Silvia Castillo Hernández
Expediente 1200/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 42 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 42
- Última actuación
- 10/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Silvia Castillo Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 42.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento. En ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 161/2020 el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó la sentencia dictada en este juicio y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Silvia Castillo Hernández, contra el acto que reclamó de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí. En proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los autos de este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, mediante diversos oficios registrados en este juzgado con folios 15951 (f. 191), 232 (f. 207), 433 (f. 267), 437 (f. 273), 917 (f. 361), 1242 (f. 385), 1374 (f. 408), 1591 (f. 420), 1604 (f. 424), 2013 (f. 449), 2014 (f. 458), 2295 (f. 474) y 2569 (f. 542) la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que, en acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Inconforme con lo anterior la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito quien lo declaró fundado pues estimó que, las autoridades responsables acreditaron: -Haber informado mediante oficio CEEAV/UPC/DG-1000- 2020, notificado personalmente a la quejosa, que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten indispensables para lograr su reincorporación a la vida social, entre los que se encuentran la asistencia médica y psicológica y asesoría jurídica por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. -Afirmaron haber gestionado y/u otorgado a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, dado que ante los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la quejosa será identificada con la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019 y con el carnet de citas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los referidos Servicios de Salud. -Demostraron haber inscrito a la quejosa ante el sistema de salud público correspondiente; ello, pues a través de los oficios CEEAV/UPU/DG-0923/2020 y 02589 se aprecia que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas solicitó la colaboración de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, para que briden a la quejosa atención médica, psicológica, psiquiátrica y de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral; así como que, para recibir dicha atención en los centros de salud y hospitalarios de los Servicios de Salud de San Luis Potosí basta presentar el acta de nacimiento o clave única de registro de población en la unidad a la que se acuda, de conformidad con los artículo 77 bis 1, 77 bis 2 y 77 bis de la Ley General de Salud. Sin embargo, estimó que el formato de control de actas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, no constituye la credencial a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, pues sólo es un simple registro de citas ante el aludido centro de salud mental, por lo que no resulta apto para identificar a la quejosa, en su calidad de víctima, ante todo el sistema de salud, con el fin de garantizar que se le asista y atienda de forma urgente para efectos reparadores. Asimismo, refirió que si bien la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con folio REGEV-VI2-130/2019, pudiera servir para identificarla ante el sistema de salud, no se demostró que se le hubiera entregado, ni que los Servicios de Salud de San Luis Potosí hubieran celebrado algún convenio con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí en donde así se hubiese establecido, ni tampoco que ello se hizo del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de dichos Servicios de Salud, a fin de que se encuentre garantizada la asistencia y atención urgentes a la quejosa. Por lo que, resolvió que, para poder tener por cumplida la ejecutoria de amparo, la responsable debía acreditar expedir a la quejosa una credencial por lo menos de carácter provisional, hasta que se implemente de manera general la credencialización a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado y además que dicho carnet temporal sea reconocido por los Servicios de Salud de San Luis Potosí en todos sus centros de salud y hospitalarios; o bien, acredite que hizo entrega de la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2- 130/2019, que los Servicios de Salud de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, convinieron en reconocer a esa cédula como medio de identificación de las víctimas ante el sistema de salud con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores, y que ello se haga del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de dichos servicios. Por lo anterior, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a ello, el Director General y Encargado del Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud y la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, remitieron los oficios folios 17300, 18003, 17999 y 18592. Con lo anterior, mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. En la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "1. Continúe otorgándole, de forma inmediata, la atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral, y los medicamentos, material médico, quirúrgico, prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera conforme al dictamen médico correspondiente, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas o cualquier otro servicio relacionado con los daños causados como consecuencia del hecho victimizante; en la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, podrá gestionar u otorgar el carnet que la identifique como víctima ante el sistema de salud publico respectivo, a fin de que sea en éste donde se le otorguen dichos servicios, o bien, cuando no sea así, ya sea por la urgencia requerida o porque dicho sistema de salud público no cuente con el servicio requerido, los cubra directamente con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de San Luis Potosí. 