Silvia Álvarez Echeverría y Otros.
Expediente 1098/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/09/2023
Partes del expediente
- Silvia Álvarez Echeverría y Otros.
- Silvia Álvarez Echeverría
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia constitucional dictada en el expediente en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
Audiencia y Resolución Constitucional ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73 a 75, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados a la Jueza del Juzgado Primero Especializado en Materia Laboral, Región Uno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por el Subsecretario de Educación Estatal y el Coordinador General de Administración Estatal ambos de la Secretaria de Educación del Gobierno de Chiapas, en cumplimiento al proveído de diez de julio del año en curso, en el cual informan que se encuentran realizando las gestiones oportunas para dar cumplimiento al fallo, anexando copias de diversos memorándums. Al efecto, se toma nota de lo informado por la citada autoridad y se le tiene en vías de cumplimiento. Por tanto, visto lo informado dichas autoridades y a fin de continuar con el cumplimiento del fallo, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Subsecretaria de Educación Estatal y al Coordinador General de Administración Estatal ambos de la Secretaria de Educación del Gobierno de Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir en que queden debidamente notificados de este proveído, SIN MÁS EVASIVAS den cumplimiento al fallo protector, esto es realicen las gestiones necesarias a efecto de aplicar el alta a favor de German Emilio Domínguez Salazar, dentro del Sistema de Nominas (SISNOMI) y cubrir los pagos al quejoso que se le adeuda del veintisiete de mayo de dos mil veintidós al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, debiendo remitir copias certificadas y legibles que acrediten lo anterior. Ello, ya que desde noviembre de dos mil veintidós, (más de ocho meses) ha señalado que se encuentran realizando las gestiones, sin que a la fecha lo hayan hecho. Se apercibe a las mismas que de no hacerlo, se les impondrá multa por el equivalente de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos, 74/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo, para el caso de no dar cumplimiento en los términos precisados, sin perjuicio de proceder en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de la Materia, del segundo párrafo del numeral citado, que dispone: Por otra parte, se ordena a los actuarios adscritos que en caso que las autoridades responsables, aún no hayan reanudado sus actividades, deberán resguardar el oficio dirigido a la misma y entregarlo el día que ésta reanude sus labores.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por Hildebrano Nandayapa Gómez, apoderado general de la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas e Instituto de Salud, por medio del cual, en atención al auto de diecinueve de junio de esta anualidad, manifiesta que no dispone del recurso económico para sufragar o solventar el pago de los edictos, para efecto de emplazar a la tercero interesada Adriana Zuarth Ruiz, pues refiere que en concordancia con los estatutos que constriñen al funcionamiento de su representa no se encuentra en posibilidades de solventar dicho pago. Ahora bien, toda vez que manifiesta la imposibilidad que tiene para realizar el pago de los edictos ordenados en el presente juicio al referir que no cuenta con los recursos económicos y que le es imposible solventar dicho gasto, es necesario precisar lo establecido en el numeral 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) c) Cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación sin costo para el quejoso. (.)" Así, del artículo descrito se advierte que para que el órgano jurisdiccional ordene la publicación de los edictos en el Diario Oficial de la Federación sin costo para la parte quejosa, deberá tratarse de personas de escasos recursos, pues, ante la falta de capacidad económica para sufragar un pago semejante, el juzgador puede determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero interesado, de lo contrario se dejaría en estado de indefensión, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo ese sentido, si la parte solicitante de protección constitucional manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) La existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirma que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio de amparo se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que la parte quejosa realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el peticionario de amparo carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sea abogado perteneciente a la Defensoría Pública. Por ende, la parte quejosa en el presente juicio de amparo refiere no disponer recursos económicos a fin de sufragar el pago de edictos de conformidad con los estatutos que constriñen su funcionamiento, circunstancia que no es suficiente para estimar que no cuenta con los recursos necesarios para proseguir el juicio, pues dichas dependencias tienen la opción de regular sus partidas para casos de excepción, por lo que con sus simples manifestaciones no se acredita su condición de escasos recursos, o el impedimento legal que tuvieran para poder obtener dichos recursos; gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición, sin que en el caso lo hiciera. Aún sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Atento a lo anterior, a juicio de éste órgano se estima que no existen indicios suficientes para colmar los requisitos de "imposibilidad económica" y "escasos recursos" respecto de la parte quejosa, hacia la publicación de los edictos ordenados para emplazar a la tercera interesada Adriana Zuarth Ruiz. Máxime que la forma de emplazamiento ordenada en el presente juicio se encuentra encuadrada dentro de las formas de emplazamiento de las partes, establecidas en el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. Finalmente, la parte quejosa informa que dentro de la causa penal 55/2021, del índice del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, la tercero interesada de referencia ha sido notificada a través del número telefónico 961 442 23 04, por lo que, solicita sea emplazada por este medio por conducto de la autoridad Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo. Al efecto, dígasele no ha lugar a ordenar el emplazamiento a la tercera interesada Adriana Zuarth Ruiz por teléfono, toda vez que las notificaciones por teléfono no son un medio de notificación establecido dentro de la Ley de Amparo, máxime que el domicilio señalado en autos de la causa penal 55/2021, del índice del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno Atención de Delitos No Graves, con sede en Chiapa de Corzo, ya fue agotado sin obtener resultados favorables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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