Silvestre Meza Tapia

Expediente 1486/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 14 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1486/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
14/12/2023

Partes del expediente

  • Silvestre Meza Tapia

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****************, por derecho propio, contra actos del titular y del actuario, ambos del Juzgado Octavo Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos contenidos en los artículos 1° y 14 constitucional; fórmese expediente -físico y electrónico-, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1486/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En ese sentido, la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: Se arriba a dicha conclusión dado que del estudio integral de la demanda de amparo, así como de la certificación que antecede, se advierte que en dicho escrito la evidencia criptográfica -firma electrónica- que se acompaña al escrito digital de cuenta, no corresponde con la persona que aparece como promovente -************-, ya que la referida evidencia pertenece a ************. De ahí que no se cuente con la manifestación inequívoca de la voluntad del peticionario del amparo, para instar en el presente juicio de amparo -tal y como lo prevé el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sus considerandos cuarto y noveno, así como en sus cardinales 1° y 2°, fracciones XII, XIII, XIV, XV y XVI, que establecen los lineamientos para el uso de los medios electrónicos para la actuación desde el aludido sistema electrónico, a través de la firma electrónica-. Se invoca por analogía e identidad de razones la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, pagina 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de mpartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." De igual manera, es aplicable por identidad jurídica sustancial la tesis II.1o.26 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Página 2083, de rubro y texto siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A, DE LA LEY DE AMPARO. SI EL QUEJOSO LO PROMUEVE POR PROPIO DERECHO MEDIANTE EL EMPLEO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO CORRESPONDIENTE SE ADVIERTE QUE EL TITULAR DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA CON EL QUE FUE SIGNADO EL ESCRITO RELATIVO NO ES ÉSTE, SINO UNA DIVERSA PERSONA (AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS), AQUÉL ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA DE QUIEN FIRMA ELECTRÓNICAMENTE ESE MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, establecen el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la "firma electrónica" (FIREL), la cual se define en el mencionado precepto como el medio de ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Entonces, si es voluntad de los promoventes presentar las promociones correspondientes por esa vía, deben ceñirse a los requisitos que la normatividad correspondiente exige para ellos, como la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o certificado digital institucional, emitido a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; de ahí que si el quejoso promueve el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo por propio derecho mediante el empleo de las tecnologías de la información, y del certificado electrónico correspondiente se advierte que el titular de la firma electrónica certificada con la que fue signado el escrito relativo no es éste, sino una persona diversa (autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia), cuya cédula profesional, por cierto, no está registrada en el sistema establecido en el Consejo de la Judicatura Federal, aquél es improcedente por falta de legitimación procesal activa de quien firma electrónicamente ese medio de impugnación, por no contarse con la manifestación inequívoca de la voluntad del quejoso de instar el recurso de que se trata, ya que estimar lo contrario implicaría admitir como válido que cualquier persona presente promociones mediante la utilización de un certificado digital que no le pertenece, lo cual es ilegal, porque el trámite para obtenerlo es personalísimo." Al respecto, cabe señalar que en la demanda de cuenta no se hace referencia a alguna imposibilidad del quejoso para obtener su firma electrónica a través de las herramientas tecnológicas que permiten acceder a la referida signatura y registrarse como usuario de los servicios en línea correspondientes, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. En ese sentido, se obtiene que tal ocurso no fue exhibido de manera física, sino que se optó por presentarlo en línea, esto es, de manera electrónica. Por lo tanto, para generar certeza en relación con la identidad de la persona que actúa, resulta imperioso cumplir con los lineamientos inherentes a las medidas preventivas adoptadas por el Consejo de la Judicatura Federal, para la protección de los servidores públicos y de las personas justiciables en general, como se trata de firmar de manera electrónica los ocursos allegados a través de esa vía, en términos de los numerales 29 y décimo primero transitorio del Acuerdo 21/2020 en comento, que establecen: "Artículo 29. Requisitos para actuar desde el Portal de Servicios en Línea. Para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal [.]". "DÉCIMO PRIMERO. Considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permite garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces: http://portalconsejo.cjf.gob.mx desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet [.]" En esas condiciones, se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3°, 5°, fracción I, y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el sumario constitucional únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica del promovente del amparo. De lo anterior se extrae que resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional la firma autógrafa o electrónica, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en la inteligencia, que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquél que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. Sin que en dichos casos -la falta de firma del peticionario de amparo-, su deficiencia pueda ser corregida a instancia del Juez, por no constituir una de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la ley de la materia, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. Resta decir que del contenido de la demanda no se aprecia la actualización de alguno de los supuestos de excepción en los que no es exigible que el ocurso inicial esté firmado de forma autógrafa, al no reclamarse alguno de los actos previstos en el dispositivo 15 de la Ley de Amparo, ya que el acto combatido, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el escrito de demanda -las listas-. Se faculta en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************* toda vez que tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 263, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, en relación con el diverso arábigo 3º de la Ley de Amparo, se provee favorable su petición, por lo que se autoriza al ocursante la consulta vía internet del expediente electrónico con el nombre de usuario "*********", así como la presentación de promociones a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se instruye a la secretaria del juzgado encargada del trámite de este expediente, para que, a más tardar el día en que se haga la publicación de este auto, proceda a realizar el trámite correspondiente a dicha autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se autoriza el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista al inconforme.

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