2. En caso de que la institución médica a la que haya acudido la quejosa con anterioridad a esta sentencia, o bien, a la que acuda o sea enviada con posterioridad, no cumplan con lo señalado en el punto 1 anterior y los gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la Comisión Ejecutiva Estatal se los debe reembolsar de manera completa y expedita; y, 3. Ponga a disposición de la quejosa el servicio de asesoría jurídica gratuita que presta en el momento en que lo requiera." Asimismo, en dicha ejecutoria la Superioridad precisó que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo la autoridad responsable debía: a) Acreditar que informó por escrito notificando personalmente a la parte quejosa que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten necesarios para lograr su reincorporación a la visa social, entre los que se encuentra la asistencia médica y psicológica, y asesoría jurídica, por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. b) Demostrar haber gestionado y/u otorgado a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, así como haberla inscrito ante el sistema de salud público que corresponda. Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo la autoridad responsable y las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento informaron lo siguiente: - Oficio folio 15951 recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas informó que, mediante oficio CEEAV/UPC-923/2020 solicitó a la Dirección General de los Servicios de Salud en el Estado, colaboración para atención médica de la quejosa y por diverso CEEAV/UPC/DG-1000/2020 hizo del conocimiento a la quejosa que se encuentran a su disposición los servicios multidisciplinarios y especializados necesarios para su reincorporación a la vida social, asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica, así como los recursos del fondo estatal. -Oficio folio 232 recibido el trece de enero de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable remitió nuevamente los diversos CEEAV/UPC-923/2020 y CEEAV/UPC/DG-1000/2020, así como la constancia de recibido de este último por parte de la quejosa. -Oficio folio 433 recibido el dieciocho de enero dos veintiuno, por el cual la responsable informó que el oficio de colaboración CEEAV/UPC/GG-923/2020 es el documento con el que se garantiza la atención médica inmediata y prioritaria a la quejosa en los términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas. -Oficio folio 437, recibido el dieciocho de enero de este año, en el que el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Atención Pública Estatal denominado Servicios de Salud, informó que la quejosa no acudió a la valoración psicológica que tenía programada para el doce de enero en el Centro Integral de Salud Mental y que tenía programada una cita en dicho lugar para las ocho horas con quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiuno. -Oficio folio 1242, recibido el tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, remitió (1) copia certificada de la solicitud de colaboración CEEAV/UPC/DG-0923/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte; (2) memorándum CEEAV/UPC/TS-1416/2020 de diecisiete de diciembre pasado; (3) acta circunstancia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; (4) memorándum CEEAV/UPC/TS-30/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno; (5) citatorio de quince de enero del año en curso; (6) oficio CEEAV/UPC-DG-025/2021 de veintinueve de enero del presente año; y, (7) cédula de registro folio REGEV-V12-130/2019 a nombre de Silvia Castillo Hernández, por la que se le notificó su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y manifestó que no se encontraba en condiciones de expedir carnet a la quejosa o gestionarlo -en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas-, porque su entrega deberá formar parte de un proceso de credencialización gradual y progresivo, cuyas bases podrían corresponder al Sistema Estatal de Atención a Víctimas o al Programa Estatal de Atención Integral; asimismo, manifestó que envió el oficio CEEAV/UPC/DG025/2021 a la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado, para que brinden atención médica prioritaria e inmediata a la quejosa. -Oficio folio 1374, recibido el nueve de febrero de este año, por el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el proceso que inició para la entrega a la quejosa del carnet que señala el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí; para lo cual giró oficio a la Secretaría General de Gobierno del Estado para que sometiera a consideración de los integrantes del Sistema Estatal de Atención a Víctimas la aplicabilidad de dicho numeral en relación al otorgamiento de carnet y proceso de credencialización; y, señaló que, los Servicios de Salud del Estado por conducto de la Subdirectora de Asuntos Jurídicos, le informaron que se encuentran a disposición de la quejosa la atención médica, psicológica y psiquiátrica, además de que, se había designado a Patricia Guadalupe Núñez Hernández como la responsable de seguimiento, coordinación y gestión; asimismo, señaló que ante tales servicios la quejosa es identificada con la cédula de registro REGEV-V12-130/2019. -Oficios folios 1591 y 1604 recibidos el diecisiete de febrero del año en curso, mediante los que