Silveria Elvira Ortiz Hernández

Expediente 956/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
956/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Silveria Elvira Ortiz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada, con residencia en Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual, acusa recibo de las documentales que se le devolvieron, lo anterior, para que obre como constancia. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra la sentencia dictada el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, en la cual se sobreseyó en este juicio de amparo que promovió ********************(única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que aún le transcurra el plazo aludido en el párrafo precedente a la autoridad responsable, pues el sobreseimiento que se decretó, no le causa ningún perjuicio. Fundamenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 44/98, que aparece publicada en la página 23, tomo XVIII, Julio de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". Devolución de documental. Devuélvase a la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes Colegiada del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, las documentales que adjuntó como justificación al informe que rindió consistentes en copia certificada de todo lo actuado en el toca penal ********************/2022 y los autos originales de la causa penal ********************/2015, en dos tomos, al ser innecesaria su permanencia por más tiempo en este Juzgado. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 956/2022, promovido por ********************; y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado, residentes en esta población, y que fue turnado a este órgano jurisdiccional, el mismo día,******************** por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridad responsable a la: 1).- Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal superior de Justicia del Estado. Reclamándole: La resolución de fecha doce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6/2022. Acto que estima violatorio de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención que se le formuló en autos; en proveído de seis de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se citó a las partes para la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo a que el expediente se refiere de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un juicio de amparo en materia PENAL, que corresponde a la jurisdicción de este órgano judicial. SEGUNDO. TEMPORALIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. El catorce de julio de dos mil veintidós, la parte quejosa se notificó por lista de la resolución reclamada (fojas 45-47 del tomo anexo II); de ahí que, el término de quince días con que contaba para instar este juicio, le transcurriría del quince de julio al veintidós de agosto de dos mil veintidós, sin contar los días dieciséis, diecisiete de julio de ese año, por corresponder a sábados y domingos, ni del diecinueve de julio al tres de agosto del año en curso, por ser el periodo vacacional del que gozó la autoridad responsable (como así se advierte del Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que establece el calendario judicial de periodos vacaciones y de suspensión de labores para el año dos mil veintidós, que en copia se glosa a este expediente), como tampoco los días seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto de esta anualidad, por corresponder a sábados y domingos; por tanto, si su demanda de amparo la presentó el dieciocho de agosto pasado, resulta inconcuso que la formuló en el plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. TERCERO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Los Magistrados integrantes de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia del acto reclamado. CUARTO. IMPROCEDENCIA. No se abordará el estudio de los conceptos de violación, porque en la especie, se actualiza la improcedencia de este juicio, cuyo estudio es de orden público, atento a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, este juicio resulta improcedente porque la parte quejosa reclama: La resolución de fecha doce de julio de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 6/2022, en su parte relativa, en la cual, los magistrados de la Primera Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, entre otra reposición, ordenaron reponer el procedimiento de la causa penal 52/2015, para el efecto de que, la aquí quejosa ofendida en dicho proceso, esté asistida de un asesor jurídico, en el desahogo de las siguientes diligencias: a).- Inspección judicial de lesiones que se practicó en el cuerpo de la ofendida aquí quejosa y el menor de iniciales ******************** b).- Interrogatorio practicado a la ofendida aquí peticionaria del amparo. c).- Interrogatorio del testigo presencial de los hechos de iniciales ********************el cual se celebró con la asistencia de la aquí quejosa. d).- Interrogatorio al menor afectado de iniciales ******************** el cual se celebró con la asistencia de la aquí quejosa. e).- Careos que se celebraron entre el procesado ******************** y el testigo presencial de los hechos de iniciales ******************** y la ofendida-aquí quejosa ********************. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Siendo que, los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias afectan de manera directa algún derecho sustantivo del gobernado, como la vida, la libertad, la propiedad; de tal suerte que esa afectación, o sus efectos, en la realidad no se destruyen con el sólo hecho de que se obtenga sentencia definitiva favorable, por haberse consumado irreversiblemente. En el caso, las consecuencias del acto reclamado, en el cual se ordenó la reposición del procedimiento citado, para el efecto de que, se vuelvan a desahogar las diligencias mencionadas, en las cuales la aquí quejosa-victima indirecta en dicho proceso penal, se encuentre asistida de un asesor jurídico, no son de imposible reparación, al no afectar de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos, consagrados en la constitución, ni en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, sino de naturaleza adjetiva, de efectos intraprocesales, en los términos análogos del numeral 173, Apartado A, fracciones II y V, de la Ley de Amparo, pues en la nueva sentencia que se pronuncie podría acontecer que obtenga una resolución favorable a sus intereses; en caso contrario, estará en aptitud de alegar en la vía correspondiente lo que a su derecho convenga. De ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE este juicio. