cotejo para el desahogo de la experticial era suficiente, por reunir todas las condiciones de un elemento indubitable. -Sobre los motivos de inconformidad expresados, conviene tener presente que, gramaticalmente, el vocablo "firma" se considera como el conjunto de rasgos de una figura determinada, que por sí sola implica una afirmación de la voluntad de quien la suscribe. -El indicado signo gráfico tiene una función autenticadora, pues asegura una relación jurídica intrínseca, dado que la "firma" se erige como un signo de autoría con relación a la persona que la suscribe. -En esos términos, la carga de comprobar la falsedad de la firma que se contiene en el escrito de allanamiento presentado en el juicio que se tacha de nulo, correspondía precisamente a la parte actora en el expediente 1820/2021, por haber expresado una negativa que envolvió una afirmación: la firma que como del demandado en el primer asunto aparece en el documento cuestionado, no provino del puño y letra del aludido contendiente, sino que fue asentada por diversa persona. -El referido medio de convicción debe ser propuesto cuando la persona juzgadora se encuentra frente a una cuestión científica, artística o técnica en la que no está versado; por lo que es necesario solicitar el apoyo de peritos para comprobar hechos o determinar sus características particulares, pues este elemento requiere forzosamente los conocimientos especiales sobre una ciencia, arte o materia. Ello de acuerdo con lo que estatuye el numeral 1.304 del código procesal civil. -Lo anterior con sustento en la jurisprudencia: "DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).". -Como se adelantó, los agravios son parcialmente fundados, pues resulta atendible la inconformidad esgrimida con relación a que la firma asentada por **** en la diligencia de emplazamiento a juicio realizada en los autos del expediente 263/2014, ciertamente resultaba idónea para servir como elemento indubitable. -Esto porque el aludido signo gráfico fue asentado ante un servidor judicial que se halla investido de fe pública, lo que determina la certeza que éste se estampó ante él y que la autoría de quien lo realizó no se encuentra a discusión; además de ser contemporánea con la signatura cuya falsedad se alegó en juicio. -Luego, conforme a lo dispuesto por el normativo 1.301, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles, el indicado signo gráfico sí cumplió con las condiciones para servir como base de cotejo con miras a lograrse el desahogo de la pericial ofertada. -Sustenta lo considerado, el contenido de la tesis: "FIRMAS INDUBITABLES PARA EL COTEJO. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 345, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO.". -Lo que no basta para considerar que la probanza experticial en grafoscopía, haya sido indebidamente valorada por el resolutor natural. -Lo anterior, si se tiene presente que, el valor convictivo de los dictámenes periciales no se encuentra determinado necesariamente por los señalamientos realizados por los expertos, sino, fundamentalmente por la idoneidad de la información científica aportada y su utilidad para la solución de la controversia. Lo cual deberá ser apreciado por la persona juzgadora en cada caso concreto, en orden con las reglas que prevé el numeral 1.359 del código procesal civil. -En esa línea, coincide con el operador jurídico de primer grado, en lo referente a que, el trabajo presentado por la especialista, ****, propuesta por la accionante, no resultó ilustrativo para dilucidar la cuestión litigiosa vinculada con la autenticidad o falsedad de la signatura dubitada en el proceso. -En lo que atañe al trabajo de la mencionada experta, el dato que trasciende a la controversia consiste en la falta de una base científica sustentable para apoyarse en las opiniones sostenidas a fin de dirimir la contienda. -Esto porque, su autora se concretó a señalar que la firma dubitada no proviene del puño y letra de la persona a quien se atribuye su autoría, sin proporcionar las explicaciones pormenorizadas que la llevaron a concluir en ese sentido. -Además, fue omisa en indicar cuáles fueron los valores, criterios o significaciones, de cada una de las características del orden general y particular que aborda en el estudio, ni aclaró qué se debe entender en cada una de ellas o por qué son correspondientes o discordantes. -Sirve de directriz como criterio normador, la siguiente tesis, aplicada por analogía: "PRUEBA PERICIAL DE CONTENIDO CIENTÍFICO O TÉCNICO. ESTÁNDAR DE CONFIABILIDAD AL QUE DEBE SUJETARSE PARA QUE EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES SE LE RECONOZCA EFICACIA PROBATORIA.". -El dictamen presentado en esos términos no puede considerarse como metódico y especializado, pues si bien, la especialista hizo alusión a la metodología, técnica y equipo utilizados en el desarrollo de su trabajo, además expuso el marco teórico conceptual sobre la disciplina para la cual fue propuesta. -Lo cierto es que, en los diversos apartados que lo conforman, aquélla fue omisa en guiar a la autoridad, sobre las características del orden morfológico de las firmas objeto de estudio, en las cuales advirtió numerosas discrepancias, que la llevaron a determinar lo apócrifo de la signatura dubitada. -En esa línea de razonamiento, es destacable que, las respuestas de la especialista se expusieron en forma enunciativa, no así explicativas de las cuestiones sobre las que se pidió su opinión; sin poner de manifiesto que, los señalamientos realizados se encuentren respaldados en los trabajos especializados propios de la disciplina en que fue designada. -No se inadvierte que, la persona versada en grafoscopía insertó a su dictamen dos cuadros en los que se esbozaron las características del orden general y particular de las firmas materia de confrontación; sin embargo, la autora del dictamen fue omisa en exponer, de manera pormenorizada y concluyente, en qué consistía cada uno de esos valores o rubros de los cuales partió para sostener la falsedad de la firma asentada al calce del escrito de allanamiento en el juicio de usucapión. -Lo que tampoco se vio reflejado en el material fotográfico que insertó al dictamen; situación que conduce a desconfiar del valor intrínseco de dicho estudio. -En tal contexto, es necesario subrayar que para que el trabajo de un especialista en determinada área de conocimiento resulte confiable, se precisa que cuente con claridad en la exposición, método e instrumentos utilizados; que exista coherencia en el desarrollo y congruencia con las conclusiones. -El dictamen debe contener no sólo el soporte científico, técnico o artístico, sino la explicación razonada que ilustre al operador jurídico, para que éste llegue al convencimiento de la existencia de una relación causa efecto entre el objeto de estudio y el resultado que se presenta, la cual se encuentra definitivamente probada. -Condiciones que no se cumplen en este asunto, en lo concerniente al dictamen de la persona versada en grafoscopía propuesta por la accionante, como bien lo consideró la autoridad de primer grado. -En suma, lo que se advierte en el caso específico es que, el dictamen no se encuentra sólidamente motivado, dado que las consideraciones emitidas carecen de un respaldo o justificación científica sustentable para tener por comprobada la falsedad de la signatura que se tachó de apócrifa en el litigio, ello conforme a lo previsto por los numerales 1.304 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles. -Todo lo cual autoriza a concluir que, la probanza fue correctamente valorada por el juzgador natural. -Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia: "PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).". -No se realiza un sesgo sobre la inconformidad consistente en que el juez de origen desestimó la probanza experticial, sin apoyar su decisión en precepto legal alguno. -El disenso es infundado, pues como se puede advertir del razonamiento esgrimido por el operador judicial de origen, visible en el folio doscientos setenta y seis, reverso, del expediente, el resolutor invocó los preceptos normativos en los cuales se apoyó para desestimar la eficacia de la pericial ofertada por la parte actora; lo que pone de manifiesto, lo inexacto del señalamiento de la recurrente. -Por otra parte, son infundados los motivos de inconformidad en los cuales aduce que, adverso a lo resuelto por el juez natural, en el asunto específico sí se demostró la fraudulencia con que se desarrolló el juicio concluido substanciado bajo el expediente 263/2014, del propio índice del juzgado de origen. -Al respecto, es necesario apuntalar que, la acción de nulidad de juicio concluido por fraudulento constituye una excepción al principio de inmutabilidad de la cosa juzgada que se actualiza cuando el primer procedimiento fue tramitado en forma falaz. -A esta pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido, por ser resultado de un proceso falso y consiste en la falta de verdad por simulación en que incurra quien lo promueva, solo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. -La acción de nulidad de juicio concluido tiende a calificar la conducta procesal de las partes en ese asunto y si ésta constituyó o no un actuar fraudulento. -De modo que, al ser intentada, se debe atender al hecho de que a través de su ejercicio se busca controvertir las pretensiones de los contendientes originales a partir de lo fraudulento o doloso de su actuar, porque al desarrollar un juicio en el que se efectuó una serie de actos de connotación simulada o dolosa para obtener un beneficio mediante el empleo de las instituciones procesales, es evidente que debió existir el ánimo deliberado de quienes litigaron en aquel asunto para ocultar sus verdaderos intereses. -Lo que se ilustra por medio de la tesis: "ACCIÓN DE NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO POR PROCESO FRAUDULENTO. ELEMENTOS QUE LA CONSTITUYEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).". -En el caso específico, la parte actora demandó la nulidad de juicio concluido por fraudulento, medularmente, bajo los siguientes señalamientos, en lo concerniente al expediente 263/2014: *El juicio sobre usucapión se substanció con base en un contrato simulado; *La firma que como del demandado aparece en el escrito de allanamiento de ese asunto, fue falsificada; y *El juez conocedor del proceso sobre usucapión eximió indebidamente al actor, de su obligación de acreditar las cualidades o atributos de la posesión requeridos por la norma sustantiva civil para prescribir el inmueble materia de debate. -El juez desestimó la pretensión de la accionante, de obtener una declaratoria judicial en el sentido de ser nulo el juicio prescriptivo, por haberse desarrollado con base en un fraude procesal. Determinación que se comparte. -En lo que atañe a la causal de nulidad sustentada en que el juicio que se pretende anular se substanció con base en un contrato simulado; en concordancia con el análisis