Silvia Adela Juárez López

Expediente 888/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
888/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Silvia Adela Juárez López

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con que el Secretario del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, informa ese órgano jurisdiccional no insiste en la competencia planteada y turnó a resolver el juicio de amparo 364/2022-3L de su índice. Archívese como asunto concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico respectivo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN una vez transcurran seis meses- por tratarse de un cuaderno auxiliar y carece de relevancia documental. Cúmplase.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Fórmese expediente con el oficio signado por el Secretario adscrito Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual remite al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río en Turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común el juicio de amparo ********************-III de su índice, promovido por ********************, defensora voluntaria de******************** contra actos del 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz, ********************, con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Estimó ser legalmente incompetente para conocer del asunto, declinándola a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en Boca del Río, correspondiendo conocer de la misma a este órgano jurisdiccional. Regístrese con el número 888/2023-VI. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Dentro del plazo que establece el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a decidir lo relativo a la competencia planteada. Así, aunque respetable el criterio del homólogo federal, el suscrito no lo comparte. Por ende, no acepta la competencia legal planteada, por las consideraciones que a continuación se indican. De las constancias remitidas, así como del expediente electrónico del sumario de origen [vinculado al que se forma en esta data], se aprecia el acto reclamado consiste en: -La orden de aprehensión dictada por el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz (********************) en contra de la impetrante dentro del proceso penal ******************** respecto al hecho delictuoso de fraude específico. -En lo destacado, entre otras autoridades con sede en esta jurisdicción (ejecutoras), el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Veracruz (********************) aceptó el acto que se le imputa. Y en cuanto a las responsables residentes dentro de la jurisdicción del Juzgado Federal declinante, una lo negó; y, las diversas fueron declaradas inexistentes. -Por tal motivo, el juez declinante por sentencia de treinta de junio del actual año declaró carecer de competencia legal para resolver el referido asunto. Porque las responsables que manifestaron la certeza de la dolencia constitucional -tanto la ordenadora como ejecutoras- residen fuera del territorio donde ejerce jurisdicción. Declinó a favor de los Jueces de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. -Recibidos los autos del juicio de amparo ******************** por razón de turno en este juzgado se radicó el expediente ********************. Por proveído de siete de julio dos mil veintitrés, este órgano no aceptó la competencia planteada porque la directa quejosa******************** se encontraba recluida en el Centro Penitenciario La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. De ahí que, era allá donde se materializaban los efectos de la orden reclamada en el asunto que aquí se analiza. Conforme el punto cuarto, fracción VII, tercer párrafo del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Dicha jurisdicción corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba. -Por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, el homólogo federal tuvo por devueltos los autos de juicio de origen y determinó no insistir en la competencia planteada. -En sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, se declara nuevamente incompetente para conocer del asunto, tomando en consideración las razones dadas con antelación bajo el argumento de que recibe manifestaciones realizadas como hecho superveniente, por parte de la defensora de la quejosa, que señala su representada actualmente ya no estaba recluida por prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes, Veracruz, pues se varió la medida cautelar a firma periódica, garantía económica y prohibición de salir de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Por lo que, se encuentra radicando en Boca del Río, Veracruz. Así, bajo ese escenario concluyó que la posibilidad de ejecución en ese Distrito Judicial desapareció. Por lo que, acorde con los principios de la competencia que rigen en el juicio de amparo, como de la naturaleza del acto reclamado y las constancias que obran en autos, advirtió carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, en términos del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, como se adelantó, el suscrito disiente respetuosamente de lo argumentado por el Juez declinante. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo anterior, la competencia del Juez de Distrito, se desdobla en tres hipótesis, a saber: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esta potestad federal advierte se actualiza el supuesto indicado en el inciso b). El reclamo puede tener ejecución en más de un distrito. Es competente el órgano jurisdiccional ante el que se presente la demanda. En el caso, en Córdoba. Se trata de una situación atípica pero que conforme a las reglas de competencia debe encontrar cabida en aquella que se adapte de mejor medida a lo sucedido. Y por eso de autos resulta innegable la orden de reclamada era ejecutable en aquel Distrito y lo fue durante todo el juicio de amparo desde su inicio hasta después de celebrada la audiencia constitucional. Donde incluso en una ocasión previa se planteó la situación de competencia y no se insistió luego en ella. Por lo que sobrevino ahora en una segunda ocasión para dictar sentencia la posibilidad de que el mandato de captura pudiera ser ahora ejecutable en diverso distrito, la regla que mejor resuelve la problemática que se plantea es aquella que refiere debe conocer a prevención el juzgado ante el que inicialmente se presentó la demanda. Ello es así, pues de aceptarse la competencia al haber cambiado las circunstancias de la medida cautelar a firma periódica, garantía económica y prohibición de salir de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, sería tanto como admitir que si la quejosa incumple con esa medida actual y el juez responsable fija una diversa o volviera a prisión preventiva la indiciada (quejosa), este órgano tendría que declararse incompetente a favor del Juez con jurisdicción donde ésta fuera internada, y así sucesivamente. Cuando lo cierto es que aplicando la regla prevista en el párrafo segundo del numeral en comento no da lugar a duda sobre la competencia. Considerando que si se reclama una orden de aprehensión estando privado de la libertad y después cambian las circunstancias del indiciado (es liberado o se sustrae) la competencia para conocer del amparo seguirá residiendo en el órgano con jurisdicción en el sitio donde estaba detenido si éste conoció a prevención de la acción de amparo. Por tanto, como el propio Juzgador declinante lo indica, el reclamo en el presente asunto, es de inminente ejecución. Su naturaleza requiere forzosamente de materialización, la cual ha podido darse en más de un distrito. En tales condiciones no se acepta la competencia propuesta, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo. Infórmese al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, a fin de que esté en aptitud de analizar si insiste o no en declinar su conocimiento. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio -con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal)- constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que no existe inconveniente para que se utilice algún medio mecánico, digital, electrónico o fotográfico [scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir] para la toma de los acuerdos respectivos, siempre previa constancia que se deje en autos, con apersonamiento ante el personal encargado, para que precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado. Sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción, edición o uso que haga de ellos la parte interesada, quien estará obligada a actuar con la debida lealtad procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los arábigos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el precepto 21, último párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. Siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DE LA UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. En términos del Título séptimo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, especialmente el numeral 263, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 41 bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar al de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Para tal efecto deberán seguirse las directrices marcadas en el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. NOTIFICACIONES PARTE QUEJOSA. Vistas las actuaciones se desprende como domicilio de la parte quejosa proporcionado por su autorizada mediante escrito de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, el ubicado ********************Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

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