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo: La jurisprudencia de la Octava Época, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VII, Mayo de 1991, Página: 25, Tesis: P./J. 17/91,Jurisprudencia, Materia(s): Común, con el texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo." La tesis de la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIII, Junio de 1994, Página: 585, Tesis: XXI.1o.87 K, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENAN REPONER EL PROCEDIMIENTO. La sentencia que dicta el Tribunal de alzada, en la que deja insubsistente el fallo final del primer grado y, además, ordena reponer el procedimiento, por haberse cometido una violación a éste, no ocasiona al quejoso un perjuicio de imposible reparación, puesto que la sentencia que nuevamente llegue a dictar el juez natural puede serle favorable, pero de no ser así, podrá alegar como agravio la reposición de mérito y, en su caso, como violación procesal en el amparo directo que finalmente se tramitare. Por tanto, aquella resolución no es reclamable en el juicio de garantías biinstancial." La jurisprudencia 3a./J. 3/89, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Tomo IV, Página: 291, Materia(s): Común, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Sin que, en el caso concreto, resulte aplicable la tesis aislada que invoca la parte quejosa en su demanda de amparo, con el rubro "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DE LA SALA QUE LA ORDENA CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" Lo anterior, porque con la emisión del acto reclamado no existe una afectación de derechos sustantivos contra la quejosa, ya que las consecuencias de la referida reposición del procedimiento son que el juez de la causa practique nuevamente las diligencias mencionadas, con la asistencia de un asesor jurídico; actuar que, se reitera, no es de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales análogas a las previstas en el artículo 173 invocado, que no vulneran derechos fundamentales en agravio de la quejosa y que esté relacionada con el hecho de que, a partir de la reposición del procedimiento, se esté posponiendo la decisión final o el dictado de la sentencia definitiva, en el proceso penal, sino que, por el contrario, se trata de una resolución que ordenó reponer el procedimiento para dictar una sentencia conforme a derecho. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis I.9o.P.1 P (11a.), con registro digital: 2023499, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Común, Penal, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo IV, página 2975, con el rubro y texto siguientes: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE ORDENA AL JUEZ LA REGULARIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL QUEJOSO -NO PRIVADO DE SU LIBERTAD- POR NO HABERSE SUSTANCIADO EL INCIDENTE RESPECTIVO CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2016 (10a.)].Hechos: Un Juez de proceso penal mixto, con fundamento en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) abrogado, determinó procedente el incidente no especificado de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, por lo que la modificó y, en su lugar, decretó otras, que dieron lugar a su excarcelación. Contra dicha determinación se interpuso recurso de apelación y la Sala, al advertir que el incidente que se sustanció no fue el adecuado, al haberse utilizado el código adjetivo local y no el Código Nacional de Procedimientos Penales, le devolvió al Juez el cuadernillo respectivo para que regularizara el procedimiento, realizara las diligencias necesarias conforme a este último ordenamiento y, en un nuevo estudio, se pronunciara sobre la solicitud del quejoso. Inconforme con lo anterior, éste promovió juicio de amparo indirecto; sin embargo, el Juez de Distrito lo sobreseyó, al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, por reclamarse una resolución que sólo tiene efectos formales o intraprocesales; en su contra, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la resolución del Tribunal de Alzada que ordena la regularización del procedimiento de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso -no privado de su libertad-, por no haberse sustanciado el incidente respectivo conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, al no afectar derechos sustantivos. Justificación: Lo anterior, porque con la emisión del acto reclamado no existe una afectación de derechos sustantivos contra el quejoso, ya que las consecuencias de la referida regularización del procedimiento son que el Juez responsable se pronuncie en relación con la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, realice las diligencias necesarias conforme al ordenamiento legal aplicable al caso, y emita un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud del justiciable; actuar que, se reitera, no es de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales. Aunado a lo anterior, en la regularización reclamada no se le priva de la oportunidad de defensa al quejoso sino, por el contrario, se le permite realizar una nueva exposición sobre la solicitud de revisión y/o modificación de la medida cautelar con mayores elementos de prueba y argumentación; además, no debe perderse de vista que tal determinación, por sí, no genera afectación alguna a sus derechos fundamentales, ni deja huella en su esfera jurídica, porque esa violación, en su caso, podrá reclamarse a través del medio de defensa adecuado para ello. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 64/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Criterio que en el caso resulta inaplicable, toda vez que, en primer lugar, el recurrente se encuentra a disposición del Juez del proceso, pero ya no privado de su libertad; de ahí que no pueda estimarse que se encuentra en prisión preventiva y, como tal, que con la decisión del Tribunal de Alzada se prolongue su reclusión y, en segundo, no se advierte que la vulneración de derechos fundamentales que aduce el quejoso, aquí recurrente, esté relacionada con el hecho de que, a partir de la reposición del procedimiento, se esté posponiendo la decisión final, sino que, por el contrario, se trata de una determinación incidental que ordenó la regularización del procedimiento. Por tanto, no es dable considerar que el acto reclamado ante la instancia de origen deba considerarse de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto." Dado el sobreseimiento decretado, existe imposibilidad jurídica para estudiar el fondo del asunto, atento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. LEY DE TRANSPARENCIA. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE este juicio de amparo promovido por******************** por lo que hace al acto y autoridad precisadas en el resultando primero de esta sentencia SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O VÍA ELECTRÓNICA, SEGÚN CORRESPONDA.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Mixto de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose a este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Asimismo, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica. Finalmente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando manifestaciones en vía de alegatos; y, en cuanto a la documental que adjunta, con fundamento en el artículo 119 de la referida ley, se admite y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Sin que pase inadvertido por este juzgado, que la promoción de cuenta, se encuentra dirigida al expediente incidental; sin embargo, dada la lectura de la misma, es evidente que corresponde al presente juicio de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J.3/20041, del rubro siguiente: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN. Notifíquese por lista electrónica.

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