Silvestre Haro Rodríguez
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2021
Partes del expediente
- Silvestre Haro Rodríguez
- Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; uno de septiembre de dos mil veintiuno. Se acuerda oficio Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite informa que causo estado el acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, por el cual declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa; asimismo, remite los autos del juicio de que se trata. Acúsese de recibo. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se desechó la demanda de amparo, por lo que una vez que trascurra el termino de tres años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Archivo físico Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Lo proveyó y firma Eduardo López Reyes, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, vigente en términos del tercero transitorio de la actual normatividad y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3151/2021, emitido el treinta de agosto de dos mil veintiuno por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; asistido de Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado desecha recurso de revisión Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena agregar el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por el que informa que desechó por improcedente el recurso de revisión 168/2021 interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo emitido por este juzgado el treinta de julio de dos mil veintiuno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
En ese orden de ideas, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la constancia de notificación realizada el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, de la que se advierte que notificó a los quejosos ****************************, el proveído emitido el treinta de julio del año en curso, y que a excepción de ***************, interponen recurso de revisión; por su parte el apenas mencionado refiere que "se desiste". Por tanto, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, los autos originales juicio de amparo indirecto en que se actúa, el original de la notificación en comento y copia del mismo para el agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, a fin de substanciar el medio de impugnación en comento. Anotaciones Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.).
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Carlos Uriel de Santiago Hernández, Silvestre Haro Rodríguez, Raúl Corzo Canales, Juan Francisco Aguilar Herrera y Ángel Humberto Chávez Gastelum, contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisan: ACTO RECLAMADO 1) La negativa de llevar a los quejosos con el especialista en psiquiatría (falta de atención médica). AUTORIDADES RESPONSABLES 1) Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez. 2) Integrantes del Comité Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez. 3) Responsable de servicio médico en la especialidad de psiquiatría del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez. 4) Director de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez. 5) Subdirector de Seguridad y Guarda del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez. DESECHAMIENTO Este órgano de control constitucional estima que debe desecharse de plano la solicitud de amparo, en virtud que advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados consistentes en la negativa de llevar a los quejosos con el especialista en psiquiatría (falta de atención médica). Una vez precisado lo anterior, para sustentar la presente determinación, se parte del análisis del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que se obtiene, en lo que se interesa, que es improcedente la demanda de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer los quejosos, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los mismos alcances que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la normatividad de garantías; y, que las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la ubicación de una persona en un centro penitenciario y la clasificación de sus áreas forman parte del sistema penitenciario y servicios, competencia del juez de ejecución y la autoridad penitenciaria; lo que conlleva a desechar de plano por su manifiesta e indudable procedencia la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 113 y 217, de la Ley de Amparo. Esto, porque los citados artículos constitucionales invocados disponen que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva, en cuyo caso, dicho sitio será distinto del que se destine para la extinción de las penas y estará completamente separado; asimismo, que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Sobre el tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 79/2018(10a.), del rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" establece; 1) que del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, del 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos; 2) que este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; 3) que en el caso de que el caso sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por el juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; 4) que se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes; 5) que el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento; por lo que, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida; y, 6) que si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, se actualizará la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en atención