Silvia Beltran Sedeño

Expediente 349/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
349/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/05/2017

Partes del expediente

  • Silvia Beltran Sedeño

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con diecinueve minutos del seis de abril de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 349/2017, promovido por Silvia Beltrán Sedeño, por conducto de su apoderada; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de casa una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que exista promoción pendiente por acordar, se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, relativas al expediente laboral 01/819/16-I. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; de igual forma, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no presentó pedimento alguno, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver, los autos del juicio de amparo número 349/2017, promovido por Silvia Beltrán Sedeño, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, con residencia en esta ciudad, por violación los artículos 14 y 16 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada el mismo día a este Juzgado, Silvia Beltrán Sedeño, solicitó el amparo en contra de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el acto siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Consiste en la omisión por parte de la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al ser omisa en notificar a la parte demandada de la audiencia de ley con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, generando un notorio retardo u omisión del trámite del juicio natural, ya que las autoridades responsables no atienden cabalmente el procedimiento establecido por la ley. ." SEGUNDO. Por auto de uno de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 349/2017, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes que la publicación de la sentencia se haría con la supresión sus datos personales. Sin que exista la obligación de llamar a la contraparte del quejoso a esta contienda, toda vez que lo que se reclama en este juicio constitucional, es la falta de llamamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen. Asimismo, se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en materia laboral sobre un procedimiento seguido en forma de juicio llevado por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. La fijación Clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación Clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." El acto de molestia se hace consistir en: *La omisión de la responsable de emplazar a la parte demandada, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral 01/895/16-IV, y con ello provocar la dilación en el procedimiento laboral. TERCERO. La Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, en este contexto, se tiene por probado de manera plena. Tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia visible en la página 206, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. En virtud de que ninguna de las partes hace valer alguna causa de improcedencia, y como este juzgador tampoco advierte que se actualice alguna de ellas, lo procedente es entrar al estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado. Se considera innecesaria la trascripción de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión, pues el hecho de que no se realice la trascripción de los mismos, no significa que el juez de amparo esté impedido para el estudio integral de ellos. Lo que se efectúa con apoyo en la tesis VI.2O. J/129, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a fojas 599, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Abril de 1998, Novena Época, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la solicitante del amparo, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como en seguida se verá: En principio cabe indicar que de la demanda de garantías se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión en que incurre la Junta responsable al no emplazar a juicio a la parte demandada en el juicio laboral de origen, dentro del término que señala el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, de las constancias enviadas por la junta responsable relativas al expediente del expediente laboral 01/819/16-I, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte lo siguiente: Que mediante ocurso presentado ante la responsable el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el quejoso exhibió demanda ante la Junta Especial Número Uno, una vez admitida la demanda, fijó fecha para el verificativo de la audiencia de ley. No obstante, a la fecha de presentación de las constancias requeridas a la Junta responsable del expediente laboral 01/819/16-I, no se advierte se haya emplazado a la parte demandada, dentro de los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, en el expediente del juicio laboral de origen, e incluso ni hasta el momento en que dicta la presente sentencia. Ahora, en el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, se establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la trascripción anterior se advierte que la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 17 constitucional se traduce en que las autoridades judiciales no pueden retardar indefinidamente su función de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable. En relación al tema que nos ocupa, los artículos 685, 771 y 873, de la Ley Federal del Trabajo, se establece: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley". "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario". "Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la audiencia. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviere ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días". De la primera disposición legal se desprende que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; en el artículo 771 se reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Asimismo, de una interpretación adecuada de los preceptos jurídicos trascritos en líneas que anteceden, conviene establecer que en cualquier procedimiento que se ventile ante un órgano jurisdiccional, administrativo o del trabajo, se deben observar estrictamente las formalidades establecidas para el mismo, incluyendo los términos previstos en la ley de la materia de que se trate, ya que la necesidad de una justicia pronta es tan evidente que la propia Constitución Federal remite a la ley respectiva, en relación a los plazos y términos en que los tribunales deben impartir justicia. De esta guisa el legislador no estableció plazos arbitrarios, sino que éstos son razonables, en función del necesario equilibrio que debe haber entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que las partes y el juzgador realicen las actividades y actuaciones procesales que le correspondan. Como ya quedó plasmado, de las constancias analizadas se advierte que, desde el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en que se ordenó emplazar a la parte demandada, hasta este momento, la junta responsable no la ha emplazado en el expediente laboral de origen, lo que motivará el retraso en el procedimiento; pues ha provocará que la audiencia de ley no se desahogue dentro de los plazos legales, en razón de la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, sin que la responsable justifique legalmente el retardo en que ha incurrido. De esta manera, se tiene que la autoridad responsable ha vulnerado la garantía de prontitud en la impartición de justicia dentro del juicio natural, toda vez que de las constancias se advierte entre otras cosas, la falta de emplazamiento oportuna de la parte demandada y la procuración de las medidas necesarias para lograr la mayor economía del proceso, ya que si bien, pronunció el auto admisorio, señaló fecha para la audiencia de ley, así como ordenó el emplazamiento de la parte demandada y la notificación de dicho acuerdo a las partes, de manera personal; sin embargo, a la fecha en que remitió copias certificadas del expediente laboral 01/819/16-I, aún no se había emplazado a la parte demandada en el juicio laboral, lo que pone de manifiesto que el juicio laboral no se ha desarrollado en los términos señalados en los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en la omisión de proveer lo conducente a fin de lograr la mayor economía del proceso, así como de vigilar de que los procesos tramitados no queden inactivos y se notifiquen sus determinaciones a efecto de lograr que se desahoguen, dentro de los términos establecidos, la audiencia de ley, señalada en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de lo cual no ha cumplido la responsable; de ahí que resulte fácil apreciar que no se acató por la responsable entre otros, el plazo que imponen los artículos 685, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, porque el procedimiento laboral deberá ser público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo, entre ellas, lograr el emplazamiento de la parte demandada. Con base en lo anterior, resulta indudable concluir que la Junta responsable ha rebasado en exceso los plazos establecidos en la ley y, con ello, la garantía de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, cabe mencionar que por regla general los órganos encargados de administrar justicia, deben observar el mandato constitucional referido con arreglo a las leyes ordinarias, respetando los plazos y términos que para el efecto las mismas determinen. Para ello se retoman algunos de los conceptos previamente establecidos. La dilación en la tramitación del procedimiento o la omisión de tramitarlo, constituyen violaciones de carácter negativo o abstenciones de la autoridad, para desarrollarlo conforme a los plazos y términos legalmente establecidos. El artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda la protección constitucional, tratándose de actos de carácter negativo, produce el doble efecto de obligar a la autoridad responsable: 1. A que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate; y, 2. A cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior, porque el juicio de amparo debe tener una finalidad práctica y no ser un medio para realizar una actividad meramente especulativa, de modo que la sentencia que se dicte, en caso de ser favorable a los intereses de la parte quejosa, logre restituirla en el goce de la garantía individual violada. En ese tenor, si el artículo 17 Constitucional, en la parte conducente, permite al gobernado acceder a la impartición de justicia expedita en los plazos y términos que fijen las leyes y la autoridad omite cumplir ese deber, sea porque no desarrolla el procedimiento dentro de los tiempos establecidos para ese fin o porque omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento y durante la tramitación del juicio de garantías persiste esa misma condición de retardo u omisión del trámite, debido a los cuales la autoridad no agota cabalmente el procedimiento ni emite la resolución correspondiente. En relatadas condiciones, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, Silvia Beltrán Sedeño, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, proceda en forma expedita a continuar el procedimiento conforme a los plazos y términos legales, en relación a la etapa procesal en que se encuentre, lo cual implica que realice los actos subsecuentes a los reclamados para tal fin, que en la especie resulta ser el señalamiento de fecha y hora de la audiencia bifásica, dentro de los términos previsto en la ley, así como lograr el emplazamiento de la parte demandada en el juicio laboral de origen, dictando las determinaciones y actuaciones que conforme a derecho proceda para lograr tal fin, pues sólo de esa manera podrá respetar y cumplir lo que la garantía en cuestión exige y resarcir a la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, u otras, esto podrá válidamente efectuarse a partir de casos y condiciones concretas, pero en modo alguno resulta justificable un retraso significativamente prolongado para desahogar los procedimientos sometidos a su conocimiento dentro de los plazos y términos señalados en la ley, pues ello se traduce en la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Silvia Beltrán Sedeño, contra el acto y autoridad señalada en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Rosa María Luna Mercado que autoriza y da fe.- Doy fe. .

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y en representación del Pleno de la misma, con residencia en esta ciudad, al que anexa copia certificada de las constancias de donde emana el acto reclamado; con su contenido dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como Delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su informe, y por señalado el domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, por medio del cual comunica que ese tribunal se avoca al conocimiento del recurso de queja que hace valer la parte quejosa, quedando registrado bajo el número 82/2017. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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