Silvia Aracely Guerrero Ibarra
Expediente 202/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Silvia Aracely Guerrero Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día veintidós de mayo del año en curso, en la cual se negó a la quejosa el amparo y protección solicitados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA. Hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes y en atención a que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvase al juez responsable las constancias que remitió en su informe. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, y por otra parte, que el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primera parte, del citado acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN toda vez que se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE.
- Principal
Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 202/2015, promovido por Silvia Aracely Guerrero Ibarra, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, y de otra autoridad, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Silvia Aracely Guerrero Ibarra demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: "Autoridades Responsables. C. Juez Segundo del Ramo Civil de la Capital. C: Notificador Adscrito a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital. Acto Reclamado. A) Del C. Juez Segundo del Ramo civil de la Capital, la orden de realizar el Emplazamiento a Juicio y todo lo actuado dentro del expediente marcado con el número 298/2010, relativo al Juicio Hipotecario. B) Del Notificador Adscrito a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, El Acto de Emplazamiento a Juicio de fecha 29 de Marzo del año 2011 y la notificación de la sentencia pronunciada a persona desconocida". II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de diecisiete de febrero de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 202/2015; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se emplazó a los terceros interesados y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el siete de mayo de dos mil quince. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa Silvia Aracely Guerrero Ibarra, comparece a esta instancia federal, en su carácter de tercera extraña equiparable a juicio, a reclamar particularmente del Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital y del actuario de la adscripción: El indebido emplazamiento al juicio hipotecario número 298/2010 y, como consecuencia de ello todo lo actuado en ese controvertido. II.2. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, así como al actuario de la adscripción, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 22 y 24 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas del juicio especial hipotecario número 298/2010, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juzgado de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". IV. Análisis de Fondo. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". IV.I. Conceptos de Violación. En principio, es necesario explicar que el emplazamiento es el llamamiento que se hace a una persona, física o jurídica, para que comparezca al tribunal dentro del término que se le designe, con el objeto de defenderse de los cargos que se le hacen y, de oponerse a la demanda. La doctrina y la jurisprudencia han sido coincidentes en conceptualizar al emplazamiento como un acto procesal de significativa importancia en toda controversia de carácter judicial o administrativa, dado que constituye el medio por el cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. De ello tenemos que es mediante ese acto procedimental que las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con el derecho fundamental de audiencia y defensa adecuada consagrado en el artículo 14 de la Constitución General de la República, que dispone que nadie puede ser privado de la vida, de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que deberán ser observadas las formalidades esenciales del procedimiento. Es aplicable a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. Por consiguiente, en toda controversia judicial en que se practique el llamado a juicio, existe la presunción legal de que en ella se cumple con ese principio fundamental, dado que por su conducto se da inicio al derecho que tiene todo demandado de ser oído y vencido en un juicio, pues a fin de resentir una condena legal derivada de una relación jurídica de cualquier índole, constituye requisito indispensable el que se observe estrictamente ese derecho público subjetivo. Se invoca en apoyo al tema, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia". Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, reconoce la importancia de ese llamado a juicio; el legislador consideró que el emplazamiento ordenado en el procedimiento civil debía notificarse de forma personal y, además, rodeó dicha diligencia de una serie de requisitos que aseguren su legal realización a fin de no dejar resquicio alguno que motivara la inaudiencia de cualquier demandado; para ello determinó detalladas reglas a que debe sujetarse esa actuación judicial. En efecto, los numerales 171 y 172 Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establecen: "Artículo 171. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: . II. El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pida, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que se estará a lo dispuesto por el artículo 108. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentra la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificado hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; .. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites". "Artículo 172. Además del emplazamiento se harán personalmente las siguientes notificaciones: I. Del auto que ordene la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos; II. La primera resolución que se dicte, cuando por cualquier motivo se dejare de actuar en el juicio por más de seis meses; III. Las sentencias definitivas; IV. Cuando se trate de casos urgentes o el juez o la ley así lo ordenen, y V. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo. Cuando variare el personal de un tribunal, no se proveerá acuerdo haciendo saber el cambio, sino que, al margen del primer proveído que se dicte después de ocurrido el cambio, se pondrán completos los nombres y apellidos de los nuevos funcionarios. Sólo que el cambio ocurriere cuando el negocio esté pendiente únicamente de la sentencia definitiva, se mandará hacer saber a las partes el cambio de personal. Las notificaciones de que habla este artículo se harán precisamente en el domicilio de las personas a quienes deba notificarse, o en la casa designada para oír notificaciones. Si el notificador no encontrare al interesado, le dejará cédula, en la que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido del promovente; el tribunal que manda practicar la diligencia; la determinación que se manda notificar, y el nombre y apellido de la persona a quien se entrega, que será de las mencionadas en la fracción III del artículo anterior, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto, a menos de que se rehusare a firmar o no supiere hacerlo, pues en estos casos se harán constar estas circunstancias". De una interpretación armónica y sistemática de sus preceptos legales se desprende: Que el legislador reconoció la importancia de notificar de manera personal el emplazamiento, pues mediante esa diligencia, el órgano jurisdiccional establece la relación jurídica procesal que vincula a las partes contendientes durante un juicio, de ahí la trascendencia que la ley le confiere y la razón de que su desahogo se lleve a cabo en forma personal y directa con el demandado. Dicha diligencia deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pida, el cual deberá ser precisamente el lugar que habita el demandado y además, se hará a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que tenga oportunidad de acudir al juicio y ser oído en defensa de sus derechos, es decir, para permitir que el demandado en el juicio tenga conocimiento del mismo y oponga las excepciones y defensas a su alcance, ofrezca las pruebas que las acrediten, objete las de su contraria e intervenga en su recepción, formule los alegatos que a sus intereses competa, etcétera. Aunado a lo anterior, una vez que el actuario del Juzgado se cerciora, de la exactitud del domicilio, se dispone que el interesado se encuentre presente, el actuario notificará la resolución; y, si no está presente el interesado, debe dejarse citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. Luego, si al acudir el notificador al domicilio para practicar el emplazamiento o notificación, el interesado no está presente o no esperó al funcionario, ese emplazamiento o notificación debe practicarse por cédula, la cual se entregará a los parientes domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona que deba ser citada de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Así las cosas, del análisis a las actas de entrega de citatorio y emplazamiento por cédula, levantadas por la Oficial Notificadora adscrita a la Central de Notificadores de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de esta ciudad que obran a fojas 52 a 60 del tomo de prueba, se evidencia que el emplazamiento a la demandada Silvia Aracely Guerrero Ibarra, sí reúne los requisitos establecidos en los artículos 171 fracciones II y III, y 172 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, toda vez que la citada diligenciaria, el veintiocho de marzo de dos mil once, se constituyó en calle Hacienda de San Juan Capistrano número 513, del fraccionamiento Hacienda de Bernárdez, en Guadalupe, Zacatecas, en busca de Silvia Aracely Guerrero Ibarra, y una vez cerciorado del domicilio buscado por existir la nomenclatura de la calle y por así habérselo manifestado Daniela Alejandra Martínez Guerrero; acto continuo, requirió la presencia del demandado, por lo que, su informante le dijo que la persona buscada en ese momento no se encontraba y procedió a dejarle citatorio para que la esperara a las diez horas del día siguiente. Así, el día veintinueve de marzo de dos mil once, la diligenciaria se constituyó nuevamente en el domicilio de la demandada y requirió su presencia, sin embargo, del acta se desprende que Silvia Aracely Guerrero Ibarra no esperó a la Oficial Notificadora, por lo que ésta entendió la diligencia nuevamente con Daniela Alejandra Martínez Guerrero, quien dijo ser hija de la demandada -hoy impetrante de amparo-, persona a la que le entregó cédula de la notificación correspondiente, a la que anexó copia simple de la demanda y anexos, así como del auto de radicación de quince de junio de dos mil diez, dictado en los autos del juicio especial hipotecario número 298/2010 del índice del Juzgado Segundo del Ramo Familiar de la Capital. Además, debe decirse que también se reunieron los requisitos especiales que, en tratándose de juicios hipotecarios, debe reunir la diligencia de emplazamiento, pues del acta de notificación se advierte que la diligenciaría dejó en poder de Daniela Alejandra Martínez Guerrero, copia de la cédula hipotecaria a que se refiere el segundo párrafo del artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Zacatecas, que dice: "Artículo 532.