Silvestre Sánchez Malvaez
Expediente 1575/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Silvestre Sánchez Malvaez
Actuaciones
- Principal
V. Intégrese al expediente electrónico y físico el oficio con firma electrónica del Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del cual se advierte que el siete de noviembre del año en curso se admitió a trámite el recurso de queja 280/2023, hecho valer por el peticionario de amparo contra el auto de desechamiento de veintiocho de septiembre pasado. Este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo anterior y, queda en espera de que la Superioridad resuelva el medio de impugnación en comento y lo comunique a este órgano jurisdiccional.
- Principal
V. Intégrense al expediente electrónico y físico el oficio mediante el cual la Administradora de Correos, palacio de Justicia Federal, Toluca, México, en atención al requerimiento inserto en auto de cinco de octubre del año en curso, informa que el acuse del oficio 19183/2023, dirigido a la autoridad responsable, Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, por el que se le notificó la sentencia emitida en autos, ya fue entregado a este órgano jurisdiccional el diecinueve de septiembre pasado; sin embargo, de una búsqueda exhaustiva de dicha constancia no se advierte que esta fuera entregada. Téngase por cumplido el requerimiento inserto en dicha determinación y déjese sin efectos el apercibimiento con el que fue conminado. Asimismo, de conformidad con la certificación de cuenta se desprende que de una búsqueda en la Secretaria de V de este Juzgado de Distrito, no se localizó la pieza postal relativa al acuse postal del oficio 19183/2023, dirigido a la autoridad responsable, Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México; por lo tanto, se instruye a la oficial judicial "C" y al Secretario encargado del trámite del presente juicio para que en lo subsecuente, verifiquen la entrega de las piezas postales que les son entregadas. En otro orden de ideas, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, sin que alguna de las partes lo haya hecho valer; por lo que se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. No se soslaya que no obra el acuse del oficio 19183/2023, dirigido a la autoridad responsable, Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en el presente asunto dicha autoridad no está legitimada para tal efecto. Con fundamento en los artículos 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, acredite el cumplimiento dado al fallo protector y remita copias certificadas de las constancias que así lo demuestren. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo señalado, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192 y se le impondrá una multa
- Principal
I. Visto el primer oficio de cuenta signado por la Presidenta de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México por medio del cual, refiere que se continua en estudio la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Toluca, Estado de México, para desincorporar un inmueble de su propiedad; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Ahora bien, este juzgado considera que la oficiante ha retrasado injustificadamente el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud de que en repetidas ocasiones se le ha solicitado que realice el estudio referido en el párrafo precedente (autos de treinta y uno de mayo, ocho, catorce, veintiuno y veintinueve de junio, seis y doce de julio, tres, diez y dieciocho de agosto, así como dos de octubre, todos de este año), sin que a la fecha haya proporcionado fecha para sesionar dicha iniciativa, siendo que únicamente se limita a repetir que la iniciativa se encuentra en estudio, lo anterior, a pesar de que desde el cuatro de abril de este año quedó vinculada al cumplimiento de la ejecutoria. Aunado a lo anterior, el veinticinco de agosto de este año se le remitieron copias certificadas de la totalidad de actuaciones relativas a la ejecución del presente asunto, por lo desde tal fecha cual tiene pleno conocimiento de lo acontecido en el que se actúa. Ahora, si bien como lo refiere la oficiante quien se encuentra directamente vinculada con el cumplimiento del fallo es el Ayuntamiento de esta ciudad, lo cierto es que, tal como ya se precisó, la Legislatura del Estado está vinculada al cumplimiento del fallo y, desde que ello aconteció y a la fecha, no ha realizado ninguna acción concreta tendente a dar cumplimiento a lo que le compete, esto es, a emitir el dictamen en cuestión, toda vez que ha sido omisa tanto para señalar fecha de sesión extraordinaria, como ordinaria para sesionar tal iniciativa, a pesar de que en repetidas ocasiones se le ha referido que este juzgado en ningún momento ha solicitado que se emita dictamen en uno u otro sentido, sino que únicamente le ha solicitado sesionar la iniciativa en comento, lo anterior, a fin de que este órgano pueda continuar con el cumplimiento de la sentencia, la cual es de orden público e interés social, por lo que el fallo debe atenderse en sus términos a efecto de salvaguardar la seguridad jurídica del gobernado. Ahora bien, el artículo 193 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, se establece: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano jurisdiccional de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano jurisdiccional de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo (.)" Del numeral transcrito, se advierte que si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo de tres días, el órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyo Titular seguirá teniendo responsabilidad aunque deje el cargo. Se considera incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. Sin embargo, si la responsable demuestra que la sentencia protectora del amparo está en vías de cumplimiento, como en el caso acontece, o bien, justifica la causa del retraso, el Juzgado de Distrito podrá ampliar el plazo por una sola vez. Ahora bien, este juzgado considera que en el caso existe una dilación prolongada e injustificada en el cumplimiento al fallo protector, en contravención a lo dispuesto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como derecho fundamental, el acceso a la justicia ante tribunales previamente establecidos que deberán impartirla en un plazo razonable; y, con la actitud procesal de las autoridades responsables se están violentando tales numerales. El artículo 17, párrafo segundo, constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su prohibidas las costas judiciales". El precepto constitucional transcrito establece uno de los principios rectores del sistema jurídico del país: el de acceso a la justicia, el cual abarca la potestad del gobernado de exigir que se le administre justicia en forma pronta, completa, imparcial, y, sobre todo, que se cumplan las sentencias dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo a los que acuda, pues entender dicha garantía sin esta última nota distintiva, sería tanto como sólo salvaguardar un aspecto formal de tal principio, dejando indefensos a los gobernados ante los actos arbitrarios de las autoridades cometidos en la ejecución de las sentencias, ya sea por acción u omisión. En virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de dos de octubre último, a la Presidenta de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México; por tanto, se le impone una multa de ciento cincuenta unidades de medida y actualización, semejante a $10,374.00 (diez mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en virtud de que cada unidad corresponde a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), como se advierte de la página de internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/. Cabe precisar que la multa a que se hace referencia en el presente acuerdo, está fundamentada en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil dieciocho, el valor de dicha unidad emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, monto vigente es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Atento a lo anterior, a fin de que la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" con sede en México, cuente con los elementos necesarios para realizar los trámites correspondientes a la multa que antecede, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del ordinal 2° de la ley de la materia, requiérase al Comité Permanente de Administración de la LXI" Legislatura del Estado de México y al Comité Permanente de Vigilancia de la Contraloría de la LXI" Legislatura del Estado de México, para que en el plazo de tres días, realicen lo siguiente: 1. Comuniquen a este órgano jurisdiccional el nombre de la persona que ostentó el cargo de la Presidenta de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, durante el periodo comprendido del dos de octubre de este año al día de hoy, así como, registro federal de contribuyente y domicilio actual. En el entendido que deberán realizar las gestiones que estime necesarias ante la autoridad correspondiente para contar con dicha información y remitirla a este órgano jurisdiccional. En el entendido que de no hacerlo así, o bien, de no informar la imposibilidad que tengan para ello en el plazo concedido, podrán hacerse acreedores a una multa individual equivalente a cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, así como de los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Sin perjuicio de lo anterior, se requiere nuevamente a la Presidenta de la H. "LXI" Legislatura del Estado de México, para que en el plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale una fecha para sesionar la iniciativa de decreto presentado por el Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, para desincorporar un inmueble de su propiedad e informe dicha circunstancia a este juzgado. En el entendido de que no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192 y se les impondrá multa individual equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, semejante a $15,561.00 (quince mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 moneda nacional), en virtud de que cada unidad corresponde a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), como se advierte de la página de internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/. Lo anterior, en términos del diverso 258 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento sin causa justificada se continuará con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se tienen por recibidos los oficios que remite el Juez Séptimo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México mediante los cuales, con el primero, refiere que actualmente quien tiene carácter de cesionario en el juicio de origen es Cirilo Facundo Hernández, y precisa la cantidad por la que fue adjudicado un bien