el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, señalaron que la facultad de expedir el carnet correspondiente a la quejosa, le corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; asimismo, señalaron que se giraron oficios a la responsable y a la Secretaría de Salud, a fin de que emitieran una opinión técnica y jurídica del asunto y realizaran los trabajos de coordinación para la emisión de dicho carnet, respectivamente; la autoridad responsable informó que mediante oficio CEEAV/UPC-DG-034/2021 solicitó a la Dirección General de Salud que determinara la expedición del documento para identificar a la quejosa ante los Servicios de Salud del Estado. - Oficios folios 2013 y 2014, recibidos el veinticuatro de febrero de este año, signados por el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado y el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, mediante los cuales manifestaron que remitieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el formato de registro de citas para pacientes de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, por lo que solicitó que acudiera personal de dicha comisión para proceder al llenado y entrega del mismo, y en su caso, otorgar en ese momento nueva cita psiquiátrica o psicológica. - Oficio folio 2295, recibido el dos de marzo de este año, signado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se advierte los servicios que la Comisión responsable le ha proporcionado a la quejosa desde el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; asimismo, señaló que el carnet de citas de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, expedido por los Servicios de Salud del Estado, Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es el documento que identifica a la quejosa ante los servicios de salud, en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. -Oficio folio 2569, recibido el cinco de marzo del año en curso, signado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, mediante el cual informó que el carnet de citas de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, expedido por los Servicios de Salud del Estado, Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es el documento que identifica a la quejosa ante los servicios de salud, en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. -Oficios folios 17300 y 18003 del Director General y Encargado del Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en los que giró el oficio OCE/158/2021 al Director General de los Servicios de Salud en el Estado, a través del que le es notificado la entrega del carnet expedido por el Centro Integral de Salud Mental (CISAME S.L.P.) y se le remitió copia certificada de la Cédula de Registro con el número de folio REGEV-V112/130/2019 mediante la que se le tiene reconocida plenamente la calidad de víctima a Silvia Castillo Hernández, por lo que se le solicitó que se notificara a todos los Hospitales y/o Centros de Salud pertenecientes a la Jurisdicción Uno, para que garanticen el derecho de acceso a la salud de la persona víctima, en caso de que ésta llegue a requerirlo, de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; e informó que el doce de marzo de dos mil veinte notificó a la quejosa la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEVV112/130/2019. -Oficios folios 17999 y 18592 de la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud en los que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, para que notificara a todos los Hospitales y Centros de Salud de su adscripción el carnet proporcionado por Servicios de Salud de Gobierno del Estado, específicamente a través del Centro Integral de Salud Mental (CISAME S.L.P.) y la cédula de Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019; y, remitió copia del memorándum 08246 y anexos de quince de octubre del año en curso, suscrito por la Jefa de Servicios de Salud señala que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 1, en el que ésta informó a los hospitales, clínicas y centros de salud de su adscripción, que el carnet de citas CISAME, sea suficiente para que se reconozca el servicio y le sea bridada la atención requerida, cuando la quejosa acuda a dichas unidades médicas. Además, acompañó copia del memorándum 1719 de dieciocho de octubre pasado, signado por el Director del Hospital General de Soledad en el que éste informa que la cita en dicho nosocomio es abierta en un horario de ocho a quince horas. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que la autoridad responsable satisfizo en su totalidad los principios constitucionales destacados en la primera, en tanto que la responsable realizó lo siguiente: -Notificó personalmente a la quejosa, que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten indispensables para lograr su reincorporación a la vida social, entre los que se encuentran la asistencia médica y psicológica y asesoría jurídica por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. -Gestionó y entregó a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, dado que ante los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la quejosa será identificada con la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019 y con el carnet de citas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los referidos Servicios de Salud. -Demostró haber inscrito a la quejosa ante el sistema de salud público correspondiente; ello, pues a través de los oficios CEEAV/UPU/DG-0923/2020 y 02589 se aprecia que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas solicitó la colaboración de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, para que briden a la quejosa atención médica, psicológica, psiquiátrica y de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral; así como que, para recibir dicha atención en los centros de salud y hospitalarios de los Servicios de Salud de San Luis Potosí basta presentar el acta de nacimiento o clave única de registro de población en la unidad a la que se acuda, de conformidad con los artículo 77 bis 1, 77 bis 2 y 77 bis de la Ley General de Salud. Acreditó que hizo entrega a la quejosa de la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019, que los Servicios de Salud de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, convinieron en reconocer a esa cédula como medio de identificación de las víctimas ante el sistema de salud con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. -Lo anterior se hizo del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de los Servicios de Salud del Estado. