Silvestre Chavelas Robles
Expediente 1078/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 18 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 15/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Silvestre Chavelas Robles
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto...se aprecia que ha transcurrido el termino y no se recurrió la sentencia..ha causado ejecutoria...archívese este asunto...
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial levantada por la actuaria judicial adscrita a éste órgano jurisdiccional, en la que hace constar su impedimento para notificar a la parte quejosa la sentencia autorizada el veinte de los actuales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por lista. EN TANTO QUE LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICE: "... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1078/2016.... Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de garantías número 1078/2016, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Silvestre Chávelas Robles, en términos del último considerando de este fallo... . LO QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
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AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA MA. NATIVIDAD PORTILLO AVELLANEDA, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: "... VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1078/2016.... Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de garantías número 1078/2016, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Silvestre Chávelas Robles, en términos del último considerando de este fallo...
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1078/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Silvestre Chávelas Robles, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que a continuación se indican. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: 1.- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, ciudad. 2.- Secretario Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, ciudad. Ejecutoras: 3.- Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, ciudad. 4.- Representante legal y Jefe de Personal de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Sur Zona Acapulco, ciudad. ACTO RECLAMADO De la autoridad ordenadora: a).- El Acta de Embargo de fecha veintiséis de octubre del año dos mil dieciséis, de los autos del expediente número 431-3/2013 del juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, relativo al juicio ejecutivo mercantil, en el que la C. MA. NATIVIDAD PORTILLO AVELLANEDA demanda al hoy quejoso SILVESTRE CHAVELAS ROBLES, de la que deviene mi molestia ya que indebidamente se hace y se traba formal embargo del 30% del excedente de mi salario que obtengo como empleado federal de Comisión Federal de Electricidad, trabajo zona Acapulco. De la autoridad ejecutora: El cumplimiento de la orden dada por la autoridad ordenadora y como consecuencia que se ejecute el descuento a mi salario violando mis derechos fundamentales ya que me causaría un daño irreparable en mi economía y a mis dependientes económicos." SEGUNDO. Por proveído de once de noviembre de dos mil dieciséis, la demanda de amparo quedó registrada bajo el número 1078/2016, se desechó parcialmente por cuanto hace a la autoridad Representante Legal y Jefe de Personal de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Acapulco, por lo que se admitió a trámite por las restantes autoridad; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de acto proveniente de un órgano jurisdiccional en materia civil con ejecución en la jurisdicción de este tribunal federal. SEGUNDO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, el embargo del 30% del excedente de su salario que obtiene como empleado de la Comisión Federal de Electricidad, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 431-3/2013, promovido en su contra por Ma. Natividad Portillo Avellaneda. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados atribuidos al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, a la Tercer Secretaria de Acuerdos y al Secretario Actuario de dicho juzgado, residentes en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado de manera conjunta (fojas 48), aceptaron la existencia de los mismos, pues al efecto manifestaron que en el juicio ejecutivo mercantil 431/2013-3, promovido por Ma. Natividad Portillo Avellaneda, en contra de Silvestre Chávelas Robles, mediante diligencia de requerimiento y embargo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se trabo embargó sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo del citado demandado ahora quejoso. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el citado expediente natural, remitidas en apoyo a su informe por el juez responsable; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. CUARTO. Ahora bien, una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, por cuanto a la autoridad que se señala como responsable Tercer Secretaría de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; en razón de que, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de la propia ley; atento a lo siguiente: En efecto, dichos numerales señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo expuesto permite establecer que la autoridad indicada no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, como lo señala la parte quejosa, en razón de que el aludido funcionario carece de facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, si se atiende a que sólo funge como fedatario de los actos del juzgado responsable. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número I.4º. A. J/6, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 401, Tomo IV, Agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE, NO SE PUEDE RECONOCER COMO TAL A LOS FUNCIONARIOS QUE ACTUEN COMO FEDATARIOS DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA RESULTA IMPROCEDENTE. El hecho de que un funcionario adscrito a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo autorice con su firma las actuaciones de los tribunales, no es razón legal que implique la posibilidad de considerarlo como autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que únicamente está actuando como fedatario de la existencia de tal acto; consecuentemente, el amparo promovido en contra del secretario adscrito a las diferentes Salas Regionales Metropolitanas, del Tribunal Fiscal de la Federación, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que el juicio deberá sobreseerse con fundamento en la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento legal." Al advertirse la causa de improcedencia, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que respecta a la autoridad responsable Tercer Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. QUINTO.