Silvia del Carmen Espinosa Maceda

Expediente 667/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
667/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Silvia del Carmen Espinosa Maceda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El presente asunto ha causado estado, archívese; consecuentemente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno a fin a que aclarara, corrigiera o demostrara la existencia de la autoridad señalada como: "*", transcurrió del nueve al once del actual mes y año, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y se tiene por no señalada como responsable, por ende, suspéndase toda comunicación con esta. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, mediante el cual rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dar la vista correspondiente, por las razones que se expondrán. Con sustento en el referido numeral y el diverso 119 del citado ordenamiento, se tiene como prueba documental del aludido representante social la copia certificada que acompaña a su ocurso, la que se desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la demanda que dio origen a este asunto, se advierte que la quejosa *, señaló como acto reclamado el siguiente: "La omisión de facilitar la aplicación y acceso a la justicia, así como la ilegal privación de mi propiedad [.] en el sentido de la violación de los términos procesales por parte del perito adscrito a la agencia investigadora al no rendir su peritaje en tiempo, así como el C. agente de Ministerio público al no realizar las diligencias necesarias que faciliten el acceso a la justicia pronta e imparcial y la liberación del vehículo asegurado". De la anterior transcripción, se observa que el acto destacado es: La privación ilegal del vehículo de la peticionaria de amparo, así como la negativa del representante social de devolvérselo. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades que señaló como responsables: Agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial MH-3, Unidad de Investigación 2, dependiente de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; y, Perito adscrito a la Agencia Investigadora de la Coordinación Territorial MH-3, Unidad de Investigación 2, dependiente de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ahora bien, el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, en su informe justificado relató lo siguiente: 1) Que la indagatoria número *, fue iniciada el once de diciembre de dos mil veinte con motivo de la puesta a disposición realizada por personal de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del vehículo de la marca *, toda vez que presentaba alteraciones en su engomado; 2) Que la carpeta de mérito fue radicada por el representante social oficiante el veintinueve de enero de dos mil veintiuno; y, 3) Que una vez realizadas las investigaciones correspondientes, el nueve de marzo pasado, se determinó devolverle la posesión del automóvil mencionado a la quejosa *. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del oficio dirigido al Encargado del Corralón y Anexo de las Coordinaciones MH-4 y MH-5, de nueve de marzo de dos mil veinte, del que se advierte que en esa data se entregó a la parte quejosa el vehículo de la marca *, misma que asentó que recibió el oficio, así como su nombre y firma autógrafa. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone su numeral 2. En este sentido, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que, por ser de orden público, su estudio es preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 del mismo ordenamiento. De la porción normativa en comento, se advierte que dicha causal se materializa cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de que la autoridad responsable revocó o derogó aquel. Con base en esos lineamientos, se concluye que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, emite una nueva determinación que incide directamente respecto al punto controvertido, que trasciende en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, con lo que reestablece a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estima vulnerado. Así, en el caso se actualiza la invocada causal, toda vez que si bien el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo dio inicio a la indagatoria *, con motivo de la puesta a disposición del vehículo propiedad de la quejosa *, al presentar alteraciones en el engomado, lo cierto es que el nueve de marzo de dos mil veintiuno dicho agente ministerial ordenó la devolución del mencionado automóvil a la peticionaria de amparo, por tanto, el acto que por esta vía se reclama dejó de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos. Máxime que, en el escrito de cuenta firmado electrónicamente por la quejosa *, esta manifestó lo siguiente: "[.] Que por medio del presente escrito, vengo a informar a este H. Juzgado, que a la fecha, la autoridad responsable, me entregó la posesión del vehículo de mi propiedad, que se describe a continuación: * Por lo que solicitó (sic) a su Señoría, dicte acuerdo mediante el cual se tenga al presente juicio como sobreseído, en virtud de carecer de materia [.]". De lo anterior, se desprende que la parte quejosa al considerar que el acto inicialmente reclamado ya no vulnera su esfera jurídica, solicita la terminación de este juicio de amparo. Así, al actualizarse una causal notoria y manifiesta, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XXI, de la legislación en comento. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.

