Silvia Daniela Rojas Gallegos
Expediente 941/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 941/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Silvia Daniela Rojas Gallegos
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio número 32384/2021, firmado por la Secretaria adscrita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, enviado vía electrónica, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 941/2021-I, formado con la demanda de amparo promovida por Silvia Daniela Rojas Gallegos, por su propio derecho e informa que acepta la incompetencia declinada por este Juzgado Federal y se avoca al conocimiento del asunto; consecuentemente, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Acapulco, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por Silvia Daniela Rojas Gallegos, por su propio derecho, contra actos del Gerente del Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y en el transitorio tercero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, fórmese el expediente impreso y electrónico, haciéndose las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 941/2021- I. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. Ahora bien, de un estudio efectuado a la demanda que nos ocupa, se advierte que la parte promovente acude a este Órgano Jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las siguientes autoridades responsables: -Gerente del Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez, con sede en la Ciudad de México. - Directora General del Servicio Postal Mexicano, con sede en la Ciudad de México. - Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con sede en la Ciudad de México. - Verificador Aduanal (Personal del SAT), con sede en la Ciudad de México. - Correos de México (Área Operativa Trámites Especiales), también conocido como Servicio Postal Mexicano (Área Operativa Trámites Especiales), con sede en la Ciudad de México. - Administrador de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y como actos reclamados la emisión del oficio con código de control interno C-15085, a través del cual se le impone el deber de efectuar un trámite aduanal para liberación de un paquete dirigido a su persona, proveniente de los Estados Unidos de América; así como la revisión del mismo con número de guía CH141252602US; la retención del referido paquete; la imposición de contratar un agente aduanal para su liberación; el cobro del almacenaje y la determinación de pasar dicho paquete a ser propiedad del fisco federal. La competencia constitucional de los Jueces de Distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el numeral 37 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" Este precepto es claro al establecer que el juicio de amparo se promoverá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará al informe de la autoridad señalada como responsable; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por lo que, este Juzgado de Distrito considera que carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que enseguida se exponen: Para arribar a tal determinación es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: LEY DE AMPARO: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trata de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto 37 se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación en el orden siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en el lugar en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y se siga ejecutando en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por lo cual, en principio, debe calificarse el acto reclamado a fin de establecer si posee ejecución material o bien, si se trata de un acto que tenga efectos meramente declarativos. En caso de que el acto reclamado conlleve una ejecución material, se deben analizar las características de ésta. El análisis de la ejecución se debe llevar a cabo vinculando los efectos de los actos reclamados con la garantía constitucional que se encuentre en juego, es decir, se deben ponderar las consecuencias directas que produce el acto, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. De lo anterior, se advierte que el lugar de ejecución del acto impugnado juega un papel preponderante para determinar la competencia por territorio de los jueces; empero, no obstante esa singular relevancia, también debe atenderse a la naturaleza jurídica de los referidos actos, pues existen casos en los que se impugnan actos dictados en un juicio o procedimiento que se tramita en el ámbito de competencia de un determinado Juez de Distrito, pero que puede tener diversas consecuencias legales en otras circunscripciones territoriales, supuesto en el que debe analizarse cuál es la materia sobre la que versará el juicio de amparo, es decir, debe verificarse cuál es el acto principal atrayente y, fundamentalmente, quién es la parte que ejerce la acción de garantías. De la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la promovente del amparo designa como autoridades responsables todas residentes en la Ciudad de México y el acto reclamado se ejecuta en dicho lugar; que conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ejercer jurisdicción en ese lugar. Asimismo, la impetrante señala actos reclamados de ejecución fuera de la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional, ya que de los hechos que narra en su escrito de demanda, se aprecia que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, personal de Correos de México o Servicio Postal Mexicano, le hizo entrega en su domicilio ubicado en esta ciudad, de un documento firmado por Ana Karen Barrón Cruz, Gerente del Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez, con sede en la Ciudad de México, identificado con el número de control interno C-15085, en donde se especificaba que tenían bajo su resguardo un paquete dirigido a su persona, proveniente de los Estados Unidos de América, ya que al momento de ser verificado se constató que debía ser liberado por una Agencia Aduanal, y que se cobraría almacenaje a partir del día en que el envío es detenido por la aduana, hasta que sea liberado, por la cantidad de $6.00 (seis pesos 00/100 moneda nacional), por día; por lo que, es incuestionable que la ejecución material de los actos reclamados, necesariamente se ejecutaron y seguirán ejecutándose en la Ciudad de México, esto es, como ya se dijo fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal. En tales circunstancias, la competencia para conocer del presente juicio de amparo se surte a favor de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del Acuerdo General 5/2013 que adicionó el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable por analogía la tesis integrada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil doscientos noventa y nueve, del Tomo XIV, agosto de dos mil uno, Novena Época,..., dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Asimismo, la tesis I.15o.A.41 K integrada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página dos mil doscientos ochenta y ocho, del Tomo XXXIII, Marzo de dos mil once, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ..., Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En las anotadas condiciones, de conformidad con el considerando Sexto y el artículo 21 del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integren; remítase vía acelerada la demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que se hagan las anotaciones correspondientes y lo turne al Juez de Distrito que corresponda, a fin de que en términos de lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, resuelva dentro de cuarenta y ocho horas, si acepta o no el conocimiento del asunto. Fórmese cuaderno de antecedentes, que deberá integrarse con copia certificada de la demanda de garantías, debiendo además realizarse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales y estadísticos a que haya lugar. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica, y como autorizados en términos de la primera parte, segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José Luis Gallegos Peralta, Erick César Miranda Gallegos, José Guadalupe Ramos Guerrero, Wilmar Alexander Méndez Jiménez, Viridiana Arizmendi Villasana, Jocabeth Izquierdo Bello y Pedro Benítez Cabrera, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredite para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y a las restantes personas únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no cubrir ese requisito. De igual manera como lo solicita la promovente, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las claves de usuarios Alber, jguadaluperamos, Jiménez-27, Arizmendi-30 y JOCABETH21, para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que registraron en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En otro contexto, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que en lo subsecuente únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, autorizando las claves de usuarios mencionadas; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial De la Federación el nueve de mayo del dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.? Notifíquese personalmente a la promovente del amparo.
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