Silvestre Huerta Acosta
Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Silvestre Huerta Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal, negó la protección constitucional, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que se negó la protección constitucional y dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b) del citado acuerdo general, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional y se concedió la suspensión provisional y definitiva; debiéndose conservar la demanda de amparo, la sentencia, el presente proveído, y en el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Devolución de tomos. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de constancias que la autoridad responsable Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad de Celaya, Guanajuato allegó con su informe justificado, se ordena su devolución.
- Principal
Visto el oficio signado por el presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del diverso 22921/2022 del índice de este juzgado, mediante el cual le fue notificada la sentencia dictada en el presente asunto. En el entendido que, como lo solicita, una vez que cause ejecutoria tal determinación, o bien, alguna de las partes legitimadas para ello interponga algún medio de defensa, se le hará de su conocimiento mediante oficio.
- Principal
VISTOS, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 412/2022, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día siguiente a este Juzgado, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO. Acuerdo de Sala, de fecha 03 de marzo de 2022 dictado en el juicio de nulidad con número de expediente 3325/20-10-01-6-OT, emitido en forma colegiada por los C.C. MAGISTRADOS DE LA SALA REGIONAL DEL CENTRO III DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, mediante el cual se desecha por considerar improcedente la QUEJA contenida en escrito de fecha 25 de febrero de 2022 interpuesta por la parte actora, ahora Quejosa, promovida por defecto y también por extemporaneidad en los actos de cumplimentación de la Sentencia, por los cuales la autoridad demandada pretende subsanar los vicios cometidos en la resolución impugnada anulada en el juicio contencioso antes mencionado." Foja 3 del cuaderno de amparo. En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de siete de abril de dos mil veintidós, formó el expediente y lo registró bajo el número 412/2022; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como terceros interesados a los siguientes: Dirección Regional de Auditoría Fiscal "B" del Servicio de Administración Tributaria en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien fue emplazada el veinticinco de abril de la presente anualidad (foja 23 de autos). Jefe del Servicio de Administración Tributaria con sede en la Ciudad de México, quien fue emplazada el quince de junio de dos mil veintidós (fojas 38 y 39 de autos). Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. A mayor particularización, el acto reclamado es de naturaleza negativa y no trasciende ni modifica el estado material preexistente de las cosas. De ahí que la competencia territorial se surte conforme a la tercera regla del artículo 37 en mención, dado que ante esta Potestad se presentó la demanda Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 17/2014 (10ª), con número de registro 2006529, visible en la página 500 del libro 6, mayo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Lo anterior, aunado a que el procedimiento de origen se tramita en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, donde ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio P. VI/2004, con número de registro digital 181810 visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: El acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós, en el cual se desechó por improcedente el recurso de queja por extemporaneidad y defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, dictado por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio contencioso 3325/20-10-01-6-OT en el que el quejoso es parte actora. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El magistrado presidente de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de esta ciudad de Celaya, Guanajuato (foja 17 de autos) al rendir su informe con justificación aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, con número de registro digital 1002815, visible en la página 830 del Apéndice de 2011, tomo II, procesal constitucional 1, común primera parte - SCJN Sexta Sección, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió la sala responsable, consistentes en el expediente número 3325/20-10-01-6-OT; documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Del análisis de las constancias allegadas al sumario, se desprenden como antecedentes relevantes del acto reclamado los siguientes: 1. ********************, por propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio DRAF-B-U-UVIV-113/20 dictada el veintidós de junio de dos mil veinte por el director regional de Auditoría Fiscal "B" de la Secretaría de Finanzas y Administración de Gobierno del estado de Guanajuato, en la que le determinó un crédito fiscal por omisiones correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecisiete (fojas 1 a 50 del tomo de pruebas número I). 