Silvia Ascension Morales Herrera

Expediente 1345/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 33 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1345/2022
Año
2022
Actuaciones
33
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Silvia Ascension Morales Herrera
  • .

Actuaciones

Las 4 más recientes de 33.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: VII. DECISIÓN Con base en las premisas expuestas, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa Silvia Acención Morales Herrera y/o Silvia Ascención Morales Herrera, es decir, integre el expediente con clave de trámite T-JM-182/2021, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la parte quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. Recurso de revisión. Inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el que lo radicó bajo el número A.R.-19/2023, y mediante resolución pronunciada el trece de julio de dos mil veintitrés confirmó la sentencia que obra en autos. Cumplimiento Por tanto, en acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Así, previos requerimientos realizados por este juzgado federal, el siete de septiembre de dos mil veintitrés remitieron digitalización del memorándum DPJ/2438/2023, de seis de septiembre de dos mil veintitrés y oficio DG/060-285/2023, de seis de septiembre del año en curso, del que se desprende que se aprobó la solicitud de pensión por jubilación de la parte quejosa, lo cual le fue notificado a esta última el mismo día. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. En el entendido de que el suscrito Secretario Encargado del Despacho estoy facultado para emitir el cumplimiento de mérito, en términos del criterio jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." En términos de lo acordado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, en el cuaderno de varios 1/2023, de este Juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se otorga al usuario "MromanoMP", que pertenece a Martha Angélica Romano Saldaña, la autorización a efecto de que pueda tener acceso a las actuaciones del presente juicio de amparo, en la vía electrónica, así como para que, a partir de esta fecha, se le notifiquen electrónicamente los acuerdos que ameriten ser personales a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representación, mediante el cual remite copia certificada del oficio número DG/060-285/2023 por el que manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector. Fecha de cumplimiento por parte de la autoridad.Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable informó el cumplimiento. 06/09/2023 07/09/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibida que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Instituto se Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, por conducto de su representación, mediante el cual informa que: ".En cumplimiento a lo ordenado por la Autoridad Federal, le informo que, en la Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de este Instituto, celebrada el día 25 de agosto de 2023, fue sometido a consideración de esta última, el expediente pensionario a nombre de la C. ********************, bajo la clave de trámite ********************, mismo que fue aprobado por la Junta Directiva de este Instituto.." De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, la autoridad oficiante solicita una prórroga de ocho días para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, al respecto se hace saber a la citada autoridad que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues, a pesar de sus manifestaciones, por tratarse de una sentencia ejecutoriada, ésta constituye cosa juzgada y se traduce en una norma jurídica individualizada, por lo que su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de las partes, de modo que su cumplimiento debe satisfacerse de manera íntegra, legal y sin condición alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, cumplan con la totalidad de los efectos de la sentencia de amparo, los cuales son los siguientes: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por la parte quejosa ********************, es decir, integre el expediente con clave de trámite ********************, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir a la parte quejosa para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente. Además, para el caso de ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente y entregarle la patente original que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo requerido en párrafos anteriores, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización , y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Escrito parte quejosa Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual solicita la autorización de las notificaciones electrónicas. Así, dado que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre de usuario "MMorales" correspondiente a Miguel Morales Trejo -autorizado de la parte quejosa- por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y según lo establecido en el numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico, por el cual se debe privilegiar el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se autoriza notificarse de las resoluciones en forma electrónica, a través del módulo dispuesto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Luego, la parte promovente solicita se haga efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes de Estado de Puebla, como superior jerárquico de las autoridades señaladas como responsables. Al respecto, indíquese que el pasado siete de agosto el Instituto referido informó que señaló el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés para que se sesione el expediente pensionario de la parte quejosa, por ello, se le requirió para que una vez que acontezca lo anterior, lo comunique de manera inmediata a este juzgado federal. Por ello, dado que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo la autoridad responsable está en vías de cumplir con el fallo protector, por el momento no procede requerir nuevamente a su superior jerárquico para que la conmine a hacerlo. Así, indíquese a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado el siete del actual mes y año. Sirve de apoyo a lo anterior: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL ACUERDO DE TRÁMITE QUE ORDENA AL PROMOVENTE ESTAR A LO ACORDADO EN UNA PROVIDENCIA ANTERIOR, NO INFRINGE LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. El hecho de que en un acuerdo de trámite el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordene al promovente estar a lo decidido en diversa providencia respecto de su petición, sin citar precepto legal alguno ni consignar las razones que justifiquen esa remisión, no viola los principios de fundamentación y motivación, ya que no está resolviendo algún planteamiento jurídico, sino que se trata de una mera cuestión informativa que no requiere mayores formalidades, además de que se está en presencia de una excepción a la regla general de que la fundamentación y motivación deben constar en el cuerpo de la resolución y no en documento distinto, pues por constituir determinaciones vinculadas, la remisión ordenada está prácticamente haciendo suyos los razonamientos y fundamentos del auto anterior, supuesto en el cual no es requisito indispensable que el acuerdo reclamado reproduzca literalmente los motivos y fundamentos que condujeron a la conclusión tomada con anterioridad, siendo suficiente con que se haga remisión a lo ahí acordado." Notifíquese.

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