Silvia Beatriz Franco Sánchez
Expediente 1297/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Silvia Beatriz Franco Sánchez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán a treinta de agosto de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintitrés. Vista vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos que reclaman de la Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; se provee: Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 1297/2023-V. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de mérito se advierte que en el caso, la suscrita estima que por cuanto a ********************se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien, de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Así, en el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma, concretamente respecto a los promoventes ********************no fue firmada de manera autógrafa o electrónica por éstos, cuenta habida que la firma que únicamente obra fue plasmada por la diversa promovente ********************. Por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad de parte de ******************** de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo. Es menester señalar además, que la demanda de amparo no se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de la Materia, de ahí que necesariamente debía contener la firma autógrafa de los aludidos impetrantes ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 2154, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo respecto de los promoventes ********************con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, por lo que ve a la diversa promovente ********************se procede a proveer en relación con la demanda de amparo que promovió en contra de los actos reclamados consistentes en las constancias de incompetencia de fechas tres, cuatro y ocho de agosto del año en curso, respecto del procedimiento previo de Conciliación en contra del Servicio Postal Mexicano, al estimar la responsable Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que deberá conocer de un posible juicio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, también se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la quejosa reclama de la Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral: - Las constancias de incompetencia de fechas tres, cuatro y ocho de agosto del año en curso, respecto del procedimiento previo de Conciliación en contra del Servicio Postal Mexicano, al estimar la responsable Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que deberá conocer de un posible juicio el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, mismos numerales que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se reitera, es dable advertir que la parte quejosa instó la protección constitucional, contra las constancias de incompetencia de tres, cuatro y ocho de agosto del dos mil veintitrés, en las que la Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral responsable se declaró incompetente para continuar conociendo del proceso de origen, declinando competencia a favor del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ********************, determinó que el juicio de amparo indirecto procede contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando sean definitivos, los cuales deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Lo anterior, no acontece en la resolución reclamada por el quejoso, es decir, la resolución combatida a través de la demanda de amparo, en la que la Oficina Estatal de Yucatán del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral responsable se declaró incompetente para continuar conociendo del proceso de origen, declinando competencia a favor del Centro Local de Conciliación, por estimar que quien debe de conocer del procedimiento el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, no se trata de una resolución definitiva, en virtud de que se advierte que el planteamiento de incompetencia realizado por la Oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no ha sido aceptado por quien declinó la competencia, es decir, el Centro Local de Conciliación; en otras palabras, dicha resolución está supeditada a la aceptación o rechazo de la referida autoridad; por ende, es inconcuso que la resolución reclamada es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se dirima vaya a causar un perjuicio al ahora impetrante, esto es, en el caso de que el Tribunal laboral a favor del cual se declinó la competencia no aceptara la misma, se suscitaría un conflicto competencial, el cual sería resuelto por una diversa autoridad, lo que constituye una razón adicional para estimar que la determinación de la Oficina del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, aún no tiene el carácter de definitiva para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia, no irroga algún perjuicio al demandante de la tutela constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia publicada en la página 22, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009912, cuyo rubro y texto a la letra indica: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis ********************, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Así como la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Diciembre de 2004, Materia Laboral, página 1190, Novena Época, con número de registro 179888, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "INCOMPETENCIA POR DECLINATORIA. LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA POR LA CUAL LA DETERMINA NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, NI DEFINITIVO PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo establecido por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra actos en el juicio que no tengan una ejecución de imposible reparación; ahora bien, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto no es definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, ni puede considerarse que sea de imposible reparación, en virtud de que está supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la autoridad a quien se declinó la competencia, y sería, en todo caso, la que ésta emita la que causaría el agravio y que pudiera ser impugnada a través del amparo indirecto." Por tal motivo, se advierte que la determinación de la autoridad responsable de declinar la competencia a favor del Centro Local de Conciliación de Yucatán, no le causa perjuicio a la quejosa, sino hasta que dicho Centro acepte o no la competencia, por lo que resulta inconcuso que la determinación en cuestión no puede ser combatida a través del amparo indirecto. Los razonamientos expuestos con antelación, apoyados en las consideraciones de las jurisprudencias invocadas, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda promovida por ********************por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda; y como sus autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para oír y recibir notificaciones a Claudia Elena Ruiz Maciel, José Antonio Romero Aguilar, María Alejandra Zacarías Tapia, Teresa Viridiana Galicia Tapia, Bertha Lilia Orantes Manzo, Uriel Yael Cruz Portillo, Andrea Herrera Godínez, Metzli Mariana Acevedo Medina y Leticia Duarte Rodríguez; y a los diversos señalados, con las limitaciones del referido numeral, toda vez que sus cedulas profesionales no se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, ténganse como medios de contacto, los correos electrónicos que proporciona. De igual forma, la parte quejosa solicita acceso y consulta al expediente electrónico. En tal virtud, toda vez que consta que los nombres de usuario: ******************** que proporciona el ocursante, se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se acuerda de conformidad su solicitud, por lo que se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico del presente juicio, a la parte quejosa a través de los citados usuarios, quedando facultados para promover en el juicio con el propio nombre de usuario. Hágase lo anterior del conocimiento del oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de conformidad con el multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, en el que se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el acuerdo general citado así como en el diverso 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
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