SILVIA CAROLINA LÓPEZ CRUZ y Otros.

Expediente 195/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
195/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Silvia Carolina López Cruz
  • SILVIA CAROLINA LÓPEZ CRUZ y Otros.
  • M. A. L. L. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubiesen interpuesto recurso en contra del auto de nueve de marzo del actual, que declaró que no existía materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutar la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA II A NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil veinte, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de la Villa de Etla, Oaxaca, realizara lo siguiente: Dentro del plazo de tres días, emita un acuerdo en el que ordene a la parte demandada, presente al menor quejoso, -ya sea de manera presencial o virtual (conforme a los avances tecnológicos que estén a su alcance)-, según las condiciones de la pandemia actual lo permitan, a fin de que se escuche su opinión con asistencia presencial o virtual de un perito en psicología o psiquiatra y demás partes y sujetos intervinientes; fijando con libertad de jurisdicción el medio de apremio que estime pertinente para la progenitora custodia y especialista cumplan su determinación. Además, en el referido acuerdo, señale fecha para la mencionada audiencia dentro del plazo de siete días hábiles, y su desahogo deberá apegarse a los lineamientos previstos en la jurisprudencia 1a./J. 12/2017 (10a.), invocada en líneas anteriores, esto es: 1.- Para preparar la entrevista en la que participará el menor, se requiere que sea informado en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, y que se garantice que su participación es voluntaria; 2.- Para el desahogo de la prueba, la declaración o testimonio del niño debe llevarse a cabo en una diligencia seguida en forma de entrevista o conversación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: (a) es conveniente que previamente a la entrevista el juzgador se reúna con un especialista en temas de niñez, ya sea psiquiatra o psicólogo, para aclarar los términos de lo que se pretende conversar con el niño, para que a éste le resulte más sencillo de comprender y continuar la conversación; (b) la entrevista debe desarrollarse, en la medida de lo posible, en un lugar que no represente un ambiente hostil para los intereses del niño, esto es, donde pueda sentirse respetado y seguro para expresar libremente sus opiniones; (c) además de estar presentes el juzgador o funcionario que tome la decisión, durante la diligencia deben comparecer el especialista en temas de niñez que se haya reunido con el juzgador y, siempre que el niño lo solicite o se estime conveniente para proteger su superior interés, una persona de su confianza, siempre que ello no genere un conflicto de intereses; (d) en la medida de lo posible, debe registrarse la declaración o testimonio de las niñas y niños íntegramente, ya sea mediante la transcripción de toda la diligencia o con los medios tecnológicos al alcance del juzgado que permitan el registro del audio. 3.- El niño debe intervenir directamente en las entrevistas, sin que ello implique que no pueda tener representación durante el juicio, la cual recaerá en quien legalmente esté llamado a ejercerla, salvo que se genere un conflicto de intereses, en cuyo caso debe analizarse la necesidad de nombrar un tutor interino; y 4. Debe consultarse al niño sobre la confidencialidad de sus declaraciones, aunque la decisión final sea del juzgador, para evitarles algún conflicto que pueda afectar su salud mental o, en general, su bienestar. Con el resultado de esa audiencia y constancias de autos con libertad de jurisdicción, se pronuncie fundada y motivadamente si es o no factible un régimen de convivencia provisional del menor con su progenitor no custodio. Su decisión, deberá explicarla al menor quejoso en la propia audiencia de la manera más sencilla, a fin de que pueda comprenderla. En el entendido que dichos plazos se estiman prudentes para que la autoridad judicial actué conforme a sus obligaciones constitucionales que tiene encomendadas, y sobre todo, que están en juego los derechos del menor quejoso de convivir o no con su progenitor no custodio; a lo que suma que el juicio natural inició desde el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, y a la fecha, no sea ha emitido determinación alguna sobre los derechos del menor quejoso. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio 328/2021, remitió copia certificada del auto de dieciséis de febrero del actual y de la audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, e indicó que en el presente juicio se tuvo como acto reclamado, entre otros, la falta de derecho a ser escuchado del referido menor, a fin de que se tome en consideración su parecer respecto de la convivencia con su progenitor; sin embargo, toda vez que ya emitió una determinación al respecto en cuanto a su parecer, quedó insubsistente el referido acto reclamado, por lo que al no existir materia susceptible de reparación, solicitó se declare sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En este sentido, cabe precisar que los artículos 196, último párrafo, y 214 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 196. (.) Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley. Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Del contenido de dichos preceptos legales se aprecia que la ley prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico o material para el cumplimiento de una sentencia de amparo, que son: La imposibilidad material o jurídica, y La inexistencia de materia para su ejecución. Con relación a la imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia "..... , en sesión de catorce de junio de dos mil diecisiete, consideró que el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Precisó que el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. Por otra parte, puntualizó que el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos propios de la ejecutoria, lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. En cambio, señaló, en la hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. En este sentido, ya que como lo precisa la responsable de que se trata, mediante audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, celebrada en el juicio "..... de su registro, promovido en vía de controversia del orden familiar por "...... , realizó lo siguiente: Llevó a cabo la escucha del menor de iniciales ".... , con el auxilio de un perito en psicología, y en presencia del Agente del Ministerio Público de su adscripción; Acatando a las reglas del protocolo de actuación en los casos que afectan niñas, niños y adolescentes, se hizo constar el testimonio del menor, y Con base en la referida escucha, determinó canalizar al progenitor Antonio López Santos, a terapia al Centro de Reeducación para Hombres, y una vez que cuente con el resultado de las referidas terapias psicológicas, procederá a determinar lo procedente a fijar un régimen de convivencia provisional a favor de este último. Por lo que, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara que no existe materia para la ejecución del fallo protector, por imposibilidad legal para ejecutarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.90/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 172140, cuyos rubro y texto son: SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en esta población, con el que devuelve el original del cuaderno incidental en que se actúa, y remite copia certificada de la resolución emitida el once de febrero del año en curso, en el incidente en revisión 202/2020; acúsese recibo. Toda vez que el referido Tribunal Colegiado declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la resolución incidental de cuatro de marzo de dos mil veinte, comuníquese lo anterior a las partes. Glósense a los autos únicamente los acuerdos o constancias que obren en el cuaderno de antecedentes a partir de la remisión de los autos originales.

  4. Principal

    MEA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, y anexo que acompaña, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, por el que en cumplimiento a la sentencia de autos, remite copia certificada del auto de dieciséis de febrero del actual y de la audiencia de siete de diciembre de dos mil veinte, y realiza diversas manifestaciones. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

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