que se ha realizado a los diversos motivos de disenso hechos valer por la apelante, ha quedado precisado que la simulación del contrato basal del expediente 263/2014, no logró demostrarse. Lo que a su vez incide en que no pueda declararse la nulidad de ese proceso contradictorio ante la indemostración del dolo o colusión de quienes litigaron en ese asunto, en perjuicio de la ahora accionante. -En paralelo, la causal consistente en que la firma asentada en el escrito de allanamiento del demandado en el juicio prescriptivo, no se comprobó, dada la ineficacia convictiva de la experticial en grafoscopía propuesta por la parte actora, aquí recurrente. -En cuanto a la tercera razón por la que la actora pretende la nulidad de juicio concluido, esto es, porque el juez conocedor del diverso litigio sobre usucapión consideró que el solo allanamiento del demandado fue suficiente para tener por acreditados los requisitos de la acción consistentes en que el interesado haya ejercido una posesión originaria, que además haya satisfecho las diversas cualidades exigidas por la ley sustantiva civil para prescribir el inmueble materia de proceso, sin aperturar la dilación probatoria; es una cuestión que se torna inatendible, porque como bien lo sostuvo el juzgador de origen, ello no constituye un acto fraudulento, sino una postura o facultad del operador jurídico que conoció y resolvió aquel asunto. -Con relación a ello, son inoperantes los motivos de disenso por los que se afirma que, el operador judicial que conoció del expediente 263/2014, no debió estimar suficiente el allanamiento realizado por el enjuiciado para tener por comprobadas las proposiciones fácticas en que se apoyó la demanda de ese litigio; por lo cual, debió aperturar la dilación probatoria. La disidente apoya sus inconformidades en la jurisprudencia de rubro: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCAPIÓN. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR POR PARTE DEL ACTOR LOS ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN, AL REQUERIRSE DE OTRA U OTRAS PROBANZAS PARA SU CONSTATACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).". -Los agravios son inoperantes, porque si bien la impugnante pretende evidenciar un actuar permisivo o laxo por parte del juez que conoció de las diligencias de información de dominio a favor del promovente; lo cierto es que la acción de nulidad ejercida tiende a calificar la conducta de dolo o fraudulencia por parte de quien instó ante el órgano de jurisdicción, no así en lo tocante a la actuación del operador jurídico, a quien no es factible atribuirle la realización de un fraude procesal, en los términos señalados por la inconforme. -Esto porque la acción de nulidad de juicio concluido tiende a calificar la conducta procesal de quienes litigaron en el asunto que se tacha de nulo y si ésta constituye o no un actuar fraudulento. -De ahí que, a través de su ejercicio, se busca controvertir las pretensiones de los promoventes primigenios a partir de lo fraudulento o doloso de su actuar, porque al desarrollar un procedimiento el que se efectuó una serie de simulación de actos para obtener un beneficio mediante el empleo de las instituciones procesales, es evidente que debió existir el ánimo deliberado de quienes litigaron en aquel asunto para ocultar sus verdaderos intereses. -Es de interés sobre el tema, la tesis que se inserta: "NULIDAD DEL PROCESO FRAUDULENTO Y NULIDAD DE ACTUACIONES CON MOTIVO DE UNA APELACIÓN EXTRAORDINARIA. TIENEN COMO FINALIDAD ANULAR TODO LO ACTUADO EN UN PROCEDIMIENTO, PERO LOS MOTIVOS EN QUE DESCANSA DICHA FINALIDAD SON DISTINTOS.". -Cuanto más porque, la persona juzgadora que conoció del juicio prescriptivo se ciñó al emitir la resolución de fondo en ese asunto, a la regla que prevé el artículo 2.142 del Código de Procedimientos Civiles, del siguiente texto: "Sentencia por confesión expresa. "Artículo 2.142. Cuando la demanda fuere confesada expresamente, en todas sus partes, y el actor manifieste su conformidad con la contestación, se dictará sentencia, excepto si el Juez considera necesario el período de pruebas.". -Esta hipótesis legal se actualizó en el proceso que se pretende anular, de modo que el juez que conoció de ese litigio actuó con base en la norma procedimental enunciada; sin que, para la época de emisión del fallo definitivo del indicado litigio, se hubiese emitido la jurisprudencia por contradicción de tesis que invoca la apelante. -En la intelección que, la conducta observada por el director del proceso no es sancionable a través de la acción de nulidad de juicio concluido, como es pretendido por la recurrente. -Concatenado con lo expuesto, en ese asunto se precisa la cita de los artículos 1.2 y 1.138 del código procesal civil, los cuales prevén: "Inicio dispositivo e impulso procesal oficioso. "Artículo 1.2. La jurisdicción civil sólo se ejercerá mediante instancia de parte, pero mientras se mantenga en ejercicio, corresponde al Juez desarrollar el proceso de oficio, salvo los casos en que la ley exija la petición de parte. "Principio de dirección del proceso. "Artículo 1.138. La dirección del proceso está confiada al Juez, el que la ejercerá de acuerdo con las disposiciones de este Código; deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión y las conductas ilícitas o dilatorias.". -En orden con las citadas bases normativas, es claro que la ley procedimental de la materia acota la existencia de actos dentro del juicio que atañen exclusivamente a los particulares contendientes, como acontece con el ejercicio de la acción; sin embargo, también dispone con claridad, que es el operador jurídico quien tiene a su cargo la dirección o desarrollo oficioso del proceso. -Esto es, la persona juzgadora debe hacer uso de todas aquellas facultades otorgadas por la codificación adjetiva que resulten más efectivas para el propósito buscado, que en este caso consiste en conseguir una pronta y eficaz administración de justicia. -En ese contexto, es de destacar que la consagración constitucional del derecho a la jurisdicción impone al operador jurídico el deber de impartir justicia; no sólo en los plazos y términos fijados en las leyes, sino también a resolver de manera pronta, imparcial y completa. En la búsqueda de esa completitud, surge la obligación de la autoridad judicial de resolver la controversia sometida a su potestad, sin que sean obstáculo para ello el silencio, la oscuridad o, incluso, la insuficiencia de la ley. -Es coincidente con lo expuesto, el contenido de la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se inserta: "PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO.". -Bajo ese tamiz, la eventualidad relativa a que el juez conocedor del expediente 263/2014, haya considerado suficiente el allanamiento a la demanda realizado por el enjuiciado, sin estimar necesaria la apertura de una dilación probatoria con miras a dilucidar los hechos que se investigaban en ese asunto, no puede considerarse como un fraude procesal atribuible a los ahora demandados, sino, en todo caso, se trató de una particularidad en la dirección del procedimiento que atañe exclusivamente a ese juzgador. -Orienta lo considerado en este punto, la tesis de rubro y texto, aplicada al caso en lo conducente: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. NO SE SURTE RESPECTO DEL JUEZ QUE CONOCIÓ DE UN JUICIO CUYA NULIDAD SE DEMANDA.". -Son inoperantes los agravios que atañen a la aplicación retroactiva de la jurisprudencia con registro digital 2022377. -En torno a ello, conviene subrayar que, los aspectos relativos a la dirección del proceso que se pretende anular, o bien, la manera en que se falló el fondo substancial del indicado por el juez que lo conoció, no pueden identificarse con un fraude procesal atribuible a quienes litigaron en ese proceso. -Por lo que, al margen de la jurisprudencia citada por la inconforme, lo cierto es que, para poder declarar la nulidad absoluta de un juicio concluido, se requiere como elemento indispensable que quienes contendieron en ese litigio, a través de su comportamiento, hayan introducido un falso concepto de la realidad ante el órgano resolutor, y que ese actuar doloso y mentiroso, hubiese constituido el antecedente y fundamento del fallo que se emitió. -Máxime que, al tiempo de resolverse el juicio prescriptivo, resultaba materialmente imposible la aplicación de la jurisprudencia citada por la disidente, por haber sido emitida años después de dictarse la sentencia de fondo respectiva. -Orienta lo considerado, el contenido de la tesis: "NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO. SOLO PROCEDE RESPECTO DEL PROCESO FRAUDULENTO.". -En esa línea de razonamiento, es inoperante el agravio por el que se sostiene que, el actor en el juicio sobre usucapión nunca ha ejercido la posesión sobre el predio litigioso; lo que se pudo corroborar mediante la inspección judicial practicada en autos, al igual que, con el material de fotografía obtenido en esa diligencia. -La inoperancia del disenso expresado obedece a que, la inspección judicial constituye un elemento convictivo que no es conducente para la acreditación del poder fáctico que una persona ejerce sobre determinado bien, dado lo transitorio del desahogo de la probanza. -Cuanto más, si se tiene en cuenta que, la posesión implica permanencia y realización de un conjunto de actos que no pueden apreciarse sino a través de una sucesión de circunstancias, que necesariamente deben realizarse en distintos momentos o etapas. Para lo cual, la prueba de inspección judicial no es idónea ni determinante. -Orienta lo considerado, la tesis que se inserta: "POSESIÓN. LA INSPECCIÓN JUDICIAL NO ES APTA PARA COMPROBARLA.". -Sobre la base de lo expuesto, carecen de sustento los señalamientos de la inconforme con relación a que la determinación del juzgador sobre la falta de acreditación de las acciones de nulidad intentadas por la actora se caracterizó por ser infundada e inmotivada. -Adverso a ello, la decisión medular del juez natural se encuentra sólidamente motivada y apegada al marco normativo aplicable; lo que conduce a la desestimación de los agravios sobre el tema. -Conclusión. Con vista en las consideraciones expuestas, resultaron parcialmente fundados pero inoperantes los agravios formulados por la actora impugnante, por lo que, con fundamento en el artículo 1.366 del Código de Procedimientos Civiles, asumió facultades confirmatorias de la sentencia definitiva apelada. -Costas. Al actualizarse en este asunto, la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 1.227 del Código de Procedimientos Civiles, en razón a que la actora no obtuvo sentencia favorable en la primera instancia, apeló de ese fallo y éste ha sido confirmado por esta sala. -Consecuentemente, se condena a la citada impugnante al pago de las costas generadas en ambas instancias, previa su cuantificación en ejecución de sentencia. -Orienta la determinación precedente, el contenido de la tesis: "CONDENA EN COSTAS. EL ARTÍCULO 