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Depuración. Asimismo, con fundamento en capítulo séptimo, artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término concedido a la parte quejosa en proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, para que se manifestara respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho. En tal virtud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida. Análisis del cumplimiento. En ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca 161/2020 el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito revocó la sentencia dictada en este juicio y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Silvia Castillo Hernández, contra el acto que reclamó de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí. En proveído de dos de diciembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los autos de este juicio de amparo y se solicitó el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable. En acatamiento a lo anterior, mediante diversos oficios registrados en este juzgado con folios 15951 (f. 191), 232 (f. 207), 433 (f. 267), 437 (f. 273), 917 (f. 361), 1242 (f. 385), 1374 (f. 408), 1591 (f. 420), 1604 (f. 424), 2013 (f. 449), 2014 (f. 458), 2295 (f. 474) y 2569 (f. 542) la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que, en acuerdo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Inconforme con lo anterior la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito quien lo declaró fundado pues estimó que, las autoridades responsables acreditaron: -Haber informado mediante oficio CEEAV/UPC/DG-1000- 2020, notificado personalmente a la quejosa, que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten indispensables para lograr su reincorporación a la vida social, entre los que se encuentran la asistencia médica y psicológica y asesoría jurídica por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. -Afirmaron haber gestionado y/u otorgado a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, dado que ante los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la quejosa será identificada con la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019 y con el carnet de citas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los referidos Servicios de Salud. -Demostraron haber inscrito a la quejosa ante el sistema de salud público correspondiente; ello, pues a través de los oficios CEEAV/UPU/DG-0923/2020 y 02589 se aprecia que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas solicitó la colaboración de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, para que briden a la quejosa atención médica, psicológica, psiquiátrica y de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral; así como que, para recibir dicha atención en los centros de salud y hospitalarios de los Servicios de Salud de San Luis Potosí basta presentar el acta de nacimiento o clave única de registro de población en la unidad a la que se acuda, de conformidad con los artículo 77 bis 1, 77 bis 2 y 77 bis de la Ley General de Salud. Sin embargo, estimó que el formato de control de actas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, no constituye la credencial a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, pues sólo es un simple registro de citas ante el aludido centro de salud mental, por lo que no resulta apto para identificar a la quejosa, en su calidad de víctima, ante todo el sistema de salud, con el fin de garantizar que se le asista y atienda de forma urgente para efectos reparadores. Asimismo, refirió que si bien la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con folio REGEV-VI2-130/2019, pudiera servir para identificarla ante el sistema de salud, no se demostró que se le hubiera entregado, ni que los Servicios de Salud de San Luis Potosí hubieran celebrado algún convenio con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí en donde así se hubiese establecido, ni tampoco que ello se hizo del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de dichos Servicios de Salud, a fin de que se encuentre garantizada la asistencia y atención urgentes a la quejosa. Por lo que, resolvió que, para poder tener por cumplida la ejecutoria de amparo, la responsable debía acreditar expedir a la quejosa una credencial por lo menos de carácter provisional, hasta que se implemente de manera general la credencialización a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado y además que dicho carnet temporal sea reconocido por los Servicios de Salud de San Luis Potosí en todos sus centros de salud y hospitalarios; o bien, acredite que hizo entrega de la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2- 130/2019, que los Servicios de Salud de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, convinieron en reconocer a esa cédula como medio de identificación de las víctimas ante el sistema de salud con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores, y que ello se haga