Silvia Ayala Vázquez

Expediente 450/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
450/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Silvia Ayala Vázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que el quejoso omitió recurrir el auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    Se agrega al expediente el escrito signado por la quejosa, por el cual desahoga la prevención de veintiuno de mayo del presente año. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo vigente establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda y el escrito aclaratorio, se observa que indicó como actos reclamados: La audiencia de control de detención, la imposición de la medida cautelar, vinculación a proceso, el auto de apertura a juicio oral y el auto de radicación, sin embargo, desde este momento se hace notar que dichos actos pertenecen a etapas procesales distintas en el proceso penal acusatorio. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado plasmados en el escrito inicial de demanda, se advierte la manifestación de la quejosa en el sentido de habérsele notificado el auto de radicación al que se anexó el auto de apertura a juicio oral, en tal virtud, por ello, acudía a esta instancia constitucional a recurrir todas y cada una de las audiencias celebradas previo al dictado del auto que se reclama (de apertura a juicio), por considerar que tuvo una inadecuada defensa. De lo anterior se aprecia que, pese al señalamiento de las audiencias de control de detención, imposición de medida cautelar y vinculación a proceso como actos reclamados, dichos actos fueron superados por el auto de apertura a juicio oral y su radicación. Por eso, se aprecia que el acto reclamado por la quejosa en concreto es el auto de apertura a juicio oral emitido por el Juez Presidente del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento Región Judicial Centro, tan es así que en el punto tres de su escrito aclaratorio, solicita la suspensión de todo acto tendiente a cambiar su situación jurídica, en específico la audiencia de apertura a juicio oral dentro de la carpeta administrativa de origen. En ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte el acto reclamado corresponde al señalado en el párrafo anterior y a manera de conceptos de violación de la ilegalidad de tal auto, entre otros argumentos, la inadecuada defensa en cada una de las etapas previas al dictado del auto de apertura a juicio oral, materializadas en la audiencia de control de detención, imposición de la medida cautelar y la vinculación a proceso. Ahora, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende tres etapas: 1) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; 2) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, 3) La de juicio, que inicia con el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio, regulado por el artículo 347 del mismo código . Por tanto, el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Lo anterior implica que se ejerció la acción de derechos fundamentales contra un auto insuficiente al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Ello sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Entendiéndose como actos de imposible reparación, aquellos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -al resolver la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, el parámetro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Ahora, la quejosa reclama el auto de apertura a juicio oral dictado en el proceso penal acusatorio de origen, el cual no es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues define cuestiones de carácter procesal, como los acuerdos probatorios, que por su naturaleza no afectan directa y materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano; lo cual sólo representa una violación intraprocesal, pues en forma alguna genera a la quejosa una afectación a sus derechos sustantivos. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta a lo que se resuelva en la secuela procesal, donde en su caso se volverán a tasar las pruebas del, con la posibilidad de que dicha resolución pueda serle favorable. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal en la etapa del juicio oral (auto de apertura a juicio) y estar pendiente la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento, se carece de elementos para visualizar un impacto directo a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Es más, de resultar adversa a la quejosa la sentencia que se dicte en el proceso de origen, podrá impugnarla a través del recurso de apelación donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación , donde inclusive podrá alegar las manifestaciones de haber contado con una inadecuada defensa, en términos del artículo 173, apartado B, inciso XIII, de la Ley de Amparo, al prever como violaciones al procedimiento, cuestiones relacionadas con dichos argumentos. Cabe agregar que la improcedencia advertida en forma manifiesta, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el auto de apertura a juicio reclamado, pues de analizarse el contenido de este habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Sólo resta decir que los conceptos de violación expresados en la demanda de protección de derechos, atacan bajo diferentes perspectivas la legalidad del acto reclamado. Pero ninguno alcanza a demostrar el parámetro establecido en la fracción V del artículo 107 de la legislación: existencia de una afectación material a los derechos sustantivos que tutelan la constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Luego, es imposible ponderar la violación a los derechos tutelados por los artículos 1, 14, 16 y 20 de la constitución federal -invocados en la demanda de amparo- pues a la fecha se mantiene la posibilidad de que la quejosa obtenga una sentencia favorable en el procedimiento criminal. Sirve de sustento a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICION, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACION". (Época: Octava Época, Registro: 394012, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 56, Página: 36). Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la citada en el párrafo anterior). Por último, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

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