1.227, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.". De las violaciones procesales. SEXTO. Antes de abordar el estudio de los conceptos de violación, es importante precisar que de las constancias que integran el juicio de origen no se advierte que se haya cometido alguna violación procesal que haya dejado sin defensa a la quejosa y que amerite ser examinada en suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 107, facción III, inciso a), de la Constitución Federal. Tampoco hace valer alguna que dé lugar a su análisis. Estudio de los conceptos de violación, que por razón de técnica se efectuará en diverso orden al formulado. SÉPTIMO. La quejosa expresa los siguientes conceptos de violación: i. Se violan en su perjuicio los artículos 1, 2, 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con los numerales 1.5, 1.14, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7,11, 7.12, 7.26, 7.31, 7.32, 7.33, 7.65, 7.73, 7.75, 7.80, 7.102, 7.103, 7.179, 7.424, 7.425, 7.426, 7.428, 7.547, 7.549, 7.552, 7.553 del Código Civil y 1.134, 1.137, 1.250, 1.252, 1.253, 1.255, 1.261 y 1.359 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de México. ii. La responsable debió respetar sus garantías constitucionales, y para ello prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de sus derechos humanos, en los términos establecidos en la legislación civil local, por lo cual debió precisar y estudiar todos los puntos sujetos a debate, de acuerdo a los agravios expuestos en el recurso de apelación, los que debió estudiar y darles respuesta a cada uno de ellos, máxime que están vinculados y corresponden a los planteamientos de legalidad planteados en el escrito de agravios; pero la responsable incumplió con esa obligación. iii. La sala, de manera infundada e inmotivada concluyó que todos los agravios resultaron parcialmente fundados pero inoperantes; que la quejosa no acreditó los elementos necesarios para la procedencia de la acción de nulidad absoluta por simulado e inexistente el contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil y la nulidad del juicio ordinario civil de usucapión 263/2014, substanciado en el Juzgado Cuarto Civil de Toluca, México, por su tramitación fraudulenta. iv. Los razonamientos de la sentencia reclamada son raquíticos, superficiales y parciales, para favorecer a los terceros. De haber estudiado a conciencia el acervo probatorio, se habría declarado la nulidad absoluta del contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, por simulado e inexistente, pues en realidad los terceros interesados lo elaboraron hasta el año dos mil catorce. v. La responsable reconoció en el segundo párrafo de la página veinticinco del acto reclamado, que el inferior desarrolló un examen somero de las cuestiones litigiosas para emitir su sentencia, pero luego lo justificó, al asegurar que sí se ocupó de analizar las causales de nulidad hechas valer; sin embargo, la sala en ningún momento invoca, expone, describe o señala en qué parte de la sentencia se encuentran esos análisis del inferior, menos contradice o refuta de alguna manera los agravios hechos valer ante las arbitrariedades del inferior al negar declarar la nulidad del contrato de compraventa en cuestión. vi. En lugar de estudiar y refutar válidamente los agravios, la responsable se limitó a asegurar que el contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, no puede considerarse simulado o aparente, porque sirvió de base para la substanciación del juicio sobre prescripción adquisitiva o usucapión; que los contratantes no se limitaron a fingir o aparentar la celebración del contrato, porque incluso **** ejercitó acción real de usucapión para prescribir el bien raíz. vii. La responsable considera que si el contrato nulo no se hubiese utilizado para la tramitación de la usucapión, entonces sí se podía nulificar, pero solo porque sirvió de base para la acción de usucapión, entonces todos sus vicios de nulidad, quedan totalmente convalidados, superados y legalizados. viii. La responsable actuó de manera arbitraria, superficial e ilícita con ese razonamiento infundado e inmotivado, pues un contrato nulo o falsificado sobre un bien raíz no puede perfeccionarse solo porque haya servido de base para la tramitación de usucapión. ix. En el presente caso, ese juicio de usucapión solo sirvió para que el contrato nulo adquiriera fecha cierta, ya que se tiene certeza de su existencia a partir del veintiocho de abril de dos mil catorce, cuando inició la tramitación de ese juicio, pues desde el año dos mil hasta el año dos mil catorce no hay ningún indicio de su existencia, como los propios terceros interesados lo reconocen expresamente cuando dieron contestación al hecho 5 de la demanda, en donde textualmente reconocieron: ".aunado a lo anterior no debe pasar por advertido que el contrato base de la acción de usucapión adquiere fecha cierta por todas y cada una de las de las actuaciones, aceptaciones y prestaciones que fueron objeto del juicio (de usucapión) que se menciona...". x. La responsable reconoce que su contrato de compraventa condicional, de veinticuatro de junio de dos mil ocho, adquirió fecha cierta con el fallecimiento de una de sus firmantes como vendedora ****, acontecido el dieciséis de agosto de dos mil doce; y si bien es cierto que esa circunstancia no es suficiente para nulificar el contrato nulo fechado el veintidós de noviembre de dos mil, también lo es que ese contrato nulo adquirió fecha cierta hasta el veintiocho de abril de dos mil catorce, cuando **** accionó su juicio de usucapión, tal como los terceros interesados lo reconocieron, y del acervo probatorio no se desprende ningún indicio sobre la existencia de ese contrato nulo antes de esa fecha, por más que le hayan colocado fecha del año dos mil, pues daba lo mismo colocarle cualquier fecha anterior o posterior; con lo cual se comprueba que fue elaborado expresamente en el año dos mil catorce, solo para que sirviera de base para la tramitación del juicio de usucapión, para que **** se convirtiera "legalmente" en propietario de **** metros cuadrados de superficie del terreno, y así lograr el objetivo de los terceros interesados de privar a la quejosa de una fracción de su inmueble. xi. Resulta fácil apreciar las artimañas y colusión de los terceros, pues cuando supuestamente se celebró el contrato fechado el veintidós de noviembre de dos mil, **** era un menor que contaba con tres años de edad y cuando accionó su juicio de usucapión, continuaba siendo menor de edad (diecisiete años), de manera que no existe ninguna explicación ni justificación para haberse tardado catorce años para ejercitar ese juicio de usucapión; con lo cual se acredita plenamente que con su contrato de compraventa condicional, de veinticuatro de junio de dos mil ocho, en donde la finada **** y el tercero **** le vendieron condicionalmente su inmueble a la quejosa, todos los terceros interesados se coludieron en el año dos mil catorce para fingir e implementar un contrato de compraventa anterior a su contrato de dos mil ocho y así pretender superarlo y privarla de una fracción de su propiedad. xii. Del contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, se puede apreciar que es papel reciente que no corresponde al año dos mil, menos corresponde a esa fecha el tipo de letra ni al uso de la computadora, pues en el año dos mil no era común el uso de la computadora y las que existían en aquellos años tenían tipo de escritura diferente. xiii. La responsable debió confrontar la fecha cierta, tanto del contrato de compraventa condicional de veinticuatro de junio de dos mil ocho, como del contrato nulo fechado el veintidós de noviembre de dos mil, y así estudiarlos motivada y fundadamente, para concederle a cada uno el valor probatorio que les corresponde, y así llegar al conocimiento de la verdad, más no limitarse a emitir el acto reclamando de manera muy raquítica y superficial. xiv. La responsable se negó a valorar las pruebas de reconocimiento de contenido y firma a cargo de ****, la confesional y la de reconocimiento de contenido y firma a cargo de la finada ****, y a las pocas pruebas que estudió les negó valor probatorio, con razonamientos infantiles, sin fundamento y sin motivo alguno, tal como lo hizo con la prueba confesional a cargo de ****. xv. La responsable de manera inmotivada e infundada afirma, respecto de la eficacia de la confesión de **** que no basta con que su recepción cumpla con todos los requisitos de ley, sino que es de libre valoración del juzgador de acuerdo al artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; sin embargo, este precepto jurídico fue violado por el inferior y por la responsable, porque en ninguna de sus partes dice que las pruebas serán valoradas a capricho del juzgador, sino que al final dice textualmente: "...Explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión.". Lo cual nunca hizo el inferior ni la responsable, quien aseguró que su criterio coincide con el del juez inferior, porque basó su decisión en los principios de la lógica y la experiencia, pero ambos carecen de toda lógica y experiencia y por eso emitieron sus decisiones ilegales. xvi. La responsable asegura que la confesión de **** resulta contradictoria con las constancias de autos, pero en ningún momento señala o explica en qué consisten esas contradicciones, ni siquiera señala cuáles son esas probanzas que contradicen la confesión. xvii. Reiteradamente la responsable asegura que la confesión de **** no se encuentra concatenada o robustecida con distintos medios convictivos y que en cambio, resulta contraria al diverso material probatorio del sumario y con la propia postura defensiva contenida en su contestación de demanda. xviii. Es notoriamente infundado e inmotivado el criterio de la responsable al asegurar que el tercero **** es adquiriente de buena fe, solo porque cuando adquirió la fracción de terreno el veintidós de noviembre de dos mil, ese inmueble estaba inscrito ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México, y que por ese simple hecho se revierte o traslada la carga de prueba para demostrar la mala fe a la quejosa, cuya presunción deja de admitir prueba en contrario. xix. Tal razonamiento es incorrecto, porque entonces cualquier contrato de compraventa de inmueble falsificado sería de buena fe solo porque el inmueble está debidamente inscrito ante el Instituto de la Función Registral. xx. La responsable confunde la buena fe registral con la buena fe en la celebración de los contratos de compraventa, ya que esta última es un principio general del derecho y consiste en el estado mental de honradez, de convicción y honor a la verdad y a la rectitud de la conducta de todos los que intervienen en los contratos de compraventa; es decir, sin mentiras, sin engaños, sin artimañas, sin trampas sin intensiones dolosas ocultas, sin la intensión de dañar a terceras personas. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio del inmueble por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier vicio y no como en el presente caso en donde todos los terceros interesados se confabularon para implementar en el año dos mil catorce un contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, con la ilícita intensión de privarla de una fracción de su inmueble. xxi. Por tanto, resulta incuestionable la procedencia de la nulidad del contrato de compraventa elaborado por los terceros en abril de dos mil catorce, pero fechado el veintidós de noviembre de dos mil, porque los tres elementos establecidos por el inferior para la procedencia de esa nulidad, están plenamente acreditados de la manera siguiente: a. La existencia del contrato privado de compraventa, cuya nulidad se reclama; b. Que tal acto jurídico contravenga disposiciones de orden público o bien esté afectado con algún vicio de la voluntad, o en el particular, exista un precepto que establezca esa nulidad; y c. Que quien la pide tenga interés jurídico. a. (sic) En cuanto al primer elemento, está debidamente acreditado como lo reconoció el inferior en su sentencia definitiva y lo ratificó la responsable. xxii. En cuanto al segundo de los elementos, también está debidamente acreditado, porque el contrato de compraventa cuya nulidad se reclama, sí contraviene disposiciones de orden público y además existen varios preceptos jurídicos que establecen esa nulidad. xxiii. Tanto el inferior como la responsable se negaron a estudiar exhaustivamente los hechos 4, 5, 5 Bis, 6 y 7 del escrito de demanda, así como a invocar y aplicar los artículos 7.547, 7.549, 7.552, 7.553 y demás relativos del Código Civil del Estado de México. xxiv. Para la aplicación de dichos preceptos resulta imprescindible dejar claro que su contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho, fue plenamente reconocido en su contenido y firma por los terceros **** y la sucesión de ****, quienes el veinticinco de enero de dos mil veintitrés se presentaron ante el inferior, se les tomó debidamente la protesta de ley, se les puso a la vista dicho contrato, y al primero también se le puso a vista el recibo de dinero de diecisiete de agosto de dos mil doce; una vez que examinaron ambos documentos, textualmente manifestaron: "que sí reconocen el contenido y las firma que calzan el contrato privado de compraventa condicional de fecha veinticuatro de junio del año dos mil ocho.". xxv. Su contrato condicional de compraventa, nunca fue impugnado ni acreditado que fuera falso en su contenido y firmas por parte de los demás terceros interesados y con ello adquirió pleno valor probatorio. xxvi. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, los terceros **** y la sucesión de ****, también se presentaron a absolver posiciones, y previa protesta de ley, confesaron que el veinticuatro de junio de dos mil ocho celebraron contrato de compraventa con la quejosa para venderle terreno de **** metros cuadrados de superficie; que **** firmó el contrato de compraventa condicional de veinticuatro de junio de dos mil ocho a ruego de ****, porque no sabía leer ni escribir y solamente plasmó su huella digital; que la primera firmó el contrato de compraventa de veintidós de noviembre del año dos mil que se pide su nulidad hasta el año dos mil catorce y que fue convencido por sus familiares **** y **** para firmar ese contrato, que nadie le pagó el precio por esa fracción de terreno, que tiene en posesión material la fracción de terreno que se describe en el citado contrato y que solo lo firmaron para quitarte el terreno a la quejosa ****; de igual manera, **** a través de su albacea, al absolver posiciones también reconoció y confesó expresamente la celebración de dicho contrato. xxvii. El contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, del que se pide su nulidad, adquirió fecha hasta el veintiocho de abril del año dos mil catorce, cuando se presentó el escrito inicial de demanda de usucapión de la que también se pidió su nulidad. Los propios terceros interesados ****, **** y **** reconocieron expresamente en su contestación al hecho 5 de la demanda, que su contrato de compraventa adquirió fecha cierta hasta que tramitaron su juicio de usucapión, y textualmente reconocieron: ".aunado lo anterior no debe pasar por advertido que el contrato base de la acción de usucapión adquiere fecha cierta por todas y cada una de las de las actuaciones, aceptaciones y prestaciones que fueron objeto del juicio (de usucapión) que se menciona...", y en el acervo probatorio no existe ningún indicio de que ese contrato que se pide su nulidad, haya existido antes de ser presentado para el juicio de usucapión, con lo cual se acredita que fue falsificado o creado expresamente hasta el año dos mil catorce para ser presentado como causa generadora de la posesión en el citado juicio de usucapión. xxviii. Al absolver posiciones **** también reconoció expresamente que firmó el contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, del que se pide su nulidad, hasta el año dos mil catorce; que fue convencido por sus familiares **** y **** para firmar ese contrato de compraventa; que no recibió ninguna cantidad de dinero por la fracción de terreno que se describe en dicho contrato de compraventa; que nadie le pagó el precio por esa fracción de terreno que tiene en posesión material y que solo lo firmaron para quitárselo a ella. xxix. Contrario a las falacias de la responsable, la prueba confesional del tercero **** en cuanto a que el contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, fue falsificado en el año dos mil catorce para ser presentado en el juicio de usucapión 263/2014, no se encuentra contradicha con ninguna probanza ni mucho menos es una prueba aislada, más bien, se encuentra robustecida ampliamente con las probanzas siguientes: a. Con las documentales consistentes en contrato condicional de compraventa de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho y recibo de dinero de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, con pleno valor probatorio. b. Con el reconocimiento de contenido y firma a cargo de **** que hizo sobre el contrato condicional de compraventa de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho y recibo de dinero de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce. c. Con el reconocimiento de contenido y firma a cargo de la sucesión de **** a través de su albacea ****, que hizo sobre el contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho. d. Con la confesional de la sucesión de **** a través de su albacea ****. e. Pero sobre todo con el reconocimiento y confesión expresa de los terceros interesados ****, **** y **** que hicieron al contestar el hecho 5 de la demanda, de que su contrato de compraventa adquirió fecha cierta hasta que tramitaron su juicio de usucapión que iniciaron el veintiocho de abril de dos mil catorce y textualmente reconocieron: ".aunado lo anterior no debe pasar por advertido que el contrato base de la acción de usucapión adquiere fecha cierta por todas v cada una de las de las actuaciones, aceptaciones y prestaciones que fueron objeto del juicio de usucapión) que se menciona...". xxx. Todas estas pruebas concuerdan fielmente con la confesional del tercero **** y ninguna probanza contradice a esa confesión. xxxi. Entonces, la contestación de demanda de **** en donde asegura que no vendió ni firmó las documentales de la quejosa y no vendió su inmueble, resultan inatendibles y sin ninguna trascendencia jurídica, porque no aportó ninguna probanza para acreditar que no son sus firmas las que calzan el contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho y recibo de dinero de diecisiete de agosto de dos mil doce, así como tampoco acreditó con ninguna prueba que no es la huella digital de su finada esposa ****, por el contrario, con la confesional y con el reconocimiento de contenido y firma de los terceros **** y la sucesión de ****, se acreditó exactamente lo contrario de lo que negó en su contestación de demanda. xxxii. Con todas estas probanzas, adminiculadas entre sí, son suficientes para que se apliquen los artículos 7.547, 7.549, 7.552 y 7.553 del Código Civil del Estado de México y se nulifique el contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, porque está acreditado que primeramente fue celebrado su contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho, y muy posteriormente el contrato de compraventa del que pide su nulidad; entonces, dichos preceptos de orden público son los que contraviene tal contrato, porque: a. El tercero **** estaba impedido vender su casa y terreno más de una vez. b. Por tratarse de un bien inmueble, prevalece la primera venta que hizo ****, es decir, el contrato condicional de compraventa de la quejosa prevalece por ser de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho y tener fecha cierta a partir del dieciséis de agosto de dos mil doce, por encima del contrato que se pide su nulidad que adquirió fecha cierta hasta el veintiocho de abril de dos mil catorce. c. En razón a que el tercero **** ya había vendido su casa y terreno a mi poderdante desde el veinticuatro de junio de dos mil ocho con fecha cierta el dieciséis de agosto de dos mil doce, estaba impedido para suscribir el contrato de compraventa que adquirió fecha cierta hasta el veintiocho de abril de dos mil catorce colocándole fecha de veintidós de noviembre de dos mil, porque nadie puede vender lo que no es suyo y no podía vender el inmueble en cuestión porque ya no era de su propiedad pues ya lo había vendido junto con su esposa **** a mi poderdante. d. El contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, pero elaborado en el año dos mil catorce, es nulo de pleno derecho porque la venta de bien ajeno es nulo y en ese contrato, **** vendió el inmueble que ya no era de su propiedad, porque ya había vendido junto con su ahora finada esposa **** a la quejosa. xxxiii. En el supuesto, sin conceder, que efectivamente el contrato de compra venta que se pide su nulidad se hubiera elaborado el veintidós de noviembre de dos mil, aun así, es nulo de pleno derecho, porque con el acta de matrimonio de **** e **** que la quejosa exhibió, se acredita que ambos estaban casados bajo el régimen de sociedad conyugal; luego entonces, **** estaba impedido para vender lo que le pertenecía a la sociedad conyugal y solo era dueño de la mitad del inmueble o bien, para vender, necesariamente requería de la firma de su esposa. xxxiv. Es falso lo que afirma la responsable en las páginas 48 y 49 del acto reclamado, porque en los hechos 1, 2 y 3 del escrito inicial de demanda, la quejosa expuso que celebró contrato de compraventa condicional el veinticuatro de junio de dos mil ocho con **** y su esposo ****, quienes le vendían su inmueble de **** metros cuadrados de superficie, debido a que no habían procreado hijos. xxxv. El artículo 1.137 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ordena claramente que la decisión judicial se limitará a resolver sobre los puntos controvertidos, luego entonces, si