del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de dichos servicios. Por lo anterior, en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En acatamiento a ello, el Director General y Encargado del Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud y la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, remitieron los oficios folios 17300, 18003, 17999 y 18592. Con lo anterior, mediante proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. Ahora bien, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Efectos de la sentencia constitucional. En la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo solicitado, para los efectos siguientes: "1. Continúe otorgándole, de forma inmediata, la atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral, y los medicamentos, material médico, quirúrgico, prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera conforme al dictamen médico correspondiente, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas o cualquier otro servicio relacionado con los daños causados como consecuencia del hecho victimizante; en la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, podrá gestionar u otorgar el carnet que la identifique como víctima ante el sistema de salud publico respectivo, a fin de que sea en éste donde se le otorguen dichos servicios, o bien, cuando no sea así, ya sea por la urgencia requerida o porque dicho sistema de salud público no cuente con el servicio requerido, los cubra directamente con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para el Estado de San Luis Potosí. 2. En caso de que la institución médica a la que haya acudido la quejosa con anterioridad a esta sentencia, o bien, a la que acuda o sea enviada con posterioridad, no cumplan con lo señalado en el punto 1 anterior y los gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la Comisión Ejecutiva Estatal se los debe reembolsar de manera completa y expedita; y, 3. Ponga a disposición de la quejosa el servicio de asesoría jurídica gratuita que presta en el momento en que lo requiera." Asimismo, en dicha ejecutoria la Superioridad precisó que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo la autoridad responsable debía: a) Acreditar que informó por escrito notificando personalmente a la parte quejosa que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten necesarios para lograr su reincorporación a la visa social, entre los que se encuentra la asistencia médica y psicológica, y asesoría jurídica, por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. b) Demostrar haber gestionado y/u otorgado a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, así como haberla inscrito ante el sistema de salud público que corresponda. Actos dictados en cumplimiento de la sentencia. A efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo la autoridad responsable y las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento informaron lo siguiente: - Oficio folio 15951 recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, por el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas informó que, mediante oficio CEEAV/UPC-923/2020 solicitó a la Dirección General de los Servicios de Salud en el Estado, colaboración para atención médica de la quejosa y por diverso CEEAV/UPC/DG-1000/2020 hizo del conocimiento a la quejosa que se encuentran a su disposición los servicios multidisciplinarios y especializados necesarios para su reincorporación a la vida social, asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica, así como los recursos del fondo estatal. -Oficio folio 232 recibido el trece de enero de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable remitió nuevamente los diversos CEEAV/UPC-923/2020 y CEEAV/UPC/DG-1000/2020, así como la constancia de recibido de este último por parte de la quejosa. -Oficio folio 433 recibido el dieciocho de enero dos veintiuno, por el cual la responsable informó que el oficio de colaboración CEEAV/UPC/GG-923/2020 es el documento con el que se garantiza la atención médica inmediata y prioritaria a la quejosa en los términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas. -Oficio folio 437, recibido el dieciocho de enero de este año, en el que el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Atención Pública Estatal denominado Servicios de Salud, informó que la quejosa no acudió a la valoración psicológica que tenía programada para el doce de enero en el Centro Integral de Salud Mental y que tenía programada una cita en dicho lugar para las ocho horas con quince minutos del veintiuno de enero de dos mil veintiuno. -Oficio folio 1242, recibido el tres de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, remitió (1) copia certificada de la solicitud de colaboración CEEAV/UPC/DG-0923/2020 de ocho de diciembre de dos mil veinte; (2) memorándum CEEAV/UPC/TS-1416/2020 de diecisiete de diciembre pasado; (3) acta circunstancia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; (4) memorándum CEEAV/UPC/TS-30/2021 de catorce de enero de dos mil veintiuno; (5) citatorio de quince de enero del año en curso; (6) oficio CEEAV/UPC-DG-025/2021 de veintinueve de enero del presente año; y, (7) cédula de registro folio REGEV-V12-130/2019 a nombre de Silvia Castillo Hernández, por la que se le notificó su inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y manifestó que no se encontraba en condiciones de expedir carnet a la quejosa o gestionarlo -en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas-, porque su entrega deberá formar parte de un proceso de credencialización gradual y progresivo, cuyas bases podrían corresponder al Sistema Estatal de Atención a Víctimas o al Programa Estatal de Atención Integral; asimismo, manifestó que envió el