Silverio Martinez Agüero
Expediente 2023/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2023/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 11/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Magistrados Integrantes de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
- Silverio Martinez Agüero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2023/2018-II, promovido por SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día ante este Juzgado, SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 1 a 9 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo y se previno al quejoso (fojas 10 a 11 del expediente principal). Una vez desahogada la prevención, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 2023/2018-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercera interesada María Elena Valdez Martínez, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inició al tenor del acta que antecede (fojas 18 a 21 del expediente principal) CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado, dictada en el Toca Civil 871/2018-19, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el juicio de divorcio necesario 387/2012-2 y el Toca Civil 871/2018-19, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I, II y III); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. Mediante escrito que se recibió en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia el cinco de noviembre de dos mil doce, Silverio Martínez Agüero demandó vía controversia familiar el divorcio necesario en contra de María Elena Valdez Martínez (fojas 1 a 14 del anexo III). 2. El veintiuno de noviembre de dos mil doce se tuvo por admitida la demanda y se ordenó el emplazamiento de la demandada María Elena Valdez Martínez (fojas 52 y 53 del anexo III). 3. Por auto de diecisiete de junio de dos mil trece, se tuvo a la parte demandada María Elena Valdez Martínez, dando contestación y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación y depuración, misma que se desahogó el treinta de septiembre del mismo año, en la cual las partes solicitaron mutar de divorcio necesario a voluntario (fojas 50 y 168 a 172 del anexo III). 4. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se decretó la caducidad de la instancia en el expediente 387/2012-2 (foja 249 del anexo III). 5. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada María Elena Valdez Martínez, interponiendo recurso de apelación en contra del proveído de veintisiete de septiembre del mismo año (foja 251 del anexo III). 6. Por resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 871/2018-19, determinó dejar sin efectos el acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Jueza Décima Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el expediente 387/2012-2 (fojas 299 a 308 del anexo III), y ordenó que se emitiera otro tomando en consideración los lineamientos establecidos en la resolución del mencionado toca civil; siendo ésta la que se combate en el presente juicio. Establecido lo anterior, debe indicarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se apreció que no combaten las consideraciones torales mediante las cuales la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resolver el recurso de apelación en el toca civil 871/2018-19, determinó dejar si efectos el acuerdo dictado el veintisiete agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 387/2012-2; ello al margen que como se destacará si resulta fundado uno de los conceptos de violación empero éste es insuficiente para variar el sentido de este asunto. Se afirma lo anterior, toda vez que la Sala responsable como lo alegó el impetrante, no atendió los diversos ocursos que presentó en el trámite de la apelación que aquí se destacan, empero con éstos ni con los restantes conceptos de violación formulados se controvierte lo que argumentó en relación al auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que se decretó la caducidad de la instancia, ya que si bien la última actuación fue el auto de diez de octubre de dos mil catorce y el subsecuente de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, resultando evidente que entre ambas fechas transcurrieron más de tres meses como lo establece el artículo 497 fracción II del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, también estableció que el Juez de origen entre otras cosas, precisó que en diligencia de treinta de septiembre de dos mil trece, hizo constar que ambas partes convinieron mutar del divorcio necesario al divorcio por mutuo consentimiento dictando para ello el convenio respectivo; acordando el juez de origen: ".téngase por celebrada la presente diligencia y por formulado y ratificado el convenio entre los cónyuges divorciantes; asimismo toda vez que no se encuentra presente la Representante Social adscrita se ordena dar vista con la presente audiencia a la misma para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su representación compete, asimismo considerando lo manifestado por los cónyuges divorciantes en la cláusula sexta del convenio que obra en líneas que anteceden se