Silvia Ayala Cuevas

Expediente 856/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
856/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Silvia Ayala Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/jkgt

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente a la quejosa Silvia Ayala Cuevas, el contenido del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en la misma. En razón de lo anterior, se ordena notificarle por lista el proveído de referencia, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/MHP/Akms

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE VEINTISEIS DENOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS: Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Ayala Cuevas, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 856/2021-V. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el emplazamiento (por su falta o ilegalidad) al expediente 883/2011 del índice del Jugado Cuarto de lo Civil, con sede en esta ciudad y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en él. Por otra parte, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] IX. PROTESTA LEGAL.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, [.] X. Conocimiento del acto reclamado el día 14 de octubre de 2021 a las 14:00. [.]"1 Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados, al haber presentado la demanda que se atiende fuera del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 17 del propio ordenamiento legal, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, por las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio 1 El texto se ha transcrito fielmente y la reproducción es literal. de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado, se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el emplazamiento (por su falta o ilegalidad) al expediente 883/2011 del índice del Jugado Cuarto de lo Civil, con sede en esta ciudad y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en él. Por otra parte, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] IX. PROTESTA LEGAL.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, [.] X. Conocimiento del acto reclamado el día 14 de octubre de 2021 a las 14:00. [.]"2 Manifestación que tiene la calidad de una confesión expresa y adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por lo que es apta para demostrar, fehacientemente, que la promovente se ostentó sabedora del acto reclamado en la fecha que refiere, esto es, desde el catorce de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, de tal manifestación también se obtiene que, en el caso, se actualiza el tercer supuesto previsto en el artículo 18 de la ley de la materia, por lo que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedor del acto reclamado. Entonces, si la demanda de derechos fundamentales se presentó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, es inconcuso que tal presentación se realizó fuera del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que consintió tácitamente los actos reclamados. Para mayor claridad, se propone la siguiente 2 El texto se ha transcrito fielmente y la reproducción es literal. representación gráfica: .... En virtud de lo expuesto, como se anticipó, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Giovani Martínez Cuevas, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos a quienes refiere para tal efecto; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Silvia Ayala Cuevas, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 856/2021-V. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama el emplazamiento (por su falta o ilegalidad) al expediente 883/2011 del índice del Jugado Cuarto de lo Civil, con sede en esta ciudad y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en él. Por otra parte, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] IX. PROTESTA LEGAL.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, [.] X. Conocimiento del acto reclamado el día 14 de octubre de 2021 a las 14:00. [.]"1 Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, ya que el quejoso consintió tácitamente los actos reclamados, al haber presentado la demanda que se atiende fuera del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 17 del propio ordenamiento legal, por lo que lo procedente es desechar de plano la demanda relativa, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, por las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio 1 El texto se ha transcrito fielmente y la reproducción es literal. de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado, se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el emplazamiento (por su falta o ilegalidad) al expediente 883/2011 del índice del Jugado Cuarto de lo Civil, con sede en esta ciudad y, en vía de consecuencia, todo lo actuado en él. Por otra parte, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "[.] IX. PROTESTA LEGAL.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, [.] X. Conocimiento del acto reclamado el día 14 de octubre de 2021 a las 14:00. [.]"2 Manifestación que tiene la calidad de una confesión expresa y adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por lo que es apta para demostrar, fehacientemente, que la promovente se ostentó sabedora del acto reclamado en la fecha que refiere, esto es, desde el catorce de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, de tal manifestación también se obtiene que, en el caso, se actualiza el tercer supuesto previsto en el artículo 18 de la ley de la materia, por lo que el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo inició a partir del día siguiente a aquél en que se ostentó sabedor del acto reclamado. Entonces, si la demanda de derechos fundamentales se presentó hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, en esta ciudad, es inconcuso que tal presentación se realizó fuera del término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que consintió tácitamente los actos reclamados. Para mayor claridad, se propone la siguiente 2 El texto se ha transcrito fielmente y la reproducción es literal. representación gráfica: .... En virtud de lo expuesto, como se anticipó, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda relativa. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Giovani Martínez Cuevas, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos a quienes refiere para tal efecto; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda

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