Silvia Angelica Yah Canche

Expediente 1703/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1703/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Silvia Angelica Yah Canche

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito presentado por la quejosa ********************, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de catorce de julio de dos mil veintidós. En virtud de lo anterior, con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán y de su Magistrado, ambas con residencia en esta ciudad, que se precisa de la siguiente manera: ACTO RECLAMADO La omisión de aplicar los instrumentos o medidas necesarias para la eficaz ejecución del laudo emitido en autos del juicio ********************. La falta de fundamentación y motivación de aplicar las medidas necesarias para la ejecución forzosa del laudo. La contumacia por parte de las responsables al no realizar la ejecución forzosa de laudo. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Ahora bien, se desecha de plano la demanda de mérito únicamente por lo que a dicho acto se refiere, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso se actualiza de manera indudable la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, y 217, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en cita, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". En el caso, la quejosa reclama la omisión genérica de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio laboral ********************; sin embargo, de los antecedentes narrados en el escrito de demanda no se desprende que se haya impulsado el procedimiento de ejecución de éste, para lograr el cumplimiento de lo decidido en el procedimiento, por lo que su reclamo, contenido en la demanda que ahora se examina, es un señalamiento genérico de que existe una omisión de ejecutar el laudo. Por ende, de conformidad con la jurisprudencia del más alto Tribunal de la República, que existe sobre el tema, es necesario que se reclame un acto u omisión en concreto, pues el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, debe constreñirse a lo reclamado por la parte quejosa y no puede abarcar actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, página 2771, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), sostenida por el Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la página 1469, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019185,, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Lo anterior es así, pues no debe de perderse de vista que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de laudo, y aun cuando en esa fase procesal el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es, que en dicha fase se requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también su prosecución, es decir, la intención de continuar con la misma; tales aseveraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 15/2011, que se citó en párrafos procedentes cuyo cubro dice "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." Esto es, en autos no consta que la aquí quejosa haya dado impulso a la ejecución del laudo. Por tanto, si de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama del Tribunal responsable, la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, sin que precise un acto concreto que contenga la dilación que reclama o que hubiere dado origen a alguna abstención por parte de dicha autoridad responsable, es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda dicha omisión debe tenerse como inexistente. Así, de lo anterior se desprende que al momento que la parte quejosa presentó su demanda, en los autos del juicio laboral de origen, no existía una petición por parte de la aquí quejosa ante la autoridad responsable de llevar a cabo la ejecución solicitada, pues aunque en el presente juicio de amparo opera la suplencia de la queja a su favor conforme al artículo 79 fracción V, tal figura jurídica consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus derechos fundamentales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal figura jurídica no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados y de las autoridades responsables, razón por la cual en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada. Lo anterior se justifica porque el análisis de la procedencia del juicio de amparo, así como el fondo del asunto, y los alcances de la eventual concesión de la protección constitucional, deben constreñirse a actos específicos y existentes al momento de la presentación de la demanda de la parte quejosa; es decir, se debe acreditar una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico y no puede abarcar actos futuros que pudieran o no emitirse, como en el caso, la ejecución del laudo dentro de esa etapa, depende de la promoción de la parte que obtuvo, ya que la ejecución depende del impulso e intervención del ejecutante. En ese contexto, el juicio de amparo es procedente contra actos actuales y ciertos que ya se han llevado a cabo, en virtud de que este medio de control constitucional no tiene efectos preventivos o especulativos, sino de reparación, lo cual excluye su viabilidad respecto de actos futuros e inciertos, en el entendido que ese concepto no debe entenderse referido exclusivamente y en forma aislada a aquellos actos que en un momento y tiempo específicos aún no se han realizado, sino que debe manejarse en función de su indeterminación, incertidumbre, probabilidad o posibilidad de que se produzca. Corolario de lo hasta aquí expuesto y retomando el criterio de jurisprudencia 15/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." PRECEDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 116/2021, en sesión de veinte de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales correspondientes, el informe con justificación del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, promoviendo en representación del Registrador Integral adscrito a la Dirección General del Registro y Control Documental de dicha institución. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense dichos informes y anexo en la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como domicilio de dicha autoridad, para oír y recibir las notificaciones relacionadas con el presente asunto, el señalado para tal fin en sus informes de cuenta. Notifíquese y cúmplase.

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