concede un plazo de sesenta días hábiles a efecto de que den cumplimiento a lo estipulado en dicha cláusula, con el apercibimiento que en caso de no cumplir dentro de dicho plazo, SE DECLARARÁ LA CADUCIDAD de la instancia en el juicio que nos ocupa.". En base a lo anterior, la Sala consideró que el Juez natural decretó la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, no así por el incumplimiento a la cláusula sexta. Asentando la Sala responsable que no era correcto el proceder del Juez de origen al declarar la caducidad de la instancias por una circunstancia diversa a la inicialmente establecida en autos, desconociendo sus propias determinaciones, cuando ello le está vedado, salvo si se trátese de regularizar el procedimiento a petición de parte y pasó por alto la expresa voluntad de los litigantes de dar certeza jurídica a un tema por ellos consensuado, es decir, declarar disuelto el vínculo matrimonial que aún les unía, relación conyugal que de hecho ya no continuaba, pues desde el treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, los divorciantes decidieron terminar con la vida en común. Por tanto, se observa que la Sala Responsable, determinó que lo procedente era que el Juez natural examinará y sancionará el convenio celebrado por las partes en términos del numeral 416 fracción III del Código Procesal Familiar del Estado, y en caso de que dicho convenio cumpliera con los requisitos legales, procediera a homologarlo como sentencia, y continuare con el cumplimiento de la cláusula sexta del pacto de voluntades, reiterando que la liquidación de la sociedad conyugal solo puede acontecer una vez disuelto el vínculo jurídico, o por así convenir los cónyuges por cambio económico el régimen a que sujetaron la relación; por lo que al decretar la caducidad de la instancia se causó un perjuicio irreversible a las partes, al tener como consecuencia volver las cosas al estado en que se encontraban, es decir, a no disolver el vínculo matrimonial, transgrediendo y pasando por alto la voluntad de las partes. Finalmente, la Sala refirió que debía darse continuidad a la cláusula sexta, pues lo contrario atentaría contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 1° Constitucional y 17 de la misma norma suprema, que se da a través de la tutela jurisdiccional efectiva; consideraciones las cuales le permitieron dejar sin efectos el auto de veintisiete de agosto de mil dieciocho, dictado por la Juez de origen y ordenando que emitiera otro tomando en consideración los lineamientos establecidos en la resolución del toca civil 871/2018-19; aspectos que como se observó de la demanda de amparo no fueron atacados. En efecto el quejoso esencialmente sostiene en sus conceptos de violación que la responsable viola los artículos 14 y 16 Constitucionales, al ordenar dejar sin efectos el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin tomar en consideración los escritos que presentó ante la responsable, con fechas veintiuno de septiembre y nueve de octubre, ambos de dos mil dieciocho, en el que en el primero de ellos refiere que la parte demandada demostró su falta de interese al no dar cumplimiento a la cláusula sexta del convenio formulado y ratificado el treinta de septiembre de dos mil trece, ya que pasaron más de cuatro años sin dar impulso procesal al juicio de origen, además de que no realizó trámite o solicitud alguna ante Notario Público; y en lo concerniente al segundo de sus escritos, adujó que no existía agravio alguno a la parte demandada, toda vez que se demostraba su falta de interés a dar cumplimiento al convenio y con ello no existía impulso procesal en el juicio de origen. Agregando que resulta inaplicable la jurisprudencia invocada por la responsable, porque en el convenio exhibido en los autos del juicio de origen, no se pactaron alimentos para ambos cónyuges. Culminó señalando que no se le puede obligar a dar cumplimiento a un convenio que no adquirió categoría de cosa juzgada. Establecido lo anterior, se reitera lo anunciado, en el sentido de que los conceptos de violación expuestos resultan fundados pero inoperantes. Esto es así, en atención a que asiste razón al impetrante de amparo, cuando afirma que la responsable fue omisa en atender sus manifestaciones contenidas en los escritos que le dirigió con fechas veintiuno de septiembre y nueve de octubre del año próximo pasado; pues en efecto, de la lectura integral de la resolución que constituye el acto aquí reclamado, no se observa pronunciamiento alguno a su respecto -de ahí lo fundado del motivo de inconformidad en estudio-. Sin embargo dicho argumento se torna inoperante, en la medida de que tras examinar el contenido de los escritos que refiere no fueron atendidos por la responsable, se obtiene que lo ahí manifestado, no interfiere con las razones que sustentan el criterio adoptado por la responsable en la resolución que ahora se reclama, pues como se indicó la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia precisó que la relación matrimonial ya no existía, desde el día treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, toda