Silverio de María Gómez de la Sierra
Expediente 1074/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Silverio de María Gómez de la Sierra
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación que antecede de la que se hace constar que el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Puebla, Puebla, a cinco de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Silverio de María Gómez de la Sierra, en representación de J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz fórmese el amparo correspondiente, regístrese con el número 1074/2021. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, este juzgado federal está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del análisis integral del ocurso de demanda suscrita por Silverio de María Gómez de la Sierra, en representación de J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz, misma que se encuentra firmada electrónicamente por Sergio Díaz Sáenz, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia por lo cual procede desechar de plano la demanda de amparo. Al respecto, es conveniente precisar que los artículos 6,15 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De acuerdo con la hipótesis que consagra el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, el promovente reclama de la autoridad señalada como responsable la orden de presentación de dos de noviembre de dos mil veintiuno de los menores J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz, dictada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/0092414/2021. Asimismo, se advierte que la demanda esta signada electrónicamente por Sergio Díaz Sáenz quienes señalado como autorizado en términos amplios por el quejoso Silverio de Amparo indirecto 1074/2021 ??? María Gómez de la Sierra, en representación de J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz. En tal virtud, al ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos de promover el juicio de amparo que se rige por el principio de instancia de parte agraviada y, al no haber firma electrónica (FIREL) de Silverio de María Gómez de la Sierra, en representación de J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz, no se satisface el requisito que exige el artículo 6° de la Ley de Amparo; por lo que procede desechar la demanda de amparo. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano.1 Sin que se advierta en el caso un supuesto de urgencia, pues para ello es necesario que el acto que se reclame sea de aquellos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, se trate de actos que importen peligro de privación de a la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército nacionales; pero como se expuso, la parte quejosa reclama la orden de presentación de dos de noviembre de dos mil veintiuno de los menores J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz, dictada dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/0092414/2021. Amparo indirecto 1074/2021 De lo anterior, se concluye que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el acto reclamado carece de los atributos a que alude el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que Sergio Díaz Sáenz, carece de legitimación para signar electrónicamente y promover en nombre de Silverio de María Gómez de la Sierra, quien promueve en representación de J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral. Sin que en el caso se actualice el supuesto previsto en el artículo 82 de la Ley de amparo, consistente en que cualquier persona pueda promover el juicio de amparo en nombre de los menores de edad, ello en atención a que de la lectura de la demanda de amparo y constancias que como anexo agregó el promovente se desprende que la persona que suscribe el líbelo constitucional es Silverio de María Gómez de la Sierra, en representación de los menores J.C. y M.S. ambos de apellidos Gómez Ruiz hijos del primero de los nombrados, además de que de la lectura se inadvierte que aquél esté imposibilitado para promoverla, pues se indica que pretendió promoverla a nombre de los descendientes y que fue quien designó como autorizado a Sergio Díaz Sáenz quien firma la demanda. En ese tenor, resulta inconcuso que no se surte la hipótesis prevista en el numeral aludido, dado que no se ignora quién es el legítimo representante de los menores o que éste se halle ausente, o se ignore quién sea ni que esté impedido o se niegue a promover el juicio de amparo, pues como se dijo, quien primeramente pretendió instar esta vía constitucional es l padre de los menores de edad, de ahí que al no suscribir éste electrónicamente la demanda sino que fue firmada electrónicamente por la persona que autorizó, evidentemente carece de firma electrónica de quien está legitimado para promover el juicio de amparo, sin que pueda considerarse válida la del autorizado en términos amplios, por ende, queda evidenciado que quien intentó instar el juicio de garantías no es representante legal de los menores. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y, procede desechar de plano la demanda de amparo conforme al diverso 113 del mismo cuerpo normativo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas en términos amplios al profesionista indicado en dicha demanda. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se autoriza la consulta del expediente electrónico y notificaciones electrónicas a la parte quejosa a través del usuario "SDSLEGAL", para la consulta el expediente electrónico de este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de de Expedientes. ??????????????? NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Así también, se autoriza que las notificaciones se realicen vía electrónica respecto de las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través del usuario que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la ley de la materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese, y electrónicamente a la parte quejosa.
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