Silvestre Vargas Ramirez
Expediente 868/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Silvestre Vargas Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL. De acuerdo a la certificación secretarial de cuenta y del estado de los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención a los artículos 15 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Además, se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo ya que ordena el archivo de este asunto. Notifíquese por lista a la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE DILIGENCIA Intégrese a los autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, de la que se aprecia que el quejoso ***, en cumplimiento a lo ordenado en auto de doce de septiembre dos mil veintitrés, en diligencia formal, reconoció como suya la firma que calza el escrito presentado el once de septiembre pasado, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal -registro con folio 14169-; en consecuencia, se provee: Se tiene a la citada parte procesal cumpliendo con el requerimiento preventivo de doce de septiembre del año en curso y exhibiendo los registros audiovisuales de las resoluciones de veintiocho y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictadas en la carpeta judicial administrativa 233/2022/Cholula y su acumulada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Así, de la literalidad del capítulo relativo en el escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: ".ACTO RECLAMADO: Reclamo a las autoridades responsables señaladas como ordenadoras en esta demanda: RECLAMO DE LA RESPONSABLE ORDENADORA: 1. LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN AUDIENCIA DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA ABOGADA MIRIAM HUERTA LECHUGA, JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO PONIENTE CON CEDE EN SAN ADRES CHOLULA PUEBLA, EN LA QUE RESOLVIÓ: a) SOBRE LA UNIÓN DE ACUSACIONES DE LA CAUSA 235/2022/CHOLULA, A LA 233/2022/CHOLULA, RESOLUCION QUE VIOLA EN SU TOTALIDAD MIS DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURIDICA ASI COMO EL DEBIDO PROCESO, CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. b) EL INCORRECTO ANÁLISIS Y APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 30, 31, 32,34, 219, 337 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, DANDO PAUTA A LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACION PROCESAL, YA QUE EN NINGÚN MOMENTO LA JUEZ VERIFICÓ LA EXISTENCIA DE CONDICIONES PARA LA ACUMULACIÓN DE ACUSACION Y MUCHO MENOS LA PROCEDENCIA DE LA MISMA, YA QUE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO OMITIÓ CORRER TRASLADO A MI DEFENSA CON LOS ANTECEDENTES DE LA CARPETA ADMINISTRATIVA 235/2022/CHOLULA, VIOLANDO A SI EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CONTRADICCIÓN, YA QUE EN NINGÚN MOMENTO SE PUDO CONTROVERTIR OUE ENTRE UNA CARPETA Y OTRA EXISTIERA CONEXIDAD PARA SU ACUMULACIÓN. c) EL INCORPORAR HECHOS E INFORMACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ESCRITO DE UNIÓN DE ACUSACIÓN PERMITIENDO LA VARIACIÓN DEL CUADRO FACTICO POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA ASESORA VICTIMAL, VIOLANDO EL NUMERAL 135 FRACCIÓN III, XIII, 344 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 2. LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN AUDIENCIA DE FECHA 31 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA ABOGADA MIRIAM HUERTA LECHUGA, JUEZ DE CONTROL DE LA REGION JUDICIAL CENTRO PONIENTE CON CEDE (sic) EN SAN ADRES CHOLULA PUEBLA, EN LA QUE RESOLVIÓ: a) EN LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO EN LA CONTINUACIÓN DE AUDIENCIA., MISMA EN LA QUE SE VIOLO DE MANERA FLAGRANTE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PUESTO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE TOMO EN CONSIDERACIÓN LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DE PERSONA REALIZADO A MI REPRESENTADO, ACTO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO AL INTERIOR DEL CERESO, TRASGREDIENDO LOS NUMERALES 20 INCISO B FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 97 PÁRRAFO I, 98 PÁRRAFO II, 99 PÁRRAFO I1,101, 217,277,357 Y 358 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. RECLAMO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EIECUTORAS. 1. LA EJECUCION QUE SE PRETENDE DARLE AL ACTO RECLAMADO AL ACUMULAR CAUSAS EN LAS QUE NO SE HA ACREDITADO CONEXIDAD Y PROCEDENCIA, IMPACTANDO EN EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO. 2. EL INCORPORAR HECHOS E INFORMACIÓN QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ESCRITO DE UNIÓN DE ACUSACIÓN PERMITIENDO LA VARIACIÓN DEL CUADRO FACTICO POR PARTE DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LA ASESORA VICTIMAL, VIOLANDO EL NUMERAL 334, 435 FRACCIÓN III, XIII, PÁRRAFO PRIMERO 344 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 3. LA VIOLACION FLAGRANTE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PUESTO QUE EN NINGÚN MOMENTO SE TOMO EN CONSIDERACIÓN LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS EN CUANTO AL RECONOCIMIENTO DE PERSONA REALIZADO A MI REPRESENTADO, ACTO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO AL INTERIOR DEL CERESO, TRASGREDIENDO LOS