la quejosa señaló y acreditó que el inmueble se lo había comprado a la finada **** y a ****, en tanto que los terceros interesados aseguraron haber comprado una fracción del mismo inmueble, pero solamente a ****, porque era el único propietario, entonces esa circunstancia se convirtió en punto controvertido, de manera que la responsable nuevamente se equivocó en la página 48 de su sentencia al asegurar que la sociedad conyugal o su estado de copropiedad de los causantes de la quejosa, no formó parte de la controversia natural o que no se planteó originalmente ante el inferior y que ahora no se podía abordar, porque se colocaría a los terceros en estado de indefensión, lo cual es falso, porque todos los terceros interesados estuvieron en amplias condiciones de impugnar, controvertir o desestimar la venta que hizo la finada ****, por supuestamente no ser dueña o copropietaria del inmueble, lo cual nunca hicieron, porque siempre estuvieron conscientes de que el inmueble pertenecía al matrimonio. xxxvi De hecho, cualquiera de todos los terceros interesados, pudieron haber opuesto excepciones y defensas en el sentido de que la finada **** carecía de cualquier derecho para haberle vendido el inmueble o haberle firmado el contrato condicional de compraventa a la quejosa; sin embargo, nunca lo hicieron y con ello, la responsable carece de facultades ahora para tratar de justificar su infundada e inmotivada postura de que el inmueble no pertenecía a la sociedad conyugal. xxxvii. El artículo 2.115 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece las condiciones en que los terceros interesados tenían qué contestar la demanda de la quejosa y si no lo hicieron correctamente, la responsable no tiene por qué corregir sus errores y asumir el papel de defensor de ellos, porque ese precepto jurídico señala que: "...El silencio y las evasivas harán que se tengan por admitidos los hechos sobre los que no se suscitó controversia". Con ello todos los terceros interesados admitieron, consintieron y estuvieron de acuerdo en que **** era copropietaria del inmueble que vendió a la quejosa el veinticuatro de junio de dos mil ocho. xxxviii. Desde su contestación de demanda, todos los terceros interesados reconocieron expresamente que **** estaba casada civilmente con ****, que ella falleció el dieciséis de agosto de dos mil doce y nunca opusieron excepciones y defensas, para negar o contradecir que la finada no era copropietaria del inmueble o que no podía vender a la quejosa, más bien, con su silencio y evasivas, aceptaron esa facultad de la finada ****, entonces es falsa la afirmación de la responsable en cuanto a que la sociedad conyugal o su estado de copropiedad de los causantes de la quejosa, no formó parte de la controversia natural o que no se planteó originalmente ante el inferior y que ahora no se podía abordar, porque se colocaría a los terceros en estado de indefensión, porque todos ellos estuvieron en condiciones de defenderse o excepcionarse ampliamente y de ofrecer pruebas, lo cual nunca hicieron. xxxix. Es infundada e inmotivada la percepción de la responsable cuando afirma que, si el inmueble estaba registrado ante el Instituto de la Función Registral, entonces eso es suficiente para considerar a **** como adquiriente de buena fe. xl. La responsable arbitrariamente introduce la inscripción del inmueble como asunto controvertido, cuando en realidad su inscripción nunca fue materia de la litis pues la quejosa sostuvo desde su escrito inicial de demanda que cuando adquirió su inmueble el veinticuatro de junio de dos mil ocho, la totalidad de ese inmueble estaba inscrito ante el entonces Registro Público de la Propiedad a nombre del tercero **** y que demandaba también la nulidad de inscripción efectuada en el año dos mil catorce de una fracción de terreno bajo folio real electrónico número ****, a nombre de **** por haberse obtenido de manera fraudulenta. xli. Este elemento también está probado, porque la quejosa acreditó plenamente su interés jurídico para demandar la nulidad del contrato de compraventa elaborado en el año dos mil catorce, pero fechado el veintidós de noviembre de dos mil, con el contrato de compraventa condicional de veinticuatro de junio de dos mil ocho, mismo que adquirió fecha cierta el dieciséis de agosto de dos mil doce; además de que el tercero ****, se presentó ante el inferior el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, se le tomó debidamente la protesta de ley, se le puso a la vista el contrato de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho y una vez que examinó el documento, textualmente manifestó por su propio derecho y como albacea de la sucesión de **** que: "que sí reconozco el contenido del contrato que tengo a la vista y sí reconozco las firmas.". xlii. La responsable también transgredió los artículos 7.424, 7.425 y 7.428 del Código Civil del Estado de México, los cuales establecen respectivamente que es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas y esa simulación es absoluta cuando el acto nada tiene de real y, en consecuencia, luego que se anule ese acto simulado, se restituirá el bien o derecho a quien pertenezca. xliii. En este caso, está plenamente acreditado que el contrato de compraventa condicional de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho, prevalece sobre el contrato nulo de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, pero que adquirió fecha cierta hasta el veintiocho de abril de dos mil catorce y que si no firmó la finada **** aunque solo hubiese sido como testigo, es porque cuando ese contrato se elaboró, ella ya había fallecido. xliv. Es trascendental partir de la fecha cierta de cada contrato privado de compraventa, además de sus otras particularidades, ya que cualquier persona puede elaborar un contrato privado y colocarle fecha de hace cien años, pero no por ello se tendrá por cierto que se elaboró en aquellos tiempos, sino que es necesario verificar y corroborar con certeza a partir de qué momento cobra vida o sale a la luz esa documental privada. xlv. Como sus señorías pueden constatar, resulta claro que los cuatro Terceros Interesados se confabularon para cometer actos fraudulentos en el dos mil catorce, todos encaminados a dejar sin efectos el contrato de compraventa condicional de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho, falsificando un contrato de compraventa colocándole fecha veintidós de noviembre de dos mil, en donde todos declararon falsamente lo que en realidad nunca sucedió y con ese contrato de compraventa falsificado, accionaron su juicio de usucapión que también se reclamó su nulidad. xlvi. Lamentablemente, sin motivo y sin fundamento legal alguno, la responsable asegura que no existe ninguna mala fe sino buena fe por parte de todos los terceros interesados en la elaboración del contrato fechado el veintidós de noviembre citado, solo porque con ese contrato tramitaron su juicio de usucapión 263/2014 y que además esa buena fe también está acreditada porque el inmueble se encontraba inscrito ante la oficina registral de inmuebles; sin embargo, eso se reduce a una buena fe registral que es totalmente diferente a la buena fe en la celebración de los contratos de compraventa. xlvii. Así las cosas, al haberse acreditado todos los elementos señalados por el inferior para la procedencia de la nulidad en cuestión, se debe declarar la nulidad del contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, para restituir a la quejosa de todos sus derechos sobre inmueble de su propiedad. xlviii. La responsable nunca se esforzó por ocultar su obsesión de favorecer a los terceros interesados y con razonamientos muy raquíticos, superficiales, sin fundamentos y sin motivos, desestimó los agravios expuestos para negarse a revocar la sentencia de primer grado y declarar la nulidad del juicio de usucapión 263/2014. xlix. Contrario a las opiniones de la responsable, en cuanto a que el dictamen pericial de la perito en materia del grafoscopía **** no proporcionó las explicaciones pormenorizadas que la llevaron a sus conclusiones y que fue omisa en indicar cuales fueron los valores, criterios o significaciones; que no dio explicación razonada y qué el dictamen no se encuentra sólidamente motivado; todas esas afirmaciones son totalmente falsas, porque dicha perito en materia de grafoscopía, después de estudiar y confrontar la firma dubitada con la indubitada, hizo estudio pormenorizado, para arribar a los datos que enlistó en su tabla en donde especialmente se enfocó a señalar: punto de ataque, tipo rubrica, rasgo inicial, momentos gráficos, tensión de línea, enlaces, legibilidad, rasgo final, trazo magistral, gaza, habilidad escritural, signos de puntuación, trazo elíptico, trazo mixto, trazo que parece una letra "a" minúscula manuscrita, el trazo que parece una letra "e" minúscula manuscrita y trazo en zigzag de cada una de la firmas confrontadas y cada uno de estos puntos los identificó y los señaló asignándole un numero arábigo en cada firma; con todos estos datos obtenidos, dio respuesta clara y concreta a todas las preguntas que conforman el cuestionario formulado por la quejosa como parte actora en el juicio. l. Entonces, es falso lo que sostiene la responsable en cuanto a que la perito fue omisa en guiar al inferior sobre las características del orden morfológico de las firmas objeto de estudio. li. Es importante destacar que ninguno de los cuatro terceros interesados amplió el cuestionario ni nombró perito de la materia de su parte, por estar conscientes de que la firma contenida en el escrito "de allanamiento" en el juicio de usucapión 263/2014, es falsa y con ello debe concederse valor probatorio al único dictamen pericial que se rindió durante el periodo probatorio. lii. De manera que con esta prueba en materia de grafoscopía se comprobó fehacientemente que en realidad el tercero **** no fue quien se allanó ni firmó el escrito de allanamiento que se presentó en el Juzgado Cuarto Civil en el expediente 263/2014, y el hecho de haberse presentado posteriormente a su ratificación de contenido y firma, eso de ninguna manera convalida o da autenticidad a lo inexistente. liii. Considerar lo contrario, equivaldría a que cualquier documental con firma auténtica, su autor simplemente se presenta ante el juzgador y lo desconozca; es decir, con un desconocimiento de contenido y firma bastaría para que cualquier documento auténtico pierda su valor probatorio y eso es ilógico y contra derecho, ya que si se acredita con la prueba idónea que una firma es falsa, por más que el supuesto autor se presente a su ratificación o reconocimiento de contenido y firma es imposible autenticarla, porque nadie puede ratificar o reconocer lo inexistente. liv. El criterio de la sala es infundado e inmotivado al afirmar que el juicio de usucapión 263/2014 no fue tramitado en base al fraude procesal cometido por los terceros interesados; ello, porque en base a todo lo que expuso en su primer concepto de violación, resulta