- Ya que las partes no invocaron la actualización de alguna causa de improcedencia, ni se advierte que opere otra diversa a la señalada en el considerando que antecede; por tanto, se procede al estudio del concepto de violación relacionado con la diligencia de requerimiento y embargo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por la cual el Secretario Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, trabo embargó sobre el treinta por ciento del excedente del salario mínimo del quejoso Silvestre Chávelas Robles. En principio, resulta necesario atender de manera breve los antecedentes con los que se cuenta, obtenidos de las constancias procesales que aportó la autoridad responsable ordenadora, teniéndose que: 1.- El expediente 431/2013-3, relativo al juicio ejecutivo mercantil, se formó con motivo de la demanda instaura por Ma. Natividad Portillo Avellaneda, en contra de Silvestre Chávelas Robles, el cual se admitió a trámite mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil trece y se ordenó emplazar al demandado (fojas 51 a 56). 2.- Seguido que fue el juicio en sus demás etapas procesales, el dieciocho de julio de dos mil catorce dictó sentencia definitiva en la que determinó que la actora justició la acción cambiaria directa, mientras que el demandado no probó sus excepciones ni defensas, por lo que se le condenó al pago de la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, intereses moratorios, a razón del diez por ciento mensual sobre capital insoluto, gastos y costas generados (fojas 100 a 106). 3.- Por auto de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó auto de requerimiento al demandado a solicitud de la parte actora para que en el acto de la diligencia hiciera pago de la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y $342,000.00 (trescientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por intereses moratorios (foja 140). 4.- Previo citatorio el Secretario Actuario del juzgado responsable mediante diligencia de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis y en cumplimiento al auto de ocho de septiembre de esa anualidad, se constituyó en el domicilio del demandado en compañía del endosatario en procuración de la parte actora, quien al no encontrar al demandado entendió la diligencia con Jesús Chávelas quien dijo ser hijo del demandado, a quien requirió para que hiciera en ese acto a nombre de la parte demandada señalará bienes propiedad de la demandada en que trabar embargo y garantice el pago de la cantidad de $90,000.00 (noventa mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal y $342,000.00 (trescientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, con el apercibimiento que de no hacerlo pasaría el derecho a la parte actora, lo que la persona quien atendió la diligencia manifestó que no estaba autorizado para señalar bienes en que trabar embargo, en tal circunstancia pasado que le fue el derecho a la parte actora o a quien sus derechos represente para señalar bienes en que trabar embargo, manifestó que en ese acto se trabe formal embargo del 30% de excedente del salario mínimo a efecto de garantizar el pago total de las cantidades antes requeridas , ordenando descontar de manera quincenal o mensual, por lo que para tal efecto solicitó se girará oficio a la C.F.E., por lo que el actuario hizo y trabo formal embargo sobre lo señalado por la parte actora (fojas 143 a 151). Así, en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, el juez responsable ordenó girar el oficio respectivo a la Comisión Federal de Electricidad a efecto de que descontará el 30% del excedente del salario mínimo del aquí quejoso, a efecto de garantizar el adeudo a que fue condenado (foja 153). Sentado lo anterior, se tiene que la parte quejosa en su concepto de violación esencialmente manifiesta que las responsables vulneran en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, porque el juicio natural no se encuentra en ninguno de los supuestos que señalan los artículos 110 y 112 de la Ley Federal del Trabajo, para que se le embargue su salario consistente en el 30% sobre el excedente del salario mínimo que obtiene como empleado de la Comisión Federal de Electricidad, además de que el salario de los trabajadores no pueden ser embargados por deudas de carácter civil. Lo anterior es infundado por las siguientes consideraciones: Primeramente, conviene tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 422/2013, en la se analizó el tema atinente de que la autoridad jurisdiccional puede o no ordenar el embargo del treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo, para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, señaló lo siguiente: "(.) Ahora, respecto de las deudas que adquieren los trabajadores con el patrón, el artículo 110, fracción I, establece como límite del descuento que puede realizarse el treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo, lo cual se aprecia de su contenido: "Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en los casos y con los requisitos siguientes: "I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo." Es decir, el treinta por ciento del excedente del salario mínimo es el tope del monto del descuento que puede llevarse a cabo sobre los salarios de los trabajadores para liquidar las deudas contraídas con los patrones. Por tanto, se estima válido establecer que tal parámetro, previsto en la porción normativa de mérito de la Ley Federal del Trabajo, también resulta aplicable como límite para efectos de embargo respecto de deudas contraídas por los trabajadores con terceros. Tales consideraciones son plenamente compatibles con el funcionamiento armónico y coherente del ordenamiento jurídico mexicano, pues se protege el derecho al mínimo vital de los trabajadores, al limitar, al treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo, el monto que puede ser objeto de embargo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador (cabe recordar que ésta es sólo una de las medidas a través de las cuales puede garantizarse el mínimo vital); mientras que, por otra parte, se salvaguardan los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, consagrados por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al permitir la ejecución de sentencias con motivo de un proceso judicial. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la institución de cosa juzgada tiene fundamento en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica; así como en el diverso 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, el respeto a los derechos fundamentales deseguridad y certeza jurídica, así como de efectivo acceso a la justicia, dependen no sólo de que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también de la circunstancia consistente en que se garantice la ejecución de sus fallos, lo cual, en el caso de una obligación de pago, se logra a través del procedimiento de embargo establecido en la norma aplicable al caso respectivo. Es aplicable -en lo conducente- la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro y texto que se transcriben: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales."(13) Asimismo, la interpretación realizada en párrafos anteriores permite atender aspectos de la realidad económica, como el consistente en la diversidad de ingresos que pueden recibir los trabajadores, pues si bien es importante proteger el salario para que los empleados de bajos ingresos no vean en peligro su derecho al mínimo vital ante la posibilidad de ejecución de sentencias relacionadas con deudas contraídas con terceros, lo cierto es que también existen los casos de altos ejecutivos o trabajadores de elevados ingresos que pueden utilizar una prohibición total de embargo al salario, como una estrategia de evasión del cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, de una interpretación conforme de lo previsto por el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con lo que establece el artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso numeral 10, párrafos 1 y 2, del Convenio relativo a la Protección del Salario, aprobado el ocho de junio de mil novecientos cuarenta y nueve, en la Trigésima Segunda Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales del mínimo vital, seguridad jurídica y efectivo acceso a la justicia), es válido concluir que sí es posible que una autoridad jurisdiccional ordene el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo será procedente respecto del treinta por ciento del excedente del salario mínimo del trabajador. Cabe precisar que la limitante, en el sentido de que el embargo sólo procede sobre la proporción de referencia -el treinta por ciento del excedente del salario mínimo- encuentra una excepción expresamente prevista en el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en el pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual el embargo podrá llevarse a cabo, incluso, respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. La justificación a la excepción de mérito la señaló el legislador en la relativa exposición de motivos del precepto en comento -transcrita en párrafos precedentes- al consignar que se tomó en consideración que el salario tiene como fin la satisfacción de las necesidades de la familia. Por tanto, si una pensión alimentaria tiene la misma finalidad que el salario, es decir, la satisfacción de las necesidades de los integrantes de la familia, entonces, es posible el embargo respecto del excedente del salario mínimo en su integridad. Asimismo, también debe precisarse que, en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital, en proporción del treinta por ciento, será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión. Es decir, el treinta por ciento que debe resguardarse en atención al derecho del mínimo vital, será aplicable a la parte del excedente del salario mínimo que resta después de haber disminuido el monto correspondiente a la pensión alimenticia ya decretada. (.)" De lo anterior, derivó la integración de la jurisprudencia 42/2014 (10a.), de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, visible en la página 712, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE. De una interpretación conforme del artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, párrafos 1 y 2, del Convenio Número 95 relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, así como de una exégesis sistemática de los diversos 110, fracciones I y V, de la Ley Federal del Trabajo y 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 17, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal (en lo concerniente a los derechos fundamentales al mínimo vital, de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia), se concluye que una autoridad jurisdiccional puede ordenar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo. Asimismo, debe precisarse que en el caso de que el salario del trabajador ya se hubiere embargado parcialmente por una pensión alimenticia, la limitante o protección del mínimo vital en proporción del 30% será aplicable a la parte excedente del salario mínimo que no se encuentra afectada por tal pensión". De lo inserto con antelación, se desprende que la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal sostuvo que respecto de las deudas que adquieren los trabajadores con el patrón, el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece como límite del descuento que puede realizarse el treinta por ciento sobre el excedente del salario mínimo, estimo válido establecer que tal parámetro, previsto en la porción normativa de mérito, también resulta aplicable como límite para efectos de embargo respecto de deudas contraídas por los trabajadores con terceros. De ahí que, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, el actuar de las responsables en relación al embargo que realizaron respecto del treinta por ciento de su salario mínimo como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, en la diligencia de requerimiento y embargo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, para garantizar el pago de lo condenado en el expediente 431/2013-3, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido en contra del quejoso por Ma. Natividad Portillo Avellaneda, no transgrede garantía alguna en su contra. Por tanto, ante lo infundado del concepto de violación, sin que exista motivo alguno que en suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo que permita cambiar tal situación, la Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Silvestre Chávelas Robles, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos antes expuestos. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclamó a la autoridad designada como responsable ejecutora al no ser impugnado por vicios propios, sino en vía de consecuencia; esto es, al ser legal el acto dictado por la autoridad ordenadora de la cual emana su actuación. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE el juicio de garantías número 1078/2016, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Silvestre Chávelas Robles, en términos del último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el veinte de enero de dos mil diecisiete, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza. Doy fe.
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