2. De dicho asunto conoció la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, quien por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, lo radicó bajo el número 3325/20-10-01-6-OT y lo admitió a trámite (foja 52 ídem). 3. Seguido el juicio por su cauce legal, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno (fojas 322 a 329 ídem), la sala responsable dictó sentencia en la que, en lo que interesa, determinó lo siguiente: ".medularmente aduce la accionante que la resolución impugnada es ilegal [.] pues el oficio DRAF-B-0172/19 de 19 de febrero de 2019 a través del cual la autoridad inició facultades de comprobación, se dictó en contravención a lo dispuesto por el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que a través del mismo la autoridad requirió a la actora papeles de trabajo con requisitos específicos o integraciones especiales que debería contener cada uno, siendo que no existe disposición legal o reglamento que así lo disponga, de ahí que los documentos así solicitados por la autoridad, constituyen un acto arbitrario. [.] Derivado de lo expuesto, se tiene que le asiste razón jurídica a la actora respecto a que la solicitud de información y documentación incumplió con lo dispuesto por los artículos 38, fracción IV, y 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, en consecuencia, al apoyarse la autoridad en la solicitud mencionada anteriormente, esta juzgadora determina que la resolución impugnada al ser fruto de actos viciados de origen, es ilegal y por tanto procede declarar la nulidad tanto de la resolución impugnada como de la originalmente recurrida, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción II, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. [.] Por lo expuesto y con fundamento en los artículo 49, 50, 51, fracción IV y 52, fracción II de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo se resuelve: I. La parte actora probó su pretensión; en consecuencia, II. Se declara la nulidad de la resolución impugnada, misma que ha quedado precisada en el resultando primero del presente fallo." 4. El seis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad demandada emitió el oficio SATEG-04-04-00-8420/2021 que contiene una orden de visita domiciliaria a fin de verificar sus obligaciones fiscales respecto del mismo ejercicio de dos mil diecisiete. 5. Inconforme con lo anterior, el aquí peticionario interpuso recurso de queja por "cumplimiento defectuoso" de la sentencia de nulidad. 6. A su promoción recayó el acuerdo de once de octubre siguiente que, en lo que interesa, dice: "Se tiene por presentado el escrito de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 58, fracción II, inciso a), punto 1, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA QUEJA INTERPUESTA, toda vez que la resolución de fecha 26 de febrero de 2021 se declaró la nulidad lisa y llana sin que se haya dictado algún efecto que debiera cumplir la autoridad demandada." 7. En contra de esa determinación, la parte actora presentó juicio de amparo indirecto, del cual conoció este juzgado federal, quien lo registró bajo el número 333/2022 y por resolución de treinta de mayo de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: ".1) Deje insubsistente el auto reclamado. 2) En su lugar dicte otro en el que prescinda de desechar de plano el medio de impugnación por los motivos que expuso y, con libertad de atribuciones, se pronuncie nuevamente sobre la inconformidad, pero siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo." 8. Dicha determinación causó ejecutoria el veinticinco de julio de la presente anualidad y, en consecuencia, se requirió su cumplimiento, el cual a la fecha se encuentra pendiente de calificación, esto es, aún no se determina si dicha sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. El once de enero de dos mil veintidós, la autoridad demandada emitió el oficio ******************** en el que se determinó un crédito fiscal en contra del quejoso (fojas 434 a 494 ídem). 10. Inconforme con lo anterior, el aquí peticionario interpuso recurso de queja por "extemporaneidad y por cumplimiento defectuoso" de la sentencia de nulidad (fojas 411 a 433 ídem). 11. A su promoción recayó el acuerdo de tres de marzo de dos mil veintidós (foja 515 ídem) en el que la sala responsable, en lo que interesa, determinó lo siguiente: ".Se da cuenta con el escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala regional del Centro III de este Tribunal, el 02 de marzo del año en curso, a través del cual SILVESTRE HUERTA ACOSTA, por propio derecho, interpone la instancia de queja por cumplimiento en defecto de la sentencia de 26 de febrero de 2021, dictada por esta Sala en el juicio al rubro indicado. Se tiene por presentado el escrito de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 58, fracción II, inciso a), punto 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA QUEJA INTERPUESTA, toda vez que, tal como se indicó en el proveído de 22 de octubre de 2021, en la resolución de 26 de febrero de 2021, se declaró la nulidad lisa