Silvia Alejandra Torres Castellanos
Expediente 1869/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1869/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/10/2022
Partes del expediente
- Silvia Alejandra Torres Castellanos
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se tiene por recibida la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en cumplimiento a lo ordenado en auto de trece de octubre de dos mil veintidós, hizo constar la imposibilidad para emplazar a la tercera interesada * por las razones expuestas. En consecuencia, tomando en consideración lo asentado en dicha acta, se advierte un domicilio de la tercera interesada fuera del lugar en que reside este órgano jurisdiccional, por lo que, con fundamento en los artículos 47 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de este Juzgado de Distrito, emplace a la tercera interesada * por conducto de su apoderado o representante legal en el domicilio ubicado en: * A quien se le deberá correr traslado con copia autorizada del presente acuerdo y de la demanda de amparo; asimismo, le haga de su conocimiento que se encuentran señaladas las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Además, la requiera para que, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 de la Ley de Amparo, debiendo la autoridad despachada, una vez realizada la diligencia encomendada, devolverla a este Juzgado. Se le concede la facultad de investigación, a efecto de realizar todas aquellas gestiones tendentes a localizar el domicilio de dicha tercera interesada.
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la(s) autoridad(es) responsable(s), para que, dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora, no obstante que el mencionado acuerdo se le notificó el doce de septiembre de dos mil veintidós, fue(ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, inciso h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintidós; además, la autoridad deberá dejar insubsistente los recibos oficiales de pago folios A 57121751 y A 57121753, de veintidós de marzo de dos mil veintidós, expedido por el Jefe de Oficina de Recaudación Fiscal Foránea 89 dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, con sede en Tepatitlán de Morelos, y en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar, le sea aplicada ésta; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cuota mínima, por constituir el acto de aplicación de la norma impugnada, así como sus consecuencias por ser fruto de un acto viciado. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades competa, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (sin importar que no haya sido señalada como autoridad responsable)7 emita otro recibo de pago por el mismo concepto, devolviendo a la parte quejosa la suma que haya pagado en exceso, tal como consta en los recibos oficiales de pago folios A 57121751 y A 57121753, de veintidós de marzo de dos mil veintidós, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados. Al respecto, mediante oficio PFE-DCHE-JA-31500, la Directora de lo Contencioso de la Hacienda Estatal de la Procuraduría Fiscal del Estado dependiente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, remitió diversas constancias con las que se acredita la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa la norma tildada de inconstitucional, así como la expedición de la orden de pago 2120568, que ampara la devolución ordenada en el inciso b) de la ejecutoria de amparo, así como la notificación a la parte quejosa de la misma, comunicado que se atendió mediante proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que la autoridad vinculada no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Además, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado y no existen documentos originales, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el licenciado JUAN JOSÉ DÍAZ HERNÁNDEZ, secretario que autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. El Juez El Secretario Colaboró: Samandra Sahuer
- Principal
JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE Zapopan, Jalisco, seis de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de doce de septiembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "1. Responda de inmediato a los escritos presentados por la parte quejosa desde el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis y el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve; y, 2. Acredite fehacientemente que hizo del conocimiento personal de la parte quejosa, tal respuesta." Al respecto, por oficio remitido por las autoridades responsables pertenecientes al Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, y proveído en actuación de doce de septiembre de dos mil veintidós, se acompañaron diversas constancias certificadas de entre las cuales destacan las actuaciones de cinco de agosto de dos mil veintidós, en la cual, el Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, proveyó los escritos de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis y veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, presentados por la aquí parte quejosa, notificando, personalmente a dicha parte, la respuesta recaída a los escritos referidos. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos, por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria, tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Asimismo, de conformidad al artículo 15 del citado Acuerdo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, se considera que, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo general, es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, en virtud de que se concedió la medida cautelar. En tanto que, el duplicado es susceptible de destrucción, en términos del inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo general, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución cuadernos de pruebas. Por último, al resulta innecesario seguir conservando las constancias que obran en los cuadernos de pruebas; por tanto, mediante oficio que derive de este acuerdo, devuélvanse las mismas al Tribunal Unitario Agrario Número 15 con sede en Guadalajara, Jalisco. Notifíquese.
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