Silvia Aldana Morales

Expediente 833/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
833/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Silvia Aldana Morales

Actuaciones

  1. Principal

    SE ENVÍA ANEXO. Como en auto de veintitrés de noviembre hogaño se ordenó el archivo del presente juicio, remítanse el expediente 287/2017, al Juzgado Segundo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, que remitió en apoyo a su informe justificado. Solicitándole atentamente remita acuse de recibo a la brevedad...M-II

  2. Principal

    DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado de autos, de los que se advierte que aún no obra constancia que acredite el emplazamiento de la tercera interesada María Guadalupe Hernández Vergara, lo cual resulta indispensable para la integración de la relación jurídica procesal en presente juicio. Con motivo de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las nueve horas con dieciséis minutos del seis de enero de dos mil veintiuno. SE DECRETAN MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN. Por otra parte, toda vez que se han agotado todos los medios de investigación para obtener un domicilio cierto y conocido de la tercera interesada María Guadalupe Hernández Vergara; en consecuencia, requiérase a las siguientes entidades: Instituto Nacional Electoral, Comisión Federal de Electricidad, Gerente Comercial de Teléfonos de México, Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, todos en el Estado de Hidalgo; para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, informen a este juzgado federal si en sus registros o archivos se encuentra algún domicilio a nombre de dicha tercera interesada. Con el apercibimiento a todas las dependencias, que de no hacerlo así, dentro de la temporalidad concedida para ello, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. En el entendido que las dependencias e instituciones nombradas son las que, a juicio de este juzgado pudieran tener algún dato acerca del domicilio que se investiga, por contar con registros de personas físicas y morales. Finalmente, si de las investigaciones realizadas no se obtienen los datos requeridos, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos, en términos del artículo 27, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo...II

  3. Principal

    ...Previo aviso, dejado en el domicilio señalado en autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa, y en virtud de que no acudió a este juzgado a notificarse en forma personal, se le notifica por lista el proveído y/o resolución de veintisiete de octubre de dos mil veinte, a través del cual se determina: RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Silvia Aldana Morales, contra actos del Juez Segundo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Asimismo, adjunta el oficio 209/2020, cuaderno de amparo 276/2020, certificación de diecisiete de marzo de esta anualidad, expediente 287/2017, constancias de emplazamiento e informe justificado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número de orden 833/2020-II-B. ESTE JUZGADO SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, XV y XVII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 37 y 48 de la Ley de Amparo, la suscrita se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De un análisis integral de la demanda, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable en el juicio de derechos fundamentales; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se provee. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que no debe soslayarse que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el artículo 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio subsista la causa de improcedencia a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Lo anterior, porque en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El numeral transcrito establece que el juicio de amparo se rige, entre otros principios, por el de definitividad, que obliga a los gobernados previamente a instarlo a agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley que rige el acto para remediar los vicios que se adviertan de los actos de autoridad; lo que implica que, por regla general, la acción constitucional sólo será procedente contra actos definitivos, esto es, respecto de aquellos que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación a través de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda hacerse valer ante los tribunales ordinarios. Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Ciertamente, el mencionado principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. Dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo; es decir, éste es un medio extraordinario sui generis, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a instar la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En ese tenor, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotó el medio de impugnación ordinario por el cual la resolución reclamada pudo haber sido reparada por la propia autoridad que lo emitió, o bien, por el superior jerárquico o tribunal de segunda instancia. En el caso, la quejosa reclama la negativa a admitir el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, que determinó que no se admitía el recurso de apelación interpuesto, por no ser el medio para impugnar. En efecto, de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad narra la accionante del amparo, se advierte que el treinta y uno de enero de esta anualidad, le notificaron la sentencia interlocutoria relativa al proyecto de partición y liquidación de la sociedad conyugal promovido en Vía de apremio; el once de febrero de eses mismo año interpuso recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria. Precisado lo anterior, debe señalarse que, contra dicho auto procede el recurso de queja que prevé artículo 417 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, que se transcribe a continuación: "Artículo 417. El recurso de queja tienen lugar: (.) III. Contra la denegación de apelación; y (.) Como se advierte del anterior precepto, el recurso de queja al que alude, es una instancia a través del cual la promovente puede hacer valer en contra del juez que se niega a admitir una demanda, o si bien desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del emplazamiento, así como sentencias interlocutorias dictadas en ejecución de sentencia, o bien, la denegación de apelación, con el objeto de que aquél la confirme revoque o modifique. Por tanto, este recurso de queja constituye un medio de defensa que las partes tienen a su alcance como una nueva oportunidad para que la inconforme obtenga un beneficio con la resolución que en su momento se dicte, de resultar ilegal el acto recurrido. Por lo anterior, se afirma que dicha determinación sí puede ser controvertida mediante el recurso de queja; por consiguiente, ese medio de impugnación ordinario debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo. Bajo esas premisas, como en el caso, la peticionaria tilda de inconstitucional la negativa a admitirle su recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de veintinueve de enero de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de lo Familiar de Pachuca de Soto, Hidalgo, por no ser el medio para impugnar; es necesario que antes de acudir a esta instancia constitucional impugnara dicha determinación a través del medio ordinario de defensa, el cual resulta ser el de la queja, previsto en el ordinal 417 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, y al no hacerlo dejó de observar el principio de definitividad. Resulta ilustrativa la tesis aislada VI.2o. C.J/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1654, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo". También da sustento a lo antes citado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Cabe señalar que, conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. De tal manera, si en la especie el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo prevé el recurso de queja, la demandante estuvo en aptitud de hacer valer dicho medio de defensa, porque la ley no se lo prohíbe expresamente. Por ello, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que permite desechar de plano la demanda de amparo indirecto al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que le corresponde, conforme al dispositivo 5, fracción IV, de la ley de la materia. DOMICILIO PROCESAL. Se tiene como tal el ubicado en calle Mina de San Juan Pachuca número 100, colonia Real de Minas, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Téngase únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a Jaime Medina Medina, por no acreditar que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, aunado a que no se encontró inscrita su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...M-II

  4. Principal

    LA AUTORIDAD RESPONSABLE PROPORCIONA CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO. Se tiene a la Jueza Penal de Control adscrita al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos; para lo cual, señala el número telefónico 771 148 5427 y el como correo electrónico administracion.pachuca@pjhidalgo.gob.mx, para que, de ser necesario, este juzgado federal establezca comunicación. En el entendido de que dichos medios no sustituyen el lugar para recibir notificaciones, sino que conforme lo dispone el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 relacionado con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020 de referencia, únicamente son el medio para tener comunicación no procesal. SE SOLICITA INFORMACIÓN DEL ADMINISTRADOR REGIONAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN ESTA CIUDAD. Por otra parte, visto el estado de autos se advierte que a la fecha no ha sido emplazado al presente juicio de amparo el tercero interesado Esteban Zúñiga Chío, de quien se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a cargo del erario del Consejo de la Judicatura Federal, ello por conducto del Administrador Regional del Consejo de la Judicatura, con sede en esta ciudad. En ese tenor, en aras de una pronta impartición de justicia, solicítesele al administrador en cita para que, de no existir inconveniente alguno, informe a este juzgado federal si procedió con el trámite correspondiente, y de ser así, remita la documentación correspondiente...VI

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