vez que los divorciantes mediante acuerdo de voluntad decidieron terminar con la vida en común, por ello consideró conveniente dejar sin efectos el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictado por el juez de origen, ordenando que se emitiera otro analizando el convenio y en su caso homologándolo a sentencia con autoridad de cosa juzgada; lo cual el aquí quejoso al formular sus conceptos de violación no impugnó. Por tanto, al no controvertir el quejoso los argumentos que sustentan la determinación reclamada en esta instancia constitucional, es evidente que el suscrito está impedido para examinar la legalidad de la misma; de ahí que al margen de lo correcto o incorrecto de las razones aducidas por la responsable; éstas deban seguir rigiendo el acto reclamado. Considerar lo contrario implicaría resolver a partir de razonamientos no esbozados, lo que se traduciría en suplir la queja deficiente en un asunto en el que dicha figura jurídica se encuentra vedada. Máxime que parte de una premisa equivocada, al estimar que por virtud de la resolución reclamada, se le está obligando a cumplir con el convenio exhibido en el juicio de origen; lo cual es inexacto, si se toma en consideración en primer término, que lo que determinó la Sala responsable, fue que procedía invalidar el acuerdo recurrido en apelación, al haberse decretado la caducidad de la instancia por inactividad procesal, inadvirtiendo el apercibimiento decretado en autos, en el sentido de que en caso de no cumplir con la cláusula sexta del convenio celebrado, se declararía la caducidad de la instancia; pero sobretodo lo argumentado en relación a que el vínculo matrimonial ya no existía desde el día treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, ya que los divorciantes decidieron terminar con la vida en común; ordenando en consecuencia, que dicho acuerdo de voluntades fuera examinado y se determinara lo conducente; pronunciamiento que la parte quejosa soslayó controvertir en esta vía; de ahí que resulten inoperantes sus conceptos de violación. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.A.J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 1138, número de registro 178786 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.". Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia V.2o.J/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril 1995, página 70, número de registro 205278, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.". Y la tesis XVII.1o.C.T.28 K (10 a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 2117, número de registro 2009040 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA.". Siendo el caso que por lo que respecta a la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 68/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1,número de registro:2004904, página 250 de rubro: "DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)" que emplea la Sala en la sentencia reclamada, el quejoso es omiso en exponer razonamiento alguno respecto de su inaplicabilidad, pues solo refiere que en el multicitado convenio no se pactaron alimentos para ambos cónyuges; sin que ello sea suficiente para combatir las consideraciones de la Sala. En este orden de ideas al ser inoperantes por insuficientes los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 59, Quinta Parte, página 15, número de registro 243902 de rubro: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. NEGATIVA DEL AMPARO Y NO SOBRESEIMIENTO". Por lo expuesto y fundado; se RESUELVE ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, respecto a la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 871/2018-19, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy once de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Aletia González Huerta, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA: MARÍA ELENA VALDEZ MARTÍNEZ, la resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: ... V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2023/2018-II, promovido por SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día ante este Juzgado, SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 1 a 9 del expediente principal). SEGUNDO. Trámite. El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo y se previno al quejoso (fojas 10 a 11 del expediente principal). Una vez desahogada la prevención, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 2023/2018-II, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la tercera interesada María Elena Valdez Martínez, se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida, dio inició al tenor del acta que antecede (fojas 18 a 21 del expediente principal) CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se le atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama es: La resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, dictado, dictada en el Toca Civil 871/2018-19, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo cual se corrobora con las documentales consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones que integran