oficio CEEAV/UPC/DG025/2021 a la Dirección General de los Servicios de Salud del Estado, para que brinden atención médica prioritaria e inmediata a la quejosa. -Oficio folio 1374, recibido el nueve de febrero de este año, por el cual el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el proceso que inició para la entrega a la quejosa del carnet que señala el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí; para lo cual giró oficio a la Secretaría General de Gobierno del Estado para que sometiera a consideración de los integrantes del Sistema Estatal de Atención a Víctimas la aplicabilidad de dicho numeral en relación al otorgamiento de carnet y proceso de credencialización; y, señaló que, los Servicios de Salud del Estado por conducto de la Subdirectora de Asuntos Jurídicos, le informaron que se encuentran a disposición de la quejosa la atención médica, psicológica y psiquiátrica, además de que, se había designado a Patricia Guadalupe Núñez Hernández como la responsable de seguimiento, coordinación y gestión; asimismo, señaló que ante tales servicios la quejosa es identificada con la cédula de registro REGEV-V12-130/2019. -Oficios folios 1591 y 1604 recibidos el diecisiete de febrero del año en curso, mediante los que el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, señalaron que la facultad de expedir el carnet correspondiente a la quejosa, le corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; asimismo, señalaron que se giraron oficios a la responsable y a la Secretaría de Salud, a fin de que emitieran una opinión técnica y jurídica del asunto y realizaran los trabajos de coordinación para la emisión de dicho carnet, respectivamente; la autoridad responsable informó que mediante oficio CEEAV/UPC-DG-034/2021 solicitó a la Dirección General de Salud que determinara la expedición del documento para identificar a la quejosa ante los Servicios de Salud del Estado. - Oficios folios 2013 y 2014, recibidos el veinticuatro de febrero de este año, signados por el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado y el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, mediante los cuales manifestaron que remitieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el formato de registro de citas para pacientes de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, por lo que solicitó que acudiera personal de dicha comisión para proceder al llenado y entrega del mismo, y en su caso, otorgar en ese momento nueva cita psiquiátrica o psicológica. - Oficio folio 2295, recibido el dos de marzo de este año, signado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se advierte los servicios que la Comisión responsable le ha proporcionado a la quejosa desde el diecinueve de noviembre de dos mil veinte; asimismo, señaló que el carnet de citas de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, expedido por los Servicios de Salud del Estado, Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es el documento que identifica a la quejosa ante los servicios de salud, en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. -Oficio folio 2569, recibido el cinco de marzo del año en curso, signado por el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, mediante el cual informó que el carnet de citas de la Red Estatal de Atención Psiquiátrica, expedido por los Servicios de Salud del Estado, Coordinación de Salud Mental y Adicciones, es el documento que identifica a la quejosa ante los servicios de salud, en términos del artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí. -Oficios folios 17300 y 18003 del Director General y Encargado del Despacho de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, en los que giró el oficio OCE/158/2021 al Director General de los Servicios de Salud en el Estado, a través del que le es notificado la entrega del carnet expedido por el Centro Integral de Salud Mental (CISAME S.L.P.) y se le remitió copia certificada de la Cédula de Registro con el número de folio REGEV-V112/130/2019 mediante la que se le tiene reconocida plenamente la calidad de víctima a Silvia Castillo Hernández, por lo que se le solicitó que se notificara a todos los Hospitales y/o Centros de Salud pertenecientes a la Jurisdicción Uno, para que garanticen el derecho de acceso a la salud de la persona víctima, en caso de que ésta llegue a requerirlo, de acuerdo con lo solicitado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; e informó que el doce de marzo de dos mil veinte notificó a la quejosa la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEVV112/130/2019. -Oficios folios 17999 y 18592 de la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud en los que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, para que notificara a todos los Hospitales y Centros de Salud de su adscripción el carnet proporcionado por Servicios de Salud de Gobierno del Estado, específicamente a través del Centro Integral de Salud Mental (CISAME S.L.P.) y la cédula de Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019; y, remitió copia del memorándum 08246 y anexos de quince de octubre del año en curso, suscrito por la Jefa de Servicios de Salud señala que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria 1, en el que ésta informó a los hospitales, clínicas y centros de salud de su adscripción, que el carnet de citas CISAME, sea suficiente para que se reconozca el servicio y le sea bridada la atención requerida, cuando la quejosa acuda a dichas unidades médicas. Además, acompañó copia del memorándum 1719 de dieciocho de octubre pasado, signado por el Director del Hospital General de Soledad en el que éste informa que la cita en dicho nosocomio es abierta en un horario de ocho a quince horas. Análisis comparativo de las referidas resoluciones. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y la determinación de la autoridad responsable en la cual da cumplimiento a ella, se advierte que la autoridad responsable satisfizo en su totalidad los principios constitucionales destacados en la primera, en tanto que la responsable realizó lo siguiente: -Notificó personalmente a la quejosa, que los servicios multidisciplinarios y especializados que resulten indispensables para lograr su reincorporación a la vida social, entre los que se encuentran la asistencia médica y psicológica y asesoría jurídica por personal especializado, se encuentran a su disposición de forma inmediata cuando así lo requiera. -Gestionó y entregó a la quejosa el carnet a que se refiere el artículo 32 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, dado que ante los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la quejosa será identificada con la cédula de registro ante el Registro Estatal de Víctimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019 y con el carnet de citas expedido por el Centro Integral de Salud Mental, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones de los referidos Servicios de Salud. -Demostró haber inscrito a la quejosa ante el sistema de salud público correspondiente; ello, pues a través de los oficios CEEAV/UPU/DG-0923/2020 y 02589 se aprecia que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas solicitó la colaboración de los Servicios de Salud en San Luis Potosí, para que briden a la quejosa atención médica, psicológica, psiquiátrica y de las especialidades que resulten necesarias para su tratamiento integral; así como que, para recibir dicha atención en los centros de salud y hospitalarios de los Servicios de Salud de San Luis Potosí basta presentar el acta de nacimiento o clave única de registro de población en la unidad a la que se acuda, de conformidad con los artículo 77 bis 1, 77 bis 2 y 77 bis de la Ley General de Salud. Acreditó que hizo entrega a la quejosa de la cédula de registro ante el Registro Estatal de Victimas con número de folio REGEV-VI2-130/2019, que los Servicios de Salud de San Luis Potosí y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, convinieron en reconocer a esa cédula como medio de identificación de las víctimas ante el sistema de salud con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores. -Lo anterior se hizo del conocimiento de los centros de salud y hospitalarios que forman parte de los Servicios de Salud del Estado. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. De conformidad con el cuarto párrafo del numeral antes citado, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 14 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena el archivo del presente cuaderno como asunto concluido. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos ni billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Depuración. Asimismo, con fundamento en capítulo séptimo, artículo 18, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados y que dicha determinación ha sido cumplida, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años que establece el punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto antes señalado, toda vez que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese personalmente"
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, mediante el cual informa sobre los trámites que realizó para cumplir con la ejecutoria de amparo. Asimismo, dicha autoridad, remite copia del memorándum 08246 y anexos de quince de octubre del año en curso, suscrito por la Jefa de Servicios de Salud señala que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria I, en el que ésta informó a los hospitales, clínicas y centros de salud de su adscripción, que el carnet de citas CISAME, sea suficiente para que se reconozca el servicio y le sea bridada la atención requerida, cuando la quejosa acuda a dichas unidades médicas. Además, acompaña copia del memorándum 1719 de dieciocho de los corrientes, signado por el Director del Hospital General de Soledad en el que éste informa que la cita en dicho nosocomio es abierta en un horario de ocho a quince horas. Vista cumplimiento Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia certificada de la comunicación de cuenta, los memorándum 08246 y 1719 y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 22 DE OCTUBRE DE 2021 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese el oficio signado por la Subdirectora Jurídica del Organismo Desconcentrado de la Administración Pública Estatal denominado Servicios de Salud, mediante el cual informa sobre los trámites que realizó para cumplir con la ejecutoria de amparo. Asimismo, dicha autoridad, remite copia del memorándum 08246 y anexos de quince de octubre del año en curso, suscrito por la Jefa de Servicios de Salud señala que envío el oficio 27226 a la Jefa de la Jurisdicción Sanitaria I, en el que ésta informó a los hospitales, clínicas y centros de salud de su adscripción, que el carnet de citas CISAME, sea suficiente para que se reconozca el servicio y le sea bridada la atención requerida, cuando la quejosa acuda a dichas unidades médicas. Además, acompaña copia del memorándum 1719 de dieciocho de los corrientes, signado por el Director del Hospital General de Soledad en el que éste informa que la cita en dicho nosocomio es abierta en un horario de ocho a quince horas. Vista cumplimiento Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia certificada de la comunicación de cuenta, los memorándum 08246 y 1719 y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el aludido cumplimiento. Notifíquese personalmente"
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