al principio de definitividad. Con relación a este último aspecto, es de destacarse que el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 17/2012, precisó que con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, confiriendo exclusivamente al Poder Judicial la facultad de ejecutar lo juzgado, para lo cual se creó la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias". De manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la reforma constitucional, tales como la determinación de los lugares donde debe cumplirse la pena y situaciones conexas, corresponde conocerlas a tales jueces. En el mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a. CLXVI/2014 (10a.), sostuvo que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión. Entonces, es dable concluir, como lo señaló la propia Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 33/2007, emitida al resolver la contradicción de tesis 22/2006-PS, que la prisión preventiva comparte la misma naturaleza que la punitiva, en tanto que ambas entrañan la privación de la libertad del gobernado. En ese sentido, el sistema penitenciario se organizará sobre la base al respeto a los derechos humanos, siendo que todo mal tratamiento en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. Tales disposiciones constitucionales se encuentran recogidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos artículos 1, 2 y 3, fracciones III, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXII, prevén que dicho ordenamiento tiene como objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Dicho ordenamiento es de orden público y de observancia general para la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local. Debiéndose entender como juez de ejecución a la autoridad judicial especializada del fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución penal, así como aquellas atribuciones que prevé dicho ordenamiento y por persona privada de su libertad a la persona procesada (sujeto a proceso penal sometido a prisión preventiva) o sentenciada (sujeto que se encuentra cumpliendo una sanción penal en virtud de una sentencia condenatoria) que se encuentre en un Centro Penitenciario, en términos del artículo 32 de la referida Ley. Con relación a lo anterior, los artículos 117, fracciones I y II, 120, párrafo primero, 121, fracción I, 122, 124, 126, 127, 128 y 129, de la consabida Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas (entre los que se encuentra la persona privada de la libertad), también tendrán acción judicial ante el Juez de Ejecución con el objeto de resolver las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; como en la especie es la omisión de proporcionar atención médica, en cuyo caso, es requisito indispensable haber agotado la petición administrativa, salvo que se trate de casos urgentes, como se verá en seguida. La controversia judicial mencionada se presentará por escrito ante el juez, y atendiendo a la naturaleza de la pretensión de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente (sin exigir requisito de efectividad alguno ni mayor trámite o condición para su substanciación), así como el desahogo de pruebas que estime conducentes. Una vez admitida la controversia y rendido el informe y contestación de la acción se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual se realizará al menos tres días después de la notificación, sin exceder de diez días. Celebrada la audiencia principal en sus etapas, el juez declarará cerrado el debate y emitirá su resolución, la cual incluso podrá tener efectos generales que beneficien a todas las personas privadas de su libertad que se encuentren en las mismas condiciones que motivaron la resolución, previendo el ordenamiento legal en cita un procedimiento de ejecución a fin de cumplir con dicha resolución, así como la revisión por parte del juez para analizar si la actuación de la actualidad cumple los efectos de la concesión otorgada. De lo hasta aquí expuesto deviene claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé una jurisdicción especializada para resolver sobre los actos realizados por la autoridad penitenciaria en materia de prisión preventiva, la cual está reglamentada en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya indicados, incluso para el conocimiento de todo lo relativo al respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad (ya sea en prisión preventiva o punitiva) y con facultades expresas para conocer del controvertido que derive de las condiciones de internamiento, o del plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas durante su internamiento en los Centros Penitenciarios. De ahí que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades administrativas relativos a las condiciones de internamiento de una persona privada de su libertad y cuestiones relacionadas con las mismas, como es la falta de atención médica solicitada, respectivamente previstas en los artículos 74, 75, 76, 77 de la multicitada legislación, incluso si se alega violación a derechos fundamentales, dado que precisamente esa es la finalidad de la creación de la preindicada jurisdicción especializada, como entre otras normas ya invocadas lo estatuye el numeral 127 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: ".En la resolución el juez deberá pronunciarse, incluso de oficio, sobre cualquier violación a los derechos fundamentales.". En suma, de los artículos 1, párrafo tercero, 17, párrafo séptimo, 18, párrafos primero y segundo, y 19, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley Nacional de Ejecución Penal que recoge el sentido