el juicio de divorcio necesario 387/2012-2 y el Toca Civil 871/2018-19, de donde se advierte la existencia del acto reclamado (anexos I, II y III); documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. CUARTO. Estudio de fondo del asunto. Al no advertirse que se actualice causal de improcedencia del juicio, se analizará la constitucionalidad de los actos reclamados. Son fundados pero inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, cuyo estudio se aborda conforme a estricto derecho, dado que no procede la suplencia de la queja en beneficio de la parte recurrente, al derivar el acto reclamado de un asunto en materia civil, sin que se ubique en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Previamente a realizar el pronunciamiento sobre los conceptos de violación, debe señalarse como antecedentes que se desprenden de las constancias del juicio de origen, lo siguiente: 1. Mediante escrito que se recibió en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Primera Instancia el cinco de noviembre de dos mil doce, Silverio Martínez Agüero demandó vía controversia familiar el divorcio necesario en contra de María Elena Valdez Martínez (fojas 1 a 14 del anexo III). 2. El veintiuno de noviembre de dos mil doce se tuvo por admitida la demanda y se ordenó el emplazamiento de la demandada María Elena Valdez Martínez (fojas 52 y 53 del anexo III). 3. Por auto de diecisiete de junio de dos mil trece, se tuvo a la parte demandada María Elena Valdez Martínez, dando contestación y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación y depuración, misma que se desahogó el treinta de septiembre del mismo año, en la cual las partes solicitaron mutar de divorcio necesario a voluntario (fojas 50 y 168 a 172 del anexo III). 4. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se decretó la caducidad de la instancia en el expediente 387/2012-2 (foja 249 del anexo III). 5. El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte demandada María Elena Valdez Martínez, interponiendo recurso de apelación en contra del proveído de veintisiete de septiembre del mismo año (foja 251 del anexo III). 6. Por resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 871/2018-19, determinó dejar sin efectos el acuerdo dictado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la Jueza Décima Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el expediente 387/2012-2 (fojas 299 a 308 del anexo III), y ordenó que se emitiera otro tomando en consideración los lineamientos establecidos en la resolución del mencionado toca civil; siendo ésta la que se combate en el presente juicio. Establecido lo anterior, debe indicarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se apreció que no combaten las consideraciones torales mediante las cuales la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resolver el recurso de apelación en el toca civil 871/2018-19, determinó dejar si efectos el acuerdo dictado el veintisiete agosto de dos mil dieciocho, en el expediente 387/2012-2; ello al margen que como se destacará si resulta fundado uno de los conceptos de violación empero éste es insuficiente para variar el sentido de este asunto. Se afirma lo anterior, toda vez que la Sala responsable como lo alegó el impetrante, no atendió los diversos ocursos que presentó en el trámite de la apelación que aquí se destacan, empero con éstos ni con los restantes conceptos de violación formulados se controvierte lo que argumentó en relación al auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el que se decretó la caducidad de la instancia, ya que si bien la última actuación fue el auto de diez de octubre de dos mil catorce y el subsecuente de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, resultando evidente que entre ambas fechas transcurrieron más de tres meses como lo establece el artículo 497 fracción II del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. Sin embargo, también estableció que el Juez de origen entre otras cosas, precisó que en diligencia de treinta de septiembre de dos mil trece, hizo constar que ambas partes convinieron mutar del divorcio necesario al divorcio por mutuo consentimiento dictando para ello el convenio respectivo; acordando el juez de origen: ".téngase por celebrada la presente diligencia y por formulado y ratificado el convenio entre los cónyuges divorciantes; asimismo toda vez que no se encuentra presente la Representante Social adscrita se ordena dar vista con la presente audiencia a la misma para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su representación compete, asimismo considerando lo manifestado por los cónyuges divorciantes en la cláusula sexta del convenio que obra en líneas que anteceden se concede un plazo de sesenta días hábiles a efecto de que den cumplimiento a lo estipulado en dicha cláusula, con el apercibimiento que en caso de no cumplir dentro de dicho plazo, SE DECLARARÁ LA CADUCIDAD de la instancia en el juicio que nos ocupa.". En base a lo anterior, la Sala consideró que el Juez natural decretó la caducidad de la instancia por inactividad de las