Silvia Antonio Isidro
Expediente 1243/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1243/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Silvia Antonio Isidro
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual transcribe el acuerdo de presidencia de nueve del mes y año en curso, del que se advierte que se admitió el recurso de queja interpuesto por Efrén Pablo Hernández, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ******, en contra del auto de tres de octubre del año en curso dictado en el juicio de amparo en que se actúa mediante el cual se desechó la demanda; el cual quedó registrado bajo el amparo en queja ****** de su índice. De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ******************** autorizado de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación en comento. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a la circular DFFJ/0012/2020 del Titular General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, solicítese mediante correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, informe a este juzgado a qué tribunal corresponderá conocer del presente recurso, para estar en posibilidad de remitirlo, por lo que se instruye al actuario de la adscripción remita por correo electrónico el oficio de solicitud de turno correspondiente. Por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" (SISE), para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que corresponda. Hecho lo anterior, deberá informar a dicho órgano federal, para confirmar la debida autorización. Asimismo, a la coordinadora de actuarios judiciales adscrito a este juzgado, para que digitalice todas las constancias necesarias para la debida integración del expediente electrónico. Notifíquese: por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito que se remiten vía correo electrónico; y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad resguardada de iniciales ********************y********************, quien solicita en amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables y por el actos que a continuación se precisan: Autoridades Responsables Ordenadora Juzgado Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Huixquilucan, Estado de México. Ejecutora Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Acto reclamado La resolución interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** donde el Juez responsable señaló las diez horas del día veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que las partes acudieran ante el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a una junta informativa y en su caso continuaran con el procedimiento de justicia alterna familiar. En el entendido que debían exhibir la constancia expedida por dicho centro de conciliación que acreditara que no se logró la extinción total del conflicto a través del convenio, como se indica en el artículo 5.46 del Código Adjetivo Civil, a fin de señalar audiencia inicial. Improcedencia del juicio de amparo No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). " Respecto de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en esencia, expuso las siguientes consideraciones: En la jurisprudencia P./J. 4/2001 del propio Pleno, éste interpretó que en contra de la resolución que en el juicio laboral desechaba la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionaran derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, precisa que por dichos actos se entienden: "(...) los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De ahí, puede afirmarse que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece. De ese modo, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente el Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo". Hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que el Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Las citadas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, de rubro y contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución interlocutoria de uno de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte quejosa, en contra del acuerdo de diez de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** donde el Juez responsable señaló las diez horas del día veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, para que las partes acudieran ante el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a una junta informativa y en su caso continuaran con el procedimiento de justicia alterna familiar. En el entendido que debían exhibir la constancia expedida por dicho centro de conciliación que acreditara que no se logró la extinción total del conflicto a través del convenio, como se indica en el artículo 5.46 del Código Adjetivo Civil, a fin de señalar audiencia inicial. Sin embargo, tal resolución interlocutoria no constituye un acto de imposible reparación, porque los efectos que produce no afecta de manera directa e inmediata los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. Ello es así, toda vez que el acto recurrido se refiere a cuestiones meramente procesales, pues dicha determinación, confirmó el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés, donde se señaló fecha y hora para que las partes acudieran ante el Centro de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a una junta informativa y en su caso continuaran con el procedimiento de justicia alterna familiar; en la inteligencia que para señalar audiencia inicial debían exhibir la constancia expedida por dicho centro de conciliación que acreditara que no se logró la extinción total del conflicto a través del convenio. Por lo que en su caso, la eventual violación deberá reclamarse una vez que se dicte la resolución que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando la misma haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se desprende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilataciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio Como lo solicita la promovente, téngase como su domicilio para oír notificaciones la lista que publica este juzgado; por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico a través del usuario ********************, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario ********************, que proporciona el quejoso para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Autorizados En cuanto a la persona que menciona, se tiene por autorizada en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo si a la fecha del dictado del presente acuerdo tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; respecto a la diversa persona señalada, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea. Con fundamento en el artículo 263, fracción II, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Oposición a la publicación de datos personales. Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
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