Silvestre Figueroa Gómez
Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/08/2016
Partes del expediente
- Silvestre Figueroa Gómez
Actuaciones
- Principal
VII. Vista la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 97 de la Ley de Amparo, el auto de quince de julio del año en curso (fojas 10 a 12) en el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó estado el auto de quince de julio del año en curso (fojas 10 a 12), en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
VII) Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 621/2016, del ordinal de este juzgado; atento a lo anterior, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales conducentes; y acúsese recibo vía fax. En atención a lo anterior, vistas las consideraciones por las cuales el homólogo federal devuelve la comunicación oficial antes citada, y toda vez que el quejoso Lázaro Araujo Burgos, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación número Uno "Altiplano" en el Estado de México, se comisiona al Actuario adscrito para que se constituya en las instalaciones que ocupa del centro federal citado y notifique al quejoso el proveído de diez de mayo del presente año, en el lugar de su reclusión y le corra traslado con las constancias remitidas por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente al quejoso Lázaro Araujo Burgos. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
(AVISO PARTE QUEJOSA) VII) Toluca, Estado de México; quince de julio de dos mil dieciséis. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo, promovida por Silvestre Figueroa Gómez, contra actos del Juez Mixto de Cuantía Menor de Ixtlahuaca, Estado de México; fórmese expediente y asiéntese en el Libro de Gobierno con el registro 1083/2016-Vll. DESECHAMIENTO. Del análisis integral del escrito de demanda, se aprecia que el acto reclamado por el quejoso lo constituye la resolución interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 322/2014, en la cual el Juez Mixto de Cuantía Menor de Ixtlahuaca, Estado de México, declara inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, ahora quejoso, en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual la autoridad responsable tiene por revocado el cargo del perito nombrado en rebeldía del demandado; designa en su lugar a diverso experto, dejando a disposición de la parte actora sus datos a fin de que le haga saber su nombramiento para aceptación y protesta del cargo conferido; y, no acuerda favorable la petición del ejecutante en el sentido de nombrar a perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Estado de México, tal como se le había hecho saber al promovente en diverso auto de catorce de abril de dos mil dieciséis. Determinación respecto de la cual, este juzgador advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diversos 107, fracción IV, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]." (El énfasis es propio). De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. En el entendido que tratándose de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, destacando que podrán reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, siempre y cuando hayan trascendido al resultado de la resolución, como en el particular acontece. Ahora bien, a fin de establecer las razones por las cuales se considera actualizada la causal de improcedencia en comento, conviene precisar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el acto reclamado fue emitido en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 322/2014, respecto del cual, el quejoso tiene el carácter de actor y ejecutante, toda vez que se dictó sentencia el once de septiembre de dos mil quince, condenando al demandado al pago de suerte principal a favor del actor, ordenando que se hiciera en un término de cinco días hábiles a partir de que la sentencia fuera ejecutable y en caso de no hacerlo, se procedería al trance y remate de los bienes embargados, así como al pago de gastos y costas generados por la tramitación de dicho juicio; y, con posterioridad a ello, se han realizado diversas actuaciones con la finalidad de ejecutar dicha determinación. Máxime que la designación de perito valuador de la parte actora, referida en el acuerdo de diez de diciembre de dos mil quince, a que hace alusión el impetrante, se fundamentó en el artículo 1410 del Código de Comercio, conforme al cual, a virtud de la sentencia de remate, se procederá a la venta de los bienes retenido o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba, dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia. De lo anterior se desprende que efectivamente el acto reclamado por el quejoso, fue emitido en la etapa de ejecución del citado juicio ejecutivo mercantil; sin embargo, no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo en cuanto a la condena se refiere, toda vez que a través de ella, el Juez Mixto de Cuantía Menor de Ixtlahuaca, Estado de México, declara inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, ahora quejoso, en el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, a través del cual la autoridad responsable tiene por revocado el cargo del perito nombrado en rebeldía del demandado; designa en su lugar a diverso experto, dejando a disposición de la parte actora sus datos a fin de que le haga saber su nombramiento para aceptación y protesta del cargo conferido; y, no acuerda favorable la petición del ejecutante en el sentido de nombrar a perito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley Orgánica del Estado de México, tal como se le había hecho saber al promovente en diverso auto de catorce de abril de dos mil dieciséis. Empero, no constituye la determinación que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia en lo que a dicha condena ser refiere o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente de origen. En ese contexto, es evidente que se actualiza de manifiesta e indudable la causal de improcedencia en análisis, atendiendo a que en la etapa de ejecución de sentencia, no puede combatirse cualquier acto, pues de estimarse procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo que además dejaría de ser acorde con la intención del legislador en el sentido que no se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, mediante la promoción indiscriminada del juicio constitucional, contenida en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, contrario sensu; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas mencionadas en el escrito de demanda, siempre y cuando cuenten con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de no ser así se tendrán únicamente para oír y recibir notificaciones. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Carolina Denysee Villagrán Salinas, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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