Silvia del Socorro Solis Cardos
Expediente 841/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 841/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Silvia del Socorro Solis Cardos
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por SILVIA DEL SOCORRO SOLÍS CARDOS, contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, consistentes en: " todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral Caja la Sagrada Familia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, en el expediente marcado con el número 405/2009, seguido ante el Juzgado Primero Mercantil ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en específico el inicio de demanda, notificación, embargo, ejecución y remate del predio marcado con el número ciento diez, letra J, de la calle veintiuno de la Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán. Por lo tanto, señalo como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio marcado con el número 405/2009, del juicio ejecutivo mercantil, del índice del Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como sus subsecuentes consecuencias. Por tal motivo, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, en el caso, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte la diversa demanda de amparo 793/2021, del índice de este Juzgado, la cual fue promovida por la citada quejosa Silvia del Socorro Solís Cardos, contra los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, consistentes en: " todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil promovido por la persona moral Caja la Sagrada Familia, Sociedad Cooperativa de Consumo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, en el expediente marcado con el número 405/2009, seguido ante el Juzgado Primero Mercantil ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en específico el inicio de demanda, notificación, embargo, ejecución y remate del predio marcado con el número ciento diez, letra J, de la calle veintiuno de la Localidad y Municipio de Kanasín, Yucatán. Por lo tanto, señalo como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio marcado con el número 405/2009, del juicio ejecutivo mercantil, del índice del Juzgado Primero Mercantil de esta ciudad de Mérida, Yucatán, así como sus subsecuentes consecuencias."; mismo juicio de amparo que el diez de mayo de dos mil veintiuno, se desechó al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en tanto que en dicha demanda de amparo, la quejosa refirió haber tenido conocimiento del juicio promovido en su contra desde el diez de febrero de dos mil veintiuno, al haberse apersonado ese día en el juzgado de origen, de ahí que, desde esa fecha consintió los actos reclamados, motivo por el que se actualizó la citada causal de improcedencia; situación que constituye un hecho notorio para esta juzgadora federal, por corresponder a un expediente de su conocimiento, como lo es el citado juicio de amparo 793/2021, criterio que es justificable, de conformidad con la tesis jurisprudencial número 2ª./J.103/2007, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Ahora, una vez sentado lo anterior, debe decirse que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 405/2009, así como el embargo y sus consecuencias, decretado sobre el predio número ciento diez "J", de la calle veintiuno, de la localidad y municipio de Kanasín, Yucatán, que aduce es de su propiedad y todo lo actuado en dicho juicio. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Así, respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se afirma lo anterior, toda vez que si bien es cierto que la quejosa en la presente demanda de amparo, refirió tener conocimiento del juicio promovido en su contra y demás actos, a partir del diez de mayo del año en curso, al haberse apersonado en esa fecha ante el Juzgado de origen; lo cierto es que, del invocado juicio de amparo 793/2021, se advierte que la propia quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, tener conocimiento del juicio, y demás actos, desde el diez de febrero del año en curso, pues así lo indicó en aquel juicio de amparo, promovido contra los mismos actos reclamados y autoridades responsables, de ahí que, en el caso, deba decirse que es a partir de esta fecha que ya tenía conocimiento de los actos que por esta vía pretende reclamar, a través de un nuevo amparo, y no a partir del diez de mayo del año en curso, como lo pretende, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad, en aquél diverso juicio. Con base en lo narrado en los párrafos que preceden, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el numeral 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son:a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución.Se afirma lo anterior, pues del análisis de ambas demandas de amparo, se desprende que la quejosa tuvo conocimiento del juicio, de que se le declaró en rebeldía, de la sentencia emitida en el juicio de origen 405/2009, del remate del predio embargado, así como la adjudicación del mismo, desde el diez de febrero de dos mil veintiuno, según la manifestación que hizo, bajo protesta de decir verdad, en el diverso juicio de amparo 793/2021, promovido por la propia quejosa, contra los mismos actos y autoridades responsables; por lo que es evidente que, a la data en que presentó la demanda de amparo, que ahora nos ocupa, ésta resulta por demás extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. En ese orden de ideas, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se localiza en la página 890, Tomo VII del mes de mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado para ello en su escrito de demanda, y como medio de contacto alternativo, el correo electrónico que señala en el acuse de recibo de la presentación de esta demanda. Asimismo, téngase como su autorizado para tal fin a Miguel Gidalti Medina Valdez, con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por otro lado, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, para el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Ahora bien, toda vez que el nombre de usuario "miguel76_1" que proporciona la ocursante, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en los Acuerdos Generales 12/2020 y 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través del citado usuario, quedando facultada para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.
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