Silvia de Santiago Ortega

Expediente 3322/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
3322/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/01/2019

Partes del expediente

  • Silvia de Santiago Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de enero de dos mil diecinueve.Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término establecido por el artículo 98 de la citada ley, en contra del auto de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el presente juicio de amparo, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. III. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley.Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido.En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I, vigésimo primero, fracción II y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general.Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los cuadernos incidentales de los que derivan del presente juicio de amparo, se advierte que el pasado seis de septiembre de dos mil dieciocho, se remitieron los autos originales de los cuadernos incidentales, a la Oficialía de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el delegado del Procurador de Desarrollo Urbano, el cual le toco conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por tanto, se ordena girar oficio a la tribunal antes citado, para los efectos legales que haya lugar.En acatamiento al punto Décimo Primero del citado acuerdo Plenario, se previene a la parte quejosa para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hubiera exhibido en este expediente, apercibida que de no cumplir con lo anterior, dicha documentación podrá ser destruida.

  3. Principal

    Recurso integrado. Vistos los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo. Remítanse. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo, así como el original del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer.

  4. Principal

    Vías de cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por el Director Jurídico de Ingresos de la Procuraduría Fiscal, en representación del Titular de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento al fallo protector; al respecto, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. Requerimiento. Al respecto, con fundamento en los artículos 192, y del 193 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del presente auto, acredite haber emitido el contrarecibo y cheque correspondientes en favor de la parte quejosa, así como que ya practicó la notificación oportuna a efecto de que acuda a recogerlos, o bien, que ya llevó a cabo la devolución ordenada en el presente juicio constitucional; remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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