Silvia Ceballos Guevara

Expediente 1179/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1179/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Silvia Ceballos Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, que remite el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual envía la diversa misiva suscrita por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 1179/2022 y testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 211/2022, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO.- Es infundado el presente recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos al citado Órgano Colegiado, toda vez que está formado con copia de los autos de este juicio, desincorpórense las constancias originales y glósense de forma consecutiva al expediente original; ordenándose la destrucción de las copias simples con que se formó tal cuaderno Por tanto, considerando lo resuelto por el tribunal revisor, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. -VALORACIÓN: No es de relevancia documental. -DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. -DOCUMENTOS: La promovente no allegó documentos al presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretados en sentido contrario, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que signa y envía electrónicamente, el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con el que notifica el auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, del que se advierte que el Magistrado Presidente de ese Tribunal acusa recibo del diverso por el que se remitió el escrito de agravios y el expediente original, con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte promovente, contra el auto que desechó la demanda de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió y quedó registrado con el número de recurso de queja 211/2022. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101, del referido ordenamiento legal, a través del presente acuerdo la suscrita rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniendo su legalidad; acuerdo que deberá acompañarse con las firmas electrónicas de los funcionarios que lo suscriben. En apoyo a dicho informe remítanse las constancias originales que integran el presente juicio de amparo, además del escrito de expresión de agravios y copia de él para la representación social, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para la tramitación de la queja interpuesta; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, cinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos que reclama del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Partido Judicial de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 1179/2022; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente respecto del acto reclamado que, en lo medular consiste en: La determinación de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del partido judicial de Guanajuato capital, dentro del juicio especial civil hipotecario *****, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el que se reconoció la personalidad de *****, como cesionario de los derechos de cobro de crédito, que le transmitió *****, sin que le notificaran a la promovente del amparo dicha cesión. Así es, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que en su caso se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso concreto, respecto de lo alegado en esta instancia, se actualiza la causal invocada, en virtud de que la solicitante del amparo es demandada en el juicio de origen, por lo que es parte formal y material en aquel asunto y el acto fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Se afirma lo anterior, pues de los antecedentes narrados por la quejosa se desprende que en el juicio de origen: 1.- El dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia, la que se aclaró el veintiséis siguiente; asimismo, el seis de agosto de dos mil veintiuno, se emitió sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de intereses instado por la parte actora, en la que se condenó a la parte demandada -quejosa- por tal concepto, misma que fue modificada en segunda instancia. 2.- Asimismo, que ***** solicitó a la autoridad señalada como responsable le reconociera el carácter de cesionario de los derechos de cobro de crédito en el juicio de origen, para lo que exhibió un contrato de cesión de derechos realizado entre tal persona y *****; por el que en auto de doce de agosto del año en curso, el a quo le reconoció tal personalidad. 3.- Inconforme con lo anterior, la parte demandada -quejosa- interpuso recurso de revocación y el cinco de septiembre de dos mil veintidós se emitió la resolución correspondiente en la que se confirmó el acuerdo impugnado (resolución que constituye el acto reclamado). En este orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que, en su caso, apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que en el caso no acontece, puesto que, como se precisó, a través del acto reclamado, el Juzgado responsable confirmó el acuerdo en el que reconoció a ***** el carácter de cesionario de los derechos de cobro de crédito en el juicio de origen, transmitidos por la parte actora, pero no se trata de la determinación definitiva dentro de la etapa de ejecución de sentencia en el juicio de origen, pues no declaró el cumplimiento de ésta o la imposibilidad para ello, ni mucho menos ordenó el archivo del expediente. Cuestión que hace improcedente el juicio de amparo. Ello es así, pues la resolución que reconoce la cesión de derechos de crédito en ejecución de sentencia no afecta derechos sustantivos, sino solamente genera efectos de naturaleza procesal, habida cuenta que permite al cesionario participar e intervenir en dicho momento procesal con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena materia de la sentencia definitiva. Se consideró lo anterior, dado que al sustituirse el cesionario en los derechos del cedente, adquiere la facultad de llevar a cabo todos los actos que la legislación procesal le permite tendiente a ese fin, es decir, a la ejecución de la cosa juzgada, lo cual acontece en sede jurisdiccional a través de actos eminentemente procesales. En efecto, el cambio en la persona del ejecutante no conlleva afectación de naturaleza sustantiva alguna en perjuicio del ejecutado, puesto que, en todo caso, éste se encuentra vinculado a acatar la sentencia definitiva, otorgando las prestaciones que constituyeron la materia de dicha resolución, es decir, entregando la cantidad o cosa debida ante la autoridad judicial, quien si previamente reconoció la calidad de cesionario litigioso al nuevo acreedor, deberá de igual forma aceptar el pago o la entrega de la cosa que el enjuiciado otorgue para liberarse de su obligación, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor, con apego a las disposiciones previstas en la legislación adjetiva, porque el reconocimiento de la cesión no es ajena a la cosa juzgada. Por otra parte, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la quejosa, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, pues, como acontece en la demanda que nos ocupa, el acto reclamado no afectó derecho sustantivo alguno en perjuicio de la promovente ni es ajeno a lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En efecto, el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquélla como la que, en su caso, aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento o bien, ordena el archivo definitivo del expediente; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, pues el juicio de amparo prospera, como se dijo, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente, siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa a que proponga diversos medios de contacto, que pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para que sean considerados como medios de contacto. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación, considerando la urgencia del asunto. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28, del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Para tal efecto, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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