plenamente acreditado que todos los terceros se confabularon para urdir múltiples artimañas y ardides, para sorprender la buena fe de los tribunales e inducir al juzgador a emitir una sentencia para declarar procedente la acción de usucapión a favor del tercero ****. lv. Lo anterior, porque a sabiendas de que los terceros **** e **** le vendieron su inmueble a la quejosa **** el veinticuatro de junio de dos mil ocho, todos los terceros maquinaron la forma de superar o dejar sin efectos ese contrato y para ello primeramente elaboraron en abril de dos mil catorce un contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil a favor de un menor de tres años de edad representado por sus padres, para que sirviera como causa generadora de la posesión del menor, de inmediato iniciaron juicio de usucapión para agilizar su tramitación, el tercero **** se presentó ante el juzgado a emplazarse y enseguida le falsificaron un escrito en donde supuestamente se allanó de todas las prestaciones, finalmente se presentó el mismo tercero ante el juzgado a ratificar el contenido y firma del supuesto allanamiento; lo que ha quedado evidenciado en líneas anteriores. lvi. Contrario a la apreciación de la responsable, la falsificación del contrato fechado el veintidós de noviembre de dos mil de los terceros, quedó demostrado con las siguientes probanzas: a. Confesional de la sucesión de ****, a través de su albacea, quien confesó que efectivamente había vendido a la quejosa su inmueble el veinticuatro de junio de dos mil ocho. b. Confesional del tercero ****, quien reconoció que efectivamente fue convencido por los demás terceros interesados de elaborar en abril de dos mil catorce el contrato fechado el veintidós de noviembre de dos mil, para dejar sin efectos el contrato condicional de compraventa de la quejosa y que no recibió ningún dinero por esa supuesta venta. c. Documentales consistentes en contrato condicional de compraventa de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho y recibo de dinero de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce, con pleno valor probatorio. d. Reconocimiento de contenido y firma a cargo del tercero **** que hizo sobre el contrato condicional de compraventa de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho y recibo de dinero de fecha diecisiete de agosto de dos mil doce. e. Reconocimiento de contenido y firma a cargo de la sucesión de **** a través de su albacea ****, que hizo sobre el contrato condicional de compraventa de veinticuatro de junio de dos mil ocho. f. Sobre todo con el reconocimiento y confesión expresa de los terceros interesados ****, **** y **** que hicieron al contestar el hecho 5 de la demanda, de que su contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, adquirió fecha cierta hasta que accionaron su juicio de usucapión el veintiocho de abril de dos mil catorce y textualmente reconocieron: ".aunado lo anterior no debe pasar por advertido que el contrato base de la acción de usucapión adquiere fecha cierta por todas y cada una de las de las actuaciones, aceptaciones y prestaciones que fueron objeto del juicio (de usucapión) que se menciona...".. lvii. Entonces, es totalmente nulo el contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil y, al haberse utilizado como causa generadora de la posesión en el juicio de usucapión de expediente 263/2014, dicho juicio debe nulificarse, y no como lo sostiene infundada e inmotivadamente la responsable al asegurar que la quejosa no logró acreditar la falsedad de ese multicitado contrato fechado el veintidós de noviembre de dos mil. lviii. También es infundado e inmotivado el argumento de la responsable en el sentido de que si el inferior no abrió el juicio a prueba y emitió sentencia para declarar procedente la usucapión con el simple supuesto allanamiento del tercero ****, es porque es una postura o facultad del inferior y que no se infringió ningún precepto legal y que por ello sus argumentos de inconformidad son inatendibles, ya que el juzgador solo actuó conforme al artículo 2.142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual ordena que ante la confesión expresa del demandado, se dicte sentencia, excepto si el juez considera necesario el periodo de pruebas. lix. Sin motivo y sin fundamento alguno la responsable se niega a declarar la nulidad del juicio concluido de expediente 263/2014, porque asegura que la acción de nulidad solo califica la conducta procesal de las partes que litigaron, pero de ninguna manera involucra o atañe al juzgador. lx. Resulta evidente que tanto el inferior como la responsable, abusan de su autoridad y a capricho interpretan los preceptos legales para imponer su criterio equivocado, pues los artículos 1.359 y 2.142 del código adjetivo local ordenan respectivamente Que "...explicará detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión" y "...excepto si el juez considera necesario el periodo de pruebas.". lxi. En este caso tan peculiar, el inferior y la sala necesariamente tenían que explicar detalladamente los fundamentos de su valoración y los motivos de su decisión, para eximir la comprobación plena de la posesión apta para prescribir, no simplemente escudarse en que "es una facultad del juzgador o que queda a su criterio", porque eso se reduce a entender que el juzgador puede decidir a su entero capricho. lxii. Contrario a lo que sostiene la responsable, el juzgador necesariamente debió abrir el juicio a prueba, para que el tercero **** acreditara plenamente la calidad de la posesión del inmueble a prescribir por ser éste un menor de edad y porque cuando supuestamente adquirió el inmueble solo tenía tres años de edad; entonces, el inferior no tenía ningún motivo ni fundamento legal para eximir al accionante de usucapión de probar esa posesión apta para prescribir y el criterio jurisprudencial que invocó se trata de una simple tesis aislada que se reduce a una simple opinión que a nadie obliga su aplicación. lxiii. La responsable invoca diversas tesis para intentar fundamentar sus criterios; sin embargo, son tesis aisladas que se reducen a simples opiniones que a nadie obliga su observancia y con ellos pretende destruir o contradecir los efectos de las jurisprudencias que ella invocó, y cuando invocó preceptos jurídicos, a toda costa intentó adecuarlos a su criterio arbitrario para favorecer a los terceros, pero nunca se mantuvo imparcial para poder aplicarlos con equidad y justicia para ambas partes. lxiv. La responsable tenía que acatar las jurisprudencias que ella invocó, de rubros: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA O USUCAPIÓN. EL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA NO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR POR PARTE DEL ACTOR LOS ATRIBUTOS DE LA POSESIÓN. AL REQUERIRSE DE OTRA U OTRAS PROBANZAS PARA SU CONSTATACIÓN (LEGISLACIONES DEL ESTADO DE TLAXCALA Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO).", "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO.", y "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 97/2013 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA.", por ser obligatorias, por más que sostenga que, como la ciada en primer lugar, localizable con el número de registro digital 2022377, no se había emitido en la fecha en que el juzgador dictó la sentencia de usucapión, entonces no tenía por qué obedecerla. lxv. Sin embargo, el juzgador inferior sí estaba obligado a exigir que se acreditara plenamente la posesión apta para prescribir en la usucapión y su sentencia la emitió de manera infundada, porque no existía ningún precepto jurídico que eximiera al accionante de acreditar todos sus elementos. lxvi. Ahora que se encuentra vigente dicha jurisprudencia, con registro digital 2022377, y la responsable se niega a someterse a ella, con lo que desobedece el mandato de que no basta que el demandado se allane a la demanda; lo anterior, porque con ello, sólo se acredita, en su caso, la causa generadora de la posesión a título de dueño por parte del actor, al ser un hecho que le consta, pero no prueba los atributos de la posesión apta para prescribir, ya que para ello es necesario que la actora aporte las pruebas que resulten idóneas para ese propósito. lxvii. Además, aun cuando a la fecha del dictado de la sentencia en el juicio 263/2014, no estaba vigente la jurisprudencia con registro digital 2022377, tampoco estaba vigente algún precepto jurídico o alguna jurisprudencia que permitiera a ese juez eximir al accionante de acreditar los atributos de la posesión apta para prescribir; por lo cual la responsable debió aplicar la jurisprudencia antes citada y nulificar ese juicio de usucapión, sin que su aplicación sea retroactiva, porque nunca existió antes una jurisprudencia que la contradijera. lxviii. En el caso, el tercero **** no aportó las pruebas idóneas para la acreditar los atributos de su posesión para la procedencia de su usucapión y, tanto el inferior como la responsable, de manera infundada y arbitraria lo eximió de esa obligación colaborando en la conducta fraudulenta de los terceros, pues declaró procedente la acción de usucapión, por lo que ahora se tiene que nulificar ese juicio concluido por esa razón y porque fue falsa la causa generadora de la posesión en esa usucapión. lxix. La responsable invoca el artículo 1.138 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y con él pretende fundar su equivocado criterio, en cuanto a que el juez de usucapión tenía que conseguir una pronta y eficaz administración de justicia y por lo cual emitió la sentencia de usucapión con un simple allanamiento, lo cual es también infundado e inmotivado, porque precisamente ese precepto jurídico ordena que el juzgador: "...deberá tomar las medidas que ordena la ley para prevenir y, en su caso, sancionar cualquier actividad u omisión con la finalidad de impedir el fraude procesal, la colusión v las conductas ilícitas o dilatorias.". lxx. Sin embargo, el inferior en su momento y ahora la responsable, ignoran tal precepto y lo infringen, porque todos los involucrados hicieron precisamente todo lo contrario, pues el tercero se presentó ante el juzgado a emplazarse, luego se allanó, y posteriormente se presentó a ratificar o reconocer el supuesto allanamiento, además la causa generadora de la posesión en la usucapión tiene fecha de cuando el accionante tenía tres años de edad y al momento de accionar el juicio de usucapión, continuaba siendo menor de edad, fueron datos suficientes para que el juzgador de usucapión, hiciera uso de sus facultades que le concede el precepto jurídico antes señalado y abrir el juicio a prueba para que impidiera el fraude procesal por la muy evidente colusión y las conductas ilícitas de las partes, ya que era imposible que un menor de edad ejerciera efectivamente la posesión apta sobre un inmueble para prescribir, pero ese juzgador también se adhirió a los terceros para colaborarles y decidir la procedencia de la usucapión en esas condiciones. lxxi. Es infundado e inmotivado