Silverio Cristino Lopez Vargas
Expediente 48/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 48/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Silverio Cristino Lopez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente expediente. Causa estado. En consecuencia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Archivo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado y representante legal del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", mediante el cual informa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo que el quejoso no se presentó a la cita programada para el diez de enero del año en curso, a fin de valorar su estado de salud, no obstante puede presentarse ante esa institución a agendar consulta de seguimiento para continuar proporcionando la atención médica y remite la nota de evolución de dicha fecha. Atento al contenido del oficio que se recibe, cabe recapitular que los extremos de la sentencia de amparo dictada en el presente sumario impone a las autoridades responsables la obligación de proveer de forma oportuna, permanente y constante al quejoso Tomás de la Cruz Martínez sin interrupciones, el tratamiento del padecimiento con que fue diagnosticado, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; realizando las gestiones necesarias para el efecto de practicar la cirugía oftalmológica que en su caso requiera el quejoso. Debiendo precisar que atendiendo a los conocimientos médicos con los que cuenta el personal a su cargo, podrá determinar si la cirugía oftalmológica referida es de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que estén incluidas en el cuadro básico o compendio nacional de insumos para la salud o en sus propios catálogos institucionales y en caso que no sea así, deberán informarlo al quejoso para que éste decida de manera informada sobre su tratamiento. En el entendido de que, de carecer de los recursos necesarios para la realización de la mencionada cirugía -debe de demostrar que ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para lograr dicha reparación. Garantice con carácter prioritario el derecho humano a la salud del quejoso, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento, justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. En el entendido de que se le deberá dar seguimiento a la cirugía practica al quejoso, y derivado de la valoración periódica a la que se encuentre sujeto conforme a su diagnóstico, un especialista de dicho nosocomio, bajo su más estricta responsabilidad, disponga lo opuesto, esto es, que ya no persiste el estado de enfermedad y, por ende, la necesidad de seguimiento. Asimismo, el Director General del Hospital Central, "Dr. Ignacio Morones Prieto" deberá proveer de forma oportuna, permanente y constante al quejoso Tomás de la Cruz Martínez sin interrupciones, de medicamentos conforme al padecimiento con que fue diagnosticado, esto de conformidad con su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos; entregándole los medicamentos adecuados, ya sean originales o genéricos que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia para su efectividad, que en su caso requiera el quejoso. Sin embargo, debe precisarse que es obligación del Estado establecer o adecuar los mecanismos que permitan cumplir con la garantía del derecho a la salud, también es inconcuso que esa prerrogativa cuenta con una dualidad, a saber, por cuanto la protección de los derechos no sólo corresponde a los órganos obligados a brindar la atención inherente, sino que proporcionalmente asiste a las personas titulares del derecho, en la medida de sus posibilidades, a propiciar y hacer cuanto esté a su alcance para propiciar la conservación de su bienestar. Al respecto, sirve de sustento el criterio contenido en la tesis 2a. XCII/2016 (10a.)1 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. SU NÚCLEO O CONTENIDO ESENCIAL. En algunas circunstancias, la protección a los derechos fundamentales constituye un gran reto para el Estado y sus autoridades, máxime respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo contenido suele ser indeterminado y circunstancial que no permite determinar los alcances de su protección. Es por ello que, en muchas ocasiones, la actividad jurisdiccional tiene la función de determinar el contenido, alcances, así como los límites de estos derechos fundamentales, constituyendo una función esencial para el desarrollo y el progreso de un verdadero Estado democrático. En ese sentido, para determinar los elementos mínimos necesarios para exigir un derecho fundamental, es necesario identificar el denominado "núcleo o contenido esencial de los derechos fundamentales"; esto es, aquella parte del contenido del derecho que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegidos que le dan vida resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De lo que se concluye que las autoridades desconocen la protección a un derecho fundamental cuando por alguna circunstancia su contenido esencial queda sometido a limitaciones que impiden su ejercicio, lo dificultan más allá de lo razonable, o bien, lo despojan de una necesaria protección." Bajo esa condición, conforme el estado procesal que se actualiza en el presente sumario, resulta notorio que el quejoso tiene la prerrogativa de que la autoridad responsable le atienda y dé tratamiento necesario y con la prontitud que requiera su padecimiento o condición clínica, o bien, que realice las gestiones necesarias para ello, incluso interinstitucionalmente, siempre de acuerdo con el diagnóstico que suscriba el profesionista tratante, bajo la estricta responsabilidad derivada de su experticia y sana práctica médica. En complemento, corresponde al quejoso acudir ante la autoridad responsable para que se materialice su derecho de protección a la salud, pues en la medida que aquélla se ponga a disposición del personal médico, éstos estarán en condiciones de brindar la asistencia en los términos indicados en la sentencia de ampro; y, por tanto, se le brinde y proporcione el tratamiento respectivo. En consecuencia, prevéngase a la parte quejosa para que en cuanto su condición se lo permita, se presente en las instalaciones del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a fin de valorar su estado de salud, para continuar proporcionando la atención médica correspondiente. Instrúyase al actuario para que la notificación encomendada la realice en el domicilio señalado en autos. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede y el estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que por auto de trece de diciembre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que en el término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído, precisara si era su deseo señalar a las autoridades responsables legislativas, quienes son las encargadas de la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, específicamente en su artículo 111; en caso afirmativo, precise el acto que les reclama; dicho termino transcurrió del veintitrés al veintisiete de los actuales, plazo que ha trascurrido sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna, por tanto se procede a realizar el pronunciamiento respectivo a la demanda de amparo promovida el doce de enero del presente año. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese el oficio signado por ***, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Estado San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe respecto del cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano decretada. La citada autoridad informa que toma nota de la suspensión otorgada; sin embargo, manifiesta que el doce de enero del año en curso, fue dictada resolución dentro del procedimiento administrativo de que es sujeto el quejoso, concediéndole otorgar oficio de salida del país por así haberlo solicitado de manera voluntaria, de conformidad con el artículo 137 de la Ley de Migración, 240 del Reglamento de migración, con relación al artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, motivo por el cual se ordenó su salida de la Estación Migratoria de San Luis Potosí. En razón de lo anterior, es que expone que la situación legal del extranjero *** dentro del procedimiento administrativo migratorio, es concluido, por haberse dictado resolución concediéndole otorgar oficio de salida del país por así solicitarlo de forma voluntaria. En razón de lo expuesto, la responsable refiere que en que hace a ella -Oficina de representación de San Luis Potosí- se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 63, fracción V, en relación al 61, fracción XXVII de la Ley de Amparo. Vista Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para los efectos legales a que haya lugar. Consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3, de la Ley de la Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Josué Sabdiel Flores Tránsito, con nombre de usuario "jsflorest", la consulta del expediente electrónico.
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