Silveria Patricia Orona Quiñónez

Expediente 544/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
544/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
26/07/2019

Partes del expediente

  • Silveria Patricia Orona Quiñónez

Actuaciones

  1. Principal

    Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron el auto de veintiocho de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído ha causado estado.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Agréguense las comunicaciones que remiten el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los integrantes de la misma, con residencia en esta ciudad, por las cuales rinden informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que remite con la comunicación de cuenta. Documental que por ser pública, en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo merece eficacia demostrativa plena; de la cual se advierte la Junta responsable emitió proveído de diecinueve de junio de dos mil diecinueve en el cual ordenó agregar el escrito signado por el apoderado legal de la parte actora por el que proporcionó domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada. Asimismo, señaló la once horas del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ordenó girar exhorto al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México para que en auxilio de las labores de esa dependencia lleve a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demandada. Ahora, la parte quejosa señaló como actos reclamados: La falta de impartición de justicia en los términos indicados en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo respecto del juicio laboral 7-1211/2017; y La omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable el doce de febrero de dos mil diecinueve, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Sin embargo, de la constancia allegada en apoyo del informe justificado de cuenta, se advierte cesaron los efectos de los actos reclamados marcados con el inciso b); esto es así, porque la autoridad responsable mediante acuerdo de diecinueve de junio del año en curso proveyó en relación al escrito de doce de febrero del presente año y fijó las once horas de veintitrés de agosto del presente año para desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, lo que reclama en este sumario. En ese sentido, si el reclamo que dio origen al presente sumario consistió en la omisión por parte de la sala responsable ya fue realizado, según se advierte de la documental que allega, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues cesaron los efectos de la omisión reclamada. Apoyo lo anterior, la Jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, cuyo texto literal es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por cuanto hace a los actos reclamados fijados en el inciso a), consistentes en no cuidar los principios básicos del procedimiento de acuerdo a lo previsto en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, también es improcedente el juicio de amparo de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXllI, en relación con el numeral 77, fracción ll, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, en consideración lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, en la que abandonó su propio criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 45/2007 y determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional cuando se declara la omisión y dilación en el trámite de un juicio laboral, deben delimitarse en función del acto reclamado y de acuerdo a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral. Por tanto, los efectos restitutorios de la eventual sentencia concesoria del amparo, en términos del artículo 77, fracción ll, de la ley de la materia, serían obligar a la Junta y su Presidente que realicen las actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural. Empero, conforme lo establece la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CV/2013, los alcances por los que se llegara a otorgar la protección constitucional deben delimitarse en función de determinado acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, no a las etapas subsecuentes, por lo cual no sería posible obligar a la junta y su Presidente, de forma genérica, que lleven a cabo actuaciones correspondientes posteriores a fin de concluir el procedimiento en el juicio natural con el dictado del laudo respectivo. En ese contexto, existe imposibilidad material y jurídica de cristalizar los efectos restitutorios del juicio de amparo. Tiene aplicación por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Tomo Vl, Diciembre de 1997, Registro 197245, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Derivado de lo anterior, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías en términos del artículo 61, fracciones XXI y XIII, en relación con los diversos 63, fracción V y 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, pues es de tal manera clara y evidente la causa de improcedencia que conduce al resultado apuntado, que aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 Constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a.J, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Se deja sin efectos lo ordenado por proveído de trece de junio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las diez horas veinte minutos de once de julio del año en curso. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Se decreta el sobreseimiento fuera audiencia el presente juicio. Se deja sin efectos lo ordenado por proveído de trece de junio del año en curso, única y exclusivamente en lo concerniente al señalamiento de la audiencia constitucional señalada para las diez horas veinte minutos de once de julio del año en curso. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    I. Quejosa. Silveria Patricia Orona Quiñónez. II. Admisión y formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación se admite la demanda de amparo; por tanto, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno y dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención correspondiente; sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. IV. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con veinte minutos de once de julio del año en curso para la celebración de la audiencia constitucional.

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