Silvestre Guerrero Sánchez

Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Silvestre Guerrero Sánchez
  • Juez de Garantía del Partido Judicial del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Adquiere firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la resolución en la que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No hay para su devolución, conforme a la certificación del secretario que antecede.

  2. Incidental

    Mexicali, Baja California, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, y toda vez que causó ejecutoria el juicio principal del que deriva el presente cuaderno de suspensión, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Garantía. No hay para la devolución. Documentos originales. No hay para su devolución.

  3. Principal

    EN ATENCIÓN AL AUTO DE 16 DE AGOSTO DE 2023, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA *****, EL DIVERSO PROVEÍDO DE 2 DE AGOSTO DE 2023, MISMOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Mexicali, Baja California, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Razón actuarial. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda la razón actuarial de cuenta, de la cual que se advierte la imposibilidad del Actuario adscrito de notificar personalmente el auto de dos de agosto del año en curso, a la parte quejosa, por los motivos que expone. Notificación por lista. En tal virtud, de conformidad con el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese al promovente de mérito, el auto antes mencionado, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de esta ciudad, el cual fue agregado en proveído de diecinueve de julio de la anualidad, se advierte que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a dicho Juez, pues no obstante que al momento de rendir su informe, manifestó que sí son ciertos los actos reclamados, toda vez que dentro de la causa penal ****, con número único de caso ****, en doce de agosto de dos mil veintidós, libró orden de aprehensión en contra del quejoso -lo que constituye el acto reclamado-; sin embargo, dentro de las manifestaciones que realiza en el mismo informe señala que el "veintinueve de abril de dos mil veintitrés, una diversa Juez de Control celebró audiencia inicial de formulación de imputación por comparecencia voluntaria del imputado aquí quejoso", y durante el desahogo, de la citada audiencia se dictó lo siguiente: "SE ORDENÓ DEJAR SIN MATERIA la orden de aprehensión girada en contra del quejoso en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, ello al cumplirse su finalidad de conducción al proceso dentro de la causa penal que nos ocupa, y de ello se notificó a los presentes"; de ahí que se tiene por no ciertos los actos reclamados. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, en la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *****En el caso concreto, la parte quejosa se duele la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal 3592/2020, con número único de caso 02-2019-25269, así como de su ejecución. **** De lo anterior se advierte que, en audiencia de veintinueve de abril del año en curso, diversa Juez, celebró audiencia inicial de formulación de imputación por comparecencia voluntaria del aquí quejoso, y durante dicho desahogo se ordenó dejar sin materia la orden de aprensión que fue girada en contra del quejoso dentro de la causa penal 3592/2020. Por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. **** Finalmente, importa destacar que los alcances de una eventual protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y, se circunscriben únicamente a la etapa procedimental en la que se sitúa éste dentro del juicio; por lo que el análisis del presente juicio de amparo, no puede abarcar más allá de la fase en la que se situaba el acto inicialmente reclamado. **** Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Sobreseimiento que se hace extensivo a las diversas autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como ejecutoras Encargado de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Baja California y Encargado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California; en virtud de que, si bien, no obra informe, ni acuse de notificación del oficio en el que les fue requerido su informe justificado, resultaría ocioso resolver por dichas autoridades, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad señalada como ordenadora -Juez de Control del Estado de Baja California, adscrita al Partido Judicial de Mexicali-; entonces, al no existir actualmente la orden de aprehensión reclamada, tampoco existe la ejecución de ésta. Razón actuarial. Si mayor proveído, se agrega la razón actuarial de cuenta, en razón al sobreseimiento decretado en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a dos de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Control del Partido Judicial de esta ciudad, el cual fue agregado en proveído de diecinueve de julio de la anualidad, se advierte que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a dicho Juez, pues no obstante que al momento de rendir su informe, manifestó que sí son ciertos los actos reclamados, toda vez que dentro de la causa penal ****, con número único de caso ****, en doce de agosto de dos mil veintidós, libró orden de aprehensión en contra del quejoso -lo que constituye el acto reclamado-; sin embargo, dentro de las manifestaciones que realiza en el mismo informe señala que el "veintinueve de abril de dos mil veintitrés, una diversa Juez de Control celebró audiencia inicial de formulación de imputación por comparecencia voluntaria del imputado aquí quejoso", y durante el desahogo, de la citada audiencia se dictó lo siguiente: "SE ORDENÓ DEJAR SIN MATERIA la orden de aprehensión girada en contra del quejoso en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, ello al cumplirse su finalidad de conducción al proceso dentro de la causa penal que nos ocupa, y de ello se notificó a los presentes"; de ahí que se tiene por no ciertos los actos reclamados. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, en la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. ****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. *****En el caso concreto, la parte quejosa se duele la orden de aprehensión dictada en su contra, dentro de la causa penal 3592/2020, con número único de caso 02-2019-25269, así como de su ejecución. **** De lo anterior se advierte que, en audiencia de veintinueve de abril del año en curso, diversa Juez, celebró audiencia inicial de formulación de imputación por comparecencia voluntaria del aquí quejoso, y durante dicho desahogo se ordenó dejar sin materia la orden de aprensión que fue girada en contra del quejoso dentro de la causa penal 3592/2020. Por lo anterior, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. **** Finalmente, importa destacar que los alcances de una eventual protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y, se circunscriben únicamente a la etapa procedimental en la que se sitúa éste dentro del juicio; por lo que el análisis del presente juicio de amparo, no puede abarcar más allá de la fase en la que se situaba el acto inicialmente reclamado. **** Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Sobreseimiento que se hace extensivo a las diversas autoridades responsables señaladas por la parte quejosa como ejecutoras Encargado de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Baja California y Encargado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de Baja California; en virtud de que, si bien, no obra informe, ni acuse de notificación del oficio en el que les fue requerido su informe justificado, resultaría ocioso resolver por dichas autoridades, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la autoridad señalada como ordenadora -Juez de Control del Estado de Baja California, adscrita al Partido Judicial de Mexicali-; entonces, al no existir actualmente la orden de aprehensión reclamada, tampoco existe la ejecución de ésta. Razón actuarial. Si mayor proveído, se agrega la razón actuarial de cuenta, en razón al sobreseimiento decretado en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente.

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