Silvestre Aguilar Isidro

Expediente 290/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
290/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • Silvestre Aguilar Isidro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de veintiocho de junio de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En ese tenor, debe estimarse que se vulneraron los derechos de la parte quejosa y por tanto, lo procedente, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es conceder el amparo para el efecto de que el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla: 1. Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que requiera nuevamente la persona moral denominada Panamco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que remita la documentación con la cual acredite su dicho en el sentido de que entregó a Moni Hernández Domínguez las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce. .". (foja 52). Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 59 a 61). Al respecto, la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó que por auto de veinticinco de junio del año en curso, dentro del expediente 462/2005, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, repuso el procedimiento, y requirió nuevamente la persona moral denominada Panamco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que remitiera la documentación con la cual acreditara su dicho en el sentido de que entregó a Moni Hernández Domínguez las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce (foja 64). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de veintiocho de junio de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI de marzo de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". En ese contexto se tiene que por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En ese tenor, debe estimarse que se vulneraron los derechos de la parte quejosa y por tanto, lo procedente, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es conceder el amparo para el efecto de que el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla: 1. Deje insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 2. Reponga el procedimiento, a fin de que requiera nuevamente la persona moral denominada Panamco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que remita la documentación con la cual acredite su dicho en el sentido de que entregó a Moni Hernández Domínguez las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce. .". (foja 52). Mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió el cumplimiento a la autoridad señalada como responsable (fojas 59 a 61). Al respecto, la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó que por auto de veinticinco de junio del año en curso, dentro del expediente 462/2005, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, repuso el procedimiento, y requirió nuevamente la persona moral denominada Panamco México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que remitiera la documentación con la cual acreditara su dicho en el sentido de que entregó a Moni Hernández Domínguez las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce (foja 64). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". INCIDENTE Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el apoyo en la fracción III del Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. De conformidad con lo dispuesto en la fracción III del punto Vigésimo del Acuerdo referido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto Vigésimo cuarto del Acuerdo normativo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes. Finalmente, glósese el presente acuerdo al cuaderno incidental para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el oficio suscrito por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que en cumplimiento al fallo protector, por auto de veinticinco de junio del año en curso, dentro del expediente 462/2005, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, repuso el procedimiento, y requirió nuevamente la persona moral denominada ******************** para que remita la documentación con la cual acredite su dicho en el sentido de que entregó a ******************** las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce (foja 64). Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el oficio suscrito por la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual informa que en cumplimiento al fallo protector, por auto de veinticinco de junio del año en curso, dentro del expediente 462/2005, dejó insubsistente la interlocutoria reclamada de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Asimismo, repuso el procedimiento, y requirió nuevamente la persona moral denominada ******************** para que remita la documentación con la cual acredite su dicho en el sentido de que entregó a ******************** las pensiones alimenticias retenidas durante sesenta y seis semanas, es decir, del veintiuno de febrero de dos mil once al dos de junio de dos mil doce (foja 64). Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.

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