NUMERALES 20 INCISO B FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 97 PÁRRAFO 1, 98 PÁRRAFO II, 99 PÁRRAFO I1,101, 217,277,357 Y 358 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." No obstante, el suscrito Juez Federal realiza un análisis integral de la demanda de amparo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictarse la sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Converge con el criterio expuesto la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Por tanto, una vez analizada -de forma integral- la demanda de amparo, en conjunto con los registros audiovisuales que se remitieron en cumplimiento a la prevención formulada por el suscrito juez, se aprecia que el quejoso reclama: Las resoluciones de a) veintiocho y b) treinta y uno de julio ambas de dos mil veintitrés, dictadas en la carpeta judicial administrativa 233/2022/Cholula y su acumulada, en las que: a) se decretó la acumulación de ambas carpetas y b) se declaró improcedente el incidente de nulidad de medio de prueba consistente en el reconocimiento de persona -del imputado- que planteó su defensa. No se soslaya que la parte quejosa pretende introducir -a través de sus actos reclamados- diversas deficiencias legales en las que -según su propio criterio- incurrió la autoridad responsable en el dictado de esos dos acuerdos; sin embargo, dichas afirmaciones se refieren a cuestiones relacionadas con los conceptos de violación, por lo que no representan obstáculo alguno para analizar la demanda en los términos planteados. Se invoca en apoyo el criterio emitido en la jurisprudencia emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD." DESECHAMIENTO Así, el suscrito juzgador, considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Del precepto transcrito se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro de juicio, cuando estos tiene una afectación sobre las pates cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. En la especie, como se precisó anteriormente, la parte quejosa reclama las resoluciones de a) veintiocho y b) treinta y uno de julio ambas de dos mil veintitrés, dictadas en la carpeta judicial administrativa 233/2022/Cholula y su acumulada, en las que: a) se decretó la acumulación de ambas carpetas y b) se declaró improcedente el incidente de nulidad de prueba planteado por su defensa. En ese sentido, ninguno de los actos reclamados es de aquellos que puedan catalogarse como de imposible reparación, en tanto que no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2023, se pronunció en relación con lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señaló que para que dichos actos puedan ser calificados como tal necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. También señaló que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, existen dos condiciones: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. b) Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, se reitera, ninguno de los actos reclamados tratan no es de aquellos que deban considerarse como de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo, en tanto no ocasionan una afectación directa o inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, la acumulación de las causas penales, por una parte, no revela -en sí misma- una afectación, debido a que la única finalidad es la unión material de dos o más causas originales con motivo del ejercicio de acciones conexas afines, en aras de la economía procesal y la correcta administración de justicia, pues por una parte evitara la emisión de sentencias contradictorias y por otra, se evitara la multiplicidad de actuaciones procesales por el mismo comportamiento penalmente relevante, como la múltiple comparecencia de los testigos para declarar acerca de los mismos hechos en diversos procesos penales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE PROCESOS EN MATERIA PENAL. SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS DE UNIDAD PROCESAL Y CONCENTRACIÓN" En ese contexto, la acumulación de juicios es una institución procesal que solo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, y si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar los derechos del peticionario del amparo, lo cierto es que tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor manera posible. Apoya lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de rubro siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Mientras que, la declaración de improcedencia del incidente de nulidad planteado por la citada parte procesal, tampoco emerge en contra del encausado alguna afectación a sus derechos fundamentales, es decir, no se trata de un acto de imposible reparación en contra de la cual proceda de manera inmediata el amparo indirecto, pues dicha resolución tiene como único efecto que dicha juzgadora, continúe conociendo del asunto y no se declare la nulidad del medio de prueba de reconocimiento del promovente del amparo, cuya consecuencia versan con la afectación a derechos adjetivos o procesales que inciden -en todo caso- en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, pero que de obtenerlo, sus efectos o consecuencias se extinguirán -como se dijo- en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de la persona o a su esfera jurídica y, por el contrario, si la sentencia le es desfavorable, podrá reclamarla en la vía de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, 171 y 172, fracciones X y XII, de la Ley de Amparo, haciendo valer como violación dicha cuestión procesal. En tales circunstancias y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE ESCRITO. Visto, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales el escrito al parecer signado por el promovente ********************. