Silvia Ayala Equihua

Expediente 300/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
300/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
05/11/2021

Partes del expediente

  • Silvia Ayala Equihua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, ***, por derecho propio, reclamó del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades, lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS. La presente demanda tiene como objeto la inconstitucionalidad de los siguientes artículos correspondientes a la Ley de Hacienda del Estado de Durango: a. Artículo 52, fracción I: Establece los derechos por inscripción y demás servicios en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. b. Artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18: Establecen el Impuesto para el Fomento de la Educación Pública del Estado. c. Artículo 44 bis: Establece el Impuesto para la Modernización de los Registros Públicos en el Estado. Respecto de otro ordenamiento legal independiente se reclama: d. Artículo primero de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el ejercicio Fiscal 2020. Habiendo determinado los preceptos legales se procede a relacionar éstos con las autoridades responsables. 1. Del Congreso del Estado de Durango. La inconstitucionalidad de los artículos identificados con las letras a, b y c en cuanto a su aprobación y expedición. También se reclama d en los rubros que contienen las contribuciones precisadas en los artículos mencionados. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado de Durango. La inconstitucionalidad de los artículos identificados con las letras a, b, c y d, en cuanto a su aprobación, promulgación y orden de publicación. 3. Del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Durango. La aplicación de los artículos a, b y c. También se reclama d en los rubros que contienen las contribuciones precisadas en los artículos mencionados. De la misma manera se reclama de esta autoridad la aplicación concreta de los artículos referidos. Traduciéndose en la cuantificación, determinación y cobro de los derechos por el Registro Público de la Propiedad por el contrato de compraventa de inmuebles, cobro del Impuesto de Fomento Educativo y del Impuesto de Modernización del Registro Público. Estos actos se realizaron el veinte de febrero de dos mil veinte y se encuentran documentados en el recibo oficial de dicha Secretaría con número de transacción 2020- 344260 (copia certificada adjunta). 4. Del Director del Periódico Oficial del Estado. La aplicación de los artículos identificados con las letras a, b y c. También se reclama d en los rubros que contienen las contribuciones precisadas en los artículos mencionados. 5. Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad. La aplicación de los artículos identificados con las letras a, b y c. También se reclama d en los rubros que contienen las contribuciones precisadas en los artículos mencionados" (Transcripción literal) El siete de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia en la por una parte, sobreseyó y, en otra, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: " 1) En lo sucesivo no se aplique a la parte quejosa el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, cuya inconstitucionalidad se declaró en el presente juicio de amparo, es decir, que se le desincorpore de su esfera jurídica. 2) Se reintegre a la parte quejosa las cantidades que como primer acto de aplicación se enteraron por concepto de modernización de los Registros Públicos y debidamente actualizadas conforme al Código Fiscal del Estado de Durango, desde la fecha en que se pagaron hasta aquella en que la devolución se realice. En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respeto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la referida sentencia. Por cuestión de turno, le correspondió conocer del medio de impugnación al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en esta ciudad y mediante resolución de nueve de abril del referido año, determinó lo siguiente: " PRIMERO. Quedan firmes el sobreseimiento y la concesión de amparo decretados, conforme a lo establecido en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. En la materia de revisión se confirma la sentencia recurrida. " En mérito de lo anterior, éste órgano jurisdiccional en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, requirió a las responsables el cumplimiento de la misma. El Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración en su oficio SFA-PF-DJA-3009-8838/2021 de treinta de septiembre de la anualidad que cursa, informó que mediante oficio SFA-PF-DJA-3009-8839/2021 de la misma fecha, se desincorporó de la esfera jurídica de la hoy impetrante el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango; así como que el cuatro de junio del año en curso, se realizó la transferencia electrónica bancaria por la cantidad de ***con motivo al impuesto a la modernización de los registros públicos; anexando las constancias relativas para acreditar su dicho. Con dichos oficios y su cumplimiento, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que haya efectuado manifestación al respecto. En mérito de lo anterior, si los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente su reintegración de la cantidad pagada por concepto de "impuesto a la modernización de los registros públicos", así como la desincorporación de su esfera jurídica el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Como está ordenado en autos el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los oficios signados por el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado y sus anexos, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso. En tal virtud, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, dese vista a la parte quejosa con los oficios para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA AUTO 04-10-2021 Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los oficios signados por el Subprocurador Fiscal de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado y sus anexos, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha veinticuatro de septiembre del año en curso. En tal virtud, previamente a tener por cumplida la sentencia protectora de garantías, dese vista a la parte quejosa con los oficios para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, exprese lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, y toda vez la autoridad responsable Secretaría de Finanzas y Administración en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, requiéraseles para que dentro del término de tres días computado legalmente, proceda a dar cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos siguientes; "En lo sucesivo no se aplique a la parte quejosa el artículo 44 bis de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, cuya inconstitucionalidad se declaró en el presente juicio de amparo, es decir, que se le desincorpore de su esfera jurídica. Se reintegre a la parte quejosa las cantidades que como primer acto de aplicación se enteraron por concepto de modernización de los Registros Públicos y debidamente actualizadas conforme al Código Fiscal del Estado de Durango, desde la fecha en que se pagaron hasta aquella en que la devolución se realice." Se apercibe a la referida autoridad responsable que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). De igual forma, se le apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a las autoridades responsables, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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