Silvia Albertina Perez Gonzalez
Expediente 490/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 490/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvia Albertina Perez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de trece de junio del año en curso, a través de la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En razón de lo anterior, resulta innecesaria la retención de las copias certificadas de las constancias relativas al expediente *** (un tomo que inicia en la foja 1 y termina en la foja 31), que la autoridad responsable Juez Primero Menor Civil residente en esta ciudad, acompañó a su informe con justificación; por tanto, se ordena desglosar las documentales en cita del cuaderno de pruebas que se formó con motivo de su recepción para devolverlas a su lugar. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento, el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DEPURACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dicha medida; ello, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DESTRUCCIÓN DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. CÓMPUTO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN. Se precisa que en la presente ejecutoria, el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para la quejosa, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; de rubro: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. Asimismo, la diversa tesis jurisprudencial 2a./J. 6/2017, Décima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I del rubro: RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO.
- Principal
Por recibido el ocurso signado por la quejosa ***; atento a su contenido, de conformidad con lo que establecen los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele las simples de las constancias que refiere, previa razón que de ello se asiente en autos, autorizando para que las reciba la persona que refiere.
- Incidental
En esta fecha, tuvo verificativo la audiencia incidental, la cual una vez concluida se resolvió: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ***, por los actos que reclama de las autoridades señaladas en el considerandos único del presente fallo.
- Principal
Agréguese en autos el oficio y anexos signado por la Juez Primero Menor Civil residente en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, téngasele por rendido el informe justificado que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se le tiene ofertando como prueba las documentales que anexa, consistentes en copia certificada de las constancias relativas al expediente M-685/2019 de su índice, con las cuales se ordena la apertura de un tomo de pruebas, mismas que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, se desprende que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra motivado por el hecho de que la solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, es menester narrar algunos antecedentes del acto reclamado: Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de esta ciudad, *** y otros, en su calidad de endosatarios en procuración de ***, demandaron en la vía ejecutiva mercantil a ***, en su carácter de deudora principal, el pago de la cantidad de ***. Señalando como domicilio para llevar a cabo el requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, el ubicado en calle *** esta ciudad. 1. Por auto de seis de mayo de dos mil diecinueve, la Juez Primero Menor Civil en esta ciudad, autoridad a la que correspondió por razón de turno el conocimiento del asunto, registró y admitió la demanda con el número M-685/2019, y ordenó mandamiento ejecución en forma, en el domicilio de la ahora quejosa y en fecha veintidós de mayo del año en curso, la Actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios asentó razón de abstención en razón de que el número buscado del domicilio citado no era visible, razón por la cual, la parte actora proporcionó el domicilio correcto, siendo éste el ubicado en *** esta ciudad. 2. Ahora bien, en cuanto al mandamiento en forma ordenado en contra de la impetrante es de advertirse que únicamente la actuaria adscrita a la Oficina Central de Actuarios de esta ciudad, cerciorada de que era el domicilio correcto de la demandada aquí quejosa, en fecha treinta y uno de mayo del año que corre, dejó citatorio a fin de que ésta la esperara el día hábil siguiente (tres de junio actual), habiendo acudido el día y hora hábil señalados, sin que nadie hubiese acudido a su llamado, levantando acta de abstención y en uso de la voz de los autorizados de la parte actora solicitan el uso de la fuerza pública, a efecto de llevar a cabo tal diligencia. 3. Diligencia señalada en el punto anterior, que la Juez responsable aprobó mediante proveído de cuatro de junio del año en curso y atendiendo a la petición de la parte actora, autorizó el uso de la fuerza pública y cerrajero a efecto de dar cumplimiento al auto de exequendo en contra de *** y dejó a disposición de la parte actora el oficio dirigido al Director de la Policía Municipal de esta ciudad, para que por su conducto lo hiciera llegar a tal dependencia. Así, se desprende que esencialmente la quejosa se duele en la presente instancia constitucional de: IV.- ACTO RECLAMADO.- Manifiesto que me causa agravio la inminente e ilegal orden judicial de embargo en contra de los bienes muebles que tengo, o el bien inmueble que poseo, derivado del juicio ejecutivo mercantil, dictado por cualquiera de las posibles autoridades ordenadoras, que se traduce en una diligencia de carácter judicial a efectuar por parte de cualquiera de las autoridades ejecutoras que enlisto, por un mandamiento de autoridad de carácter civil competente de este partido judicial de Celaya, Guanajuato. Ya que de todo lo anterior soy tercera extraña a juicio. De igual forma, es necesario destacar que los artículos 1334 y 1339 del Código de Comercio estatuyen: Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 1339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a *** por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Bajo ese contexto, si en la especie la parte quejosa reclama la ilegal orden judicial de embargo, emitida dentro del juicio ejecutivo mercantil M-685/2019 de la estadística del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, en su domicilio, juicio en el cual figura como parte demandada; y el referido ordinal 1334 del Código de Comercio contempla el recurso de revocación a través del cual puede ser modificado total o parcialmente el auto impugnado; es inconcuso que la peticionaria del amparo, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió interponer dicho medio de impugnación para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, como la solicitante del amparo no controvirtió dicho acto mediante el recurso de impugnación idóneo, es claro que el amparo resulta improcedente al no haber observado el principio de definitividad que lo rige. Lo anterior, dado que es de destacarse que está en aptitud de acudir al procedimiento natural, ya que de las constancias recibidas se desprende que es parte demandada y únicamente se ha dictado el auto de ejecución antes referido. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis del rubro y texto siguiente: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas. Sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Las consideraciones que anteceden se localizan en la jurisprudencia que dice: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la quejosa ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del juicio de amparo, que en el caso se actualiza, al no haber agotado la quejosa los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance al ser parte demandada en el juicio de origen; de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, por auto de seis de junio del año en curso, fijada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE.
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