inmueble a la parte actora en el asunto de origen, asimismo, remite las constancias que estima convenientes; y, con su segundo oficio, informa que impuso una multa a la Presidenta de la "LXI" Legislatura del Estado de México y, la requirió nuevamente para que informe el estado que guarda la iniciativa que en el presente asunto interesa; con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia, agréguense para que obren como correspondan. En cuanto a lo informado en el primero oficio de cuenta, este juzgado toma conocimiento. Por último, respecto al segundo oficio del Juez responsable, dígase que deberá informar las gestiones realizadas a fin de que se lleve a cabo la ejecución de la multa impuesta en proveído de once de octubre último e informar la contestación recibida a su oficio 1318/2023, lo que deberá hacerlo del conocimiento dentro del término legal de tres días. En el entendido de que no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192 y se les impondrá multa individual equivalente a ciento cincuenta unidades de medida y actualización, semejante a $10,374.00 (diez mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en virtud de que cada unidad corresponde a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), como se advierte de la página de internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/. Lo anterior, en términos del diverso 258 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento sin causa justificada se continuará con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
V. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, en cumplimiento al aviso de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, que en síntesis dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1575/2023-V. Se comisiona al Secretario la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica, se agregarán al expediente físico únicamente las promociones que se entreguen de esta manera, las constancias de notificación que se realicen de manera física, o demás documentos entregados de esta manera, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regla la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial C, el oficial de partes y la oficial judicial A. No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial A en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. DESECHAMIENTO. En el caso, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados en sentido contrario. En el caso, se considera que el auto de ***, dictado en el toca ***, por el cual el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, resolvió no admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el proveído de ***en que se admitió la prueba pericial en psicología a cargo de ****, respecto del informe especializado en género; no impide al solicitante del amparo, en forma actual, el ejercicio de algún derecho sustantivo, sino que únicamente constituye una posible violación a derechos adjetivos o procesales, cuya fuente proviene exclusivamente de una ley adjetiva. Ello es así, ya que el acto reclamado, no impide ni limita el derecho sustantivo de la parte quejosa, dado que al resolverse el juicio de origen se podrían subsanar las posibles violaciones procesales que aquí se reclaman, en caso de obtener sentencia favorable a sus intereses; de ahí que el acto reclamado no tiene una consecuencia de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho. En efecto, con ese pronunciamiento no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, algún derecho sustantivo del promovente; lo anterior, considerando que la determinación combatida, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en el peticionario del amparo, por sí misma no justifica la procedencia del presente juicio, dado que los efectos y consecuencias del acto reclamado únicamente se traducen en un aspecto procesal, pues se ordenó admitió una prueba pericial en psicología, respecto del informe psicológico especializado en género de ***; esto es, aspectos meramente procesales, la cual podría reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, por supuesto por la parte del juicio a quien afecte tal determinación; en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y 1732, fracción VII de la Ley de Amparo, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales. Así, el acto reclamado, por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, ya que, como lo hace valer la quejosa, sus efectos y consecuencias únicamente se reflejarán en el juicio de origen, en virtud de que únicamente se refiere una afectación respecto de cuestiones de carácter procesal. CONCLUSIÓN. Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos interpretados en sentido contrario, respecto del acto reclamado anteriormente precisado, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. AUTORIZADOS. De conformidad con el numeral 24 de la Ley de Amparo, se tienen como sus autorizados para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que señala en su escrito que se provee, por solicitarlo así expresamente el promovente. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS. Hágase del conocimiento de todas las partes en el presente asunto que a partir de esta fecha se les permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal. LEY DE TRANSPARENCIA. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.
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