Silvia Adela Juárez López
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Silvia Adela Juárez López
Actuaciones
- Principal
La Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este juzgado de Distrito, solicita acceso al expediente electrónico... se autoriza a la clave de usuario... el ingreso a dicho sistema electrónico, únicamente para efectos de consulta en el juicio de amparo en que se actúa... se solicita a la Oficial Judicial "A" encargada del... (S.I.S.E.) que realice el trámite correspondiente...
- Principal
El Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, informa que aceptó la competencia planteada por este juzgado... archívese este asunto como concluido...
- Principal
... promueve juicio de amparo por conducto de su defensor particular... regístrese en el libro de gobierno... se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que los actos reclamados mencionados derivan actualmente de la causa penal... del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito... Lo anterior es así, porque la resolución de segunda instancia, tiene ejecución material a cargo del juzgado responsable mencionado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, pues es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión al tratarse de un acto que requiere de ejecución material, porque entre los efectos de la resolución de segunda instancia, se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez responsable, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de alguna medida cautelar, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido, es decir, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia... remítase este juicio de amparo indirecto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Boca del Río, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutara la resolución que constituye el acto reclamado en este asunto... fórmese el cuaderno de antecedentes... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza a... para que actúen en representación de la parte quejosa...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo por conducto de su defensor particular ***, contra actos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número *** y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. ACUERDO RELATIVO A LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE ESTE JUICIO DE AMPARO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Cabe destacar que la competencia es un presupuesto que por ser de orden público, resulta indispensable analizar con prioridad a cualquier otra cuestión. En ese sentido, del escrito de demanda que se provee se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA En primer término, cabe destacar que de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. Al respecto, se toma en cuenta que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. 3. Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Asimismo, se toman en cuenta los criterios obligatorios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la competencia territorial en los juicios de amparo se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal en primera instancia, ya que sus efectos se trasladan directamente al proceso y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. Tienen aplicación las tesis siguientes: Localización: Registro digital: 176365 Época: Novena Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Enero de 2006 Página: 174 Tesis: 1a./J. 147/2005 Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia(s): Penal COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. Localización: Registro digital: 160608 Época: Décima Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011 Página: 2183 Tesis: 1a./J. 118/2011 Tipo de tesis: Jurisprudencia Materia(s): Común COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad. Por otra parte, es un hecho notorio para este juzgador, que de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y párrafo segundo, fracción séptima, del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, los Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, ejercen jurisdicción en la ciudad de Veracruz. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda, así como de las documentales anexas, se advierte que el promovente señaló como acto reclamado el siguiente: De la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, reclamo: a. La resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el Toca número ***, de su índice, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal *** y sus acumuladas del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, actualmente, radicado con el número de causa penal *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, en contra del auto de formal prisión de nueve de agosto de dos mil diecisiete. b. Todas las consecuencias de hecho y derecho que deriven del citado acto reclamado. Del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y Juzgado Sexto del Distrito Judicial de Veracruz, se reclama: a. La ejecución de la resolución dictada por la Primera Sala en el Toca número ***, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en la causa penal *** y sus acumuladas del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, actualmente radicado con el número de causa penal *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, en contra del auto de formal prisión de nueve de agosto de dos mil diecisiete. b. Todas las consecuencias de hecho y de derecho que dimanen de la mencionada ejecución. Asimismo, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: a. Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. b. Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Medellín, Veracruz. c. Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río. En relación con lo anterior se destaca que la causa penal que se sigue en contra de la parte quejosa se encuentra radicada ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Veracruz. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para resolver este asunto, debido a que los actos reclamados mencionados derivan actualmente de la causa penal *** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, lugar donde no tiene jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito. Lo anterior es así, porque la resolución de segunda instancia, tiene ejecución material a cargo del juzgado responsable mencionado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, pues es ahí donde tiene su principal impacto y repercusión al tratarse de un acto que requiere de ejecución material, porque entre los efectos de la resolución de segunda instancia, se encuentran el que el imputado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del juez responsable, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de alguna medida cautelar, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido, es decir, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del imputado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Por tal motivo, la regla competencial aplicable en el caso es la prevista por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en consecuencia, remítase este juicio de amparo indirecto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Boca del Río, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutara la resolución que constituye el acto reclamado en este asunto. Con copia del escrito de demanda de amparo y esta determinación, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se solicita atentamente al Juzgado de Distrito que por razón de turno conozca de este asunto, envíe el acuse de recibo respectivo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se autoriza a ***, para que actúen en representación de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo debido a que dichas personas cuentan con cédulas profesionales registradas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión de licenciados en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. SE EXHORTA A LA PARTE QUEJOSA AL USO DE MEDIOS DIGITALES Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que se publique o la constancia o prueba que se solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde con dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 209 bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, debido a que las listas de acuerdos se publican tanto electrónicamente como en los estrados del juzgado, se considera innecesario realizar la certificación respectiva en los expedientes físicos, por lo que únicamente se hará constar en el expediente electrónico cuando algún acuerdo se notifique por lista a cualquiera de las partes, para su conocimiento.
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