Silvia Díaz Díaz

Expediente 103/2022 tramitado ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
103/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
12/05/2023

Partes del expediente

  • Silvia Díaz Díaz
  • E. L. M.
  • Macrina Lozano Jiménez
  • Titular de la Secretaria de Salud
  • Arturo León Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Amparo en revisión

    SE PUBLICA LA SENTENCIA PRONUNCIADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR EL PLENO DE ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, CUYO PUNTO RESOLUTIVO EN SU PARTE CONDUCENTE SEÑALA LO SIGUIENTE: SE CONFIRMA LA SENTENCIA RECURRIDA; LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Amparo en revisión

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente asunto se encuentra integrado para su resolución; en consecuencia, túrnese a la ponencia de la Suscrita, a efecto de que formule el proyecto de sentencia respectivo.

  3. Queja

    CONSECUENTEMENTE, Y TODA VEZ QUE NO EXISTE ACTO PENDIENTE POR CUMPLIR EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA SU ARCHIVO, PREVIAS LAS ANOTACIONES QUE SE HAGAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, atenta a su contenido, se regulariza el procedimiento, y se ordena notificar a la quejosa, el proveído de veintidós de abril del presente año, del índice del Juzgado oficiante, debiendo requerirla para que señale un domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de dicho juzgado, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo señalado, se tendrá como tal las listas del juzgado de origen, hecho lo anterior como lo solicita la oficiante, remítase la constancia de notificación correspondiente; el proveído de veintidós de abril del presente año, dictado en el amparo directo 454/2022, del índice del Juzgado tercero de Distrito en el Estado de México, que en síntesis dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio del Cuarto Tribunal Colegiada en Materia Administrativa del Segundo Circuito, del que se advierte que mediante auto, del quince de marzo de dos mil veintidós dictado en su juicio de amparo directo 103/2022 declaró carecer de competencia legal para conocer de dicho asunto; de igual forma, remite las documentales que en apoyo su informe con justificación adjuntó la autoridad responsable Magistrada del Tribunal Unitaria Agra rio del Distrito 10, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, consistente en el juicio agrado TUA/DTO.10º /604/2017, que declaró improcedente la vía sucesoria intestamentaria de reconocimiento de derechos agrarios y el juicio de amparo en comento, que contiene la demanda de amparo presentada por Macrina Lozano Jiménez. Acúsese el reciba correspondiente vía electrónica. Este juzgado federal se avoca al conocimiento de La demanda de amparo; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 464/2022-I. Ahora, la quejosa señala como acto reclamado la sentencia del cinco de enero de dos mil veintidós dictada por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en el juicio agrado TUA/DTO.10º /604/2017, que declaró improcedente la vía sucesoria intestamentaria de reconocimiento de derechos agrarios por sucesión promovida por Macrina Lozano Jiménez, a bienes del finado Gabriel Lozano Pérez quien fue ejidatario al interior del poblado denominado San Mateo Municipio de Cuautitlán, Estado de México. En el caso, este juzgador federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Así de los preceptos legales señalados, se evidencia que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días, contados de la forma que estatuye el artículo 18 del propio ordenamiento legal, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado, b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso, se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En este sentido, los supuestos mencionados se excluyen entre si y, además, no guardan relación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo, se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre, invariablemente, en el improrrogable plazo de quince días siguientes. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se indican en el artículo 17 de la Ley de Amparo, de cuya intelección se pone de manifiesto que el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal para promover el juicio de amparo, en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía; tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicia4 como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, re aprehensión, auto de vinculación o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de amparo tiene lugar cuando ésta no se promueve dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. En el caso, de las constancias que adjuntó a la demanda de cuenta específicamente la constancia de notificación, se advierte que el veinticuatro de enero de dos mil veintidós se notificó a la quejosa la resolución reclamada. En ese contexto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción intentada, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal; en esa virtud, el término para presentar su demanda de amparo contra el acto reclamado, comenzó a transcurrir a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos la notificación de la determinación impugnada;. es decir, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, y feneció el dieciséis de febrero siguiente. Lo anterior, sin contar de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de enero, así como cinco, seis, siete, doca, trece, diecinueve y veinte de febrero, todos de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial la Federación vigente. Así, la extemporaneidad en el ejercicio de la acción de amparo se hace patente, pues transcurrieron más de quince días desde la fecha siguiente a la que surtió efectos la notificación del acto reclamado, a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de febrero de dos mil veintidós), lo que pone en evidencia que a esa fecha, había fenecido el plazo de quince días que tenía para hacerlo. Por ello, al no encontrarse el acto reclamado materia del presente Juicio dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el Juicio de amparo, es inconcuso que la demanda origen de este Juicio debió presentarse dentro de los quince días siguientes a que se refiere dicho ordenamiento. En tal virtud, se deseche la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Ahora, dado que la quejosa señaló como lugar para oír y recibir notificaciones la lista electrónica de ese Tribunal, solicítesele que de no tener inconveniente legal alguno sirva ordenar a quien corresponda notifique a la parte quejosa, el contenido de esta determinación y SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DE DICHA NOTIFICACIÓN, SEÑALE UN DOMICILIO DENTRO DE LA RESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO LAS NOTIFICACIONES QUE SE LE DEBAN HACER, INCLUSO LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE REALIZARÁN POR MEDIO DE LA LISTA ELECTRÓNICA DE ESTE JUZGADO. Hecho lo anterior, remita las constancias correspondientes vía interconexión. Se tienen por autorizadas a las personas que señala para los efectos que establece, en la inteligencia que en el supuesto de que sea en términos amplios deberán contar con el registro correspondiente. Con fundamento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite e! uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de actuaciones que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservado, para su uso dentro del local que ocupa este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados."

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