el criterio de la responsable al afirmar que la quejosa no acreditó su posesión material sobre la fracción de terreno en cuestión, porque la posesión no fue materia de litis, pues en su escrito inicial de demanda ella sostuvo que la fracción de terreno materia de la usucapión siempre ha estado en posesión material del tercero **** y que nunca ha estado en posesión material de los demás terceros; mientras que estos contestaron que sí tienen la fracción de terreno en posesión material, pero esa posesión material nunca la acreditaron con las pruebas idóneas en el juicio de usucapión, menos en el presente juicio de amparo, solo ofrecieron la prueba de inspección judicial, pero consta en autos que ni siquiera pudieron tener acceso al interior de la fracción de terreno, sino que solamente permanecieron sobre la calle como se acredita con el acta de la diligencia de inspección y con las fotografías que exhibieron. lxxii. Entonces quienes tenían la obligación de acreditar la posesión material eran los terceros interesados ****, **** y ****, no la quejosa, quien ni siquiera reclamó en su escrito inicial de demanda la desocupación y la entrega física y material de la fracción de terreno en cuestión, por estar en posesión del tercero ****. lxxiii. Si el tercero **** sostiene que ha tenido la posesión material desde que "adquirió" la fracción de terreno, tenía la carga de acreditarlo, pero del acervo probatorio no se desprende ningún indició ni prueba alguna que haga presumir que este tercero tiene en posesión material del terreno, por el contrario, los propios terceros interesados aportaron al sumario actuaciones del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, del expediente 225/2015, en donde consta que **** promovió tercería excluyente de dominio en ese juicio y al final resultó improcedente, de manera que a la otra persona **** se le puso en posesión por la acción plenaria de posesión que accionó (ese otro juicio 225/2015 fue otro ardid de los que ahí intervinieron). lxxiv. Así las cosas, están plenamente acreditados los tres elementos que señalaron tanto el Inferior como la responsable, para la procedencia de la nulidad del contrato de compraventa fechado el veintidós de noviembre de dos mil, pero elaborado en el año dos mil catorce. lxxv. Otorgar la posibilidad de un reconocimiento posterior a una firma falsificada en un juicio, permitiría a las partes una facultad saneadora de "graves deficiencias estructurales". Esto significa que los escritos cuyas firmas no son auténticas, se deben tener por no presentados, aunque el interesado las reconozca como propias, en una manifestación posterior, porque justamente al estar privados de eficacia jurídica impiden cualquier convalidación posterior. lxxvi. Resulta incuestionable el perjuicio que se le ha ocasionado, porque de manera infundada e ilegal se le priva de una superficie de terreno de **** (**** punto **** metros cuadrados), que adquirió a través del contrato base de la acción, el cual fue debidamente reconocido por los vendedores en ese acto, y que consiguió fecha cierta al tiempo de fallecer ****. En principio, son inoperantes los conceptos de violación que cuestionan la sentencia de primera instancia, por haber cesado en sus efectos, pues se dirigen a impugnar las consideraciones del juez de origen, consistentes en que no era necesario exigir al actor que acreditara plenamente la posesión apta para prescribir en la usucapión, así como que su sentencia la emitió de manera infundada porque no existía ningún precepto jurídico que eximiera al accionante de acreditar todos sus elementos, y que declaró improcedente la acción ejercida por la quejosa Sin embargo, la materia del presente juicio de amparo es la resolución de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés pronunciada en el toca de apelación 253/2023; de ahí que no es posible realizar su análisis pues, en atención al principio de sustitución procesal de las actuaciones y resoluciones judiciales, efectuarlo implicaría revisar la decisión primigenia, mientras que el objeto del juicio constitucional es determinar si los fundamentos de la sentencia de segunda instancia emitidos al ocuparse del estudio de los agravios formulados por la hoy quejosa, son o no violatorios de garantías. Los restantes conceptos de violación son infundados en un aspecto y esencialmente fundados en otro, los que se estudian conjuntamente en atención a su estrecha vinculación, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo. Previo a dar respuesta a los restantes argumentos, es oportuno precisar que la ahora quejosa ejerció la acción de nulidad absoluta de contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, celebrado entre los codemandados **** como comprador, y ante su minoría de edad, sus padres **** y **** firmaron en su representación, con **** como vendedor, así como la nulidad del juicio de usucapión 263/2014 concluido, promovido por la madre del entonces infante el veintiocho de abril de dos mil catorce, sustentado en dicho acuerdo de voluntades como causa generadora de su posesión; en el que se dictó sentencia donde se declaró probada la acción el diez de junio de ese año, que causó ejecutoria el veintiséis de ese mes. La nulidad de dicho contrato de compraventa de veintidós de noviembre de dos mil, se fundó en que sus firmantes se coludieron para perfeccionarlo en el año dos mil catorce y le asentaron una fecha retroactiva; y, la nulidad del juicio se apoyó en un fraude procesal. En la sentencia de primera instancia de siete de marzo de dos mil veintitrés, el juez de origen declaró que la actora no acreditó los elementos de la acción sobre nulidad de contrato y nulidad de juicio concluido, por lo que absolvió a los demandados de todas y cada una de las prestaciones reclamadas. Del escrito de allanamiento y la pericial en grafoscopía ofrecida por la actora. Ahora bien, lo infundados de los conceptos de violación atiende a que, la quejosa insiste en que la pericial que ofreció sí acredita la falsedad de la firma que como del demandado aparece en el escrito de allanamiento en el juicio de usucapión 263/2014. Como se precisó, al valorar dicha probanza, el tribunal de apelación calificó de fundados pero inoperantes los agravios, en atención a que, aun cuando la firma asentada por **** en la diligencia de emplazamiento en el expediente 263/2014, resultaba idónea para servir como elemento indubitable, porque fue estampada ante un servidor judicial investido de fe pública, además de ser contemporánea con la signatura cuya falsedad se alegó en juicio, por lo que sí cumplió con las condiciones para servir como base de cotejo; sin embargo, ello no bastaba para considerar que la probanza experticial en grafoscopía, haya sido indebidamente valorada por el resolutor natural. También determinó la sala, que el trabajo presentado por la especialista, ****, propuesta por la accionante, no resultó ilustrativo para dilucidar la cuestión litigiosa vinculada con la autenticidad o falsedad de la signatura dubitada en el proceso, ya que carecía de una base científica sustentable, porque la perito se concretó a señalar que la firma dubitada no proviene del puño y letra de la persona a quien se atribuye su autoría, sin proporcionar las explicaciones pormenorizadas que la llevaron a concluir en ese sentido; que también fue omisa en indicar cuáles fueron los valores, criterios o significaciones, de cada una de las características del orden general y particular que aborda en el estudio; no aclaró qué se debe entender en cada una de ellas o por qué son correspondientes o discordantes. La sala precisó que el dictamen presentado en esos términos no podía considerarse como metódico y especializado, pues si bien, la especialista hizo alusión a la metodología, técnica y equipo utilizados en el desarrollo de su trabajo, además expuso el marco teórico conceptual sobre la disciplina para la cual fue propuesta. Lo cierto era que la perito fue omisa en guiar a la autoridad, sobre las características del orden morfológico de las firmas objeto de estudio, en las cuales advirtió numerosas discrepancias, que la llevaron a determinar lo apócrifo de la signatura dubitada. La sala señaló que las respuestas de la especialista se expusieron en forma enunciativa, no así explicativas de las cuestiones sobre las que se pidió su opinión; sin poner de manifiesto que los señalamientos realizados se encuentren respaldados en los trabajos especializados propios de la disciplina en que fue designada. Precisó que si bien la perito insertó a su dictamen dos cuadros en los que se esbozaron las características del orden general y particular de las firmas materia de confrontación; sin embargo, fue omisa en exponer, de manera pormenorizada y concluyente, en qué consistía cada uno de esos valores o rubros de los cuales partió para sostener la falsedad de la firma asentada al calce del escrito de allanamiento en el juicio de usucapión. Lo que tampoco se vio reflejado en el material fotográfico que insertó al dictamen; situación que conducía a desconfiar del valor intrínseco de dicho estudio. El tribunal de alzada, indicó que para que el trabajo de un especialista en determinada área de conocimiento resultara confiable, precisaba contar con claridad en la exposición, método e instrumentos utilizados; que existiera coherencia en el desarrollo y congruencia con las conclusiones. El dictamen debía contener no sólo el soporte científico, técnico o artístico, sino la explicación razonada que ilustrara al operador jurídico, para que llegara al convencimiento de la existencia de una relación causa efecto entre el objeto de estudio y el resultado que se presentara, y que se encontrara definitivamente probada. Condiciones que no se cumplen en el asunto. Por ende, concluyó la sala, que el dictamen no se encontraba sólidamente motivado, dado que las consideraciones emitidas en él carecen de un respaldo o justificación científica sustentable para tener por comprobada la falsedad de la signatura que se tachó de apócrifa y, por ende, tal probanza fue correctamente valorada por el juzgador natural, cuya determinación se fundó, ya que el jugador invocó los preceptos normativos en los cuales se apoyó para desestimar la eficacia de la pericial ofertada por la actora. Consideraciones que no se encuentran controvertidas por la quejosa, ya que en sus conceptos de violación se concreta insistir en que dicho dictamen sí resultaba suficiente para probar la falsedad de la firma estampada en el escrito de allanamiento de mérito, y solo describe lo indicado en el dictamen, al aseverar: *Después de estudiar y confrontar la firma dubitada con la indubitada, hizo estudio pormenorizado, para arribar a los datos que enlistó en su tabla en donde especialmente se enfocó a señalar: punto de ataque, tipo rubrica, rasgo inicial, momentos gráficos, tensión de línea, enlaces, legibilidad, rasgo final, trazo magistral, gaza, habilidad escritural, signos de puntuación, trazo elíptico, trazo mixto, trazo que