y llana sin que se haya dictado algún efecto que debiera cumplir la autoridad demandada; por lo que si la autoridad emitió una nueva resolución determinándole al actor un nuevo crédito fiscal, lo procedente, en su caso, es promover un nuevo juicio de nulidad en contra del determinante del crédito fiscal, dentro del plazo legalmente establecido para ello; máxime que en el primer agravio de queja, la promovente confiesa que no hay identidad entre el acto declaro ilegal, consistente en un requerimiento de información iniciado conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y el nuevo crédito fiscal que es una orden de visita conforma a la fracción III, del citado artículo 42, amén que el acto supuestamente materia de queja no indica en forma alguna que se haya dictado en cumplimiento a la sentencia definitiva en el presente juicio, por lo que no puede ser materia de queja por defecto o extemporaneidad a dicho fallo [.] Finalmente, con fundamento en el artículo 58, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia y debida defensa instituidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se previene a la parte atora para que, de encontrarse dentro del término legal, para ello, instaure un nuevo juicio en la vía ordinaria, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Este es el acto reclamado en esta instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. La parte quejosa hace valer diversos conceptos de violación, los cuales, dada su estrecha vinculación, serán analizados de forma conjunta, según lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. En dichos motivos de disenso sostiene lo siguiente: (Primer concepto de violación) La autoridad responsable violenta lo dispuesto por el artículo 57, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que los efectos de una sentencia de nulidad pueden provenir o no de la propia determinación. El inciso b) antes citado señala que "los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuan la misma declara una nulidad lisa y llana". Lo cual deben cumplir las autoridades en el plazo de cuatro meses. La orden de visita controvertida en la queja de mérito, fue emitido como cumplimiento o reposición defectuosa, pues pretende subsanar un vicio cometido en una revisión de gabinete anterior, lo cual debe ser motivo de análisis en el recurso de queja. Cita en apoyo a su dicha la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) de rubro "NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS". (Segundo de concepto de violación) la queja se interpuso por defecto en el cumplimiento, pues el acto que dio origen al primer crédito fue una orden de revisión de gabinete, mientras que el nuevo acto lo constituyó una visita domiciliaria, pero ambos actos fueron practicados respecto de un mismo periodo y por las mismas contribuciones. Además, la autoridad fiscal refirió que actuaba en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad 3325/20-10-01-6-OT, por lo que es irrelevante que no haya identidad entre esos actos, pues al ser distintos el cumplimiento es defectuoso. En la queja también se alegó un cumplimiento defectuoso, pues ordenó una nueva revisión sin observar lo dispuesto por el numeral 53-C del Código Fiscal de la Federación. (Tercer concepto de violación) En el motivo de queja identificado como cuarto, alegó la extemporaneidad del nuevo crédito fiscal, pues fue emitido fuera del plazo previsto por el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; sin embargo, la sala responsable fue omisa en emitir un pronunciamiento, lo cual no puede considerarse como un argumento novedoso y por lo tanto puede ser recurrido mediante el recurso de queja. (Cuarto concepto de violación) La sala responsable debió prevenirle para que presentara su nueva demanda dentro de los treinta días siguientes aquel en que surta efectos la notificación respectiva y no limitarse a manifestar que dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución controvertida, pues de hacerlo así limitaría su derecho de defensa. Aunado a que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no distingue en cuanto al origen o motivo de la improcedencia. Argumentos que resultan fundados, pero a la postre, se tornan inoperantes. A manera de preámbulo, es necesario destacar lo que, sobre el particular, se determinó en la resolución reclamada lo siguiente: ".Se da cuenta con el escrito presentado en la Oficialía de Partes de esta Sala regional del Centro III de este Tribunal, el 02 de marzo del año en curso, a través del cual SILVESTRE HUERTA ACOSTA, por propio derecho, interpone la instancia de queja por cumplimiento en defecto de la sentencia de 26 de febrero de 2021, dictada por esta Sala en el juicio al rubro indicado. Se tiene por presentado el escrito de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36, fracciones VI y VII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 58, fracción II, inciso a), punto 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA QUEJA INTERPUESTA, toda vez que, tal como se indicó en el proveído de 22 de octubre de 2021, en la resolución de 26 de febrero de 2021, se declaró la nulidad lisa y llana sin que se haya