Silvia Cindy Ramírez Dorantes
Expediente 187/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/02/2021
Partes del expediente
- Silvia Cindy Ramírez Dorantes
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/51/2021 de trece de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de la misma fecha, determinó la readscripción de quien suscribe a este órgano jurisdiccional con efectos a partir del dieciséis de febrero del mismo año. En consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." En ese orden, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día en que reciban el oficio en el que se les notifica el contenido del presente acuerdo, acusen el recibo correspondiente, el que podrán remitirlo por correo ordinario al domicilio ubicado en avenida Paseo de los Héroes, número 10540, octavo piso, Zona Río, código postal 22010,Tijuana, Baja California o por correo electrónico 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, solicitándoles que hagan referencia al juicio de amparo en que se actúa y al número de oficio que se les remite para una mejor identificación del mismo; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá la multa equivalente a 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese al presente expediente, el oficio de cuenta firmado por la Delegada de la autoridad Dirección de Asuntos Jurídicos de SE-ISEP, mediante el cual informa las gestiones tendientes a cumplir el requerimiento que le fue formulado, en auto de veintinueve de enero del presente año, y adjunta oficio 325/2021 dirigido a la Directora de Administración de Personal de la SE-ISEP, a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones de respuesta de forma inmediata a la quejosa al escrito presentado en seis de enero de dos mil veinte, de lo que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la certificación de cuenta se advierte que derivado de la circular CAP/3/2020, relativo a la "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, entre otras cosas, determina suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron, primordialmente en aquellos asuntos catalogados con el carácter de urgente. Asimismo, la CIRCULAR SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, determinó suspender en su totalidad las labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación, del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno con las excepciones y salvedades que en cada uno se establecieron, primordialmente en aquellos asuntos catalogados con el carácter de urgente. Posteriormente, el dieciséis de enero en curso, se emitió la circular SECNO/4/2021, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos con sede en la Ciudad de México, en la que se hizo del conocimiento que en sesión celebrada en esa fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 19 al 25 de enero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19". Asimismo en dicha se sesión se determinó el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19"; y, en su punto 2., se adoptaron las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, de aquel Acuerdo General, estableciéndose como nueva fecha límite el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado. Caso concreto Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa en el presente juicio de amparo. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Dirección de Administración de Personal del Sistema Educativo Estatal SEBSISEP, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe y remita las constancias a este Juzgado de Distrito, con las que acredite el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada dentro del presente juicio; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización, multiplicada por cien, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el amparo y la protección de la Justicia Federal concedido a la parte quejosa, lo fue para que: Dé respuesta a la solicitud presentada por la aquí quejosa Silvia Cindy Ramírez Dorantes, el seis de enero de dos mil veinte. Hecho lo anterior, con la misma prontitud, notifique la misma a la quejosa. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que de no quedar cumplida dicha ejecutoria sin causa justificada, en el plazo fijado, se hará pronunciamiento al respecto, se impondrá la multa procedente y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, para seguir el trámite de inejecución que podría culminar con la separación del puesto y su consignación. Lo anterior en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Comuníquese lo anterior a la autoridad correspondiente; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Resuelve Único. La Justicia Federal ampara y protege a Silvia Cindy Ramírez Dorantes, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección de Administración de Personal del Sistema Educativo Estatal SEBS-ISEP, con residencia en Mexicali, Baja California, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. treinta de octubre de dos mil veinte Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veinte. Visto el estado actual de los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiséis de agosto del año en curso, se ordenó levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado; sin que dicho acuerdo haya sido notificado personalmente a las partes para su debido conocimiento. Por lo anterior, a fin de que las partes se impongan de su contenido, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial que corresponda, a fin de que les notifique de manera personal el proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte. Asimismo, a fin de tener certeza de que la autoridad responsable se imponga del contenido de dicho proveído, reexpidase de nueva cuenta el oficio 10229/2020, al domicilio proporcionado para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; para su conocimiento y efectos legales conducentes. Finalmente, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veintiuno de octubre del año en curso, señalándose como nueva fecha para su celebración, las trece horas con veinte minutos del treinta de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a las partes; así como el diverso auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte.
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