Silvia Casas Sanchez
Expediente 518/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2015
Partes del expediente
- Silvia Casas Sanchez
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por Carlos García Ceja, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita la devolución del documento en copia certificada que anexó a su escrito de demanda. En atención a lo anterior, dígasele al promovente que se esté a lo acordado en proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, a través del cual se puso a su disposición el documento solicitado en el ocurso de cuenta, en los términos ahí señalados.
- Principal
Se notifica por lista a la parte promovente el auto de veinte de octubre de dos mil quince, que dice: "Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ****, por su propio derecho, contra actos de: 1. Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California (ISEP) con residencia en Mexicali; 2. Director de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, con residencia en Mexicali; 3. Jefe del Departamento de Educación Secundaria del Sistema Educativo Estatal en Baja California, con residencia en esta ciudad; 4. Director de la Secundaria Técnica Número 28, con residencia en esta ciudad; 5. Secretario General de la Sección 02 del Sindicato Nacional de Trabajadoras de la Educación Sección 2 en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; y 6. Comisión Mixta de Cambio de la Sección 02 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 2 en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 518/2015-II-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso a estudio, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: [.] II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación del contenido del precepto 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, constitucional, el juicio constitucional procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos y garantías, por tanto, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio de amparo sea procedente, pues es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, o aun particular cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que si la violación de derechos no es atribuida a una autoridad, que funja con tal carácter, entonces el juicio de amparo deviene en improcedente. Así, se debe determinar si las responsables, en el caso, son autoridades para los efectos del juicio constitucional, al tomar en consideración que de acuerdo con la doctrina y la teoría general de derecho, existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: a).- Las relaciones de coordinación que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados (entre ellas las laborales), dicho de otra manera, corresponden a las relaciones entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlos, entre las que se encuentran las reguladas por el Derecho Civil, Mercantil, Laboral y Administrativo, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, al estar ambas en el mismo nivel y existir una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y b).- Las relaciones de supra a subordinación que son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra, en estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, es decir que con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni de la voluntad del afectado; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y, por tanto, se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales; por ello nuestro Tribunal Pleno considera que el criterio ya referido no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada, sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo que se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Precisado lo anterior, se analiza la naturaleza de los actos motivo de reclamo, los cuales se hacen consistir en: "De la primera autoridad señalada como responsable le reclamo: el silencio y la omisión por parte de la misma debido que a la fecha de hoy, no se ha expedido a mi nombre la correspondiente orden de presentación que con motivo del nombramiento que obtuve, alta por tiempo fijo, sujeto a periodo de inducción para promoción en la educación básica, con vigencia del 16 de agosto del 2015 al 15 de Julio del 2017, para desempeñar el cargo de subdirector de educación secundaria técnica con plaza E441/102857 con centro de trabajo de adscripción en escuela secundaria técnica número 28 con clave 02DST0029L ZONA 002 Municipio: Ensenada Baja California. Ya que la autoridad responsable de continuar con su omisión y con su ilegal conducta, me podría causar un daño grave de difícil reparación, tanto emocional como profesionalmente y como ser humano. De la Segunda autoridad señalada como responsable le reclamo: Deje sin efectos el oficio: ISEP/2015-2016/001382 de fecha 31 de Julio del 2015, relativo a la orden de presentación por cambio de adscripción al municipio de Ensenada en favor del C. Trujillo Domínguez Cesar Aurelio. De la Tercera Autoridad señalada como responsable le reclamo: Deje sin efectos el oficio: 0151DEP.SEC.15/16 de fecha 3 de septiembre del 2015, relativo a la orden de presentación por cambio de adscripción a la escuela secundario técnica 28 02DST0029L, a partir del 14-08-15, clave de plaza 02-E441- 132322 en favor del C. Trujillo Domínguez Cesar Aurelio. De la Cuarta Autoridad señalada como responsable le reclamo: La omisión de dar seguimiento y cumplimiento al nombramiento que fue otorgado a la quejosa con fecha 20 de agosto del 2015, por el Servicio Profesional Docente por conducto de su Coordinador Estatal; a fin de que la profesora hoy quejosa desempeñe el cargo con funciones de subdirector de la Escuela Secundaria Técnica Número 28 a parir del 16 de agosto del 2015 al 15 julio del 2017. De la Quinta Y Sexta Autoridad señalada como responsable le reclamo: Se deje sin efectos el cambio de adscripción asignado al profesor Cesar Aurelio Trujillo Domínguez, en la Escuela Secundaria Técnica 28 de la ciudad y puerto de Ensenada Baja California, para desempeñar el cargo con funciones de subdirector del turno matutino. Y en su lugar se dé cumplimiento al cambio de adscripción autorizado al profesor Cesar Aurelio Trujillo Domínguez, del municipio que sale como lo es Rosarito Baja California al Municipio que entra como lo es Tijuana Baja California, según lo señalado en número de oficio ISEP/2015- 2016/00382, tal y como se emitió en el listado sexta parte que autoriza dichos cambios y que fueron autorizados atreves del Secretario General y Comisión Mixta de Cambios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación." Atento a lo anterior, se concluye que en el caso de que se trata, la relación existente entre la promovente del amparo y las autoridades responsables es de coordinación, es decir, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso en la ejecución por tratarse de una relación laboral, por lo cual la quejosa deberá acudir ante la autoridad correspondiente a reclamar el incumplimiento de la relación obrero patronal contraída. Ello es así, pues la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se desempeña como "maestra", y le atribuye al Sistema Educativo Estatal, el carácter de patrón, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo cual se corrobora con la copia certificada del nombramiento expedido por el Coordinador Estatal del Servicio Profesional Docente en Baja California de veinte de agosto de dos mil quince. En esa tesitura, se concluye, dado que en este caso la actuación de las autoridades responsables, no se caracteriza por el imperio y potestad que les otorga su investidura pública, porque el impedimento para ejercer las funciones de Subdirectora de la Secundaria Técnica Número 28 en la que la aquí quejosa afirma labora, no tiene relación directa con las funciones públicas que la ley le confiere a las autoridades responsables, en virtud que no actuaron como parte del Estado, sino como patrón. Es aplicable la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el tomo III, página 347, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. Sobre esa perspectiva, se colige que al generarse un conflicto derivado de la relación laboral, aquél no tiene el carácter de acto de autoridad, y por tanto deberá acudir para ello a la jurisdicción de la autoridad competente. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que se aduzca que las autoridades responsables se encuentran violando derechos humanos de la quejosa, ya que en este caso, al provenir tal violación del cumplimiento defectuoso de la relación contractual, debe estimarse que la posible afectación a esos derechos fundamentales la realiza un patrón equiparado, actuando sin facultad legal alguna. Ello, pues la alegación de violación de derechos humanos no es lo que actualiza la procedencia del juicio de amparo, sino el carácter de autoridad o equivalencia a ese carácter por parte de un particular, ya que el juicio constitucional no es idóneo para contrarrestar violaciones a derechos humanos cometidas por particulares, y en el caso, la quejosa debe acudir ante la autoridad competente a solicitar la cesación del incumplimiento de la relación laboral, y el correspondiente menoscabo de sus derechos humanos por parte de su patrón. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1º, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en Boulevard Las Dunas número 160 Segundo Piso Interior 207-A Edificio Argo del Fraccionamiento Playa Ensenada de esta ciudad; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Daniel Gómez Hernández, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a Carlos García Ceja, toda vez que sí cuenta con dicho registro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente."
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