partes, no así por el incumplimiento a la cláusula sexta. Asentando la Sala responsable que no era correcto el proceder del Juez de origen al declarar la caducidad de la instancias por una circunstancia diversa a la inicialmente establecida en autos, desconociendo sus propias determinaciones, cuando ello le está vedado, salvo si se trátese de regularizar el procedimiento a petición de parte y pasó por alto la expresa voluntad de los litigantes de dar certeza jurídica a un tema por ellos consensuado, es decir, declarar disuelto el vínculo matrimonial que aún les unía, relación conyugal que de hecho ya no continuaba, pues desde el treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, los divorciantes decidieron terminar con la vida en común. Por tanto, se observa que la Sala Responsable, determinó que lo procedente era que el Juez natural examinará y sancionará el convenio celebrado por las partes en términos del numeral 416 fracción III del Código Procesal Familiar del Estado, y en caso de que dicho convenio cumpliera con los requisitos legales, procediera a homologarlo como sentencia, y continuare con el cumplimiento de la cláusula sexta del pacto de voluntades, reiterando que la liquidación de la sociedad conyugal solo puede acontecer una vez disuelto el vínculo jurídico, o por así convenir los cónyuges por cambio económico el régimen a que sujetaron la relación; por lo que al decretar la caducidad de la instancia se causó un perjuicio irreversible a las partes, al tener como consecuencia volver las cosas al estado en que se encontraban, es decir, a no disolver el vínculo matrimonial, transgrediendo y pasando por alto la voluntad de las partes. Finalmente, la Sala refirió que debía darse continuidad a la cláusula sexta, pues lo contrario atentaría contra los derechos fundamentales previstos en el artículo 1° Constitucional y 17 de la misma norma suprema, que se da a través de la tutela jurisdiccional efectiva; consideraciones las cuales le permitieron dejar sin efectos el auto de veintisiete de agosto de mil dieciocho, dictado por la Juez de origen y ordenando que emitiera otro tomando en consideración los lineamientos establecidos en la resolución del toca civil 871/2018-19; aspectos que como se observó de la demanda de amparo no fueron atacados. En efecto el quejoso esencialmente sostiene en sus conceptos de violación que la responsable viola los artículos 14 y 16 Constitucionales, al ordenar dejar sin efectos el acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; sin tomar en consideración los escritos que presentó ante la responsable, con fechas veintiuno de septiembre y nueve de octubre, ambos de dos mil dieciocho, en el que en el primero de ellos refiere que la parte demandada demostró su falta de interese al no dar cumplimiento a la cláusula sexta del convenio formulado y ratificado el treinta de septiembre de dos mil trece, ya que pasaron más de cuatro años sin dar impulso procesal al juicio de origen, además de que no realizó trámite o solicitud alguna ante Notario Público; y en lo concerniente al segundo de sus escritos, adujó que no existía agravio alguno a la parte demandada, toda vez que se demostraba su falta de interés a dar cumplimiento al convenio y con ello no existía impulso procesal en el juicio de origen. Agregando que resulta inaplicable la jurisprudencia invocada por la responsable, porque en el convenio exhibido en los autos del juicio de origen, no se pactaron alimentos para ambos cónyuges. Culminó señalando que no se le puede obligar a dar cumplimiento a un convenio que no adquirió categoría de cosa juzgada. Establecido lo anterior, se reitera lo anunciado, en el sentido de que los conceptos de violación expuestos resultan fundados pero inoperantes. Esto es así, en atención a que asiste razón al impetrante de amparo, cuando afirma que la responsable fue omisa en atender sus manifestaciones contenidas en los escritos que le dirigió con fechas veintiuno de septiembre y nueve de octubre del año próximo pasado; pues en efecto, de la lectura integral de la resolución que constituye el acto aquí reclamado, no se observa pronunciamiento alguno a su respecto -de ahí lo fundado del motivo de inconformidad en estudio-. Sin embargo dicho argumento se torna inoperante, en la medida de que tras examinar el contenido de los escritos que refiere no fueron atendidos por la responsable, se obtiene que lo ahí manifestado, no interfiere con las razones que sustentan el criterio adoptado por la responsable en la resolución que ahora se reclama, pues como se indicó la Segunda Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia precisó que la relación matrimonial ya no existía, desde el día treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, toda vez que los divorciantes mediante acuerdo de voluntad decidieron terminar con la vida en común, por ello consideró conveniente dejar sin efectos el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho dictado por el juez de origen, ordenando que se emitiera otro analizando el convenio y en su caso homologándolo a sentencia con autoridad