Silverio Cobos Enríquez y Otros.

Expediente 255/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
255/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Clelia Isabel Trevizo y Otros.
  • Silverio Cobos Enríquez
  • Silverio Cobos Enríquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia de cinco de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia, en términos del artículo 87, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, Tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO." Previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en cita, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. En términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General indicado con anterioridad, este expediente debe ser considerado destruible porque se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de los actos reclamados. Consecuentemente, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 24 del acuerdo en cita, procédase a su destrucción. Por otra parte, debido a que este expediente judicial se refiere a un juicio de amparo con incidente, se procede a determinar la destrucción y depuración de aquél. En el caso del duplicado, debe ser considerado destruible de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo señalado, por lo que deberá ser destruido a partir de los seis meses de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido. Respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se negó la suspensión, por tanto, el mismo debe ser considerado como destruible, de conformidad con el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, a partir de los tres años de esta fecha. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente y de su incidente respectivo. Finalmente, devuélvanse las documentales que adjuntaron a su informe justificado las responsables Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, Actuarias y Actuario Notificadores y Ejecutores adscritos a dicho juzgado, y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Agua Prieta, Sonora, a las nueve horas con quince minutos del cinco de enero de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 255/2021, promovido por Silverio Cobos Enríquez, Alba Apolinar Zavaleta, Clelia Isabel Trevizo Olivas, Silvia Margarita García Gómez y Martha González Lira, estando en audiencia pública, Enrique Hernández Miranda, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con, el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio, Consejo, notificado mediante oficio CCJ/ST/309/2021, de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial; quien actúa asistido de la secretaria Tania Cruz Armenta, la declaró abierta con apoyo en el artículo 124, de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente. En otro orden, se hace constar que las partes fueron debidamente notificadas de la hora y fecha de la celebración de la presente audiencia y no solicitaron que la misma se llevara a cabo a través del sistema de videoconferencia; a lo anterior se suma que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten ser desahogados en la presente; por tanto, se declara abierta la audiencia. Acto continuo, la secretaria da lectura a la demanda de amparo y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destaca: 1. El doce de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Silverio Cobos Enríquez, Alba Apolinar Zavaleta, Clelia Isabel Trevizo Olivas, Silvia Margarita García Gómez y Martha González Lira, por propio derecho, y se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación. 2. En proveídos de veinticinco y veintinueve de noviembre, seis y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por rendidos los Informes justificados por las autoridades responsables 1)Juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; 2)Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo; 3)Jueza Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo; 4)Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora; 5)Actuarias y Actuario Notificadores y Ejecutores adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora y 6)Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la lectura de la demanda y la relación de las constancias que obran en autos, y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, mismos que serán tomados en consideración en el momento de resolverse el presente juicio de amparo. Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que anexaron a su demanda de amparo los quejosos; así como las diversas que ajuntaron a su informe justificado, las autoridades responsables Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora, Actuarias y Actuario Notificadores y Ejecutores adscritos a dicho juzgado (anexo 1, 2, 3, 4 y 5 y sus respectivos cuadernillos); y Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora (anexo 1 y 2). El secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las documentales, mismas que serán tomadas en consideración en el momento de dictarse sentencia, acorde con las reglas que regulan la valoración de los elementos de convicción; no habiendo pruebas pendientes de proveer se cierra este período. En seguida, se abre el período de alegatos, en donde la secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito presentó pedimento alguno en ese sentido; por tanto, se cierra el período de alegatos. Acto continuo, al no haber pruebas ni escritos pendientes de acordar ni pruebas por desahogar, encontrándose debidamente integrado el presente asunto, se procede a dictar la resolución correspondiente; y, Vistos; para resolver, los autos del juicio de amparo 255/2021, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por Silverio Cobos Enríquez, Alba Apolinar Zavaleta, Clelia Isabel Trevizo Olivas, Silvia Margarita García Gómez y Martha González Lira, por propio derecho y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito y anexos presentados el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la oficialía de partes del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, Silverio Cobos Enríquez, Alba Apolinar Zavaleta, Clelia Isabel Trevizo Olivas, Silvia Margarita García Gómez y Martha González Lira, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades 1)Juez de Primera Instancia en turno de este Distrito Judicial, residente en Agua Prieta, Sonora; 2)Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia en turno de este Distrito Judicial, residente en Agua Prieta, Sonora; 3)Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en Hermosillo, Sonora; 4)Juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en Hermosillo, Sonora; 5)Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en Hermosillo, Sonora y 6)Juez Cuarto de Primera Instancia de lo Mercantil, con residencia en Hermosillo, Sonora, y por los actos siguientes: "IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA.- Se reclama la falta de notificación, emplazamiento a juicio civil o mercantil, ya que se nos mostró la caratula de un expediente donde venía la orden de desalojo, sin que a la presente fecha se haya mostrado la orden como tal." Actos que consideraron violatorios de los artículos 4°, 14 segundo párrafo y 16 párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En acuerdo de doce de noviembre de dos mil veintiuno, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo; asimismo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. 1. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 03/2013 y 3/2021, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, en atención a que el acto reclamado tendría ejecución en esta ciudad, es decir, dentro del ámbito de competencia donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 2. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: a) La falta de notificación; b) El emplazamiento a juicio civil o mercantil; y, c) La orden de desalojo. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. 4. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existía materia para efectuarlo . 5. Las autoridades señaladas como responsables negaron los actos que se les imputan, de suerte que no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación , ni prueba que demuestre que lo que se les atribuye es inexistente, sino que, por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo que se les reclama. 6. Porque sucede que el acto reprochado implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer (básicamente en la expedición de alguna orden o mandato que tiene por efecto fundamental el afectar el bien inmueble que posee y su ejecución) y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuar la misma, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia . 7. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa hubiese allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. 8. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que de las constancias remitidas por la responsable Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora anexas a su informe con justificación, respecto de los juicios 941/2018 y 937/2018, se tiene que el primero, es relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Roberto Carlos Ramírez Varela, en contra de Zoraya Margarita Ríos Madrid; y el segundo, corresponde al juicio ejecutivo mercantil promovido por Fernando Alberto López Martínez, en contra de Priscilla Chávez González, y en ambos los inmuebles que los quejosos refieren en la demanda de amparo no corresponden a los embargados en los juicios indicados; pues los mismos corresponden a los ubicados en 1)Calle 2 y 4, Avenida 45B, Fraccionamiento Valle Bonito, 2)Calle 2 y 4 Avenida 44ª, Fraccionamiento Valle Bonito y 3)Calle 2 y 4, Avenida 45B, Fraccionamiento Valle Bonito, todos en esta ciudad, correspondientes a los lotes 151, 154, A8 y 149 respectivamente. 9. Asimismo, de las constancias remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil en esta ciudad, se advierte que las mismas corresponden a los expedientes siguientes: a) 547/2018, jurisdicción voluntaria para acreditar hechos de posesión respecto del domicilio ubicado en Calle 2 y 4, Avenida 46, número 231, Colonia Valle Bonito, en esta ciudad, promovida por Alba Apolinar Zavaleta y Silverio Cobos Enriquez. b) 562/2006, juicio declarativo de la propiedad ubicada en Calle 2 y 4, Avenida 46, número 59, en esta ciudad, promovido por Clelia Isabel Trevizo Olivas. c) 668/2018, jurisdicción voluntaria declarativa de la propiedad ubicada en Calle 2 y 4, Avenida 46, número 291, Colonia Valle Bonito, en esta ciudad, promovido por Martha González Lira. d) 440/2011, juicio ejecutivo mercantil promovido por Rey Issac García Cuevas contra Martha González Lira, por el pago de la cantidad de cinco mil quinientos veinte pesos, juicio en el que el tres de abril de dos mil doce, se declaró la caducidad de la instancia. e) 1023/2018, acción reinvindicatoria en la vía ordinaria civil promovida por Marcela Verenice García López y Luis Fernando Villarreal Trillo en contra de Juan Carlos Quintero Jatomea y/o Juan Carlos Quintero J. y Mercedes Santiago Santiago, respecto del bien inmueble ubicado en Calle 2 y 4, Avenida 45B, número 223, Colonia Fraccionamiento Valle Bonito, en esta ciudad. 10. Documentales, que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, además, conforme a la Jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." 11. Así, de tales constancias no se advierte coincidencia con los domicilios señalados por los quejosos, el emplazamiento a juicio civil o mercantil u orden de desalojo que reclaman, o bien que las responsables estuvieran obligadas a notificar a los aquí quejosos y que a pesar de ello, hayan omitido notificarlos. 12. Por tanto, de las citadas constancias, no se advierte que las responsables hayan omitido notificar o emplazar a juicio civil o mercantil o hayan ordenado la ejecución del desalojo, tal como lo reclama la parte quejosa; en consecuencia, se tiene que no existen los actos reclamados. 13. Consecuentemente, como no se justificó la existencia del actuar reprochado a las responsables, procede sobreseer en su integridad en el presente proceso de amparo, con apoyo en el ya mencionado arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 14. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 305, del Semanario Judicial de la Federación de la Sexta Época, con registro 1002350, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". 15. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 76, y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto promovido por Silverio Cobos Enríquez, Alba Apolinar Zavaleta, Clelia Isabel Trevizo Olivas, Silvia Margarita García Gómez y Martha González Lira, por propio derecho, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables 1)Juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; 2)Juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo; 3)Jueza Cuarta de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo; 4)Jueza Primera de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora; 5)Actuarias y Actuario Notificadores y Ejecutores adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Agua Prieta, Sonora y 6)Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, por las razones expuestas en el considerando tercero de la presente resolución.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, se advierte que no ha transcurrido el plazo de ocho días para que las partes tengan conocimiento del informe justificado acordado el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, con la finalidad de que estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas, que en su caso, estimen convenientes; lo que implica que no se puede llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, ahora se fijan las nueve horas con quince minutos del cinco de enero de dos mil veintidós. En otro orden, con fundamento en el artículo 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, rinde informe justificado; al respecto, no se hace mayor pronunciamiento, toda vez que por diverso telegráfico recibido el ocho del mes y año en curso, la autoridad de referencia rindió dicho informe y por acuerdo del día siguiente, se proveyó lo conducente. Por otra parte, en términos del precepto 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se admiten las documentales públicas exhibidas por la autoridad mencionada y dese nueva cuenta con ellas en la audiencia constitucional; consecuentemente, a fin de evitar una posible reposición al presente procedimiento, en términos del numeral 117 de dicha ley, dese vista a las partes con las documentales exhibidas por el plazo de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a su contenido. Finalmente, dado lo voluminoso de las documentales que adjuntó la responsable indicada, fórmense por separado como cuadernos de pruebas (anexo 1 y 2), lo anterior a efecto de facilitar el manejo del amparo en que se actúa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio telegráfico de cuenta, por el cual el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, rinde informe justificado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la ley citada, téngasele manifestando que no es cierto el acto reclamado; con lo anterior, dese vista a las partes por el plazo de ocho días, sin perjuicio de hacer relación de tal informe en el momento de la audiencia constitucional.

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