parece una letra "a" minúscula manuscrita, el trazo que parece una letra "e" minúscula manuscrita y trazo en zigzag de cada una de la firmas confrontadas y cada uno de estos puntos los identificó y los señaló asignándole un numero arábigo en cada firma; con todos estos datos obtenidos, dio respuesta clara y concreta a todas las preguntas que conforman el cuestionario formulado por la quejosa como parte actora en el juicio. Cuyos argumentos son insuficientes para controvertir las razones por las cuales se le restó valor a tal dictamen, por ser deficiente para guiar al juzgador sobre las características del orden morfológico de las firmas objeto del estudio. Sin que obste que ninguno de los cuatro terceros interesados haya ampliado el cuestionario ni nombrado perito en la materia, pues ello no es probatorio de que estuvieran conscientes de que la firma contenida en el escrito "allanamiento" en el juicio de usucapión 263/2014, era falsa. Lo anterior, porque aun cuando se haya desahogado un solo dictamen pericial, ello no era suficiente para otorgarle pleno valor, ante su deficiencia para comprobar fehacientemente que en realidad el tercero **** no fue quien se allanó ni firmó el escrito de allanamiento presentado en el juicio de usucapión 263/2014. Además, ante la deficiencia de la pericial de mérito para demostrar la falsedad de la firma del escrito de allanamiento, contrario a lo aducido por la quejosa, si bien, por si sola la ratificación de contenido y firma, no lo convalida o le da autenticidad, sí robustece su existencia, dado que no quedó demostrada la falsedad de la firma y, por ende, no se otorgó la posibilidad de un reconocimiento posterior a una firma falsificada en un juicio, ni se permitió a las partes una facultad saneadora de "graves deficiencias estructurales", como lo refiere la inconforme. De la confesión del codemandado. Por otra parte, en la resolución reclamada se confirmaron las determinaciones del juez de primera instancia, al declarar que las pruebas ofrecidas en autos se valoraron adecuadamente sin acreditar las causas de nulidad del contrato y del juicio concluido. Consideraciones que se estiman incorrectas pues, para acreditar las causas de nulidad referidas, la actora ofreció, entre otras probanzas, la confesional a cargo del codemandado ****, desahogada en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, en los siguientes términos: "El absolvente dirá si es cierto como lo es: "1. Que en fecha 24 de junio del año 2008, el absolvente celebró un contrato de compraventa con su articulante ****. "2. Que en fecha 24 de junio del año 2008, el absolvente vendió a su articulante un terreno que tiene **** metros cuadrados de superficie. "3. Que el absolvente firmó el contrato de compraventa de fecha 22 de noviembre del año 2000, hasta el año 2014. "4. Que el absolvente fue convencido por los señores **** y ****, para firmar el contrato de compraventa fechado el 22 de noviembre del año 2000. "5. Que el absolvente no ha recibido ninguna cantidad de dinero por la fracción de terreno que se describe en el contrato de compraventa de fecha el 22 de noviembre del año 2000. "6. Que al absolvente nadie le pagó el precio por la fracción de terreno que se describe en el contrato de compraventa de fecha 22 de noviembre de 2000. "7. Que el absolvente tiene en posesión material de la fracción terreno que se describe en el contrato de compraventa fechado el 22 de noviembre de 2000. "8. Que el absolvente y los demás codemandados, firmaron el contrato de fecha 22 de noviembre de 2000, para quitarle el terreno a su articulante ****.". -Respuestas: "1. Sí. "2. Sí. "3. Sí. "4. Sí. "5. Sí. "6. Sí. "7. Sí. "8. Sí.". Al analizar los agravios formulados contra la valoración de dicha probanza, la sala determinó que resultaban infundados, bajo las siguientes consideraciones esenciales: "Bajo ese tamiz, coincide con la persona juzgadora de origen en cuanto a que, pese a que el codemandado en mención haya contestado afirmativamente las posiciones formuladas, relacionadas con la celebración del contrato base de las acciones intentadas, al igual que con el hecho de haber antedatado el diverso contrato que se tacha de nulo, el que igualmente habría constituido una convención aparente; esa confesión resulta contradictoria con las constancias de autos. "En efecto, en nuestro sistema jurídico procesal no se autoriza el examen aislado de probanzas, sino que éstas deben estar engarzadas de manera lógica, jurídica y armónica, en orden con lo previsto por el numeral 1.359 del código procesal civil. "En ese orden de circunstancias, es destacable que, la admisión de hechos perjudiciales al absolvente no puede tener los efectos pretendidos por la inconforme, pues para la correcta graduación de ese elemento, debe acudirse al alcance que puedan producir las diversas probanzas aportadas a juicio, a fin de relacionarlas entre sí y poder estar en condiciones de determinar la verosimilitud con que haya sido producida la confesión. "Luego, como bien lo apuntó la persona juzgadora de origen, en el asunto específico lo que se observa es que la confesión de hechos propios realizada por el coenjuiciado no se encuentra concatenada o robustecida con distintos medios convictivos y sí, en cambio, resultó contraria a las constancias de autos, lo que la tornó ineficaz para formar convicción en el operador jurídico en lo que atañe a los hechos discutidos en el litigio. "Se destaca también que, la eventualidad atinente a que el absolvente se trate de un adulto mayor, no fue el aspecto que adquirió relevancia para negarle eficacia a la confesional a su cargo, sino el hecho de estar contradicha esa probanza con el diverso material convictivo del sumario, y con la propia postura defensiva que el interesado planteó al contestar la demanda en el juicio de nulidad. "Cobra puntal aplicación, la jurisprudencia: "PRUEBA CONFESIONAL INVEROSÍMIL. VALOR DE LA.". Al respecto, lo esencialmente fundado de los conceptos de violación radica en que, como lo sostiene la quejosa, la valoración de dicha probanza carece de motivación, dado que de esta se evidencia que el codemandado ****, al absolver posiciones, confesó expresamente la celebración del contrato base de la acción, así como haber antedatado el diverso contrato que se tacha de nulo. Ciertamente, aun cuando la responsable sostiene que ello es insuficiente para demostrar la constitución de una convención aparente, y que es ineficaz para acreditar la simulación del contrato del año dos mil, basada en que la admisión de hechos perjudiciales al absolvente no puede tener los efectos pretendidos por la inconforme, pues para la correcta graduación de ese elemento, debe acudirse al alcance que puedan producir las diversas probanzas aportadas a juicio, a fin de relacionarlas entre sí y poder estar en condiciones de determinar la verosimilitud con que haya sido producida la confesión; sin embargo, no motivó en qué consisten las contradicciones, ni qué otras constancias y probanzas del propio juicio de nulidad contradicen la confesión de ****. Por ende, resulta insuficiente para motivar tal valoración el razonamiento del tribunal de alzada relativo que dicha confesional se encuentra contradicha con el diverso material convictivo del sumario, y con la propia postura defensiva que el interesado planteó al contestar la demanda en el juicio de nulidad, pues debió poner de manifiesto a qué material convictivo hacía referencia. Máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia J/2, localizable con el número de registro 221877, invocada como sustento por la sala, de rubro: "PRUEBA CONFESIONAL INVEROSÍMIL. VALOR DE LA.", hace referencia al material probatorio ofrecido en el propio juicio de nulidad, no a las probanzas desahogadas en el juicio tildado de nulo o en diversos; por lo cual las probanzas que deben tomarse en consideración para determinar si la confesión de mérito se encuentra contradicha o no son las ofrecidas y desahogadas en el juicio de nulidad. En tal virtud, a fin de subsanar las infracciones mencionadas, por transgredirse en perjuicio de la quejosa el principio de congruencia y exhaustividad establecido en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como los numerales legales señalados en la demanda de amparo y, por ende, los derechos de legalidad, fundamentación y motivación, otorgados en los preceptos 14 y 16 constitucionales; procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: 1. La sala responsable emita una nueva sentencia, en la cual deje insubsistente la reclamada. 2. En la nueva decisión, de forma fundada y motivada, valore adecuadamente la confesional del demandado ****, así como los restantes elementos probatorios desahogados en autos, a fin de establecer cuál debe prevalecer, y con base en ello determine si acreditan o no las causas de nulidad invocadas por la actora. 3. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva conforme a sus atribuciones. Al ser fundados y suficientes para otorgar el amparo solicitado los conceptos de violación hasta aquí analizados, resulta innecesario el estudio de los restantes y de los criterios que se invocan en la demanda, dado que se desconoce cuáles serán los razonamientos que se emitirán para resolver el asunto, ya que la responsable deberá emitir un nuevo pronunciamiento al respecto que de ser el caso, influirá en el sentido de los diversos conceptos de violación que se plantean. Apoya lo expuesto la jurisprudencia número 168, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro 394124, Quinta Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.". Dicha concesión se hace extensiva al acto de ejecución, en virtud de que no se impugna por vicios propios. Del escrito de alegatos. Por las razones asentadas no es necesario emitir pronunciamiento respecto de los alegatos formulados por los demandados **** y ****, por propio derecho y en representación de ****, en su carácter de terceros interesados, pues en atención a la calificación que se ha dado a los conceptos de violación y que condujo a la concesión del amparo, deben estarse a lo resuelto en ese sentido. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 26/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro 2018276, décima época, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 107, fracción III, V, inciso c), de la Constitución Federal; 73, 74, 75, 76, 185 y 186 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Para los efectos precisados en el considerando que antecede, la Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria. Notifíquese; a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad archívese este asunto como concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados, presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Jacinto Juárez Rosas y Raúl Angulo Garfias, siendo ponente el tercero de los nombrados; quienes firman electrónicamente con el secretario de acuerdos Fernando Lamas Pérez, que da fe.

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