dictado algún efecto que debiera cumplir la autoridad demandada; por lo que si la autoridad emitió una nueva resolución determinándole al actor un nuevo crédito fiscal, lo procedente, en su caso, es promover un nuevo juicio de nulidad en contra del determinante del crédito fiscal, dentro del plazo legalmente establecido para ello; máxime que en el primer agravio de queja, la promovente confiesa que no hay identidad entre el acto declaro ilegal, consistente en un requerimiento de información iniciado conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación y el nuevo crédito fiscal que es una orden de visita conforma a la fracción III, del citado artículo 42, amén que el acto supuestamente materia de queja no indica en forma alguna que se haya dictado en cumplimiento a la sentencia definitiva en el presente juicio, por lo que no puede ser materia de queja por defecto o extemporaneidad a dicho fallo [.] Finalmente, con fundamento en el artículo 58, último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia y debida defensa instituidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se previene a la parte atora para que, de encontrarse dentro del término legal, para ello, instaure un nuevo juicio en la vía ordinaria, cumpliendo los requisitos previstos por los artículos 14 y 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo." Ahora, como quedó de manifiesto, los temas de fondo en los conceptos de violación en estudio, consisten en: 1) dilucidar si acorde al numeral 57, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, los efectos de una sentencia de nulidad pueden provenir o no de la propia determinación; y, 2) si la misiva en el cual se decretó un nuevo crédito fiscal aparentemente emitida en cumplimiento de una sentencia de nulidad puede ser materia de análisis en el recurso de queja, o bien, la autoridad debe otorgar la oportunidad para presentar un nuevo juicio en términos del artículo 58 de la legislación aludida. Con la finalidad de resolver los anteriores cuestionamientos, es necesario traer a colación el contenido de los ordinales 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De estos preceptos, en lo que interesa, se deprende que existen dos tipos de nulidades: la absoluta o lisa y llana, que puede derivar de vicios de fondo, de forma o de procedimiento, incluso, ser motivada por falta de competencia, según sea la causa por la que la resolución o acto impugnado se anule; y la relativa o para efectos, que puede ser decretada por vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación. La primera -nulidad absoluta o lisa y llana- precedida de un estudio de fondo impide dictar una nueva resolución, por existir cosa juzgada sobre el fondo del problema debatido; en tanto que con la segunda -nulidad relativa o para efectos- derivada de vicios de procedimiento o por falta de fundamentación y motivación, o de competencia, en que no se juzga sobre el fondo del asunto, por lo que sí existe la posibilidad de que se emita una nueva resolución que supere el vicio advertido. No obstante, es importante precisar que cuando el acto o resolución impugnada se ha emitido en respuesta a una petición, instancia o recurso, la nulidad ante el vicio material o de fondo, tiene el efecto de que la autoridad emita una nueva decisión, siguiendo los lineamientos de la sentencia anulatoria, para no dejar incierta la situación jurídica del particular quien, por supuesto, está interesado en obtener una respuesta a la gestión que hubiere hecho valer. Asimismo, al tratarse de un acto en el que se determinó un crédito fiscal, cuando se declare su nulidad, aun y cuando ello sea debido a la existencia de un vicio de ilegalidad material o de fondo, quedará a discreción de la autoridad hacendaria dictar o no una nueva resolución. En el entendido de que, si decide hacerlo, deberá sujetarse al plazo de cuatro meses que otorga la ley, para cumplir con el fallo y subsanar el vicio advertido, en tanto que el acto viciado por la irregularidad detectada ha sido declarado inválido y jurídicamente no puede subsistir en esos términos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2008559, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 15, febrero de 2015, tomo II, página 1689, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se observa que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decrete su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente." A partir de estas premisas normativas, esta juzgadora estima que los conceptos de violación en estudio son fundados, en cuanto al primer tema de fondo antes descrito; sin embargo, como se adelantó, estos se tornan inoperantes, en relación con el segundo tópico. Se explica. A fin de sustentar lo anterior, es necesario traer, como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las constancias del juicio de amparo número 333/2022 del índice de este juzgado federal, en específico, el oficio y su anexo recibidos el nueve de agosto de dos mil veintidós, registrados con el número 11800, del cual se ordena obtener copia certificada, para que sea agregada a los presentes autos, en el cual, en lo que interesa, la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, informó