de cosa juzgada; lo cual el aquí quejoso al formular sus conceptos de violación no impugnó. Por tanto, al no controvertir el quejoso los argumentos que sustentan la determinación reclamada en esta instancia constitucional, es evidente que el suscrito está impedido para examinar la legalidad de la misma; de ahí que al margen de lo correcto o incorrecto de las razones aducidas por la responsable; éstas deban seguir rigiendo el acto reclamado. Considerar lo contrario implicaría resolver a partir de razonamientos no esbozados, lo que se traduciría en suplir la queja deficiente en un asunto en el que dicha figura jurídica se encuentra vedada. Máxime que parte de una premisa equivocada, al estimar que por virtud de la resolución reclamada, se le está obligando a cumplir con el convenio exhibido en el juicio de origen; lo cual es inexacto, si se toma en consideración en primer término, que lo que determinó la Sala responsable, fue que procedía invalidar el acuerdo recurrido en apelación, al haberse decretado la caducidad de la instancia por inactividad procesal, inadvirtiendo el apercibimiento decretado en autos, en el sentido de que en caso de no cumplir con la cláusula sexta del convenio celebrado, se declararía la caducidad de la instancia; pero sobretodo lo argumentado en relación a que el vínculo matrimonial ya no existía desde el día treinta de septiembre de dos mil trece, fecha de la celebración del convenio, ya que los divorciantes decidieron terminar con la vida en común; ordenando en consecuencia, que dicho acuerdo de voluntades fuera examinado y se determinara lo conducente; pronunciamiento que la parte quejosa soslayó controvertir en esta vía; de ahí que resulten inoperantes sus conceptos de violación. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia IV.3º.A.J/4, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 1138, número de registro 178786 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA.". Asimismo resulta aplicable la jurisprudencia V.2º.J/1, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Abril 1995, página 70, número de registro 205278, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.". Y la tesis XVII.1º.C.T.28 K (10 a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, página 2117, número de registro 2009040 de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES AQUELLOS EN LOS QUE LA QUEJOSA OMITE PRECISAR Y CONCRETAR LAS REGLAS, NORMAS O PRINCIPIOS LÓGICOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJÓ DE OBSERVAR EN LA SENTENCIA RECLAMADA.". Siendo el caso que por lo que respecta a la inaplicabilidad de la jurisprudencia 1ª./J. 68/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1,número de registro:2004904, página 250 de rubro: "DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. CARACTERÍSTICAS DEL CONVENIO PARA SUMINISTRAR ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)" que emplea la Sala en la sentencia reclamada, el quejoso es omiso en exponer razonamiento alguno respecto de su inaplicabilidad, pues solo refiere que en el multicitado convenio no se pactaron alimentos para ambos cónyuges; sin que ello sea suficiente para combatir las consideraciones de la Sala. En este orden de ideas al ser inoperantes por insuficientes los conceptos de violación analizados, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada en contra de la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época Volumen 59, Quinta Parte, página 15, número de registro 243902 de rubro: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. NEGATIVA DEL AMPARO Y NO SOBRESEIMIENTO". Por lo expuesto y fundado; se RESUELVE ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, respecto a la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 871/2018-19, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy once de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Aletia González Huerta, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero quejosa, el auto de once de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Por lo expuesto y fundado; se RESUELVE ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A SILVERIO MARTÍNEZ AGÜERO, respecto a la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 871/2018-19, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma, Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy once de marzo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Aletia González Huerta, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa SILVERIO MARTINEZ AGÜERO, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes. En atención al contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Sigfrido Nelson Castañeda Velazquez1067/2018
- Sigfrido Nelson Castañeda Velazquez1363/2018
- Silvana Damian Perez1025/2018
- Silvana Damián Pérez1511/2019
- Silvano Catalán Simbras1743/2019
- Silverio Gutierrez Chavarria1652/2018
- Silvestre Avila Rodriguez1721/2016
- Silvestre González Solís110/2016
- Silvestre Pérez Rosas1951/2015
- Silvestre Uriostegui Bahena351/2018
- Silvestre Uriostegui Bahena739/2016
- Silvestre Uriostegui Bahena2072/2017