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito inicial de demanda y en el diverso de cuenta, a simple vista difiere notoriamente, como se advierte de las siguientes capturas: FIRMA DE LA DEMANDA. FIRMA DEL ESCRITO CON NÚMERO DE REGISTRO 14169. Ahora, ya que el quejoso se encuentra privado de su libertad en comisiónese al actuario judicial de la adscripción, a efecto de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Penitenciario de Cholula, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, localice a ********************, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, así como el número de expediente -juicio de amparo 868/2023; d) Notifique a ********************, el contenido íntegro del presente acuerdo; e) Le corra traslado con copia autorizada del mismo y del escrito de cuenta; y, f) Hecho lo anterior, le ponga a la vista el escrito de cuenta, a efecto de que reconozca o no el contenido y la firma que calza el mismo, g) Lo aperciba para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; y hágase del conocimiento de la parte promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de treinta a trescientos días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice:"FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." h) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia y de reconocer o no la firma que calza el escrito de referencia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Dígase a la promovente que, una vez que ratifique la firma en cuestión, se proveerá lo conducente. II. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE. El presente registro, se ordena agregar al expediente físico, en términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, así como el presente acuerdo dada la trascendencia. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el lugar en que se encuentra privado de su libertad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. DILIGENCIA. A sus autos, la diligencia de ratificación de firma practicada ante el promovente***, a través de la cual, ratifica el contenido y firma del escrito recibido ante este juzgado Federal en veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el folio 13503, mediante el cual pretende dar cumplimiento al auto de veintiuno del mes y año de referencia. ESCRITO. Previo a acordar lo conducente respecto al escrito de desahogo, conviene precisar que en auto de veintiuno de agosto actual, se requirió al promovente para que realizara lo siguiente: "PRIMERO. Exhiba copia simple de las resoluciones de veintiocho y treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dictadas en la carpeta judicial administrativa 233/2022/CHOLULA y su acumulada 235/2022/CHOLULA, o en su defecto, las transcriba en su integridad." Ahora, en referido escrito de desahogo de prevención, la parte promovente transcribe la resolución de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, por lo que puede observarse en su integridad. No obstante, atinente a la resolución de veintiocho y treinta de julio de dos mil veintitrés, el promovente es omiso en transcribir aquello que resolvió la jueza responsable, pues únicamente puede observarse la intervención de la defensa, la asesora victimal y diversas manifestaciones de la jueza. De ahí que no puedan apreciarse las resoluciones citadas, por lo que no se tiene por desahogado en su integridad lo requerido en auto preventivo de veintiuno de agosto actual. Asimismo, si bien la parte promovente anexa diversos discos versátiles digitales que contienen las audiencias de las fechas señaladas, aquél a que hace referencia al veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, es ilegible, tal como se aprecia de las siguientes capturas de pantalla. DIVERSA PROVIDENCIA. Hágase del conocimiento de la parte promovente que en virtud que el escrito con el cual pretendió desahogar la prevención fue presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, es decir, el quinto día, de los cinco que se le concedieron en auto de veintiuno del mes y año referidos, para que diera cumplimiento al requerimiento preventivo, por lo que, aún cuenta con un plazo de un día más, el cual transcurrirá una vez que se encuentre debidamente notificada del presente proveído. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, que de no dar cumplimiento a la prevención en el plazo señalado y en los términos indicados, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que esta determinación se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del sumario constitucional en que se actúa Notifíquese electrónicamente a la parte promovente.
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