lo siguiente: En auto de tres de marzo de dos mil veintidós, desechó el recurso de queja intentado por el actor, promovido en contra del oficio número ********************, de fecha once de enero de dos mil veintidós, en el que la autoridad demandada determinó un crédito fiscal en su contra. En dicho proveído, en atención a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previno a la parte actora para que instaurara un nuevo juicio en la vía ordinaria. El veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ********************, aquí quejoso, presentó un nuevo juicio contencioso administrativo en contra de la misiva citada, el cual fue radicado bajo el número 701/22-10-01-6-OT de su índice, el cual se encuentra en trámite. La anterior narrativa pone de manifiesto que se satisfizo la pretensión del quejoso, esto es, que la misiva ********************, de fecha once de enero de dos mil veintidós, sea sometida a control judicial, en particular, a través de un juicio de nulidad promovido por el hoy quejoso. A fin de clarificar lo anterior, se inserta la imagen siguiente: En ese sentido, esto último -presentación de un nuevo juicio en el que se combata el oficio aludido- aconteció, incluso, previo a la promoción del presente juicio de amparo. Es así, pues dicho juicio de nulidad fue promovido el veintiocho de marzo de la presente anualidad, mientras que este juicio de amparo fue presentado, vía electrónica, el cinco de abril siguiente. De ahí que, otorgar la protección constitucional para el efecto de que la sala responsable declare que a través del recurso de queja si puede estudiar la legalidad del oficio ********************, o bien, le dé oportunidad de presentar un nuevo juicio de nulidad para tal efecto, sería contrario a la pretensión del promovente del amparo, pues como se expuso, ello ya aconteció; circunstancia, que hace que sus conceptos de violación se tornen inoperantes, debido a que tal consideración sería en su perjuicio. En efecto, de llegar a considerar que debe otorgarse la protección constitucional para el efecto de que la autoridad responsable declare procedente la queja o, en su caso, le dé vista para interponer un nuevo juicio de nulidad, más que aportarle un beneficio, le irrogaría un perjuicio, puesto que tal determinación sería contraria a su reclamo, pues, se insiste, su pretensión quedó satisfecha, ya que previamente a la promoción del presente juicio de amparo, promovió un juicio de nulidad en el cual combate, entre otras cosas, el crédito fiscal determinado en el oficio ********************, de fecha once de enero de dos mil veintidós; de ahí la inoperancia de la parte del concepto de violación en estudio. Lo anterior encuentra sustento en la tesis aislada 2a. CCII/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 185226, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, enero de 2003, página 726, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ Y NEGAR EL AMPARO, CUANDO DE CONCEDERSE ÉSTE, SE CAUSEN PERJUICIOS AL QUEJOSO. Acorde con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el efecto de la concesión de la protección de la Justicia de la Unión al solicitante del amparo respecto a las argumentaciones relativas a que la reforma a los artículos 119-M y 119-Ñ de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, era violatoria de los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad tributarias consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ellos, además, se imponía una sanción excesiva e inusitada prohibida por el artículo 22 de la propia Ley Fundamental, sería que el quejoso dejara de tributar conforme a ese régimen, por ser ilegal, desproporcional e inequitativo o por contener un tratamiento perjudicial, por lo que quedaría obligado a tributar conforme al régimen general, ya que de esa manera se le estaría restituyendo en el pleno goce de sus garantías individuales violadas, lo que le irrogaría un perjuicio más que aportarle un beneficio. En consecuencia, si con la concesión del amparo se va a causar un perjuicio al promovente del juicio, deben declararse inoperantes los argumentos a que se ha hecho referencia." Por tales consideraciones, es que se estima que los parte del concepto de violación son fundados, pero inoperantes. En mérito de lo anterior, al ser en parte fundados pero a la postre inoperantes los conceptos de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos que reclamó de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que, por acuerdo de trece de junio actual, se ordenó reexpedir la misiva 12657/2022 con la cual se ordenó el emplazamiento de la autoridad tercera interesada Jefe del Servicio de Administración Tributaria, la cual se ordenó enviar vía mensajería acelerada ESTAFETA y se entregó el quince de junio siguiente, lo que evidencia que aún no trascurre el plazo de ocho días que la ley le otorga para efecto de que se imponga de las constancias del presente juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo y con la finalidad de evitar una reposición de procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós.
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