Silvia Aguirre Ortega
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Silvia Aguirre Ortega
- Poder Ejecutivo del Gobierno de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, se declara que el mismo ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del arábigo 214 de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), y archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, inciso a), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese con vista a las partes el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que anexa copia certificada del auto de uno de septiembre del año en curso, dictado en el expediente laboral 877/2019-V, de su índice. Asimismo, se le tiene designando delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica en su oficio. Por otra parte, se le tiene señalando número telefónico y cuentas de correo electrónico a fin de establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios en el presente juicio; de lo cual se toma el debido conocimiento. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora, conviene recapitular que la parte quejosa Silvia Aguirre Ortega, señala como acto reclamado la omisión de la responsable de acordar la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen. De acuerdo con anterior, del análisis de la constancia remitida por la responsable se permite advertir que durante la tramitación del presente juicio, ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El numeral y porción antes transcrita, disponen que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Luego, con relación a la constancia que remite en copia certificada la responsable, relativa al juicio 877/2019-V, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó auto en el cual la responsable admitió las pruebas ofrecidas por las partes, lo que constituye la omisión reclamada por la quejosa Silvia Aguirre Ortega. Documentales a las que se les atribuye valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese orden, como se adelantó, sobreviene la causa de improcedencia en comento, pues si bien es cierto que a la presentación de la demanda de amparo -dieciocho de agosto de dos mil veintiuno-, la responsable había sido omisa en proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por la partes en el juicio laboral 877/2019-V, de su índice, se tiene que dicha omisión cesó en tanto que el uno de septiembre de dos mil veintiuno, fue dictado el auto respectivo; de manera que la omisión que se reclamó en origen, cesó en su consecuencia y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse que la responsable proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas en el juicio de origen de donde deriva el acto que reclama la aquí quejosa; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente sumario constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, página 386 (registro 184572), que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan esa así que en el segundo de los preceptos estableció la procedencia del recurso de revisión contra los actos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contraria traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, al encontrarse acreditado que cesaron los efectos del acto impugnado en esta vía, debe estimarse que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera otorgado el amparo en términos del artículo 77 de la Ley de la materia. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la continuación y resolución del presente juicio, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos de los actos impugnados, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, por lo que se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las diez horas con dos minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el escrito firmado por la Secretaria General de la Sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual refiere únicamente haber tenido conocimiento de la radicación del presente asunto; lo anterior, ya que no acredita con documento alguno la personalidad con la que se ostenta.
- Principal
Mexicali, Baja California, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito firmado por Tania Fernanda García Romero, quien se ostenta como apoderada legal de la parte tercero interesada Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California y Secretaría de Educación, con sede en esta ciudad, personalidad que dice tener reconocida en el juicio laboral burocrático de origen, mediante el cual pretende apersonándose al presente juicio, señalando domicilio procesal, cuenta de correo electrónico, número telefónico y designando autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Sin embargo, toda vez que del contenido de su ocurso y de la certificación que antecede, se advierte que la promovente no anexa documento alguno que acredite dicha personalidad y a la fecha no se cuenta con el informe justificado solicitado al Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para en estar en posibilidad de corroborar dicha circunstancia; por tanto, este juzgado se reserva acordar lo conducente hasta que acontezca lo anterior.
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