Silvia Durán García y Otros.

Expediente 946/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
946/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2015

Partes del expediente

  • Silvia Durán García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del auto de treinta de octubre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por **********, sin que lo haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención del tomo de prueba formado con el toca de apelación 392/2015 del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, que remitió al rendir su informe justificado, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado por proveído de veintiséis de octubre del año en curso, en el que el magistrado presidente del órgano de su adscripción declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otra autoridad, remite: el original del escrito de demanda de amparo, certificación de ocho de septiembre del presente año, copia certificada del oficio 2608, dos copias simples del escrito de presentación de demanda, las comunicaciones 2452, 2610, 2700 y 2254, así como diversas constancias de emplazamiento y el toca de apelación 392/2015 de la estadística de la sala supracitada; se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 946/2014-IV; acúsese el recibo de estilo correspondiente. b) Tomando en consideración que el acto reclamado no es de aquellos que hace procedente el juicio de amparo directo, con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclama: La audiencia de remate en primera almoneda celebrada el doce de mayo de dos mil quince, dentro del juicio sumario hipotecario ********, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, en la que se declaró fincado el remate sobre el bien inmueble hipotecado, adjudicándose el mismo a favor de la parte actora. La resolución de trece de agosto de dos mil quince, pronunciada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca *********, mediante la cual confirmó la audiencia de remate en cita. Bajo ese contexto, respecto de los actos reclamados precisados, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, del análisis integral de la demanda, así como de las constancias que remetió la autoridad responsable Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en la ciudad del mimo nombre, al rendir su informe justificado, consistentes en el toca de apelación 392/2015 de su estadística, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, ello en virtud de que: Por lo que hace al acto reclamado descrito en el punto 1, consistente en la audiencia de remate en primera almoneda celebrada el doce de mayo de dos mil quince dentro del juicio de origen, en la que se declaró fincado el remate sobre el bien inmueble hipotecado, adjudicándose el mismo a favor de la parte actora, no obstante que la parte promovente no intervino en la misma, tuvo conocimiento por lo menos desde el veinticinco de mayo de dos mil quince, fecha en que presentó el escrito por medio del cual interpuso recurso de apelación en contra de dicha diligencia, tal como se advierte del matasellos que obra al reverso del escrito de referencia; En lo que respecta al acto reclamado precisado en el punto 2, relativo a la resolución de trece de agosto de dos mil quince, pronunciada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 392/2015, mediante la cual confirmó la audiencia de remate en cita, la solicitante del amparo tuvo conocimiento desde el trece de agosto de dos mil quince, fecha en que le fue notificado de manera personal por el actuario adscrito a la sala responsable. Sin que este juzgado soslaye el hecho de que la quejosa, en su escrito de demanda, manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado descrito en párrafo anterior en fecha catorce de agosto de dos mil quince, circunstancia que se desvirtúa con las constancias remitidas por el Magistrado responsable. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió: En el primer supuesto, del veintiséis de mayo al quince de junio del presente año, dado que el aludido plazo se computó a partir del día siguiente de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, esto es el veinticinco de mayo del mismo año, fecha en que presentó escrito por medio del cual interpuso recurso de apelación; En el segundo caso, del diecisiete de agosto al cuatro de septiembre de la presente anualidad, plazo que se computa a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del acto que en esta instancia se reclama, pues se desprende que le fue notificado el trece de agosto pasado. Fueron inhábiles los días treinta y treinta y uno de mayo, seis, siete, trece y catorce de junio, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de agosto, todas las fechas del año en curso. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el siete de septiembre de dos mil quince, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, téngase al promovente señalando como domicilio la lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado, ya que de la interpretación de los artículos 26 y 27 de la Ley de Amparo, se establece que la lista de acuerdos que se fija en los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del órgano de control constitucional correspondiente, lo que faculta a los solicitantes de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) la lista de acuerdos que se fija en los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; lo que lleva a considerar que el gestionante del amparo quiso señalar la lista de acuerdos que se fija en los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto; empero, ello no significa que por dirigirse la demanda a un Juzgado con domicilio en la ciudad de Guanajuato, capital, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se fija en los estrados del tribunal al que inicialmente tocó conocer de la demanda, sino los estrados del que conoce de la demanda de amparo. De igual manera, téngase a la parte quejosa autorizando en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, a José Antonio Muñoz Ortiz, al contar con cédula profesional número 2397018, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; en tanto que a los restantes en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, por no encontrarse en ese supuesto y así solicitarlo. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias que remitió la superioridad y para el mejor manejo del expediente, se ordena formar un tomo de pruebas, el cual contendrá las constancias del toca de apelación 392/2015 del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará presumir su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la Ley, las sentencias ejecutoriadas y las demás resoluciones públicas dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el juzgador. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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