Silvestre Espinosa y Gerón

Expediente 270/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
270/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Silvestre Espinosa y Gerón

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 15 a 17), asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido por Silvestre Espinosa y Gerón, contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Tercero. Toda vez que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental, se considera destruible en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Conforme al citado acuerdo, en su oportunidad remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Devuélvase a la autoridad responsable Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la documental que anexó a su informe justificado rendido a este órgano jurisdiccional mediante oficio 848/2017 (fojas 11 a 14), por ser innecesaria su conservación. Quinto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por Ministerio de Ley, por el que rinde informe justificado, y anexa copia certificada del expediente laboral 535/7/2014 de su índice, promovido por Silvestre Espinosa y Gerón en contra de la empresa denominada TRANSPORTES RAGAT S.A. DE C.V. y/o RAÚL GARCÍA TREVIÑO. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Silvestre Espinosa y Gerón, se advierte que el acto reclamado esencialmente lo hace consistir en (foja 1 reverso): "1.- Reclamo la omisión de la autoridad responsable de dictar un acuerdo a la promoción presentada por el suscrito en fecha 26 de mayo del 2017, mediante la cual solicitaba la continuidad del procedimiento de ejecución que se lleva a cabo en dicho expediente, sin que a la fecha haya dictado acuerdo alguno". Asimismo, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado se infiere que el quejoso expresa: "3.- Cabe mencionar que el bien embargado tiene un valor comercial no mayor a los 20 mil pesos por lo cual presenté en fecha 26 de mayo del 2017 un escrito mediante el cual solicitaba que se nombrara a un perito para efecto de que ante la autoridad señalara el valor real del mencionado bien y estar en posibilidad de solicitar la ampliación del embargo, habiendo pasado casi dos meses sin que se haya acordado dicha petición, violentando a todas luces lo previsto en el artículo 735 de la ley Federal del Trabajo." En ese sentido, con el contenido del informe justificado que se tiene por recibido en este auto, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. En el caso, el quejoso reclama en esta instancia la omisión de la autoridad responsable, de acordar su escrito de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual solicita se nombre un perito para la valoración de un bien embargado; y en ese sentido, la responsable Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente por Ministerio de Ley, al rendir su informe justificado informó que el treinta y uno de julio pasado acordó la promoción del quejoso. Para acreditar lo anterior, allegó al sumario copia certificada del expediente laboral 535/7/2014 del que se advierte el escrito que aduce el quejoso en su escrito de demanda, presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, y en el que por conducto de su apoderada solicitó la designación de un perito para la parte actora, toda vez que el trabajador se encuentra inconforme con el embargo exclusivo de la plataforma embargada mediante diligencia de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 161 del tomo de pruebas). A lo anterior, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable emitió un acuerdo en los autos del expediente laboral antes referido, en el que se acordó la promoción del quejoso, en los siguientes términos: "ACUERDO: Agréguese a sus antecedentes los escritos de fecha 8 de marzo del 2017, 26 de mayo del 2017 y 14 de junio del 2017 y dígase a los signantes que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que los procedimientos de ejecuciones y embargos corresponden al Presidente de la Junta, tal como lo dispone el Título Quince, Capítulo I, Sección I, II y III, artículos 940, 945, 968 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo." Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones; esto con base en la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues la responsable acordó el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el escrito presentado por el quejoso el veintiséis de mayo de esta anualidad, en los autos del expediente laboral 535/7/2014 de su índice, el cual versaba sobre la designación de perito a la parte actora, para que se determine el valor actual del bien embargado en dicho expediente; proveído que se emitió en la misma fecha de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de julio de dos mil diecisiete); por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Al estar demostrada la causa de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que al advertirse una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, -como en el caso acontece-, la cual con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiocho de agosto del año que transcurre (foja 5). En otro orden, si bien es cierto que en proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete, se reservó tener con el carácter de tercero interesado a alguna persona, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo cierto es que resulta innecesario realizar algún pronunciamiento al respecto, es decir, ordenar el emplazamiento a quien le resulte tal carácter, dado el sobreseimiento decretado a este juicio de garantías. Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. (2)