  3. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO SE COMUNICÓ VÍA TELEFÓNICA CON EL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO, NI ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PREVIA CITA A FIN DE NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA:"Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en auto de uno de marzo de dos mil veintiuno a fin a que aclarara, corrigiera o demostrara la existencia de la autoridad señalada como: "*", transcurrió del nueve al once del actual mes y año, sin que hiciera manifestación alguna; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y se tiene por no señalada como responsable, por ende, suspéndase toda comunicación con esta. Por otro lado, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, mediante el cual rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dar la vista correspondiente, por las razones que se expondrán. Con sustento en el referido numeral y el diverso 119 del citado ordenamiento, se tiene como prueba documental del aludido representante social la copia certificada que acompaña a su ocurso, la que se desahoga en virtud de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de la demanda que dio origen a este asunto, se advierte que la quejosa *, señaló como acto reclamado el siguiente: "La omisión de facilitar la aplicación y acceso a la justicia, así como la ilegal privación de mi propiedad [.] en el sentido de la violación de los términos procesales por parte del perito adscrito a la agencia investigadora al no rendir su peritaje en tiempo, así como el C. agente de Ministerio público al no realizar las diligencias necesarias que faciliten el acceso a la justicia pronta e imparcial y la liberación del vehículo asegurado". De la anterior transcripción, se observa que el acto destacado es: La privación ilegal del vehículo de la peticionaria de amparo, así como la negativa del representante social de devolvérselo. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades que señaló como responsables: Agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial MH-3, Unidad de Investigación 2, dependiente de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México; y, Perito adscrito a la Agencia Investigadora de la Coordinación Territorial MH-3, Unidad de Investigación 2, dependiente de la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ahora bien, el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo, en su informe justificado relató lo siguiente: 1) Que la indagatoria número *, fue iniciada el once de diciembre de dos mil veinte con motivo de la puesta a disposición realizada por personal de la policía preventiva de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del vehículo de la marca *, toda vez que presentaba alteraciones en su engomado; 2) Que la carpeta de mérito fue radicada por el representante social oficiante el veintinueve de enero de dos mil veintiuno; y, 3) Que una vez realizadas las investigaciones correspondientes, el nueve de marzo pasado, se determinó devolverle la posesión del automóvil mencionado a la quejosa *. Lo anterior, se corrobora con la copia certificada del oficio dirigido al Encargado del Corralón y Anexo de las Coordinaciones MH-4 y MH-5, de nueve de marzo de dos mil veinte, del que se advierte que en esa data se entregó a la parte quejosa el vehículo de la marca *, misma que asentó que recibió el oficio, así como su nombre y firma autógrafa. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone su numeral 2. En este sentido, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que, por ser de orden público, su estudio es preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 del mismo ordenamiento. De la porción normativa en comento, se advierte que dicha causal se materializa cuando las consecuencias del acto reclamado, causantes de un perjuicio a la esfera jurídica del gobernado, han desparecido, es decir, que se haya extinguido el motivo que originó la transgresión a los derechos de una persona, en virtud de que la autoridad responsable revocó o derogó aquel. Con base en esos lineamientos, se concluye que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto; o, también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, emite una nueva determinación que incide directamente respecto al punto controvertido, que trasciende en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, con lo que reestablece a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que estima vulnerado. Así, en el caso se actualiza la invocada causal, toda vez que si bien el agente del Ministerio Público Responsable en MH-3, adscrito a la Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo dio inicio a la indagatoria *, con motivo de la puesta a disposición del vehículo propiedad de la quejosa *, al presentar alteraciones en el engomado, lo cierto es que el nueve de marzo de dos mil veintiuno dicho agente ministerial ordenó la devolución del mencionado automóvil a la peticionaria de amparo, por tanto, el acto que por esta vía se reclama dejó de incidir en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo tal que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos. Máxime que, en el escrito de cuenta firmado electrónicamente por la quejosa *, esta manifestó lo siguiente: "[.] Que por medio del presente escrito, vengo a informar a este H. Juzgado, que a la fecha, la autoridad responsable, me entregó la posesión del vehículo de mi propiedad, que se describe a continuación: * Por lo que solicitó (sic) a su Señoría, dicte acuerdo mediante el cual se tenga al presente juicio como sobreseído, en virtud de carecer de materia [.]". De lo anterior, se desprende que la parte quejosa al considerar que el acto inicialmente reclamado ya no vulnera su esfera jurídica, solicita la terminación de este juicio de amparo. Así, al actualizarse una causal notoria y manifiesta, resulta procedente SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, en términos del ordinal 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XXI, de la legislación en comento. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO."

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta. En consecuencia, se ordena la reanudación de este juicio de amparo. Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que en acuerdo de treinta de diciembre de dos mil veinte se reservó fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, lo anterior, con motivo de la contingencia sanitaria originada por la enfermedad COVID-19. En tales condiciones, se fijan las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que se celebre la audiencia constitucional. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, en la inteligencia que si desean comparecer a la audiencia deberán informarlo con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación a este órgano de control constitucional para poder generar los códigos QR correspondientes. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables. Dese la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en términos del arábigo 5°, fracción IV, de la mencionada legislación. De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la referida contingencia sanitaria, se exhorta a las partes y sus autorizados, a que de ser posible, privilegien la presentación de promociones vía electrónica a través del esquema de "juicio en línea", para lo cual, podrán solicitar el acceso al expediente electrónico de este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea, bajo la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx; o bien, al correo electrónico 14jdo1ctoap@correo.cjf.gob.mx. En términos de lo dispuesto en el artículo 22 del referido acuerdo general, se exhorta a las partes y sus autorizados, a fin de que propongan formas de contacto, como pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea; lo anterior para el debido seguimiento de los expedientes. Por otro lado, visto el estado procesal, se advierte que en acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte se reservó hacer el pronunciamiento correspondiente respecto a la inexistencia de la autoridad responsable señalada por la parte quejosa como: "PERITO ADSCRITO A LA AGENCIA INVESTIGADORA DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL MH-3, UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 2, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN TERRITORIAL EN MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO". En consecuencia, con fundamento en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone su numeral 2°, dese vista a la parte quejosa a efecto de que en el plazo de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos la legal notificación, aclare, corrija o demuestre la existencia de la autoridad antes referida. En el entendido de que, de no realizarlo, se hará efectivo el apercibimiento decretado párrafos que anteceden, esto es, se tendrá por no señalada como responsable y se suspenderá toda comunicación con esta.

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