Silvia Beas Telles

Expediente 604/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
604/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
18/08/2017

Partes del expediente

  • Silvia Beas Telles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto; téngase por recibido el escrito signado por autorizado de la parte quejosa -----, a través del cual solicita copia certificada de los registros de investigación que la responsable remitió en apoyo a su informe. Al respecto, hágase saber a la quejosa que la responsable sólo anexó a su informe el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, por lo que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copia certificada del acuerdo en mención, previo recibo que otorgue en autos para constancia.

  2. Principal

    Firmeza de auto de sobreseimiento. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el proveído de veintiuno de julio del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio, como asunto concluido.

  3. Principal

    Informes justificados. Vistos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, (en adelante la ley), téngase por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, así como las documentales que anexa. Atento a ello, agréguense a los autos y considérense al momento de resolver la litis. Análisis del juicio. Ahora, en este juicio de amparo el único acto reclamado inicialmente consistió en la omisión siguiente: - Del Agente del Ministerio Público de la Federación Orientadora de la Unidad de Atención Inmediata de la Subsede de Manzanillo, Colima, la abstención de pronunciarse respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación número NA/COL/MAN/791/2016. En ese sentido, de las constancias que obran en este juicio y de las remitidas por la autoridad oficiante en el oficio de cuenta se obtiene que cesaron los efectos de los actos reclamados, por lo que debe decretarse el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia. Causal de improcedencia. A fin de demostrar este aserto, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V, de la ley, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, durante su sustanciación, se materialice un supuesto de improcedencia y que, conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." a) Existencia de actos. De acuerdo con lo manifestado por la autoridad responsable se debe tener por existente el acto que se le imputa, pues acepta que se pronunció sobre el inejercicio de la acción penal hasta el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, es decir, en fecha posterior a aquella en que fue presentada la demanda de amparo. Es aplicable, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 3/94, publicada en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 79, julio de 1994, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." b) Cesación de efectos. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para la actualización de la causa de improcedencia que se analiza, se requiere que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, o bien, que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la justicia federal, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Bajo tal panorama, es necesario recordar que el quejoso reclama al Agente del Ministerio Público de la Federación Orientadora de la Unidad de Atención Inmediata de la Subsede de Manzanillo, Colima, la abstención de pronunciarse respecto del ejercicio o no ejercicio de la acción penal dentro del expediente y/o carpeta de investigación número NA/COL/MAN/791/2016. Al respecto, el diecinueve de junio del año en curso, la citada autoridad ministerial, decretó el no ejercicio de la acción penal y ordenó el archivo definitivo de ese asunto, lo que acredita con la copia certificada de dichas actuaciones, las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley. Las premisas apuntadas permiten a este juzgado concluir, que ha cesado la conducta omisiva de la autoridad responsable, puesto que si bien es cierto al momento de la promoción del amparo no lo había hecho, la realidad es que el diecinueve de junio del año en curso se pronunció sobre el no ejercicio de la acción penal. Lo anterior permite estimar que los efectos de las omisiones reclamadas cesaron en su totalidad y, por tal motivo, desaparecieron, de tal manera que las cosas regresaron al estado que guardaban antes de la violación alegada por el peticionario de garantías, sin dejar huella alguna. Esto encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En este orden de ideas, al satisfacerse todos los requisitos para la materialización de la hipótesis de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, de la ley, debe concluirse que resulta manifiesta e indudablemente improcedente el juicio de amparo contra las omisiones reclamadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley, se sobresee en el juicio de amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional a verificarse a las ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE.

  4. Principal

    Parte quejosa desahoga vista. Visto; agréguese el escrito signado por ele autorizado en términos amplios de la quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de siete de julio del año en curso, señala que la denominación correcta de la autoridad responsable es agente del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención Inmediata ó agente del Ministerio Público de la Federación Orientador de la Unidad de Atención y Determinación de Manzanillo, Colima. Emplazamiento a la autoridad responsable. En virtud a lo anterior, con copia del escrito de demanda y del auto admisorio requiérase a la autoridad responsable para que, en términos de lo establecido en los artículos 22 y 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado dentro del plazo de quince días, contados a partir de que reciba el oficio de notificación relativo y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 y 117 de la citada legislación, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibido que de no cumplir con los anteriores requerimientos, o lo haga de manera extemporánea, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente según lo previsto en el arábigo 260, fracción II, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de Amparo. Requerimiento a las partes sobre la materialización de algún supuesto de improcedencia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 64 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que informe si se materializó alguna hipótesis de improcedencia y comunique si la parte quejosa promovió otra demanda en el mismo procedimiento. En caso afirmativo, deberá proporcionar el número del expediente, el estado procesal que guarda y el órgano judicial que la conoce. Se le apercibe que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, conforme a artículos 251 y 238 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se difiere la verificación de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy. Nueva fecha para que se verifique la audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, para que se verifique.

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