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTA VÍA A LA PARTE QUEOSA: "Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Vista la cuenta; agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por Ministerio de Ley, por el que rinde informe justificado, y anexa copia certificada del expediente laboral 535/7/2014 de su índice, promovido por Silvestre Espinosa y Gerón en contra de la empresa denominada TRANSPORTES RAGAT S.A. DE C.V. y/o RAÚL GARCÍA TREVIÑO. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Silvestre Espinosa y Gerón, se advierte que el acto reclamado esencialmente lo hace consistir en (foja 1 reverso): "1.- Reclamo la omisión de la autoridad responsable de dictar un acuerdo a la promoción presentada por el suscrito en fecha 26 de mayo del 2017, mediante la cual solicitaba la continuidad del procedimiento de ejecución que se lleva a cabo en dicho expediente, sin que a la fecha haya dictado acuerdo alguno". Asimismo, de la narrativa de los antecedentes del acto reclamado se infiere que el quejoso expresa: "3.- Cabe mencionar que el bien embargado tiene un valor comercial no mayor a los 20 mil pesos por lo cual presenté en fecha 26 de mayo del 2017 un escrito mediante el cual solicitaba que se nombrara a un perito para efecto de que ante la autoridad señalara el valor real del mencionado bien y estar en posibilidad de solicitar la ampliación del embargo, habiendo pasado casi dos meses sin que se haya acordado dicha petición, violentando a todas luces lo previsto en el artículo 735 de la ley Federal del Trabajo." En ese sentido, con el contenido del informe justificado que se tiene por recibido en este auto, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto aludido establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El texto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hubieren cesado; es decir, cuando el acto que constituye la materia del juicio quede insubsistente, y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, extinguiendo por completo todas las consecuencias jurídicas, a virtud de un acto posterior y diverso. En el caso, el quejoso reclama en esta instancia la omisión de la autoridad responsable, de acordar su escrito de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual solicita se nombre un perito para la valoración de un bien embargado; y en ese sentido, la responsable Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por conducto de su Presidente por Ministerio de Ley, al rendir su informe justificado informó que el treinta y uno de julio pasado acordó la promoción del quejoso. Para acreditar lo anterior, allegó al sumario copia certificada del expediente laboral 535/7/2014 del que se advierte el escrito que aduce el quejoso en su escrito de demanda, presentado el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, y en el que por conducto de su apoderada solicitó la designación de un perito para la parte actora, toda vez que el trabajador se encuentra inconforme con el embargo exclusivo de la plataforma embargada mediante diligencia de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis (foja 161 del tomo de pruebas). A lo anterior, el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, la autoridad responsable emitió un acuerdo en los autos del expediente laboral antes referido, en el que se acordó la promoción del quejoso, en los siguientes términos: "ACUERDO: Agréguese a sus antecedentes los escritos de fecha 8 de marzo del 2017, 26 de mayo del 2017 y 14 de junio del 2017 y dígase a los signantes que no ha lugar a acordar de conformidad su petición en virtud de que los procedimientos de ejecuciones y embargos corresponden al Presidente de la Junta, tal como lo dispone el Título Quince, Capítulo I, Sección I, II y III, artículos 940, 945, 968 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo." Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por servidor público en el ejercicio de sus funciones; esto con base en la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues la responsable acordó el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, el escrito presentado por el quejoso el veintiséis de mayo de esta anualidad, en los autos del expediente laboral 535/7/2014 de su índice, el cual versaba sobre la designación de perito a la parte actora, para que se determine el valor actual del bien embargado en dicho expediente; proveído que se emitió en la misma fecha de la presentación de la demanda de amparo (treinta y uno de julio de dos mil diecisiete); por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Al estar demostrada la causa de improcedencia en estudio, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. No obsta a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que al advertirse una causa de improcedencia de manera notoria, manifiesta e indudable, -como en el caso acontece-, la cual con ningún elemento de prueba pudiera desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, registro 184572, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Consecuentemente, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas del veintiocho de agosto del año que transcurre (foja 5). En otro orden, si bien es cierto que en proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete, se reservó tener con el carácter de tercero interesado a alguna persona, hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo cierto es que resulta innecesario realizar algún pronunciamiento al respecto, es decir, ordenar el emplazamiento a quien le resulte tal carácter, dado el sobreseimiento decretado a este juicio de garantías. Finalmente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. " (2)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, primero de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Silvestre Espinosa y Geron, por su propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 3°, 107, 108, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo, fórmese expediente y regístrese con el número *********, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las once horas del veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado Pídase informe justificado a la autoridad responsable, la que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, en la inteligencia que de no hacerlo así se presumirá cierto el acto que se reclama, salvo prueba en contrario; asimismo, de ser omisa, se le impondrá una multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Tercero interesado Dígase al quejoso que este órgano jurisdiccional se reserva el tener con el carácter de tercero interesado a alguna persona, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe con justificación, del cual, se adviertan datos que permitan a este órgano de control constitucional, constatar si le asiste o no la calidad de tercero interesada a alguna persona y, de ser el caso, estar en aptitud de emplazarla al juicio de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizado Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el quejoso en su escrito de demanda. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico En atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. (2)

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