de los derechos que subyacen en aquellos y los regula e incluso pormenoriza, se advierte que tanto el Órgano Reformador de la Constitución como el legislador ordinario establecieron un sistema integral de justicia en materia de encarcelamiento que comprende todo lo concerniente a la vida de las personas privadas de su libertad, a fin de contar con los mecanismos necesarios para que las leyes y actos en esa materia estuvieran sujetos a control constitucional, haciendo una distribución de competencias constitucionales y legales en sede de jurisdicción ordinaria (entre jueces de ejecución penal y los jueces de proceso penal sea tradicional o acusatorio) que deben conocer en primera instancia de todo lo relativo a las condiciones de internamiento de tales personas. Así, conforme a la Constitución Federal y la Ley Nacional, existe un sistema de justicia en esa materia que permite, por un lado, impugnar vía acción tanto el actuar como las omisiones de las autoridades penitenciarias y, por otro, obtener medidas cautelares (suspensión), ya sea por vicios de legalidad o por violación directa a derechos fundamentales como son derechos sustantivos cuya ejecución sea de imposible reparación (cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo, la vida, salud o integridad física de los internos), pues precisamente por ello es que se dotó de facultades expresas al juez de ejecución respectivo para suspender, incluso oficiosamente el acto u omisión controvertidos, sin necesidad de requisito alguno de sustanciación o de efectividad, atendiendo solamente a la naturaleza del acto u abstención, tal como lo prevé el numeral 122 e incluso el dispositivo 115 tratándose de casos urgentes. Luego, dichas reglas -cuyo origen y base son los preceptos inicialmente transcritos de nuestra Carta Magna- deben armonizarse con el juicio de amparo, previsto en los numerales 103, fracción I, y 107 igualmente constitucionales, cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales frente a leyes o actos de autoridad que aún después de aquél control por la jurisdicción especializada (previsto en los párrafos que anteceden) aún pudiesen vulnerar algún derecho humano reconocido por la Constitución o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte o las garantías que aquélla otorga para su protección, debiendo comprenderse en la materia de estudio sólo ese aspecto, dada la naturaleza de éste último como medio extraordinario de defensa. Es decir, con la promoción del amparo no pueden tratarse de primera mano aquellos aspectos que atañan estrictamente a la materia de los servicios de atención médica que se deben proporcionar a toda persona privada de su libertad recluida en un centro penitenciario, como son las cuestiones relacionadas con la falta de atención médica, pues de acuerdo con el mencionado sistema constitucional y legal, dicho examen corresponde realizarlo a la jurisdicción especializada a través de los medios expresamente indicados en la ley para tal efecto. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la tesis 2a. CLVII/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS DURANTE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS. CORRESPONDE AL ÓRGANO ESPECIALIZADO EN MATERIA PENAL". Todas las anteriores consideraciones jurídicas, aplicadas al caso, conlleva a establecer que se actualiza la causal de inatacabilidad supraindicada, porque si en el caso, los promoventes señalan que no les proporcionan la atención médica psicológica, por ende, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional, pues antes de acudir al juicio de amparo, tuvieron que agotar el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el precepto 61, fracción XX, ibídem, con relación a los preceptos 1, párrafo tercero, 18, párrafos primero y segundo, 19, párrafo octavo, y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados de que se trata. Por tanto, con sustento en los artículos 111, 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo consistente en omisión de proporcionar atención médica psicológica. SE REMITE COPIA DE DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO Ahora, aun cuando las cuestiones de internamiento, como sería la atención médica, son competencia del juez de control o de ejecución, según este conformado el Centro de Justicia Penal Federal; este juzgado en aras de dar cumplimiento al artículo 1° constitucional, en cuanto a que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, es que se ordena remitir copia certificada de la demanda de amparo indirecto al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, a fin de que, el juez especializado en el sistema penal acusatorio, de estimarlo procedente, provea lo conducente sobre la falta de atención médica de que se trata reclamada por los quejosos; asimismo, se hace lo propio respecto del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, para los efectos legales procedentes a fin que, de estimarlo, tome las medidas conducentes si es que está sucediendo en la salud de los quejosos lo que se alude. INFORMACIÓN PÚBLICA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, para lo cual únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/, conforme a los pasos que ahí se precisan. DOMICILIO PROCESAL Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el lugar en que se encuentran privados de la libertad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. DIGITALIZACIÓN En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), al efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Notifíquese.
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