- La ejecución del auto que admita la demanda en la vía hipotecaria, se llevará a cabo mediante la expedición inmediata de la cédula hipotecaria, y su envío a la oficina del Registro para su inscripción, y la diligencia de entrega y emplazamiento al demandado. En la diligencia se hará entrega de un ejemplar de la cédula hipotecaria al deudor y otro ejemplar al acreedor, intimándose al deudor en su caso para que exprese si acepta o no la responsabilidad de depositario. Si la diligencia no se entendiera directamente con el deudor, deberá, dentro de los cinco días siguientes al traslado, manifestar si acepta o no la responsabilidad de depositario, entendiéndose que no la acepta si no hace esta manifestación dentro del término expresado, y en este caso, el actor podrá pedir que se le entregue la tenencia material de la finca, o nombrar depositario bajo su responsabilidad. Hecha la entrega de la cédula hipotecaria al deudor, directamente o por conducto de la persona con quien se entienda la diligencia, se le correrá traslado de la demanda, emplazándolo para que dentro de cinco días ocurra a contestarla y a oponer excepciones, si tuviere". Circunstancias que ponen de manifiesto que el emplazamiento realizado por medio de cédula en el domicilio proporcionado por la parte actora, mismo que fue corroborado por quien dijo llamarse Daniela Alejandra Martínez Guerrero y afirmó ser hija de la demandada Silvia Aracely Guerrero Ibarra, cumplió los requisitos previstos por los artículos 171, fracciones II y III y 172 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por tanto, la parte quejosa no puede ser considerada tercera extraña al juicio natural, pues no obstante que resulta evidente que no contestó la demanda entablada en su contra, ni existe constancia de que haya impugnado la sentencia definitiva, ello no significa que tenga la calidad de tercero extraño a juicio por equiparación, sino que en todo caso, tiene el carácter de parte procesal. Sin que pase desapercibido que la quejosa aduzca en su demanda de amparo que ni ella ni su hija recibieron o entendieron diligencia de emplazamiento, así como que los días en que se practicaron tanto la cita como el emplazamiento su hija se encontraba en la escuela, lo que pretende demostrar con el documento que aportó consistente en una constancia de estudios de la Universidad Autónoma de Zacatecas expedida a nombre de Daniela Alejandra Martínez Guerrero, en la que solamente se señala que cursa la licenciatura en Nutrición, así como las calificaciones que obtuvo; o bien, que no coinciden la media filiación que describe la notificadora respecto de las características de su hija, pues lo cierto es que la fe pública con que está investida la funcionaria no puede ser destruida con simples manifestaciones negativas, que debe decirse, no fueron probadas en este juicio; de ahí que no alcancen a destruir la fe pública con que cuenta la actuaria responsable. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis que se lee: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario". Consecuentemente, no evidenciado a la luz de los conceptos de violación examinados, que la diligencia reclamada viole en perjuicio de la quejosa el derecho fundamental de defensa adecuada y las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ni queja deficiente que suplir en términos de lo previsto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Silvia Aracely Guerrero Ibarra. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Silvia Aracely Guerrero Ibarra contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe hasta hoy veintidós de mayo de dos mil quince, fecha en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.- El licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifica y hace constar que la presente corresponde a la última foja de la resolución constitucional dictada en el juicio de amparo 202/2015 del índice de este órgano jurisdiccional. Doy fe.-
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCIÓN DE VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Silvia Aracely Guerrero Ibarra contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables.".
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a quince de abril de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta firmado por el licenciado José Benjamín España de Robles, apoderado general para pleitos y cobranzas de METROFINANCIERA, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, en su carácter de tercero interesada en el presente juicio de garantías, personalidad que acredita con la copia certificada de la escritura pública número 67,377 que anexa; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado en el presente juicio de garantías; y, como lo solicita, se tiene como autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a los licenciados Julia Manríquez Buendía y Luis Alberto Vidaña Sánchez, toda vez que no tienen cédula registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como domicilio para tal efecto en calle Mina Palomas de Oro número 112, colonia Minera de esta ciudad. En otro sentido, como lo solicita el promovente, devuélvasele el documento que acompaña a su escrito de cuenta, dejando copia certificada en su lugar, previa toma de razón que de su recibo se asiente en autos. Notifíquese.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Silvestre García Márquez397/2018
- Silvestre Guardado Alvarado1876/2014
- Silvestre Quintero Flores937/2017
- Silvia Acevedo Domínguez372/2015
- Silvia Acevedo Domínguez196/2021
- Silvia Aracely Guerrero Ibarra668/2017
- Silvia Cardona Aguilar1204/2015
- Silvia Castro Diosdado804/2022
- Silvia Castro Diosdado263/2021
- Silvia Cerros de la Torre795/2023
- Silvia Cervantes Mascorro1650/2022
- Silvia Contreras Flores1521/2018